Combatir la captura del Estado es la precondición a cualquier agenda económica o fiscal

Desde la toma de posesión, las bancadas que conforman la alianza mayoritaria en el Congreso se presentaron como los promotores del conservadurismo, de la derecha, de la vida y la familia, y de los valores antagónicos a lo que sea que ellos entienden como izquierda, socialismo o comunismo. La careta, cual mascara veneciana, resultaba funcional para participar en el jolgorio de la repartición de prebendas, privilegios, cuotas de poder y negocios que ocurre en el Congreso. Al fin y al cabo, actores relevantes de la sociedad política nacional y las mismas élites han enviado el mensaje que está bien ser corrupto, lavador de dinero o narcotraficante, siempre y cuando sea “de derecha”.

Sin embargo, en uno de esos giros de trama digno del mismo realismo mágico, esa alianza mayoritaria decidió tirar a la basura la tradición de prudencia fiscal que históricamente ha imperado en Guatemala, al aprobar un presupuesto inflado, desfinanciado y sin prioridades de gasto. La escena digna de macondo ha sido ver al Presidente del Congreso y a diputados insignia de esa alianza defender en medios el instrumento presupuestario. Una de las justificaciones es que Guatemala necesita ampliar el gasto público como mecanismo para generar reactivación luego de la crisis económica provocada por el Covid-19.

Vaya sorpresa. Después de meses de ser presentarse como baluartes de un supuesto conservadurismo, los muchachos ahora se volvieron keynesianos.

Quizá lo que ningún proponente de la economía keynesiana ha reflexionado es qué ocurre cuando se aplican esas recetas fiscales en un Estado fallido, donde las instituciones brillan por su ausencia, donde el sistema de justicia responde a intereses políticos y donde la corrupción es la moneda de cambio diaria.

La respuesta es sencilla: se magnifica la realidad de un sistema patrimonial extractivo.

El New Deal de Franklin Roosevelt, una política expansiva de gasto público luego de la Gran Depresión, permitió que Estados Unidos construyera obras de infraestructura, ferrocarriles, autopistas, la presa hoover, por mencionar algunas. En Guatemala, en lugar de presas Hoover tendríamos decenas de “libramientos de Chimaltenango” o monumentos a la corrupción. Las grandes obras de infraestructura servirían para atiborrar los bolsillos de ministros, diputados, alcaldes, o llenar nuevas “Tamaletas”.

De los últimos 5 Gobiernos, los Ministros de Comunicaciones del FRG (Luis Rabbé), UNE (Luis Alejos), Patriota (Alejandro Sinibaldi y Victor Corado) y del FCN (José Luis Benito) se encuentran detenidos, prófugos o pendientes de extradición por delitos de corrupción. ¿A ese sistema le quisiera usted entregar más recursos fiscales? ¿A ese sistema le quisiera usted encargar la tarea de reactivar la economía?

Ese es el problema de pensar en recetas de primer mundo sin antes resolver la problemática propia del Estado guatemalteco. Si antes no se hace un esfuerzo por depurar al Estado de las grandes estructuras de corrupción; si antes no se hace un esfuerzo por combatir las redes de captura criminal en los partidos políticos; o si antes no se reforma el sistema electoral, el sistema de justicia, el sistema burocrático y de gestión pública, cualquier política de ampliar el gasto público será como echar más agua en una cubeta agujerada. Sin combatir la captura del Estado, poco se puede hacer mediante una agenda económica.