Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar.

Los eventos naturales extremos no pueden evitarse, pero las tragedias humanas sí pueden reducirse. 

Según la CONRED, “Guatemala es un territorio sometido a múltiples amenazas de origen natural como huracanes, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, sismos, debido a su posición geográfica, geológica y tectónica. Es un territorio bioceánico, ubicado en el istmo centroamericano entre los océanos Pacífico y Atlántico, precisamente en la ruta de los huracanes y tormentas tropicales del Caribe de la zona de convergencia intertropical y en la zona de influencia de los fenómenos del Niño y de la Niña, lo que contribuye a la presencia de eventos extremos, tanto en términos de inundaciones, como de sequías y de variaciones extremas de temperatura.” 

Según el Foro Económico Mundial en su Global Risk Report 2022, las 6 amenazas actuales más importantes para Guatemala son: la proliferación de la actividad económica ilícita, el colapso del Estado como resultado de conflictos internos, la destrucción del Estado de Derecho, el deterioro institucional o la inestabilidad política; los eventos climáticos extremos, el fallo de la infraestructura pública, la erosión social provocada principalmente por las desigualdades, el aumento de la polarización y el resentimiento dentro de las sociedades; y el daño ambiental provocado por el ser humano. 

Todas estas condiciones físicas, sociales y políticas pintan un panorama complejo para un país de ingreso medio como Guatemala que parece no contar con las capacidades institucionales, políticas y económicas para plantearse una estrategia de gestión del riesgo seria. 

Muchos de los problemas anteriormente mencionados parecen no tener relación entre sí, o no tener relación con la gestión del riesgo y la prevención de tragedias humanitarias como producto de los eventos climáticos extremos pero la evidencia demuestra lo contrario. Si bien no es posible evitar la llegada de los eventos climáticos extremos, sí se pueden reducir sus efectos destructivos sobre la vida y la propiedad. 

Los expertos en gestión de riesgo señalan al crecimiento poblacional desordenado como una las principales causas de los llamados desastres naturales, refiriéndose a la escasa planificación urbana que existe en la mayor parte del país, una responsabilidad que tanto las municipalidades como el gobierno central eluden o apenas logran cubrir; también la formación de viviendas precarias o asentamientos alrededor de los urbanizaciones de mayor tamaño, particularmente la Ciudad de Guatemala, son un potencial foco de tragedias humanitarias ante las lluvias fuertes en ciertos meses del año o un eventual sismo de gran magnitud. 

La deforestación es otro problema serio para la prevención de desastres, todos los años miles de hectáreas de bosques se pierden en Guatemala por culpa de la tala ilegal de árboles y el uso de leña como combustible. Este problema ha sido incluso señalado en publicaciones como el Washington Post, denunciando a complejas mafias que extraen y exportan maderas de lujo como el granadillo, poniendo en riesgo la viabilidad de llamado corredor verde y la biodiversidad de la Selva Maya, corredor que atraviesa México, Guatemala y Belice. La deforestación deja secuelas irreparables en el medioambiente pues pone en peligro las fuentes de recarga hídrica, aumenta la temperatura, afecta a la fauna y provoca erosión en montañas y barrancos, lo que provoca peligrosos deslizamientos de tierra en temporadas de lluvias intensas. 

También la precaria inversión en infraestructura se ha convertido en un riesgo para los guatemaltecos. El estado de las carreteras, puentes y calles en todo el país ya no es solo un obstáculo para el transporte y el comercio, sino que también ha provocado la pérdida de vidas por falta de mantenimiento y obras mal construidas. Según datos de FUNDESA, el Estado de Guatemala invierte cerca del 1.5% del PIB en infraestructura vial, siendo una de las cifras de inversión más bajas de Latinoamérica, una cifra que además ha venido a la baja en los últimos 10 años. Actualmente Guatemala construye alrededor de 216 kms de infraestructura vial nueva al año, a esta velocidad la brecha actual de red vial sería cubierta en un período de 134 años. Esta es una responsabilidad que eluden tanto las municipalidades como el gobierno central, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La solución para estos problemas no es sencilla, se necesita resolver muchas de las condiciones estructurales del sistema político y la administración pública para comenzar a dar algunos pasos en la dirección correcta. La corrupción, la debilidad institucional y la falta de capacidades técnicas en el sector público provocan que el país no pueda gestionar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta y el costo humano y económico que esto tiene difícilmente puede calcularse.

 A pesar de los grandes problemas que derivan de la falta de prevención y la incapacidad de gestionar adecuadamente los riesgos, estos temas no generen interés en los políticos y los votantes. 

Resolver problemas como la tala ilegal de árboles o la corrupción que afecta la construcción de obra pública, pasan por reformar la institucionalidad del sistema de justicia y las instituciones de seguridad. También se necesitaría un servicio civil profesional y especializado para la tarea. La construcción de infraestructura es un enorme botín para políticos de distintos niveles del sistema y eso explica en parte la mala calidad de las obras que se licitan y construyen. Los trabajos de mantenimiento que se hacen bajo tierra, no son vistosos para los vecinos como una cancha de fútbol y por lo tanto no suelen ser de interés para los alcaldes que buscan la reelección. Así podemos nombrar uno por uno los problemas que no son atendidos y las carencias de un país que, además, es particularmente propenso a los eventos naturales extremos.

De ahí que los presupuestos asignados para estas necesidades difícilmente cubren lo mínimo necesario y los políticos no hablan de esto hasta que ya es demasiado tarde. Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar. De momento solo queda seguir exaltando la inagotable solidaridad del guatemalteco que siempre está dispuesto a ayudar cuando golpea la tragedia y la valentía de los rescatistas, que, contra viento y marea, realizan su labor sin mayor recompensa. Esto es importante, pero no suficiente.