Y al mismo tiempo, se come el alimento de los demás

En 2015, en su informe sobre el financiamiento de la política, CICIG cuantificó -por primera vez- los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. A raíz de ello, durante años hemos repetido hasta la saciedad que el 50% del financiamiento partidario proviene de la corrupción; 25% del narcotráfico y del crimen organizado; y tan sólo la cuarta parte restante de financistas privados con origen legítimo.

Al no contar con estimaciones similares para los años de la apertura democrática o de finales del siglo XX, es imposible hacer las comparaciones del caso. Sin embargo, el secreto a sotto voce es que con el paso de los años, los capitales emergentes vinculados a la corrupción y el crimen organizado han tomado por asalto al sistema. Y si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos.

Hagamos un repaso de Ciencia Política 101: Como en cualquier democracia republicana y poliárquica, los sistemas políticos responden a las demandas. Actores organizados, con recursos y poder, tienen más capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas. Eso pasa en todo el mundo, hasta en las mejores democracias. Esas demandas se traducen en outputs del sistema: leyes, políticas públicas, regulaciones más benignas, programas gubernamentales, etc.

Lo que la teoría no me dice es qué ocurre cuando un sistema deja de responder las demandas de actores con intereses legítimos (o por lo menos lícitos) y por el contrario, atiende a una nueva casta de intereses emergentes, vinculados ahora con actuaciones ilícitas, corruptas o abiertamente criminales.

La respuesta es sencilla: ocurre un Guatemala. Es decir, un sistema donde año con año se alimenta las válvulas de la corrupción. El abortado presupuesto 2021 era quizá un fiel ejemplo de ello. La construcción de obra gris, el sistema de consejos de desarrollo, los mismos gastos operativos del Congreso recibían incrementos presupuestarios. Mientras que para el combate a la desnutrición, los hospitales o la misma seguridad pública, el presupuesto se mantenía congelado, o peor aún, decrecía.

Sin necesidad de lecturas muy finas, lo ocurrido en noviembre 2021, no fue más el sistema respondiendo a sus patrocinadores: nutriendo las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento partidario.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. De años en algunos casos. Porque el sistema simplemente ya no responde a estos intereses.

Así la historia del animal que no sólo se alimenta a sí mismo. Peor aún, dado que los recursos de poder son finitos, desplaza a los intereses tradicionales como recipiendarios de los outputs públicos. De ahí entonces que el interés del cambio ya no sólo es ético o idealista; debe ser un plan de pura supervivencia.