La educación es una de las víctimas silenciosas de esta pandemia. UNESCO reportaba que en el pico de la crisis mundial y del cierre de actividades en la mayoría de países del mundo en marzo del 2020 más de 1,600 millones estudiantes de diferentes niveles en más de 190 países habían dejado de asistir a la escuela. También más de 100 millones de docentes y personal escolar se vieron afectados laboralmente por el cierre de los centros educativos.

Para marzo del 2021, UNESCO reportaba que todavía dos tercios de la población estudiantil del mundo se encontraba fuera de los establecimientos educativos, los cuales permanecían cerrados parcial o completamente; de hecho, las escuelas de 29 países permanecía completamente cerradas. Esto a pesar que muchos países ya habían levantado restricciones y muchos negocios, incluso en sectores no esenciales de la economía, se encontraban ya funcionando con pocas restricciones.

En Guatemala más de 4.5 millones de estudiantes en diferentes niveles se vieron afectados por los cierres totales o parciales de los establecimientos educativos. La discusión sobre una posible reapertura de centros educativos comenzó a mediados de septiembre del 2020 cuando la COPRECOVID presentó una estrategia para apertura de universidades, colegios y escuelas, la cual no tuvo mucho eco en el momento.

En enero de 2021, el Ministerio de Educación presentó la posibilidad de reiniciar clases híbridas en establecimientos educativos privados, esto requería tener ambas modalidades de clases, presenciales y virtuales; y era opcional para las familias que lo desearan.

Para poder obtener este permiso, los establecimientos educativos privados tenían que cumplir con una serie de requisitos burocráticos impuestos por el MINEDUC, tener infraestructura para mantener el distanciamiento y el lavado de manos, exigir mascarillas al personal educativo y niños mayores de 2 años y recibir visitas de supervisión con cierta frecuencia.

Esta posibilidad de recibir clases presenciales solo aplicaba a establecimientos educativos privados, los establecimientos públicos continúan cerrados hasta hoy. Para finales de 2021, los establecimientos educativos públicos, que para 2019 albergaban en preprimaria y primaria a más del 84% de los estudiantes del país, tendrán veintiún meses de estar completamente cerrados.

La doble tragedia del sistema educativo público de Guatemala es que la posibilidad de recibir algún tipo de formación académica mientras las establecimientos están cerrados, ha recaído casi completamente sobre el esfuerzo individual de directores y maestros que han buscado maneras de hacer llegar hojas de trabajo y tareas a los alumnos, pero el necesario acompañamiento maestro-alumno se encuentra casi totalmente olvidado y las autoridades de educación tampoco se han pronunciado sobre el tema en todo el 2021.

Sobra decir que el costo que tendrá para el futuro de estos niños y del país estos casi dos años de cierre de los establecimientos educativos no puede calcularse. A este problema hay que agregar que una gran cantidad de estudiantes están teniendo dificultades para recibir la alimentación escolar, que en muchos casos se había convertido la única comida nutritiva y adecuada que recibían en el día. El MINEDUC ha implementado durante estos meses una política de entrega de víveres a las familias de los estudiantes para intentar suplir la necesidad de la refacción escolar, pero el esfuerzo ha resultado insuficiente. La refacción escolar es una importante herramienta para paliar el problema de la desnutrición.

En agosto del 2020 UNICEF y la ONU pedían a los países reabrir las escuelas para evitar lo que ellos llamaban una “catástrofe generacional”, que podía dejar a 24 millones de alumnos de todos los niveles permanentemente fuera del sistema educativo formal.

Hoy es urgente que Guatemala se plantee la necesidad de abrir los centros educativos, públicos y privados, en enero de 2022 y comience a preparar la infraestructura necesaria para hacerlo de la manera más segura posible. Las razones para pensar en la reapertura de establecimientos educativos son obvias pero la pregunta es ¿se puede asegurar la salud de los niños en el ambiente educativo en medio de la pandemia?

El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un informe que recoge algunas condiciones necesarias para un regreso a clases seguro: 

1. Infraestructura escolar, acceso a agua y saneamiento: actualmente 3.1 millones de estudiantes de nivel primario en América Latina y el Caribe no tienen acceso a agua potable en el hogar o en la escuela. Es necesario que los países invierta en la infraestructura mínima para asegura el acceso a agua y un mínimo distanciamiento físico para mantener seguros a los estudiantes durante su regreso a clases en pandemia.
2. Directores y docentes: para poder implementar modelos híbridos es necesario que los sistemas educativos invierta en la contratación de más docentes. Esto es una tarea compleja para países con presupuestos pequeños para educación y que incluso antes de la pandemia ya tenían un déficit de personal educativo.
3. Acceso a tecnologías de la comunicación y conectividad: este es un desafío enorme para muchos países pues actualmente 46% de los niños entre 5 y 12 años vive en hogares que no tienen conexión a Internet.

Estas recomendaciones del BID necesitarán inversiones especiales de parte de los países para poder adecuar los espacios educativos a las necesidades actuales. Además, hay que agregar que es necesario que los países prioricen la vacunación del personal educativo para poder reducir los riesgos sobre su salud. Esta es una estrategia de vital importancia para que un regreso a clases relativamente seguro pues las vacunas reducen la trasmisión del virus y la posibilidad de enfermar gravemente y morir, aunque no eviten del todo los contagios.

De las anteriores recomendaciones, Guatemala ha cumplido solamente con una; en junio del 2021 el país incluyó a los docentes y a todo el personal educativo como población priorizada para la vacunación. Actualmente no se tiene conocimiento de la intención de incluir inversiones especiales, particularmente en infraestructura y acceso a agua, en el presupuesto nacional que se discutirá en la segunda mitad del 2021, parte vital de un plan de regreso a clases seguro para 2022.

La precariedad con la que ha funcionado la red de establecimientos educativos públicos durante muchos años, hace suponer que no existe mayor interés en el tema y que si se decreta un regreso a clases en 2022, será bajo las condiciones de infraestructura existentes antes de la llegada de la pandemia.

Es necesario que se ponga atención al tema educativo en Guatemala. Es inaceptable que el MINEDUC no esté siendo cuestionado para que presente un plan de regreso a clases y un cronograma para su implementación. Cada día de clases perdido es una oportunidad menos para el futuro del país.