Cuando el pasado, presente y futuro coexisten en una misma trama

El domingo pasado, el régimen de Daniel Ortega alcanzó un nuevo hito en su esfuerzo por consolidar su dictadura: la organización de elecciones de fachada. Tras el encarcelamiento de por lo menos siete candidatos opositores, y el exilio de decenas de liderazgo disidentes más, Ortega literalmente compitió contra su sombra. Para sorpresa de nadie, resultó electo y asegura la Presidencia hasta 2027.

Este es el capítulo más reciente de una trama de erosión democrática que inició hace más de una década.

Desde 2006, Ortega y su esposa, Raquel Murillo, tomaron control -directo o indirecto- de la mayoría de medios de comunicación, mientras que, a los periodistas que denuncian la arbitrariedad y corrupción del régimen, se les ha perseguido o amenazado. Asimismo, desde 2009, acabó con cualquier rastro de independencia judicial, al designar como magistrados vitalicios a partidarios del orteguismo. En un inicio, esto permitió allanar la ruta legal para la reelección del caudillo; pero luego, la subordinación judicial fue utilizada para dotar de apariencia de legalidad a decenas de decisiones arbitrarias e ilegales del gobierno. Para entonces, la cúpula empresarial nicaragüense coexistía amigable y felizmente con el régimen.

El control del aparato represivo del Estado también ha sido clave. En el 2010, una reforma legal concentró en manos del Presidente el control directo de la policía y le permitió designar a familiares y partidarios políticos al frente de la institución. Gracias a ello, en 2018, la Policía fue el arma de represión violenta utilizada contra manifestaciones ciudadanas, cuyo saldo fue más de 400 muertos y miles de heridos.

El repaso rápido de la historia reciente de Nicaragua rápidamente me hizo darme cuenta que esta película ya la había visto. Con unos años de diferencia, es exactamente la misma historia que vivió Venezuela.

En poco más de veinte años, una de las sociedades más prósperas de América Latina sucumbió ante la dictadura chavista-madurista, que tal y como lo hace hoy Ortega, consolidó su poder de forma gradual. Desde las reformas de principios de milenio, el chavismo suprimió cualquier vestigio de independencia judicial y tomó control de la autoridad electoral por allá del 2004. El esfuerzo por intimidad, censurar y castigar a sus críticos empezó con la no-renovación de licencias de transmisión para los medios críticos al régimen. Más de 70 periódicos, radios y estaciones de televisión han cerrado durante los últimos 15 años. Gracias a la aprobación de normas encaminadas a intimidar y censurar a los críticos, el régimen ha podido encarcelar a decenas de periodistas. A la disidencia se le calificó de subversión y se le encarceló.

A partir de 2014, Maduro perdió las formas y empezó a encarcelar a políticos opositores, líderes sociales, disidentes y críticos. El uso desmedido de la fuerza contra manifestaciones ciudadanas ha ocurrido sistemáticamente desde 2014, y particularmente, en 2017, con varios cientos de muertos y heridos.

Las antes reseñadas nos dicen que la erosión de las democracias es un proceso gradual. No ocurre de la noche a la mañana. La receta también tiende a repetirse de latitud en latitud: 1) Suprimir la independencia judicial y electoral; 2) tomar control de los medios y anular a la disidencia; 3) perseguir, exiliar o encarcelar a opositores; 4) usar la fuerza contra manifestantes; 5) elecciones de fachada para consolidar poder.

Al sintetizar la receta, no resulta difícil encontrar paralelismos con Guatemala. Pero a diferencia de los casos anteriores, donde la erosión democrática está vinculada con un caudillo o un movimiento político, en nuestras latitudes quien aspira a la consolidación autoritaria del poder es una alianza variopinta con un interés común: perpetuar el sistema creado desde la corrupción, por la corrupción y para la corrupción.

Salvo eso, la ruta parece ser la misma. Desde 2018, el esfuerzo por acabar con la independencia judicial es notorio: no renovar a CICIG, debilitar las fiscalías anti-corrupción, perseguir y hostigar a jueces independientes, asegurar control de la judicatura constitucional, etc. También es evidente el esfuerzo por acallar a la disidencia mediática; particularmente se persigue y ahoga a quienes denuncian corrupción. El control de la autoridad electoral parece (también) haberse consolidado. Y ya en noviembre 2020 vimos el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos que manifestaban su rechazo al Presupuesto.

Y así, en el devenir inexorable del tiempo, tarde o temprano llegaremos al momento en que el sistema impida la inscripción de candidatos opositores. O cuando se multiplique el número de disidentes y opositores encarcelados o exiliados. O peor aún, cuando denunciemos una elección de fachada…

La trama del secuestro de las democracias venezolana, nicaragüense y guatemalteca, por mafias políticas que indistintamente de ideologías o discursos aspiran a enriquecerse mediante corrupción y actividades ilícitas, se asemeja tanto a la trama de la serie Dark, que puede ser vista en Netflix: El pasado de Venezuela es el presente de Nicaragua, y bajo condiciones ceteris paribus, será el futuro de Guatemala.