La fuerza de los hechos es inescapable y no le importan nuestros deseos

Una primera advertencia que hay que decir es que cualquier crítica que se pueda interpretar de este análisis, viene desde un buen lugar y con la intención de aportar insumos y contexto para ayudar a comprender mejor la realidad política venezolana y sus perspectivas en el futuro inmediato.

Una segunda advertencia, a modo de aclaración y de recuento de hechos, es que en ningún momento se busca desconocer ni desvalorizar la hazaña que emprendió el pueblo venezolano entre octubre de 2023 y julio de 2024, organizados bajo el liderazgo de María Corina Machado. Esos 9 meses quedarán registrados en los anales de nuestra historia como un hito inédito de organización ciudadana en torno a un hecho político concreto: las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se buscaba provocar una transición democrática demostrando públicamente el fraude electoral. Se logró lo segundo, pero no lo primero. 

El fraude quedó demostrado dentro y fuera de Venezuela con una contundencia que probablemente no se ha visto en la historia de la región ¡y vaya si hemos sido una región con una larga seguidilla de fraudes electorales! Tanto en el siglo pasado como en el actual, con algunos casos más demostrables que otros. Sin embargo, siendo honestos, evidenciar un fraude electoral pocas veces condujo a transiciones democráticas en lo inmediato. El fraude de 2024 en Venezuela tampoco fue la excepción en ese sentido y demostró la vieja pero certera frase de Thomas Hobbes: vuelve entonces a la espada. Es decir, el chavismo-madurismo en unión militar-cívica perfecta (la inversión es a propósito), terminó de confiscar definitivamente la soberanía popular apelando a la razón de Estado por cualquier excusa que ellos creen que amenaza su existencia. Y se salió con la suya, como tantos despotismos a lo largo de la historia.

Estando cerradas las vías para un cambio de poder en Venezuela por medios políticos, en los 10 meses posteriores hemos estado viviendo dos fenómenos muy duros como consecuencia: aumento de la persecución política y cierre de espacios de organización y expresión (política y social) por la represión. Todo el que hace política o algún tipo de incidencia pública en Venezuela en estos momentos reconoce lo difícil que es organizarse en estas condiciones. No es que antes no haya sido difícil, pero ahora es prácticamente imposible, al punto que varios liderazgos han decidido operar en la clandestinidad, asumiendo los enormes riesgos que eso conlleva ¿Y cómo se hace política en la clandestinidad? Como se ha hecho toda la vida: a través de comunicaciones y organización secretas y también, muy importante, con el uso de propaganda. 

Habiendo hecho las aclaraciones y recuentos necesarios para entender el devenir de los hechos, es momento de explicar en qué punto nos encontramos ahora y qué opciones se nos presentan en lo inmediato dentro de este panorama. 

• Venezuela no es un tema de atención internacional, o al menos no del tipo de atención que queremos. El 20 de enero de 2025 fue una fecha importante en la historia: terminó la Pax Americana, en la cual vivimos en los últimos 80 años y entramos en un nuevo momento geopolítico. Prueba de estos cambios, es la política dual que ha adoptado la Casa Blanca hacia Venezuela: por un lado Marco Rubio, de línea dura y favorable a la política de máxima presión, representa el discurso tradicional de los políticos de Florida (muy de la posguerra fría, por cierto). Y por el otro lado, Richard Grenell, opera en los márgenes con acercamientos muy puntuales al régimen venezolano. ¿Cómo explicar esta dualidad? Hay dos hipótesis: 1) No hay una postura definida hacia Venezuela de parte de la administración de Trump. No somos prioridad y de allí la inconsistencia y el enfrentamiento de visiones en Washington que aún no deciden cómo abordar el tema. 2) El abordaje dual hacia Venezuela es deliberado y lo que está buscando Trump en Venezuela es “no atarse” únicamente a la estrategia de Marco Rubio, y esta es su forma de “diversificar riesgo” y no cerrarse las puertas en caso de un eventual fracaso de la máxima presión. Básicamente, es su estilo de deal-making aplicado a la política exterior: no importa qué, siempre salir ganando “algo” de cualquier situación.

• Las condiciones del país empeoran. Según las perspectivas que proyectan firmas e instituciones financieras internacionales, todos los expertos concuerdan en que la salida de las petroleras internacionales de Venezuela, tendrá un impacto negativo en la economía del país, que desde 2022 experimentaba una leve recuperación. Ya se comienza a notar al dispararse el tipo de cambio y en la respuesta brutal que ha tenido el gobierno, aplicando de nuevo una política de controles que recuerdan a los peores años de inflación incontrolable, escasez y crisis humanitaria. Y lamentablemente, hay que decirlo, esta nueva crisis económica no llevará a un cambio político, como se ha demostrado en el pasado, porque sabemos, habiendo pagado un costo humano muy alto, que al chavismo no le importa gobernar un cementerio. Además, gracias a la experiencia de 2019, la élite chavista ha aprendido a operar en un esquema oscuro y subrepticio de redes de distribución paralelas de petróleo a otros países para poder sobrevivir a las sanciones de Estados Unidos. Los más afectados de esta nueva crisis serán el menguado sector privado y los consumidores venezolanos. 

• Tomando estos dos elementos en cuenta, el liderazgo de María Corina Machado puede enfrentar un desgaste importante en el futuro inmediato en la medida en que se cierre a una sola estrategia. Machado enfrenta una encrucijada determinante, ya que atarse completamente a la tesis de máxima presión, la sitúa en varias circunstanciasdesfavorables: 

1. El “todo o nada”: para María Corina, si bien la recompensa puede ser muy alta, el fracaso también puede ser muy caro porque implica la pérdida de su libertad, e incluso su vida, además de un crecimiento sostenido de los niveles de represión y de crisis económica en el país, en la medida en que el régimen venezolano se sienta cada vez más presionado por las sanciones. 

2. Tener que mantener las expectativas altas en la población: prometiendo un desenlace que, de nuevo, depende de los vientos políticos de Washington y no de ella. Y mientras en la Casa Blanca no vuelva a haber un interés concreto hacia Venezuela, los costos de que las expectativas no se cumplan los asume ella y su credibilidad. 

3. Atarse a la estrategia de la máxima presión la limita muchísimo en términos discursivos y la desconecta de la gente, ya que para mantener sus alianzas con Estados Unidos (que son su única carta), no puede pronunciarse sobre los dos problemas más acuciantes de la población venezolana en estos momentos: las deportaciones y el deterioro de las condiciones de vida dentro del país. En sus apariciones más recientes, sus declaraciones se han volcado hacia temas de seguridad y defensa de Estados Unidos. Si comparamos su discurso actual con el de 2023 y 2024, vemos que hay un problema comunicacional evidente, ya que en aquel momento ella sí lograba una identificación total de la gente con su liderazgo, conectando los problemas cotidianos de la población con una demanda política de cambio. Hoy Machado enfrenta la posibilidad real de que su discurso pierda tracción con la gente y se pase de nuevo a la frustración que ha llevado a todo el resto de la oposición venezolana a pasar por la “trituradora” de liderazgos.  Sin contar que el régimen venezolano, está aprovechando estas debilidades para construir su narrativa y culpar a María Corina de todos los problemas del país sin un relato efectivo que los contrarreste. 

Este análisis pretende describir la situación lo más realista y objetivamente posible. No pretende dar soluciones ni vías de acción ya que ese no es el trabajo de los analistas. Lo que busca este análisis es sincerar la política en Venezuela, con verdades muy duras, incómodas y hasta intolerables, pero que es necesario comenzar a asimilar. Aunque duela, es necesario comenzar a vivir en la verdad. Seguiremos ahondando en estos temas en próximas entregas.  

La justicia se utiliza con fines políticos

La justicia en Guatemala no funciona. Nunca ha funcionado. Los criminales entran y salen de las cárceles varias veces, sin que afronten las consecuencias de sus actos.

El colmo son personas que llegan a acumular más de 20 ingresos a las cárceles y el sistema de justicia los deja libres una y otra vez. ¿Qué es lo que falla? ¿El Ministerio Público no hace su trabajo? ¿Los jueces se hacen de la vista gorda?

También vemos cómo muchos funcionarios públicos, acusados de graves hechos de corrupción, salen libres. A muchos les están devolviendo las propiedades que compraron con dinero de la corrupción.

En este sistema de justicia fallido, los criminales salen libres y los ciudadanos comunes estamos a merced de los ladrones, asesinos y corruptos. ¿Se puede construir un país desarrollado sin justicia?

Por otra parte, vemos cómo el sistema de justicia persigue a los que se consideran enemigos políticos. A estas personas se les dicta prisión preventiva durante años, aun cuando sus delitos son menores, comparados con los criminales antes descritos.

El último caso es el de Eduardo Masaya, un abogado acusado de falsedad ideológica, que se le tiene en prisión preventiva y que se le ha trasladado varias veces a centros penales que ponen en riesgo su vida.

La intención de estos traslados es que acepte cargos y que sus verdugos salgan en caballo blanco. Básicamente es una tortura para doblegar su voluntad.

Es terrible ver cómo se utiliza el sistema de justicia de la forma más burda para castigar a los enemigos políticos. Estamos viviendo en un oscurantismo judicial que amenaza la estabilidad de nuestra democracia.

La sociedad en Guatemala no debería permitir este tipo acciones. Así es como los países pierden sus democracias y los criminales terminan imponiendo dictaduras. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 29 de mayo

El 31 de mayo de 2025 se cumplen cuarenta años de la promulgación de nuestra actual Constitución. 

Casi el 70% de los guatemaltecos que hoy habitamos el país no habíamos nacido cuando eso ocurrió, en 1985. Vale la pena, entonces, preguntarnos en qué estado se encuentra hoy ese pacto constitucional.

Nuestra Constitución fue producto de un proceso constituyente realizado durante una transición política en medio de un contexto marcado por la violencia interna y la prolongada guerra civil. En ese momento, Guatemala se encontraba bajo un régimen militar que, tras años de represión, impulsaba una transición hacia un gobierno civil y abrir paso a una democracia como una forma de restaurar la legitimidad estatal.

Era una Guatemala distinta, con unos 8 millones de habitantes y una tasa de alfabetización inferior al 50%. Además de la situación política ya descrita, el país enfrentaba una crisis económica profunda: entre 1980 y 1985, las exportaciones cayeron un 32% y el déficit por cuenta corriente había pasado de 35 millones de dólares en 1977 a 573 millones en 1981. En esos años también aumentó considerablemente el desempleo. 

En ese contexto, el primer avance concreto fue la creación de una autoridad electoral independiente. Se logró empadronar a 3.5 millones de personas y, aunque cerca de un millón no pudo hacerlo por las condiciones del país, fue un paso importante para organizar elecciones limpias tras años de gobiernos militares.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1984 fue el escenario donde se debatió el nuevo texto constitucional, con una representación plural que reflejaba el contexto político de la época, en el que sectores armados y políticos vinculados a la izquierda no participaron directamente en el proceso, dadas las condiciones de conflicto interno y las restricciones vigentes.

Tres bloques principales dominaron la Asamblea: la Democracia Cristiana (DC), con el 21% de los votos y 20 diputados; la Unión del Centro Nacional (UCN), con el 18% y 21 escaños; y la alianza Movimiento de Liberación Nacional–Central Auténtica Nacionalista (MLN–CAN), que alcanzó el 16% y obtuvo 23 diputados. Aunque ideológicamente distintos —la DC más cercana al centro-izquierda, la UCN con un perfil centrista y el MLN–CAN claramente de derecha— estos tres bloques controlaron dos tercios de la Asamblea. Sobra recordar, que ninguno de esos partidos sobrevivió estas poco más de cuatro décadas. Esa correlación de fuerzas impuso un marco de negociación constante que mantuvo a raya cualquier intento de rediseño profundo del sistema. El resultado fue una Constitución políticamente funcional, pero contenida: garantista en el papel, sin romper completamente con algunos elementos del viejo orden.

Esa fragilidad estructural no fue corregida en la única reforma constitucional que ha tenido lugar desde 1985. En 1993, se modificaron 37 de los 281 artículos de la Constitución, en un momento de crisis política tras el intento de autogolpe del presidente Serrano Elías. Sin embargo, lejos de subsanar las limitaciones del diseño original, varios de los cambios profundizaron problemas que hoy resultan evidentes. El caso más claro es la ampliación del sistema de comisiones de postulación, que lejos de fortalecer y dar paso a una selección técnica e independiente de magistrados y del Fiscal General, terminó consolidando un entramado de lealtades informales —basadas en vínculos personales o políticos más que en criterios técnicos— dentro del sistema de justicia. Esto ha hecho inviable la construcción de una carrera judicial basada en el mérito y la independencia.

Mucho ha cambiado desde entonces. La Guatemala de hoy es otra: no solo por sus transformaciones demográficas, sino porque el país se ha insertado en la economía global, han surgido nuevos actores políticos y enfrentamos desafíos como el crimen organizado transnacional y la captura institucional.

A la luz de estos cambios, vale la pena preguntarse si aquella Constitución —diseñada en un país en transición— sigue cumpliendo su promesa hoy. No se trata solo de conmemorar su aniversario, sino de examinarla con ojos actuales: ver qué ha resistido, qué ha cedido, y qué simplemente nunca se cumplió.

Y si somos honestos, ¿qué nos queda realmente de ese texto? Hace pocos días, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) emitía un —a mi juicio— equivocado fallo sobre el alcance del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT), se anunciaba con orgullo a los cuatro vientos que se hacía en nombre de la defensa de la supremacía constitucional.

Pero, ¿esa defensa es real y genuina, o se queda en el plano retórico? Hagamos algunas preguntas incómodas:

¿Dónde queda la supremacía de la Constitución respecto del rol del Tribunal Supremo Electoral, considerando que un juez penal mantuvo en suspenso —y finalmente canceló— a una organización política utilizando caprichosamente la ley penal?

¿Qué hay de otras grandes conquistas de la transición? Una de las más importantes fue el sistema electoral diseñado por la Ley Electoral e implementado con éxito bajo el liderazgo de Arturo Herbruger Asturias: basado en el conteo manual de votos, con juntas receptoras integradas por ciudadanos y supervisado en cada etapa por fiscales de los partidos. Ese esquema —transparente y confiable— fue clave para legitimar las elecciones tras décadas de dictadura. Hoy, ese legado ha sido socavado: se intenta desacreditar el proceso culpando al “software” que comunica los resultados preliminares en un país donde el conteo sigue siendo en papel; se repitió la audiencia de revisión de escrutinios en 2023 por orden de la Corte de Constitucionalidad, tras amparos promovidos por partidos inconformes; y se consumó la destrucción del Tribunal Supremo Electoral con la suspensión indefinida de cuatro de sus magistrados titulares, en abierta contradicción con el principio de independencia.

¿Dónde quedó la gran conquista del artículo 35, que protege la libre expresión, cuando hoy tenemos periodistas en el exilio, otros hostigados mediante el uso arbitrario de la ley contra el femicidio, y cuando se intenta procesar penalmente a periodistas del extinto medio El Periódico por el contenido de sus publicaciones? Guatemala está hoy en la categoría de “alta restricción” a la prensa, según el Índice Chapultepec.

¿Dónde quedó la libertad y el pluralismo político —pilares esenciales de toda democracia— cuando se vetan candidatos presidenciales de forma caprichosa, incluso a pocas semanas de las elecciones, como ocurrió en 2023? ¿No era esa precisamente la lógica de las dictaduras militares, y uno de los principales vicios que la nueva Constitución prometía superar?

¿Dónde quedó la justicia en un país donde el abuso de la prisión preventiva ya no es la excepción, sino la regla? ¿Dónde queda el debido proceso y el escrutinio público, cuando en los casos penales de alto interés la “reserva” —que en la práctica implica que no se conocen ni las acusaciones ni las pruebas por largos periodos— se impone como norma? ¿Y qué clase de justicia es posible cuando el conflicto de interés está prácticamente constitucionalizado, permitiendo que magistrados suplentes ejerzan simultáneamente como jueces y como abogados litigantes?

Debemos hacernos estas preguntas —y otras más— si realmente queremos saber si, cuarenta años después de iniciada la transición democrática y de promulgada una Constitución que aspiraba a instaurar una democracia basada en el respeto a los derechos fundamentales, esas promesas se han cumplido. No basta con repetir fórmulas solemnes sobre la defensa del orden constitucional si, en la práctica, los derechos y garantías que consagra la Carta Magna han quedado reducidos a papel mojado. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos, sin romanticismos, si este pacto constitucional sigue estando a la altura del país que aspiramos a ser o si, por el contrario, es hora de impulsar cambios puntuales pero sustanciales que lo actualicen y lo hagan verdaderamente efectivo.

*Columna publicada originalmente el 30 de mayo en La Hora.

Debemos cambiar nuestra mentalidad

Los países de Sudamérica, y no digamos los desarrollados, se caracterizan por realizar grandes obras de infraestructura que aumentan su productividad y mejoran sustancialmente su nivel de vida.

Los puertos, los aeropuertos y las carreteras son esenciales para la actividad económica de cualquier país.

En el caso de Guatemala, la infraestructura aumenta a paso de tortuga. En las últimas tres décadas la población casi se duplicó, pero las carreteras del país crecieron muy poco.

En los años sesenta y setenta, se hicieron varias obras de infraestructura en la Ciudad de Guatemala que ayudaron en aquel entonces, pero que hoy ya se encuentran obsoletas. 

Ciudad de Guatemala necesita con urgencia construir túneles que atraviesen la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente para despejar los grandes embotellamientos. Esto es usual en las ciudades modernas. 

También nos urge un metro. Es una vergüenza que Guatemala no cuente con uno a estas alturas.

Además, se necesita otro aeropuerto fuera de la ciudad que permita el recibimiento de grandes aviones comerciales y de carga. Este aeropuerto debería estar conectado con la ciudad por un tren de alta velocidad y una carretera exclusiva.

No debe olvidarse toda la infraestructura que se necesita en el noroccidente del país, en donde se tiene la menor densidad de carreteras, a pesar de la gran cantidad de población que está concentrada en esa región. 

Esto se ha hablado por décadas, pero los gobiernos han sido incapaces de impulsar un plan de esta magnitud. 

Por supuesto que se necesitan recursos, pero para ello debe permitirse la participación de la iniciativa privada. 

Y en la parte que le corresponde al gobierno, podría considerarse la emisión de cierto nivel deuda. 

Debe actuarse con celeridad. Nuestra infraestructura está obsoleta. 

*Columna publicada en Nuestro Diario el 22 de mayo

La educación del país ha estado secuestrada

El Sindicato de Maestros, liderado por Joviel Acevedo, ha realizado nuevas marchas exigiendo seguir con los privilegios que le han dado los últimos cuatro gobiernos.

A estas alturas, le resulta evidente a la mayoría de la población guatemalteca que el sindicato de maestros no está para velar por los intereses de los niños, sino para mantener una gran influencia dentro del Ministerio de Educación.

La ministra de educación actual, de forma valiente, hizo lo que nadie se atrevía a hacer desde la época de la ministra María del Carmen Aceña, que es enfrentar a uno de los líderes sindicales más repudiados y poderosos del país.

Los ministros anteriores decidieron pactar y darle grandes privilegios a Acevedo, con tal de “librarse de problemas”, lo cual provocó que este personaje acumulara gran poder, como lo ha evidenciado públicamente las autoridades educativas actuales. 

La educación pública del país se encuentra por los suelos. Los resultados de las evaluaciones a maestros y alumnos dan vergüenza, y no cabe la menor duda que eso es el resultado de décadas de clientelismo político dentro de ese ministerio.

Si se quiere recuperar la calidad de la educación, es indispensable quitarle poder a ese nefasto sindicato y su líder. 

Hay maestros que son buenos, dedicados y responsables con sus alumnos, que jamás han aceptado ser parte de ese sindicato. Se debe reconocer la labor de los buenos docentes y se debe expulsar a aquellos que no cumplen con sus labores. 

La ministra tomó una buena decisión al negarse a seguir con el clientelismo político de sus antecesores. Ojalá siga firme en su decisión, reciba el apoyo del resto del Ejecutivo y que los buenos maestros también le apoyen. 

Ya es hora de que el Ministerio de Educación deje de estar secuestrado por un sindicalismo nefasto. 

 *Columna publicada en Nuestro Diario el 15 de mayo 

La Corte de Constitucionalidad aplica mal un principio correcto y proyecta confusión en el plano internacional.

La Corte de Constitucionalidad —y algunos comunicados oficiales— celebraron esta semana una supuesta victoria en defensa de la supremacía constitucional. Pero esa victoria no existe, porque la amenaza que pretendía conjurar nunca fue real.

El caso: la Corte otorgó un amparo provisional el 20 de mayo de 2025 que deja sin efecto el Acuerdo Gubernativo 65-2025, mediante el cual el Ejecutivo había retirado la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). Además, ordenó al Ejecutivo “revertir” esa decisión. Aunque el asunto tiene implicaciones políticas, me interesa enfocarme en un punto estrictamente jurídico: la Corte enuncia correctamente el principio de supremacía constitucional, pero luego no lo aplica de forma coherente.

La Corte dedica buena parte del auto a desarrollar la idea de que su función esencial es preservar el orden constitucional (art. 268) y que procede a proteger la supremacía constitucional. Este concepto implica que la Constitución está por encima de cualquier otra norma, incluidos los tratados internacionales. Recuerda que el artículo 204 obliga a los tribunales a aplicar siempre la Constitución sobre cualquier ley o tratado, y extiende ese deber al resto de órganos del Estado. Cita también los artículos 44 y 175, que anulan de pleno derecho cualquier disposición —legal, gubernativa o internacional— que contradiga la Constitución. Bajo esta lógica, reafirma que solo el poder constituyente puede reformar la Carta Magna, y que ningún tratado puede afectarla. Hasta ahí, todo bien.

El problema es que la Corte confunde los alcances del artículo 27 de la CVDT. Este artículo no busca poner a los tratados por encima de la Constitución. Lo que hace es codificar una norma de derecho consuetudinario internacional: un Estado no puede invocar su derecho interno —incluida su Constitución— para justificar el incumplimiento de una obligación internacional que ya asumió. Esa es su única función. No regula jerarquías internas ni interfiere en cómo cada país organiza su sistema jurídico.

La reserva que Guatemala hizo en 1997 parte de una confusión: sugiere que el país puede desentenderse de tratados válidamente ratificados si su Constitución “no lo permite”. Pero esa idea carece de respaldo en el derecho internacional.

Durante los trabajos preparatorios de la CVDT se reforzó esta interpretación. En la sesión del 18 de abril de 1968, el delegado de Pakistán propuso la enmienda que dio origen al artículo 27 (entonces numerado 23 bis), explicando que su objetivo era evitar que los Estados usaran su derecho interno como excusa para evadir sus compromisos internacionales. Textualmente expresó que su intención era “... destacar la primacía del derecho internacional, que se funda en la norma en virtud de la cual los tratados deben ser ejecutados de buena fe. Esta regla ha sido consagrada por la Carta de las Naciones Unidas” (Actas resumidas, párrs. 58–59). El delegado de Chile apoyó esta idea, afirmando que “nada hay que oponer a que un Estado pueda invocar su constitución para negarse a suscribir un tratado, pero cuando un Estado se obliga mediante un tratado no es justificable que trate después de eludir su cumplimiento invocando su constitución y aún menos su legislación nacional ordinaria” (Actas resumidas, párr. 33). Estas expresiones, provenientes de los debates oficiales, dejan claro que el artículo 27 se limita a regular el comportamiento internacional de los Estados una vez han adquirido compromisos.

Como señala el comentario doctrinal de Mark E. Villiger (2009), el artículo 27 “no se pronuncia sobre la posición que debe otorgarse al derecho internacional dentro del orden jurídico interno. Tampoco se ocupa de las cláusulas constitucionales o las reservas constitucionales. Tampoco trata sobre la aplicación del derecho interno conforme al derecho internacional” (traducción libre del original en inglés, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff, 2009, p. 374).

Las proclamadas voces de victoria en nombre de la “supremacía constitucional” simplemente celebran un fantasma. Ese principio nunca ha estado en riesgo. Nuestra Constitución era y sigue siendo, sin duda, la norma suprema del ordenamiento jurídico guatemalteco. Lo que está en juego aquí no es la soberanía interna, sino el modo en que Guatemala se posiciona ante sus compromisos internacionales.

Y ahí es donde el fallo de la Corte manda una señal preocupante. Al sugerir que Guatemala puede invocar su Constitución para incumplir un tratado, se abre la puerta a un uso antojadizo de ese argumento. Para ilustrar lo problemático de esa lógica, llevémosla al absurdo: ¿qué pasaría si un gobierno populista decide, de manera “creativa”, que un tratado bilateral de inversión contradice algún principio constitucional —como la justicia social, la distribución del ingreso o cualquier otra fórmula vaga— y, en consecuencia, se niega a cumplirlo? Con 281 artículos en la Constitución, las posibilidades de reinterpretar cualquiera de ellos como “conflictivo” con un tratado son prácticamente infinitas. Y aunque ningún tribunal arbitral internacional aceptaría semejante excusa, el solo hecho de que nuestra Corte insinúe que la Constitución puede ser utilizada para incumplir compromisos internacionales ya genera incertidumbre jurídica.

Justamente para evitar ese tipo de evasiones —esa tentación de escudarse en el derecho interno para no cumplir lo pactado— es que existe el artículo 27 de la Convención de Viena. Esta norma no es decorativa: codifica una regla esencial del derecho internacional consuetudinario. Si cada Estado pudiera desentenderse de sus obligaciones internacionales alegando su Constitución o cualquier otra norma interna, el derecho internacional sería papel mojado. El artículo 27 lo impide con claridad.

Y acá está el núcleo del error de la Corte: confunde los planos. En el plano interno, por supuesto que cada Estado define la jerarquía de sus normas. Guatemala puede —y lo hace— colocar su Constitución por encima de los tratados. Pero en el plano internacional, lo que cuenta es el derecho internacional: tratados, costumbre, principios generales. Lo pactado obliga, independientemente de cómo esté jerarquizado dentro del sistema jurídico doméstico. Y eso no es una rareza ni una innovación jurídica: 116 Estados son parte de la Convención de Viena, y ninguno (que yo sepa) ha entendido que el artículo 27 interfiera con su supremacía constitucional. Sólo en Guatemala se ha llegado a esa conclusión.

Por eso, el levantamiento de la reserva hecho por el Ejecutivo no tenía efectos jurídicos reales: la norma ya era vinculante para Guatemala por su carácter consuetudinario. Al suspenderlo, la Corte no altera nada sustantivo. Pero sí produce un daño: transmite al mundo una lectura equivocada, como si fuera válido usar la Constitución para no cumplir lo acordado internacionalmente. No viola la supremacía constitucional; la proyecta donde no aplica. Y al hacerlo, lejos de proteger el orden interno: pone en duda la palabra del Estado.

*Columna publicada originalmente el 23 de mayo en La Hora

La reserva ya era ineficaz en la práctica. Varios países la objetaron desde el principio, advirtiendo que contradecía el objeto del tratado y que el principio de cumplimiento sin excusas internas ya era una norma del derecho internacional 

El presidente Bernardo Arévalo firmó recientemente el acuerdo gubernativo que retira la reserva de Guatemala al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). La decisión no es menor, aunque la desinformación ha generado muchas preguntas en el público general.

Conviene explicar, en términos claros, por qué esto importa y qué consecuencias tiene.

El artículo 27 establece que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Es decir, cuando un Estado ha firmado y ratificado un tratado, no puede escudarse en su legislación nacional —ni siquiera en su Constitución— para incumplirlo en el plano internacional.

Cuando Guatemala ratificó la Convención en 1997, formuló algunas reservas, entre ellas, una al artículo 27. ¿Qué pretendía con eso? Que dicha disposición —la que impide invocar el derecho interno como excusa para incumplir un tratado— no aplicara si el conflicto era con la Constitución. En otras palabras, Guatemala buscaba reservarse el derecho de decir: “yo firmé el tratado, pero si choca con mi Constitución, no tengo obligación de cumplirlo en el plano internacional”.

¿Por qué retirar la reserva? Porque la reserva ya era ineficaz en la práctica. Varios países la objetaron desde el principio, advirtiendo que contradecía el objeto del tratado y que el principio de cumplimiento sin excusas internas ya era una norma del derecho internacional consuetudinario, es decir, una regla que existe y obliga aunque no esté escrita en ningún tratado.

Guatemala nunca pudo beneficiarse de esa “reserva”. Diversas cortes —como la Corte Interamericana de Derechos Humanos— han aplicado el artículo 27 en resoluciones contra el Estado guatemalteco, sin que este se opusiera. Pero más relevante aún, lo propio ha hecho la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en varias resoluciones.

Esto confirma una práctica sostenida del Estado guatemalteco. Un ejemplo emblemático se dio en 2012, cuando la Corte de Constitucionalidad conoció una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Estas otorgaban una curul automática y privilegio de inmunidad a expresidentes y exvicepresidentes guatemaltecos. El argumento central era que tales normas contravenían principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el carácter electivo de los representantes y la prohibición de prolongar funciones más allá del mandato popular.

La Corte no negó expresamente la posibilidad de contradicción. Sin embargo, resolvió citando el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: al haber sido el tratado válidamente ratificado, sus disposiciones no podían ser impugnadas mediante control constitucional interno. Este razonamiento marcó un giro frente a fallos anteriores en los que sí se había ejercido ese tipo de control con efectos internos.

En ese momento, Guatemala aún mantenía activa su reserva al artículo 27, precisamente con la intención de preservar la primacía de su Constitución en caso de conflicto con tratados internacionales. La Corte no hizo mención alguna a dicha reserva. Al omitirla por completo, resolvió el caso como si no existiera, y en los hechos reafirmó una doctrina que hoy el Ejecutivo reconoce expresamente por escrito con el acuerdo gubernativo 65-2025.

En derecho internacional, cuando un Estado actúa durante años como si una norma lo obligara, luego no puede argumentar lo contrario sin contradecir la buena fe. A ese principio se le conoce como estoppel, y significa que un Estado que ha aceptado una situación de forma consistente —por actos, declaraciones o incluso omisiones relevantes— no puede después impugnarla si otros han confiado en esa conducta. En este caso, al no invocar su reserva al artículo 27 durante años, ni siquiera ante sus propias cortes, Guatemala ha consolidado una práctica que refuerza su renuncia efectiva a esa reserva. El acuerdo gubernativo 65-2025 simplemente reconoce por escrito lo que en la práctica ya era una realidad jurídica.

No faltan en redes sociales los comentarios de que se trata de “una concesión” o una “renuncia a la soberanía”. Pero la realidad es más sencilla: Guatemala ya estaba jurídicamente atada al contenido del artículo 27. La reserva no tenía efectos. El retiro no rompe nada; lo que hace es alinear el texto con la práctica, darle coherencia al discurso jurídico del Estado.

También circula desinformación que sugiere que, al retirar esta reserva, Guatemala estaría “colocando los tratados por encima de la Constitución”. Eso no es cierto. El artículo 27 no regula la jerarquía de normas dentro del país: la Constitución sigue siendo la norma suprema en el ordenamiento jurídico interno, y nada en esta decisión obliga a cambiar eso. Lo que el artículo establece —y lo que ahora Guatemala reconoce sin ambigüedad— es que, en el plano internacional, un Estado no puede escudarse en su derecho interno, ni siquiera en su Constitución, para justificar el incumplimiento de un tratado. No se trata de alterar cómo los tribunales aplican el derecho hacia adentro, sino de asumir sin reservas las obligaciones que ya existían hacia afuera. Es una diferencia importante que conviene tener clara: no se cambia la jerarquía interna, se asume la responsabilidad internacional.

Lo que esta norma busca evitar es que un Estado pueda desligarse de sus obligaciones internacionales con el simple recurso de decir “mi derecho interno dice otra cosa”. En otras palabras, lo que está en juego es la responsabilidad internacional del Estado, no la manera como se organiza internamente su sistema jurídico. Esa responsabilidad ya existía; lo que hace el retiro de la reserva es reconocerla con honestidad.

En 2007, durante el gobierno de Óscar Berger, Guatemala retiró otras reservas que había formulado al momento de ratificar la misma Convención. En aquel entonces tampoco pasó por el Congreso. Aunque este punto puede generar discusión, no es nuevo. Está dentro de las facultades constitucionales del presidente y esa ha sido la práctica desde la vigencia de nuestra Constitución.

El derecho de manifestar no debe ser criminalizado.

El país vive otra crisis política por la captura de dos de los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán por supuestos actos de terrorismo.

En primer lugar, hay que decir que manifestar es un derecho universalmente reconocido, no solo por la Constitución de Guatemala, sino por tratados internacionales.

Los ciudadanos tenemos todo el derecho de manifestar pacíficamente nuestro descontento contra los funcionarios públicos de cualquier rama del Estado. Es parte de nuestros derechos individuales que jamás deben ser limitados.

Pero el derecho de manifestar no debe afectar los derechos de otras personas. Los bloqueos causan pérdidas económicas enormes y no deben ser permitidos. 

En Estados Unidos, la policía actúa rápidamente para disolver los bloqueos y las personas pueden ser arrestadas, pero usualmente son liberadas a los pocos días, con cargos menores. Si solo bloquearon las calles, sin agredir físicamente a otras personas o haber causado daño a la infraestructura, no se les acusa de nada grave.

En ese sentido, acusar a los líderes de los 48 Cantones de terrorismo es un exceso que busca atemorizar a la población para que no se exprese políticamente.

El Ministerio Público, junto con una minoría, intentaron bloquear el proceso electoral de 2023 y, posteriormente, intentaron bloquear la transición pacífica del poder que constituye un pilar fundamental de cualquier República. 

En aquel lejano 2023, la joven democracia de Guatemala estuvo a punto de desaparecer por las acciones ilegales del Ministerio Público. Fueron momentos de gran tensión política por el capricho de una minoría. 

Bloquear calles jamás debe ser permitido, pero tampoco debe utilizarse el sistema judicial para intimidar a la población. Se debe velar por las garantías procesales en este nuevo caso político. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 1 de mayo de 2025

Los aranceles afectarán a los consumidores.

El 2 de abril, el presidente Trump lanzó el mayor incremento de aranceles de los últimos noventa años, lo que provocó una crisis en las bolsas de valores de todo el mundo.

El objetivo del presidente Trump es terminar con el déficit en la balanza comercial de Estados Unidos, ya que actualmente ese país le compra más al resto del mundo de lo que le vende. 

No es de extrañar que los consumidores de Estados Unidos compren bastantes bienes del exterior. Primero, son la economía más grande del planeta y las personas ganan muy bien, lo que les da poder adquisitivo para comprar productos nacionales o extranjeros. 

Segundo, los habitantes de Estados Unidos ahorran muy poco. Es bien conocida la cultura de consumismo de ese país, lo que se traduce en comprar bienes importados.

Por otra parte, los bienes producidos en China u otro país asiático usualmente son más baratos, lo que convirtió a esa región en la fábrica del mundo. 

Los Estados Unidos no pierde al comprar productos del exterior, como sugiere el presidente Trump, ya que resulta más barato importarlos que producirlos localmente. ¿Tiene sentido comprar productos locales caros, si se pueden comprar más baratos del exterior?

La era de libre comercio que inició después de la Segunda Guerra Mundial trajo el período de mayor prosperidad para la humanidad y todos los países se beneficiaron, incluido Estados Unidos.

Los aranceles podrían causar un desastre económico porque las empresas tendrían que reorganizarse, incrementando sus costos y dañando el bolsillo de los consumidores. 

Lo peor es que China y la Unión Europea han anunciado aranceles en contra de Estados Unidos como una medida de venganza. Estamos a las puertas de la mayor guerra comercial de los últimos noventa años. ¿Terminaremos en una profunda recesión económica?

_{*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de abril}

Este caso no solo plantea interrogantes sobre la gestión de datos personales en el ámbito tributario, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de una ley integral de protección de datos.

Se han planteado acciones de inconstitucionalidad contra una parte del artículo 120 del Código Tributario, reformado por el ahora famoso Decreto 31-2024, Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario. Por razones de espacio, me refiero a una en particular que ha llamado mi atención.

La impugnación se dirige específicamente contra el inciso f), que obliga a las personas jurídicas —por ejemplo, a las sociedades anónimas— a declarar, al momento de inscribirse o actualizar su información ante la SAT, los nombres completos de sus accionistas o socios, así como su porcentaje de participación en el capital social. El argumento central es que esta exigencia, al ser general, periódica y sin condiciones, podría violar el derecho a la privacidad protegido por el artículo 24 de la Constitución, el cual establece límites al acceso del Estado a documentos privados, incluso en materia tributaria.

La primera es que, al no contar Guatemala con una ley integral de protección de datos personales, el tratamiento de información como los nombres de socios o accionistas y sus porcentajes de participación —exigido por el inciso f) del artículo 120 del Código Tributario— debe regirse por los límites establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008. 

Mientras esta disposición tributaria no sea suspendida y siga vigente, su cumplimiento debe hacerse dentro del marco de esa ley, cuyos artículos 30 y 31 establecen que los sujetos obligados deben no solo abstenerse de difundir los datos personales sin consentimiento expreso, sino también resguardarlos activamente mediante medidas que eviten su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado. Los nombres y porcentajes de participación de personas físicas en sociedades claramente constituyen datos personales, pues identifican a individuos y los vinculan con información económica. 

La segunda, es que nuevamente a falta de una ley de protección de datos personales, la Corte de Constitucionalidad (CC) deberá hacer un test de proporcionalidad a esta norma. Al efecto deberá determinar si la medida del artículo f es idónea, necesaria y estrictamente proporcional dado que es una afectación directa al derecho a la privacidad. 

En cuanto a la idoneidad, no cabe duda de que la medida podría invocar un fin legítimo: evitar el uso de estructuras societarias para evadir impuestos o encubrir beneficiarios reales. Este es un fin legítimo —aunque quizás más propio de entidades encargadas de la investigación penal o la prevención de lavado de dinero, y no únicamente aplicada al ámbito tributario—. 

Sin embargo, en el plano de la necesidad, surgen dudas razonables. La norma exige la declaración de todos los socios o accionistas, sin importar el porcentaje de participación o su grado de control, lo cual implica una afectación masiva y uniforme. Esto invita a preguntarse si no habría medios menos invasivos —por ejemplo, exigir esta información solo respecto de quienes superen cierto umbral de participación—. 

Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, la carga que impone esta obligación, sumada al hecho de que no existen salvaguardas legales claras sobre el uso, conservación o acceso a los datos declarados, puede hacer que la afectación al derecho a la privacidad sea mayor que el beneficio obtenido por la administración tributaria. En países con estándares avanzados de protección de datos, obligaciones como esta suelen ir acompañadas de garantías mínimas: umbrales de control, deberes de confidencialidad, limitación de fines y plazos de conservación. La ausencia de estos elementos en el caso guatemalteco agrava el riesgo de que la norma, tal como está formulada, resulte desproporcionada. En su momento sabremos cuál será la defensa de la SAT y del Congreso durante el trámite de la inconstitucionalidad.

En cualquier caso, será una oportunidad para que la Corte responda preguntas más amplias sobre el derecho a la privacidad que aún no han sido abordadas de manera oportuna. Este caso no solo plantea interrogantes sobre la gestión de datos personales en el ámbito tributario, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de una ley integral de protección de datos que establezca criterios claros para el tratamiento, resguardo y acceso a este tipo de información, tanto en manos de entidades públicas como privadas. La ausencia de dicho marco legal deja a la ciudadanía expuesta y a las autoridades sin parámetros adecuados para equilibrar sus funciones con los derechos fundamentales.

_{*Columna publicada originalmente en LaHora}