El panorama para Guatemala frente a la crisis del COVID-19 no es alentador, nuestro éxito para enfrentar esta pandemia dependerá de la capacidad del gobierno de implementar medidas de emergencia y contención.

El sistema de salud guatemalteco vive en una permanente crisis provocada por la falta de recursos, el saqueo permanente del presupuesto del Estado y la falta de capacidades para diseñar e implementar políticas públicas que atiendan eficientemente las necesidades de salud de la población.

La crisis del COVID-19 colapsó los sistemas de salud de Italia y España, los cuales, según la Organización Mundial de la Salud, ocupaban los puestos 2 y 7 en el ranquin de los mejores sistemas de salud del mundo; Guatemala ocupa el puesto 78 de 100 países. Debemos estar conscientes que nuestro sistema de salud no tiene la capacidad de enfrentar esta emergencia. 

Con la aparición de un primer caso de posible contagio comunitario en Patzún, Chimaltenago; Guatemala podría comenzar a enfrentar la fase de aceleración de la epidemia. Ha llegado el momento de poner nuevamente la voz de alerta sobre el sistema de salud que nunca construimos.

Para el año 2016, el sistema de salud guatemalteco estaba compuesto por el sector público en el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social atendió al 47.27% de la población, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al 12.12% y Sanidad Militar y el Hospital de la Policía Nacional Civil al 1.21%. Por su parte, el sector privado atendió al 10.3%  de la población.

Estos datos reflejan que un 29.1% de la población no fue atendida por ningún servicio de salud formal. Estamos hablando de 4.8 millones de personas que seguramente no tienen acceso a servicios ni a tratamientos de salud o se automedican para evitar visitar un servicio de salud público o privado. 

Una gran mayoría de estas personas con acceso insuficiente o nulo a servicios de salud, residen en área rurales, mayoritariamente indígenas. Estás poblaciones además tienen muchos años afectadas por la pobreza, la insalubridad y los altos índices de desnutrición crónica, lo que reduce su capacidad de enfrentar cualquier enfermedad. 

Guatemala además cuenta con apenas 0.4 médicos por cada 1,000 habitantes. España e Italia cuentan con 4.1 por cada 1,000 habitantes, El Salvador tiene 1.6, Costa Rica 1.1, Panamá 1.6, Chile 1.1 y Colombia 2.1 médicos por cada 10,000 habitantes. El departamento de Guatemala concentra al 73% de todos los médicos del país, eso es 1 médico por cada 348 habitantes. En el otro extremo está Quiché, en donde hay 1 médico por cada 11,489 habitantes. 

Según el Banco Mundial, existen en el país 0.6 camas hospitalarias por cada 1,000 personas. Como dato comparativo Italia tiene 3.4, España 3.0, El Salvador 1.3, Costa Rica 1.2, Panamá 2.3, Chile 2.2 y Colombia 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes.

Los países que están teniendo algunos éxitos contra esta enfermedad, lo han hecho explotando las capacidades de sus sistemas de sanidad públicos. Guatemala es el país con el menor gasto público en salud como porcentaje del PIB de Centroamérica. Además el gasto total en salud de Guatemala es mayormente privado, como muestra el siguiente cuadro.

Guatemala es el único país en la región en donde el gasto privado es mayor al publico, sin embargo, en 2017, el sector público atendió precariamente a más de 10 millones de personas y el sector privado apenas a 1.7 millones. 

Lo que nos muestran los datos anteriores es que, en las condiciones económicas actuales, en donde la capacidad de gasto de muchas personas podría verse muy afectada debido a la paralización de la economía y la consecuente pérdida de empleos, un país como Guatemala se podría ver en serios problemas, pues la mayor parte de su gasto en salud se realiza en el sector privado y esto deja a una gran cantidad de población desprotegida, a merced de un sistema de salud público que ya se encuentra sobrepasado.

De hecho, desde hace muchos años tenemos datos y ejemplos de cómo los hospitales del sistema nacional de salud público están rebasados en sus capacidades, esto ha sido advertido por el Ministerio de Salud y reportados por los medios de comunicación:

• En menos de 5 años la demanda de servicios de salud se incrementó en 10 millones de consultas pasando de 19.3 millones a 29.1 millones en 2016 y el 87.75% de las mismas fueron atendidas por el sector público, lo que llevó al colapso de varios hospitales y centros de salud en ese año.
• La atención del Hospital General del IGSS superó su capacidad instalada. Al 31 de diciembre de 2015 habían sido trasladados 1,050 pacientes al Centro Médico Militar
• Al año 2016, los hospitales del país tenían una capacidad operativa de 2.6 millones de casos y habían atendido 2.2 millones, operando, en promedio, a un 85% de su capacidad.
• También en 2016, el hospital público de Jalapa, que tenía una capacidad instalada de 80 camas, para atender 29,200 casos, terminó el año con 36,205 casos, lo que significó operar en un 124% de su capacidad; en ese mismo año 6 hospitales más se encontraron funcionando en más de un 90% de su capacidad instalada. 
• También el Hospital del IGSS en Izabal reportó la atención del 108% de casos que puede atender según su capacidad instalada (IGSS, Boletín estadístico de salud 2013). 

El panorama para Guatemala frente a la crisis del COVID-19 no es alentador, nuestro éxito para enfrentar esta pandemia dependerá de la capacidad del gobierno de implementar medidas de emergencia y contención que han resultado exitosas en otras latitudes y de lograr que los ciudadanos cumplan con las disposiciones gubernamentales. Dos tareas nada sencillas en un país con institucionalidad precaria.

El mundo del futuro cercano, con otras pandemias al acecho, demanda una reflexión profunda sobre la necesidad de salud pública de calidad, especialmente en países como Guatemala en donde la salud ya estaba en crisis antes de la pandemia.