Publicado originalmente en Agenda Estado de Derecho
La reciente toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala no es solo un cambio de mando, sino también un símbolo de resistencia democrática en un país marcado por la inestabilidad política y un deterioro en la calidad democrática e institucional.
Este artículo explora el camino que llevó a Arévalo al poder y lo que su presidencia podría significar para el futuro de la democracia en Guatemala, especialmente en un contexto de retroceso democrático regional.
Antecedentes: el rol de la CICIG y el ascenso de la ola autoritaria
El cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 representó un giro decisivo tanto para la lucha anticorrupción en el país como para el futuro de su democracia.
En sus doce años de actividad, esta entidad de la ONU desempeñó un papel fundamental en la identificación y sanción de actos corruptos, logrando más de 400 condenas y destacando en casos emblemáticos como el Caso La Línea, que condujo a la renuncia tanto del presidente como de la vicepresidenta de Guatemala en 2015.
Sin embargo, la oposición de ciertos sectores de poder culminó en la decisión del presidente Jimmy Morales de no extender el mandato de la CICIG, lo que fue percibido por muchos como un revés significativo en los esfuerzos por combatir la corrupción.
El Gobierno de Alejandro Giammattei y el Deterioro Institucional
Lo que siguió, bajo la administración de Alejandro Giammattei (2019-2024), fue un deterioro notable en varios frentes democráticos.
La libertad de expresión y los derechos civiles se vieron particularmente afectados, como lo demuestra el descenso del país en el Índice de Libertad de Expresión de Reporteros sin Fronteras, donde Guatemala retrocedió once puestos.
De acuerdo con el reporte de 2023 de V-Dem, Guatemala es uno de los países con mayor autocratización en los últimos tres años y pasó a ser oficialmente catalogado como una autocracia electoral.
Por otra parte, la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido un actor central en la cruzada autoritaria y su gestión ha estado marcada por controversias y acusaciones de acciones antidemocráticas, incluyendo la persecución de periodistas y opositores políticos.
Esta situación ha llevado a más de veinte periodistas al exilio y a cerca de 45 exfuncionarios de justicia, de los cuales más de 10 enfrentan procesos penales en el país.
Esta época estuvo caracterizada por una creciente influencia de élites políticas y grupos del crimen organizado en los órganos de control, lo que generó un clima de impunidad y debilitamiento de las instituciones.
Elecciones 2023: un punto de inflexión
Las elecciones de 2023 se convirtieron en un referéndum sobre el futuro democrático de Guatemala. La controversia comenzó con la descalificación de tres candidatos presidenciales de la oposición, una decisión que muchos interpretaron como un intento de las autoridades electorales y judiciales de manipular el resultado.
A pesar de estos desafíos, la victoria sorpresiva de Bernardo Arévalo, un candidato de oposición se entendió como un rechazo contundente al autoritarismo y la corrupción desbordada.
Desafíos poselectorales y la reacción de la comunidad internacional
La elección de Arévalo no marcó el fin de los desafíos. En los meses siguientes, el Ministerio Público, bajo la dirección de Porras y con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como protagonista, intensificó sus esfuerzos para deslegitimar el proceso electoral, incluyendo acusaciones de fraude e intentos ilegales de anular los resultados.
Estas acciones desencadenaron una crisis política que culminó en una jornada vergonzosa en la que la fiscalía secuestró, por primera vez en nuestra era democrática, el material electoral. Esto desató una serie de protestas y bloqueos de rutas en todo el país. La comunidad internacional jugó un papel crucial durante este periodo, con organismos como la OEA y la Unión Europea emitiendo pronunciamientos contra la cruzada anti democrática.
El último golpe de la fiscalía, con la complicidad del Congreso, fue retirar la inmunidad a cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 31 de noviembre de 2023, como represalia contra este órgano electoral por negarse a ser cómplice de la farsa del fraude promovida por la fiscalía y una minoría de élites políticas y mafiosas.
Al día de publicación de este artículo, los cuatro magistrados se encuentran en el exilio, con una licencia para ausentarse de sus labores y con una orden de detención en su contra.
La gestión de Arévalo: la oportunidad de reconstrucción institucional
La investidura de Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024 inaugura un capítulo crucial en la historia política de Guatemala. Ante una erosión institucional y democrática sin precedentes, existían especulaciones de que el Congreso podría resistirse a juramentar a Arévalo como presidente, a pesar de haber sido oficialmente declarado ganador.
Este contexto refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta el nuevo mandatario en su esfuerzo por restaurar la democracia y el estado de derecho en el país.
Sin embargo, dos días después de que Estados Unidos emitiera sanciones revocando el visado a 300 guatemaltecos, incluyendo diputados al Congreso, políticos y algunos miembros del sector privado, la Corte de Constitucionalidad nos concedió un amparo a un grupo de ciudadanos y abogados, ordenando al Congreso de la República darle posesión al presidente electo, Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024.
Ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta el enorme desafío de restaurar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer el Estado de derecho. Además, deberá abordar problemas persistentes como la corrupción, la deficiente prestación de servicios públicos y la influencia del crimen organizado.
Sus principales desafíos para comenzar la reconstrucción institucional y democrática pasan por remover a la fiscal general, que se ha vuelto virtualmente inamovible, pese a su abuso de poder, por una reforma legislativa de 2016 que solo permite remover al fiscal general cuando ha sido condenado por la comisión de un delito, algo que tomaría más tiempo que el vencimiento de su mandato en mayo de 2026.
Además, el Congreso enfrenta la tarea de nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados ejercerán su función desde octubre de 2024 hasta octubre de 2029. Este proceso representa una oportunidad vital para restaurar la integridad del sistema de justicia, que ha sido severamente comprometido.
La selección de los candidatos para estas altas magistraturas es un procedimiento intrincado, implicando la participación de una comisión nominadora integrada por decanos de doce facultades de derecho, miembros electos del Colegio de Abogados y representantes seleccionados internamente por el poder judicial.
La consecución de una mayoría de 81 votos de los 160 posibles en un Congreso donde Arévalo cuenta con solo 23 escaños sería un logro significativo, marcando un avance crucial en la reconstrucción de una justicia imparcial y efectiva.
El futuro de la nueva administración y el de Guatemala están más atados que nunca. El éxito de Arévalo consistirá en devolver oxígeno al espacio cívico y comenzar a dar los primeros pasos en la reconstrucción del sistema de justicia, contrarrestando la influencia del crimen organizado.
