Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

América Latina atraviesa por un período convulso. Las manifestaciones en Chile y Colombia, las controversiales elecciones en Perú, la brutal represión en Nicaragua y el incipiente autoritarismo en El Salvador, son algunos ejemplos de lo tiempos turbulentos que azotan a la región. La semana pasada le llegó el turno a Cuba, con multitudinarias manifestaciones, pidiendo libertad y el fin de la longeva dictadura. ¿Qué sucede en la región? ¿Hacia dónde vamos?

Lo de Chile tomó por sorpresa al continente. En todos los indicadores sociales, económicos e institucionales, este país se encuentra entre los primeros tres puestos de la región junto con Uruguay y Costa Rica. Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile había sido la envidia de América Latina, no sólo por sus avances económicos y sociales, sino además por su solidez institucional y democrática. Sin duda, es un país con sus propios problemas, como cualquier otro, pero nadie podría haber previsto el fuerte estallido social que sucedió hace casi dos años.

A pesar de la retórica de sus críticos, Chile no es un país de “neoliberalismo salvaje”. El Estado subsidia la salud, vivienda y educación de gran parte de la población. Y la desigualdad ha bajado consistentemente desde los años ochenta. Chile había desarrollado un sistema capitalista, con alto crecimiento económico, sólidas instituciones de gobernanza y una amplia política social. ¿Qué sucedió entonces? Un factor clave podría ser que la economía parece estancada desde el 2013 y la clase media dejó de percibir las mejoras que le había brindado el sistema desde hacía más de treinta años.

Desafortunadamente, los cambios que se vienen para ese país, lo llevarán al despeñadero. La izquierda radical ganó la mayoría en la Asamblea Constituyente y el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, encabeza las encuestas presidenciales del próximo mes de noviembre. El futuro de Chile podría ser la decadencia de Argentina, en el “mejor” de los casos; o la tragedia de Venezuela, en el peor escenario.

Por su parte, Cuba está enfrentando las protestas más grandes desde mediados de los años noventa. Al grito de “libertad” y “patria y vida”, los cubanos parecen haber perdido el miedo a la brutalidad del régimen. Los informes de prensa señalan que la escasez de alimentos, la caída del turismo, la mala cosecha de azúcar y la mala gestión de la pandemia, ha provocado un nivel de desesperación tan extremo que lanzó a las calles a miles de cubanos.

Contrario a Chile, el modelo cubano tiene poco o nada de qué presumir. Mientras que Chile fue el receptor de cientos de miles de migrantes de América Latina en las últimas décadas; todos los años, miles de cubanos tratan de llegar a Estados Unidos, huyendo de la miseria y la represión. Y mientras que Chile logró instaurar un modelo democrático desde 1990, Cuba mantiene un sistema dictatorial, que impide la disidencia política.

Lo triste de hacer estos contrastes, es que todavía hay una parte significativa de la izquierda latinoamericana que adora el modelo cubano, aun cuando se sabe de los atropellos a los derechos humano que ocurren en esa isla. ¿Cómo es posible, que en pleno siglo XXI, aún existan intelectuales que defiendan un sistema represivo tan brutal, como el cubano? Sin duda, América Latina necesita evolucionar en su pensamiento político y económico.

Y lo que más preocupa, es que esa izquierda latinoamericana que no ha evolucionado, es la que parece estar tomando el control político de la región. Pedro Castillo, cuyo movimiento político se identifica como Marxista-Leninista, definirá el futuro del Perú en los próximos años y las consecuencias podrían ser desastrosas.

Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 13 de julio la presidencia de la República publicó el decreto 5-2021 en el cual declara estado de prevención en todo el territorio nacional. Ninguno de los artículos decretados dispone enviar al Congreso dicho acuerdo para su ratificación. Ya hay acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto.

La Ley de Orden Público (LOP) vigente se promulgó en noviembre de 1965 y sufrió reformas en 1970. Todo bajo la vigencia de la Constitución de 1965. En ese sentido, el artículo 8 de la LOP dice que el presidente puede decretar estado de prevención sin necesidad de aprobación del Congreso “como lo dispone el artículo 151 de la Constitución”. ¿De cuál Constitución? De la de 1965.

Aquella Constitución en su artículo 151 establecía: “El estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de quince días”. No es el caso de nuestra actual Constitución, que en su artículo 138 establece que, al momento de declarar un estado de excepción se emitirá el decreto que corresponda en el cual “(…) se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique o impruebe”.

En 2018 la CC resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la LOP. Declaró la acción improcedente, pero emitió una denominada “sentencia interpretativa” en la que hizo ver que la LOP no era inconstitucional siempre que se hiciera de ella una “interpretación conforme”.

En términos muy generales, “interpretación conforme” se refiere a que, ante distintas interpretaciones posibles del texto legal, debe optarse por aquella que mejor se acople al texto constitucional. En este orden de ideas, el tribunal constitucional razonó que los estados de excepción deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 138 antes mencionado y ser aprobados por el Congreso.

En un dictamen derivado de una iniciativa de ley para reformar la LOP (expediente 919-2016) la CC fue aún más específica. En un pasaje del dictamen hace una acotación sobre el artículo 8 de la LOP y estableció que “el decreto que apruebe el estado de prevención por el Presidente de la República, también está sujeto a la ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”. No parece haber lugar a dudas.

Pasando al fondo del estado de prevención, cabe mencionar que hay restricciones que podrían estar fuera de lo permitido por la LOP y la Constitución. La ley del alcohol, por ejemplo, permite regular horario de expendio de licor entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Este ha sido la base legal para la denominada “ley seca”. Sin embargo, el nuevo horario que dispone el estado de prevención está fuera de dicho rango y se convierte en una restricción a la libertad de industria, comercio y trabajo, algo inviable mediante un estado de prevención.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 13 de julio la presidencia de la República publicó el decreto 5-2021 en el cual declara estado de prevención en todo el territorio nacional. Ninguno de los artículos decretados dispone enviar al Congreso dicho acuerdo para su ratificación. Ya hay acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto.

La Ley de Orden Público (LOP) vigente se promulgó en noviembre de 1965 y sufrió reformas en 1970. Todo bajo la vigencia de la Constitución de 1965. En ese sentido, el artículo 8 de la LOP dice que el presidente puede decretar estado de prevención sin necesidad de aprobación del Congreso “como lo dispone el artículo 151 de la Constitución”. ¿De cuál Constitución? De la de 1965.

Aquella Constitución en su artículo 151 establecía: “El estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de quince días”. No es el caso de nuestra actual Constitución, que en su artículo 138 establece que, al momento de declarar un estado de excepción se emitirá el decreto que corresponda en el cual “(…) se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique o impruebe”.

En 2018 la CC resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la LOP. Declaró la acción improcedente, pero emitió una denominada “sentencia interpretativa” en la que hizo ver que la LOP no era inconstitucional siempre que se hiciera de ella una “interpretación conforme”.

En términos muy generales, “interpretación conforme” se refiere a que, ante distintas interpretaciones posibles del texto legal, debe optarse por aquella que mejor se acople al texto constitucional. En este orden de ideas, el tribunal constitucional razonó que los estados de excepción deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 138 antes mencionado y ser aprobados por el Congreso.

En un dictamen derivado de una iniciativa de ley para reformar la LOP (expediente 919-2016) la CC fue aún más específica. En un pasaje del dictamen hace una acotación sobre el artículo 8 de la LOP y estableció que “el decreto que apruebe el estado de prevención por el Presidente de la República, también está sujeto a la ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”. No parece haber lugar a dudas.

Pasando al fondo del estado de prevención, cabe mencionar que hay restricciones que podrían estar fuera de lo permitido por la LOP y la Constitución. La ley del alcohol, por ejemplo, permite regular horario de expendio de licor entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Este ha sido la base legal para la denominada “ley seca”. Sin embargo, el nuevo horario que dispone el estado de prevención está fuera de dicho rango y se convierte en una restricción a la libertad de industria, comercio y trabajo, algo inviable mediante un estado de prevención.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 11 de julio de 2021 pasará a la historia como la primera vez desde 1994 que el pueblo cubano tomó las calles para exigir su libertad y ponerle fin a la dictadura comunista. En medio de represión por parte del régimen, los cantos de patria y vida continuan en la Isla. ¿Veremos por fin después de más de 60 años una Cuba Libre? 

Más de 20 localidades en Cuba salieron a las calles. Las protestas iniciaron el sábado 10 de julio en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana. Conforme videos y fotografías eran publicadas en redes sociales,  más ciudades se sumaron a los cantos de libertad. El himno de las protestas era el de la reciente canción “Patria y Vida” que narra la desgarradora realidad que enfrentan los cubanos en la Isla. 

La historia de la dictadura en Cuba comenzó en 1959 cuando con la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, se expulsó al dictador Fulgencio Batista del poder. Seis años después, en 1965, se fundó el Partido Comunista Cubano que desde entonces estableció su mandato en la Isla. Esta fue la primera revolución comunista en el continente americano. En medio de la Guerra Fría fue un importante satélite de la Unión Soviética, donde incluso fue protagonista de la Crisis de los Misiles en 1962. 

Durante mucho tiempo Cuba recibía importantes subsidios de la Unión Soviética. El 98% del petróleo importado por la isla era traído de la URSS. Con la caída del Muro de Berlín, la asistencia económica dejó de llegar. Fue entonces cuando se agravaron la escasez, el desempleo y el hambre. Esto provocó el levantamiento en 1994 conocido como “El Maleconazo”. Fue la última vez que se convocaron protestas masivas hasta ahora. 

La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, permitió oxigenar nuevamente la dictadura. En el año 2000, un acuerdo entre ambos países favorecía a Cuba con petróleo a cambio de servicios médicos, entre otras cosas. En el mejor de los momentos, entre 2011 y 2014, el 70% del petróleo en Cuba tenía su origen en Venezuela. Se recibían cerca de 115mil barriles de petróleo diarios. Venezuela con su propia crisis ralentizó las exportaciones. En 2016 se reportaban 46mil barriles diarios, menos del 50% que en los tiempos de bonanza. 

En 2020, en un contexto adverso para la economía cubana, la pandemia agudizó aún más la crisis. La escasez de medicinas y alimentos, la crisis energética, económica y de salud fueron algunos de los catalizadores de las protestas.

Bajo la dictadura de Fidel Castro y ahora su sucesor, Díaz-Canel, se han cometido severos crímenes en contra de las libertades y los derechos humanos. Un pueblo cansado de la miseria, el hambre y la pobreza se levantó para exigir de vuelta lo que les fue arrebatado hace al menos tres generaciones. Miles de cubanos han huido de la isla en busca de una vida en libertad. 

Hoy las nuevas generaciones parecen haber perdido el miedo a la dictadura y se muestran valientes frente a un régimen que los oprime por la fuerza. En un mensaje televisado el domingo 11 de julio, el presidente de facto, Díaz-Canel,  convocó a los Revolucionarios a tomar las calles en contra de los protestantes. Además, el gobierno provocó un apagón de internet para intentar frenar los videos y fotografías de las protestas. Sin embargo, a través de VPN’s, algunos usuarios siguen compartiendo imágenes que dejan ver la represión por parte de la policía. 

El Movimiento San Isidro, un grupo de artistas a favor de la libertad y en contra de la dictadura, publicó una lista donde aparecen al menos cien personas detenidas o desaparecidas. A los capturados pretenden imputarles delitos de desorden público. Jóvenes que exigen cambios democráticos son tratados como peligrosos criminales. 

Aún con toda la evidencia sobre la violación a las libertades y derechos de los cubanos, algunos se muestran favorables al régimen y pretenden culpar al embargo estadounidense de la miseria en la Isla. Al igual que Díaz-Canel, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de las sanciones económicas de Estados Unidos. Sin embargo, es un acto cobarde atribuirle el fracaso del sistema implementado por el Partido Comunista Cubano al embargo estadounidense.

El mundo debe tener los ojos puestos en Cuba. La victoria de la libertad en la isla es la de todo el continente. Ojalá el futuro próximo narre la historia de la recuperación de la libertad para los cubanos. Esperamos que este sea el comienzo del fin de la dictadura comunista en Cuba. Los próximos días serán decisivos y muchas dudas quedan pendientes, como por ejemplo: ¿Qué rol debe jugar la comunidad internacional para empujar este cambio político? 

¿Veremos por fin después de más de 60 años una Cuba Libre? 

En 2021, el desgaste de las democracias y la represión a las libertades es cada vez más evidente en el hemisferio occidental. Todo pareciera apuntar a que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más autoritario y la pandemia del Covid-19, ha venido a acelerar ese proceso. Los regímenes que ya eran híbridos o abiertamente autoritarios se han consolidado y han salido fortalecidos frente al manejo de la crisis; mientras que las democracias —en apariencia más caóticas por su dinámica deliberativa en la toma de decisiones— se han debilitado.

Frente a este escenario, cuatro países pertenecientes a la cuenca del Caribe latinoamericano plantean retos importantes para la comunidad internacional:

♦ El primero es Cuba, donde finalmente el 12 de julio, estallaron las protestas más grandes desde 1994. Debido a la férrea censura dentro de la isla y los cortes masivos a las telecomunicaciones, al día de hoy se desconoce todavía el saldo exacto de la represión, pero se sabe que ya hay varios muertos y desaparecidos por las protestas. Deberemos seguir de cerca los acontecimientos en los próximos días.

♦ También Haití, donde el 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, lo que desató una lucha sin cuartel entre varias fracciones políticas por la toma del poder, y en donde el fin de semana ocurrió una inusual petición el Primer Ministro encargado a la comunidad internacional: que Estados Unidos envíe tropas y Naciones Unidas fuerzas de paz al país para restablecer el orden público. Las señales de que Haití finalmente se convierta en un Estado fallido son cada vez más claras y preocupantes.

♦ Luego tenemos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega desde hace varias semanas ha tenido una arremetida brutal contra los opositores que lo adversan, mientras se prepara para unas cuestionadas elecciones presidenciales a finales de año que a todas luces serán fraudulentas. En los últimos dos meses, el régimen de Ortega incrementó la persecución, apresando (hasta el momento) a 21 personas, entre ellas cinco candidatos opositores y algunos periodistas. Las detenciones han sido completamente arbitrarias, sin respeto a ninguna garantía procesal, por lo que deberían calificarse más bien de “secuestros”. Sobre este respecto, la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la CIDH ha alertado sobre una “asfixia intensa” a las libertades políticas y civiles y también el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 100 funcionarios del régimen nicaragüense.

♦ Finalmente está Venezuela, donde si bien desde este año el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido dar una apariencia de “apertura”, aún sigue apelando a la represión, al encarcelamiento de la disidencia y todavía siguen persistiendo fuertes violaciones a los DDHH, como expresó hace varios días la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Cabe acotar que estos cuatro países de la cuenca del Caribe, también se encuentran entre las naciones de la región con los índices sociales más bajos del continente, con más emigración forzada, con los peores niveles de transparencia y Estado de derecho y con menos desarrollo humano. La pregunta es ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente esta espiral indetenible de desgaste institucional y regresión democrática? ¿Cuáles son sus límites y cuál es su margen de maniobra?

Vale la pena analizar estos dilemas para abrir el debate en torno a temas torales como los límites de la soberanía y los límites de la acción internacional frente a la emergencia cada vez más significativa en América Latina (y a escasos kilómetros de los Estados Unidos) de “rogue states”, que son Estados que amenazan la paz mundial por sus sistemas totalitarios, promoción del terrorismo y violación de los DDHH (como Cuba, Nicaragua y Venezuela); pero también de “failed states”, que son Estados incapaces de ejercer control dentro de su propio territorio (como Haití) y que también representan amenazas graves a la seguridad hemisférica.

Con relación a América Latina, la administración de Biden ha mostrado mayor interés por el tema del Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, la situación en el Área Circuncaribe presenta una inestabilidad y un deterioro tan pronunciado en estos momentos, que merece ponerle atención. Mientras la política de los Estados Unidos en la región es de repliegue y de apelar a que cada país resuelva internamente sus crisis, Rusia ha ofrecido redoblar su ayuda (incluso militar) a Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a amenazas externas.

Alejándonos de ideas fantasiosas del garrote y las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos, una ruta a tomar que sería poco dolorosa, poco cuestionada y con buenas posibilidades de ser efectiva, es apelar al “soft power” y aprovechar el desgaste que está provocando la crisis del Covid-19 en los gobiernos de la región para proponer un plan de rescate económico, condicionado a reformas de apertura política creíbles y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Sin embargo, esto necesita de un gran compromiso del gobierno de los Estados Unidos hacia la región (y viceversa) y de una ingente asignación de recursos para invertir en esas capacidades que sólo verán fruto en el mediano y largo plazo y que, de todas formas, no garantizarán una transición democrática ni una re-institucionalización. Pero hay que comprender que esta es la factura de años de indiferencia hacia la región. La gran pregunta es si ahora que el vecindario comenzó a incendiarse ¿Habrá un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región o seguirán pateando el balón hacia delante?

En 2021, el desgaste de las democracias y la represión a las libertades es cada vez más evidente en el hemisferio occidental. Todo pareciera apuntar a que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más autoritario y la pandemia del Covid-19, ha venido a acelerar ese proceso. Los regímenes que ya eran híbridos o abiertamente autoritarios se han consolidado y han salido fortalecidos frente al manejo de la crisis; mientras que las democracias —en apariencia más caóticas por su dinámica deliberativa en la toma de decisiones— se han debilitado.

Frente a este escenario, cuatro países pertenecientes a la cuenca del Caribe latinoamericano plantean retos importantes para la comunidad internacional:

♦ El primero es Cuba, donde finalmente el 12 de julio, estallaron las protestas más grandes desde 1994. Debido a la férrea censura dentro de la isla y los cortes masivos a las telecomunicaciones, al día de hoy se desconoce todavía el saldo exacto de la represión, pero se sabe que ya hay varios muertos y desaparecidos por las protestas. Deberemos seguir de cerca los acontecimientos en los próximos días.

♦ También Haití, donde el 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, lo que desató una lucha sin cuartel entre varias fracciones políticas por la toma del poder, y en donde el fin de semana ocurrió una inusual petición el Primer Ministro encargado a la comunidad internacional: que Estados Unidos envíe tropas y Naciones Unidas fuerzas de paz al país para restablecer el orden público. Las señales de que Haití finalmente se convierta en un Estado fallido son cada vez más claras y preocupantes.

♦ Luego tenemos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega desde hace varias semanas ha tenido una arremetida brutal contra los opositores que lo adversan, mientras se prepara para unas cuestionadas elecciones presidenciales a finales de año que a todas luces serán fraudulentas. En los últimos dos meses, el régimen de Ortega incrementó la persecución, apresando (hasta el momento) a 21 personas, entre ellas cinco candidatos opositores y algunos periodistas. Las detenciones han sido completamente arbitrarias, sin respeto a ninguna garantía procesal, por lo que deberían calificarse más bien de “secuestros”. Sobre este respecto, la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la CIDH ha alertado sobre una “asfixia intensa” a las libertades políticas y civiles y también el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 100 funcionarios del régimen nicaragüense.

♦ Finalmente está Venezuela, donde si bien desde este año el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido dar una apariencia de “apertura”, aún sigue apelando a la represión, al encarcelamiento de la disidencia y todavía siguen persistiendo fuertes violaciones a los DDHH, como expresó hace varios días la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Cabe acotar que estos cuatro países de la cuenca del Caribe, también se encuentran entre las naciones de la región con los índices sociales más bajos del continente, con más emigración forzada, con los peores niveles de transparencia y Estado de derecho y con menos desarrollo humano. La pregunta es ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente esta espiral indetenible de desgaste institucional y regresión democrática? ¿Cuáles son sus límites y cuál es su margen de maniobra?

Vale la pena analizar estos dilemas para abrir el debate en torno a temas torales como los límites de la soberanía y los límites de la acción internacional frente a la emergencia cada vez más significativa en América Latina (y a escasos kilómetros de los Estados Unidos) de “rogue states”, que son Estados que amenazan la paz mundial por sus sistemas totalitarios, promoción del terrorismo y violación de los DDHH (como Cuba, Nicaragua y Venezuela); pero también de “failed states”, que son Estados incapaces de ejercer control dentro de su propio territorio (como Haití) y que también representan amenazas graves a la seguridad hemisférica.

Con relación a América Latina, la administración de Biden ha mostrado mayor interés por el tema del Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, la situación en el Área Circuncaribe presenta una inestabilidad y un deterioro tan pronunciado en estos momentos, que merece ponerle atención. Mientras la política de los Estados Unidos en la región es de repliegue y de apelar a que cada país resuelva internamente sus crisis, Rusia ha ofrecido redoblar su ayuda (incluso militar) a Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a amenazas externas.

Alejándonos de ideas fantasiosas del garrote y las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos, una ruta a tomar que sería poco dolorosa, poco cuestionada y con buenas posibilidades de ser efectiva, es apelar al “soft power” y aprovechar el desgaste que está provocando la crisis del Covid-19 en los gobiernos de la región para proponer un plan de rescate económico, condicionado a reformas de apertura política creíbles y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Sin embargo, esto necesita de un gran compromiso del gobierno de los Estados Unidos hacia la región (y viceversa) y de una ingente asignación de recursos para invertir en esas capacidades que sólo verán fruto en el mediano y largo plazo y que, de todas formas, no garantizarán una transición democrática ni una re-institucionalización. Pero hay que comprender que esta es la factura de años de indiferencia hacia la región. La gran pregunta es si ahora que el vecindario comenzó a incendiarse ¿Habrá un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región o seguirán pateando el balón hacia delante?

Una agenda de estabilidad social y desarrollo económico.

James Harrington, uno de los padres del republicanismo moderno, escribió hacia finales del siglo XVII que la clave para la estabilidad política en una sociedad, era la difusión de la riqueza y de la propiedad. Por difusión de la riqueza, Harrington entendía como aquel estadío ideal en el cual la gran mayoría de ciudadanos alcanzarían la condición de propietarios, y tuvieran acceso a oportunidades de desarrollo que les permitirá alcanzar un nivel de vida digno.

La Guatemala del siglo XXI debe voltear a ver a las enseñanzas de Harrington. Los guatemaltecos tenemos vocación de propietarios y de emprendedores, y nos caracterizamos por el empeño que le ponemos al trabajo. No obstante, la vocación y el espíritu trabajador no han sido suficientes para generar un nivel de vida digno para las grandes mayorías.

Por ello, la institucionalidad debe promover una mayor difusión de la propiedad. Resulta de interés primordial adoptar políticas y legislación que permitan generar certeza sobre la propiedad de la gran mayoría de guatemaltecos. La regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resulta una necesidad estratégica para facilitar la legalización de la propiedad de miles de pequeños agricultores, y que de esta forma, puedan acceder a crédito.  

Debemos también fomentar el desarrollo y difusión de sistemas de ahorro y crédito. Facilitar que emprendedores tengan acceso a capital semilla, y que los pequeños productores puedan acceder a capital de trabajo. Debemos flexibilizar el mercado financiero, y reconocer y adoptar modalidades de financiamiento más horizontal. Propuestas normativas como tasas de interés preferencial para la adquisición de vivienda social constituyen mecanismos para abaratar el crédito y facilitar el acceso a la propiedad. También debe considerar la participación de más guatemaltecos en proyectos de inversión y en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valores que favorezca la inversión y el ahorro productivo.

Como país debemos fomentar también otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión productiva comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos horizontales y verticales, deben promoverse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

Además, debemos trabajar en fortalecer el desarrollo de las capas medias. Debemos reconocer que la enseñanza técnica y la educación universitaria pública constituyen uno de los elevadores sociales más efectivos en las sociedades modernas. Apostar por Institutos de Capacitación y el desarrollo de centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural, resulta un imperativo de país para fortalecer a su clase media.

El objetivo es aspirar a alcanzar un Capitalismo más horizontal y competitivo: un sistema en el que la gran mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad de crecimiento para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad para todos.

Una agenda de estabilidad social y desarrollo económico.

James Harrington, uno de los padres del republicanismo moderno, escribió hacia finales del siglo XVII que la clave para la estabilidad política en una sociedad, era la difusión de la riqueza y de la propiedad. Por difusión de la riqueza, Harrington entendía como aquel estadío ideal en el cual la gran mayoría de ciudadanos alcanzarían la condición de propietarios, y tuvieran acceso a oportunidades de desarrollo que les permitirá alcanzar un nivel de vida digno.

La Guatemala del siglo XXI debe voltear a ver a las enseñanzas de Harrington. Los guatemaltecos tenemos vocación de propietarios y de emprendedores, y nos caracterizamos por el empeño que le ponemos al trabajo. No obstante, la vocación y el espíritu trabajador no han sido suficientes para generar un nivel de vida digno para las grandes mayorías.

Por ello, la institucionalidad debe promover una mayor difusión de la propiedad. Resulta de interés primordial adoptar políticas y legislación que permitan generar certeza sobre la propiedad de la gran mayoría de guatemaltecos. La regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resulta una necesidad estratégica para facilitar la legalización de la propiedad de miles de pequeños agricultores, y que de esta forma, puedan acceder a crédito.  

Debemos también fomentar el desarrollo y difusión de sistemas de ahorro y crédito. Facilitar que emprendedores tengan acceso a capital semilla, y que los pequeños productores puedan acceder a capital de trabajo. Debemos flexibilizar el mercado financiero, y reconocer y adoptar modalidades de financiamiento más horizontal. Propuestas normativas como tasas de interés preferencial para la adquisición de vivienda social constituyen mecanismos para abaratar el crédito y facilitar el acceso a la propiedad. También debe considerar la participación de más guatemaltecos en proyectos de inversión y en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valores que favorezca la inversión y el ahorro productivo.

Como país debemos fomentar también otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión productiva comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos horizontales y verticales, deben promoverse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

Además, debemos trabajar en fortalecer el desarrollo de las capas medias. Debemos reconocer que la enseñanza técnica y la educación universitaria pública constituyen uno de los elevadores sociales más efectivos en las sociedades modernas. Apostar por Institutos de Capacitación y el desarrollo de centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural, resulta un imperativo de país para fortalecer a su clase media.

El objetivo es aspirar a alcanzar un Capitalismo más horizontal y competitivo: un sistema en el que la gran mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad de crecimiento para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad para todos.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

Que la vacunación contra la COVID-19 está siendo un auténtico fracaso no admite demasiadas dudas. Al 7 de julio el portal de Our World in Data reflejaba que solo el 4.62% de la población guatemalteca había recibido al menos una dosis de la vacuna.

De acuerdo, no podemos compararnos con los países ricos que han llegado antes a comprar vacunas, que cuentan con más recursos o que incluso financiaron la I+D de algunas vacunas. Pero lo cierto es que Nicaragua es el único país latinoamericano que está detrás de Guatemala. Luego, todos los países latinoamericanos tienen mejores cifras que nosotros en cuanto a ritmo de vacunación.

Aunque el presidente ha culpado del retraso a sus autoridades sanitarias por “insistir” en el mecanismo COVAX, lo cierto es que desde un principio estaba claro que este mecanismo únicamente garantizaba vacunas para el 20% de la población para finales de 2021. Así que esto no parece una excusa válida. Para colmo, para recibir donaciones era necesario aprobar una ley para eximir de responsabilidad a las farmacéuticas. Fue hasta el 1 de julio que el Congreso aprobó el decreto 8-2021 que se publicó el 6 de juilio en el Diario Oficial.

En cambio, el gobierno optó por poner todos los huevos en una sola canasta y celebró un contrato para obtener 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR). El contrato ha recibido duras críticas desde la inicial cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el contrato se filtrara.

Algunas críticas no son centrales y nos distraen del verdadero problema. Por ejemplo, se reclama haber firmado el contrato con un supuesto intermediario, Human Vaccine. Sin embargo, no parece ser el caso. Según vemos, aparentemente se trata de la compañía rusa que comercializa las vacunas Sputnik. Para muestra el acuerdo que suscribió la propia UNICEF para suministro de vacunas con Human Vaccine.

También Hungría, Eslovaquia u Honduras celebraron contratos de compra de vacunas con Human Vaccine como se puede leer. Tampoco le pondría importancia a las cláusulas relativas a propiedad intelectual o a la reventa. Son cláusulas relativamente estándar en una negociación de ese tipo.

Lo que queda claro es que fue una torpeza absoluta apostar a comprarle el 80% de las dosis necesarias a un solo proveedor. Sobre todo, por hacerlo con condiciones absolutamente desfavorables: la compañía rusa no es responsable por retrasos en producción (como efectivamente es el caso), pagar por anticipado US$79.8 millones, entre otras.

Bolivia, que no es precisamente un modelo de éxito en la vacunación, con una población de 11.5 millones, compró desde diciembre de 2020 a Rusia vacunas para 2.6 millones. Bolivia, además está dentro del mecanismo COVAX, compró también a Sinopharm y recién canceló su contrato con Astra Zeneca ante incumplimiento de entregas.

Incluso Honduras, que está dentro de los países más atrasados en la vacunación (aunque ha vacunado al 8.54% de su población, más que Guatemala) y que tampoco es un modelo a seguir, diversificó su portafolio de compras mejor que nosotros.

Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿qué opciones hay para agilizar la compra de vacunas? El decreto 1-2021 otorgó Q1,500 millones para la compra de vacunas. Con el contrato de Sputnik V se comprometieron Q1,229 millones. Ya no quedaría más que unos Q270 millones o US$34 millones.

En algún caso se ha planteado declarar lesivo el contrato. Es una ruta que se debe analizar con mucha atención. En el caso entre Railroad Development Co. V. República de Guatemala, el caso de la ferroviaria, Guatemala perdió el arbitraje al declarar lesivo un contrato de usufructo que había otorgado a la empresa porque el tribunal arbitral consideró que se violó el estándar mínimo de protección.

Son casos distintos, pero habrá que consultar con los expertos las posibles implicaciones de una salida como esta. El acuerdo de protección de inversión con la Federación Rusa aun no se ha ratificado.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

Que la vacunación contra la COVID-19 está siendo un auténtico fracaso no admite demasiadas dudas. Al 7 de julio el portal de Our World in Data reflejaba que solo el 4.62% de la población guatemalteca había recibido al menos una dosis de la vacuna.

De acuerdo, no podemos compararnos con los países ricos que han llegado antes a comprar vacunas, que cuentan con más recursos o que incluso financiaron la I+D de algunas vacunas. Pero lo cierto es que Nicaragua es el único país latinoamericano que está detrás de Guatemala. Luego, todos los países latinoamericanos tienen mejores cifras que nosotros en cuanto a ritmo de vacunación.

Aunque el presidente ha culpado del retraso a sus autoridades sanitarias por “insistir” en el mecanismo COVAX, lo cierto es que desde un principio estaba claro que este mecanismo únicamente garantizaba vacunas para el 20% de la población para finales de 2021. Así que esto no parece una excusa válida. Para colmo, para recibir donaciones era necesario aprobar una ley para eximir de responsabilidad a las farmacéuticas. Fue hasta el 1 de julio que el Congreso aprobó el decreto 8-2021 que se publicó el 6 de juilio en el Diario Oficial.

En cambio, el gobierno optó por poner todos los huevos en una sola canasta y celebró un contrato para obtener 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR). El contrato ha recibido duras críticas desde la inicial cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el contrato se filtrara.

Algunas críticas no son centrales y nos distraen del verdadero problema. Por ejemplo, se reclama haber firmado el contrato con un supuesto intermediario, Human Vaccine. Sin embargo, no parece ser el caso. Según vemos, aparentemente se trata de la compañía rusa que comercializa las vacunas Sputnik. Para muestra el acuerdo que suscribió la propia UNICEF para suministro de vacunas con Human Vaccine.

También Hungría, Eslovaquia u Honduras celebraron contratos de compra de vacunas con Human Vaccine como se puede leer. Tampoco le pondría importancia a las cláusulas relativas a propiedad intelectual o a la reventa. Son cláusulas relativamente estándar en una negociación de ese tipo.

Lo que queda claro es que fue una torpeza absoluta apostar a comprarle el 80% de las dosis necesarias a un solo proveedor. Sobre todo, por hacerlo con condiciones absolutamente desfavorables: la compañía rusa no es responsable por retrasos en producción (como efectivamente es el caso), pagar por anticipado US$79.8 millones, entre otras.

Bolivia, que no es precisamente un modelo de éxito en la vacunación, con una población de 11.5 millones, compró desde diciembre de 2020 a Rusia vacunas para 2.6 millones. Bolivia, además está dentro del mecanismo COVAX, compró también a Sinopharm y recién canceló su contrato con Astra Zeneca ante incumplimiento de entregas.

Incluso Honduras, que está dentro de los países más atrasados en la vacunación (aunque ha vacunado al 8.54% de su población, más que Guatemala) y que tampoco es un modelo a seguir, diversificó su portafolio de compras mejor que nosotros.

Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿qué opciones hay para agilizar la compra de vacunas? El decreto 1-2021 otorgó Q1,500 millones para la compra de vacunas. Con el contrato de Sputnik V se comprometieron Q1,229 millones. Ya no quedaría más que unos Q270 millones o US$34 millones.

En algún caso se ha planteado declarar lesivo el contrato. Es una ruta que se debe analizar con mucha atención. En el caso entre Railroad Development Co. V. República de Guatemala, el caso de la ferroviaria, Guatemala perdió el arbitraje al declarar lesivo un contrato de usufructo que había otorgado a la empresa porque el tribunal arbitral consideró que se violó el estándar mínimo de protección.

Son casos distintos, pero habrá que consultar con los expertos las posibles implicaciones de una salida como esta. El acuerdo de protección de inversión con la Federación Rusa aun no se ha ratificado.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.