El Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Alexis de Tocqueville lo definió como “la decadencia del Antiguo Régimen”. Hegel, y más adelante los dialécticos, calificaban dichos episodios como “la aceleración de las contradicciones”. Duverger y Michels lo conceptualizaron hablando sobre la “estasiología del cambio”.

Llámele como usted prefiera y bajo la interpretación doctrinaria que más le guste. Pero al final, los tres hacen referencia a un mismo momento en todo proceso de crisis, transformación política o revolución: la pérdida de legitimidad de un sistema a los ojos de la ciudadanía.

Pasemos de lo abstracto a lo concreto. En la historia reciente de Guatemala, el año 2015 constituyó lo más cercano a un quiebre de lo viejo con lo nuevo; o por lo menos constituye la crisis de mayor envergadura desde el Serranazo. Esa crisis estuvo precedida por una fase de “decadencia”, “aceleración de contradicciones” o “estasiología del cambio”. Entre 2013 y 2015, el país vivió un colapso de su sistema de salud pública, mientras la corrupción rampante de la administración Patriota generaba niveles históricos de rechazo al Gobierno. En ese momento, Roxana Baldetti se convirtió en la personificación de un sistema utilizado para el saqueo y el enriquecimiento ilícito por unos pocos, en detrimento de muchos.

Ese contexto sirvió de antesala a la experiencia de la depuración judicial por la vía de los casos de corrupción. No podemos entender la plaza y las históricas manifestaciones del 2015 sin entender el hartazgo social con la corrupción, la degradación criminal de los partidos y la decadencia en la calidad de los servicios públicos de los años anteriores.

Hoy, la sensación parece repetirse, con algunos agravantes. Ya en 2019, los 450,000 votos a favor de Thelma Cabrera y el MLP mostraba la existencia de un sentimiento anti-sistema en estratos medios y medios-bajos del corredor urbano y rur-urbano de Guatemala hacia el Occidente. En 2020, la pandemia Covid-19 provocó la peor crisis económica internacional, la pérdida de más de 60,000 empleos formales y una merma en el nivel de ingresos (y por ende en calidad de vida) para cientos de miles de personas de estratos medios urbanos. En este sentido, las manifestaciones de noviembre 2020 y el rechazo tan visceral al Presupuesto 2021 no pueden entenderse sin ver ese contexto inmediato.

Con tales antecedentes, la chambonería sistémica en la conducción del proceso de vacunación y la cuarta ola de Covid-19 se convierte en una especie de catalizador de esta volátil solución sociopolítica.

Las clases medias hoy muestran un nivel de desesperanza que no se veía en años. A pesar de la disponibilidad de recursos, el Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Dicho en jerga más académica, las condiciones propicias para vivir “la decadencia del Antiguo Régimen”, “la aceleración de las contradicciones” o “la estasiología del cambio” están más que presentes.

Cual tonel de combustible, el riesgo es que cualquier evento exógeno pueda constituir el fosforazo que convierta la energía potencial del rechazo en energía cinética de movilizaciones. En 2015, el evento exógeno fue el caso la Línea. En 2020, fue la golpeada y oscura aprobación del Presupuesto. En ambos casos, nadie los vio venir. Pero el combustible siempre estuvo ahí.

El Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Alexis de Tocqueville lo definió como “la decadencia del Antiguo Régimen”. Hegel, y más adelante los dialécticos, calificaban dichos episodios como “la aceleración de las contradicciones”. Duverger y Michels lo conceptualizaron hablando sobre la “estasiología del cambio”.

Llámele como usted prefiera y bajo la interpretación doctrinaria que más le guste. Pero al final, los tres hacen referencia a un mismo momento en todo proceso de crisis, transformación política o revolución: la pérdida de legitimidad de un sistema a los ojos de la ciudadanía.

Pasemos de lo abstracto a lo concreto. En la historia reciente de Guatemala, el año 2015 constituyó lo más cercano a un quiebre de lo viejo con lo nuevo; o por lo menos constituye la crisis de mayor envergadura desde el Serranazo. Esa crisis estuvo precedida por una fase de “decadencia”, “aceleración de contradicciones” o “estasiología del cambio”. Entre 2013 y 2015, el país vivió un colapso de su sistema de salud pública, mientras la corrupción rampante de la administración Patriota generaba niveles históricos de rechazo al Gobierno. En ese momento, Roxana Baldetti se convirtió en la personificación de un sistema utilizado para el saqueo y el enriquecimiento ilícito por unos pocos, en detrimento de muchos.

Ese contexto sirvió de antesala a la experiencia de la depuración judicial por la vía de los casos de corrupción. No podemos entender la plaza y las históricas manifestaciones del 2015 sin entender el hartazgo social con la corrupción, la degradación criminal de los partidos y la decadencia en la calidad de los servicios públicos de los años anteriores.

Hoy, la sensación parece repetirse, con algunos agravantes. Ya en 2019, los 450,000 votos a favor de Thelma Cabrera y el MLP mostraba la existencia de un sentimiento anti-sistema en estratos medios y medios-bajos del corredor urbano y rur-urbano de Guatemala hacia el Occidente. En 2020, la pandemia Covid-19 provocó la peor crisis económica internacional, la pérdida de más de 60,000 empleos formales y una merma en el nivel de ingresos (y por ende en calidad de vida) para cientos de miles de personas de estratos medios urbanos. En este sentido, las manifestaciones de noviembre 2020 y el rechazo tan visceral al Presupuesto 2021 no pueden entenderse sin ver ese contexto inmediato.

Con tales antecedentes, la chambonería sistémica en la conducción del proceso de vacunación y la cuarta ola de Covid-19 se convierte en una especie de catalizador de esta volátil solución sociopolítica.

Las clases medias hoy muestran un nivel de desesperanza que no se veía en años. A pesar de la disponibilidad de recursos, el Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Dicho en jerga más académica, las condiciones propicias para vivir “la decadencia del Antiguo Régimen”, “la aceleración de las contradicciones” o “la estasiología del cambio” están más que presentes.

Cual tonel de combustible, el riesgo es que cualquier evento exógeno pueda constituir el fosforazo que convierta la energía potencial del rechazo en energía cinética de movilizaciones. En 2015, el evento exógeno fue el caso la Línea. En 2020, fue la golpeada y oscura aprobación del Presupuesto. En ambos casos, nadie los vio venir. Pero el combustible siempre estuvo ahí.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Corría el año 2018. Los casos impulsados por FECI y CICIG tenían al sistema en jaque. La administración bicéfala de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti había generado tal centralidad en la corrupción, que prácticamente cualquier camino de investigación provenía o culminaba en la pareja presidencial.

Con el paso de los meses, se develaron casos sobre corrupción en aduanas, en la proveeduría de medicamentos, en puertos, en la obra gris, etc., etc. y un largo etcétera. Diputados, ministros, secretarios, políticos opositores, gestores de negocios, uno a uno, fueron detenidos y presentados ante la justicia.

La otra cara de la moneda era entender la lógica del financiamiento de la política: el acceso al saqueo de fondos públicos requería el pago de un derecho de picaporte, mediante aportes a las campañas electorales. Sin embargo, el avance en las investigaciones sobre financiamiento electoral empezó a poner nerviosos a decenas de actores de las élites tradicionales.

Dos rutas tangenciales complementaban el esfuerzo anterior. Investigaciones sobre el despojo de propiedades en la zona de Izabal y Petén por parte de la Red de los Mendoza o la vinculación de personajes políticos con el cartel de los Huistas ponían en la picota el avance del narco en política. La otra ruta tangencial, eran los casos sobre violaciones a derechos humanos acaecidas durante el Conflicto Armado, casos que sentaban en el banquillo de acusados a prominentes elementos del estamento militar.

Así, para 2018, existía un abanico variopinto de actores interesados en poner fin a esta primavera judicial. Originalmente, esta amplia amalgama de actores encontró en el entonces alcalde Álvaro Arzú el estandarte de oposición. Luego de su fallecimiento, la estafeta pasó a manos del Presidente Jimmy Morales, quien desde abril 2018 lideró el esfuerzo por reducir el margen de actuación de MP-CICIG, ahogar a sus aliados políticos -nacionales e internacionales- y eventualmente, poner fin a la ofensiva judicial.

Esa fue la agenda común hasta septiembre 2019, cuando finalmente concluyó el mandato de la Comisión Internacional. El siguiente esfuerzo común era tomar control de las cortes. Razón por la cual la alineación de intereses se mantuvo intacta hasta el primer trimestre 2021.

Sin embargo, cual alianza ganadora en un proceso político, el interés común ha sido superado: La CICIG fue expulsada; las cortes tomadas; los aliados ahogados. Sin un nuevo interés en común, esa amalgama de actores diversos ya no tiene razón de mantener su cohesión.

La primera fuente de tensión es eminentemente sociológica. Para los actores de élite resulta incómodo compartir banqueta con actores provenientes del capital emergente, algunos grises otros abiertamente oscuros. Lo saben y la presión por marcar distancia sube con el paso de los días.

La segunda fuente de tensión es la repartición de las cuotas de poder dentro del sistema que defendieron. Así, la Ley de Infraestructura, la Alianza Público-Privada para la concesión de la Autopista a Puerto Quetzal o varias leyes necesarias para la reactivación económica quedan condenadas a dormir el sueño de los justos, puesto que los políticos no quieren ceder su control de espacios de negocios con actores de la élite.

De tal forma, una alianza que resultó funcional para cumplir con un interés en 2018-2021 pareciera que ha perdido su razón de ser. Quizá el temor a una supuesta marea roja sea suficiente como para mantener a los actores de la élite cerca de sus incómodos amigos coyunturales. Pero al final del día, todos sabemos que en el fondo esa supuesta marea no es más que una pesadilla surreal al puro estilo de Hitchcock.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Corría el año 2018. Los casos impulsados por FECI y CICIG tenían al sistema en jaque. La administración bicéfala de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti había generado tal centralidad en la corrupción, que prácticamente cualquier camino de investigación provenía o culminaba en la pareja presidencial.

Con el paso de los meses, se develaron casos sobre corrupción en aduanas, en la proveeduría de medicamentos, en puertos, en la obra gris, etc., etc. y un largo etcétera. Diputados, ministros, secretarios, políticos opositores, gestores de negocios, uno a uno, fueron detenidos y presentados ante la justicia.

La otra cara de la moneda era entender la lógica del financiamiento de la política: el acceso al saqueo de fondos públicos requería el pago de un derecho de picaporte, mediante aportes a las campañas electorales. Sin embargo, el avance en las investigaciones sobre financiamiento electoral empezó a poner nerviosos a decenas de actores de las élites tradicionales.

Dos rutas tangenciales complementaban el esfuerzo anterior. Investigaciones sobre el despojo de propiedades en la zona de Izabal y Petén por parte de la Red de los Mendoza o la vinculación de personajes políticos con el cartel de los Huistas ponían en la picota el avance del narco en política. La otra ruta tangencial, eran los casos sobre violaciones a derechos humanos acaecidas durante el Conflicto Armado, casos que sentaban en el banquillo de acusados a prominentes elementos del estamento militar.

Así, para 2018, existía un abanico variopinto de actores interesados en poner fin a esta primavera judicial. Originalmente, esta amplia amalgama de actores encontró en el entonces alcalde Álvaro Arzú el estandarte de oposición. Luego de su fallecimiento, la estafeta pasó a manos del Presidente Jimmy Morales, quien desde abril 2018 lideró el esfuerzo por reducir el margen de actuación de MP-CICIG, ahogar a sus aliados políticos -nacionales e internacionales- y eventualmente, poner fin a la ofensiva judicial.

Esa fue la agenda común hasta septiembre 2019, cuando finalmente concluyó el mandato de la Comisión Internacional. El siguiente esfuerzo común era tomar control de las cortes. Razón por la cual la alineación de intereses se mantuvo intacta hasta el primer trimestre 2021.

Sin embargo, cual alianza ganadora en un proceso político, el interés común ha sido superado: La CICIG fue expulsada; las cortes tomadas; los aliados ahogados. Sin un nuevo interés en común, esa amalgama de actores diversos ya no tiene razón de mantener su cohesión.

La primera fuente de tensión es eminentemente sociológica. Para los actores de élite resulta incómodo compartir banqueta con actores provenientes del capital emergente, algunos grises otros abiertamente oscuros. Lo saben y la presión por marcar distancia sube con el paso de los días.

La segunda fuente de tensión es la repartición de las cuotas de poder dentro del sistema que defendieron. Así, la Ley de Infraestructura, la Alianza Público-Privada para la concesión de la Autopista a Puerto Quetzal o varias leyes necesarias para la reactivación económica quedan condenadas a dormir el sueño de los justos, puesto que los políticos no quieren ceder su control de espacios de negocios con actores de la élite.

De tal forma, una alianza que resultó funcional para cumplir con un interés en 2018-2021 pareciera que ha perdido su razón de ser. Quizá el temor a una supuesta marea roja sea suficiente como para mantener a los actores de la élite cerca de sus incómodos amigos coyunturales. Pero al final del día, todos sabemos que en el fondo esa supuesta marea no es más que una pesadilla surreal al puro estilo de Hitchcock.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Finalmente entró en vigor el decreto 4-2020 que contiene las polémicas reformas a la Ley de ONG. Llegado este punto surgen dudas respecto de la aplicación de esta norma. Concretamente: ¿a qué tipo de personas jurídicas aplicarán estas polémicas reformas?

Vamos por pasos. El Código Civil, en su artículo 15, reconoce como personas jurídicas no lucrativas a las fundaciones y demás entidades de interés públicos creadas o reconocidas por la ley, a las asociaciones y, por último, a las Organizaciones No Gubernamentales. Este artículo del Código Civil fue reformado por el decreto 4-2020.

El artículo 2 de la Ley de ONG define a las ONG como “entidades de derecho privado, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, con objetivos claros de beneficio social, y que reinvierten sus excedentes solo en su objeto social”.

Por otra parte, la Ley de ONG (reformas incluidas) establece en su artículo 4 criterios para determinar qué es una ONG. Este artículo establece que uno de los criterios es su forma de constitución la cual puede ser como asociación, como fundación, como federación, entre otras. Agrega que respecto “a la forma de constitución, se tendrá a lo dispuesto en el Decreto Ley Número 106”, es decir, al Código Civil.

¿Qué quiere decir esto? Que para efectos prácticos existen, como personas sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones, en primer lugar. Y que, en segundo lugar, esas asociaciones o fundaciones pueden (mas no deben) constituirse como ONG si así se acuerda al momento de su constitución. Dicho de otro modo: toda ONG es o una asociación o una fundación, pero no toda asociación o fundación es una ONG.

Alguien podría argumentar que el artículo 4 de la Ley de ONG al definir una tipología de actividades crea un “fuero de atracción” en el sentido de que las entidades que efectúen las “actividades” ahí enumeradas automáticamente caen dentro de la esfera de las ONG sin importar si se constituyeron únicamente como asociaciones o fundaciones. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en el año 2004, dentro del expediente 538-2003 ya abordó una situación análoga.

En aquella oportunidad, la corte estableció que la amplitud con la que se definió una ONG podía dar lugar a confusiones e interpretaciones que dieran lugar a pensar que la única forma de constitución de una persona jurídica no lucrativa era la de ONG. Este vicio aumenta con esta poco técnica y mediocre ley. No obstante, la Corte concluyó en aquella oportunidad lo siguiente:

“(…) en opinión de esta Corte, debe concluirse que son las personas que ejercen su libertad de asociación, a quienes compete la calificación y determinación si la entidad privada que constituyen es una “ONG”, y así deberán manifestarlo y sujetarse, por lo tanto, a la normativa en análisis, o bien si acuerdan crear otra clase o tipo de asociación civil que, aunque tenga intereses de los enumerados anteriormente, no encuadra en la calificación de “ONG”” (Resaltado propio)

Por supuesto, siempre existe el riesgo de interpretaciones antojadizas y arbitrarias. Ese es el problema de las malas leyes como el decreto 4-2020. Pero los elementos están sobre la mesa y el precedente antes mencionado tiene la clave. A criterio de la corte, es parte de la libertad de asociación determinar si una asociación o fundación es una ONG o no. Nos corresponde como ciudadanos defender nuestros derechos de eventuales interpretaciones arbitrarias.

Varias organizaciones, por otra parte, han presentado acciones de inconstitucionalidad que cuestionan las medidas que serán aplicables a las ONG. Sobre los particulares vicios de fondo de la ley, me he pronunciado en este escrito.

Finalmente entró en vigor el decreto 4-2020 que contiene las polémicas reformas a la Ley de ONG. Llegado este punto surgen dudas respecto de la aplicación de esta norma. Concretamente: ¿a qué tipo de personas jurídicas aplicarán estas polémicas reformas?

Vamos por pasos. El Código Civil, en su artículo 15, reconoce como personas jurídicas no lucrativas a las fundaciones y demás entidades de interés públicos creadas o reconocidas por la ley, a las asociaciones y, por último, a las Organizaciones No Gubernamentales. Este artículo del Código Civil fue reformado por el decreto 4-2020.

El artículo 2 de la Ley de ONG define a las ONG como “entidades de derecho privado, con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, con objetivos claros de beneficio social, y que reinvierten sus excedentes solo en su objeto social”.

Por otra parte, la Ley de ONG (reformas incluidas) establece en su artículo 4 criterios para determinar qué es una ONG. Este artículo establece que uno de los criterios es su forma de constitución la cual puede ser como asociación, como fundación, como federación, entre otras. Agrega que respecto “a la forma de constitución, se tendrá a lo dispuesto en el Decreto Ley Número 106”, es decir, al Código Civil.

¿Qué quiere decir esto? Que para efectos prácticos existen, como personas sin ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones, en primer lugar. Y que, en segundo lugar, esas asociaciones o fundaciones pueden (mas no deben) constituirse como ONG si así se acuerda al momento de su constitución. Dicho de otro modo: toda ONG es o una asociación o una fundación, pero no toda asociación o fundación es una ONG.

Alguien podría argumentar que el artículo 4 de la Ley de ONG al definir una tipología de actividades crea un “fuero de atracción” en el sentido de que las entidades que efectúen las “actividades” ahí enumeradas automáticamente caen dentro de la esfera de las ONG sin importar si se constituyeron únicamente como asociaciones o fundaciones. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en el año 2004, dentro del expediente 538-2003 ya abordó una situación análoga.

En aquella oportunidad, la corte estableció que la amplitud con la que se definió una ONG podía dar lugar a confusiones e interpretaciones que dieran lugar a pensar que la única forma de constitución de una persona jurídica no lucrativa era la de ONG. Este vicio aumenta con esta poco técnica y mediocre ley. No obstante, la Corte concluyó en aquella oportunidad lo siguiente:

“(…) en opinión de esta Corte, debe concluirse que son las personas que ejercen su libertad de asociación, a quienes compete la calificación y determinación si la entidad privada que constituyen es una “ONG”, y así deberán manifestarlo y sujetarse, por lo tanto, a la normativa en análisis, o bien si acuerdan crear otra clase o tipo de asociación civil que, aunque tenga intereses de los enumerados anteriormente, no encuadra en la calificación de “ONG”” (Resaltado propio)

Por supuesto, siempre existe el riesgo de interpretaciones antojadizas y arbitrarias. Ese es el problema de las malas leyes como el decreto 4-2020. Pero los elementos están sobre la mesa y el precedente antes mencionado tiene la clave. A criterio de la corte, es parte de la libertad de asociación determinar si una asociación o fundación es una ONG o no. Nos corresponde como ciudadanos defender nuestros derechos de eventuales interpretaciones arbitrarias.

Varias organizaciones, por otra parte, han presentado acciones de inconstitucionalidad que cuestionan las medidas que serán aplicables a las ONG. Sobre los particulares vicios de fondo de la ley, me he pronunciado en este escrito.

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

Muchos analistas se han referido al “viraje” que estaría dando el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en las últimas semanas, a la luz de ciertos cambios puntuales que indicarían una supuesta “apertura” para retomar algún tipo de gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica en el país suramericano.

Algunas de estas señales serían, primero, que la Asamblea Nacional (2021-2024), de mayoría chavista, tras varias negociaciones, nombró a dos rectores opositores de los cinco cargos directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En segundo lugar, hace semanas, el Fiscal General de Venezuela reconoció ante la Corte Penal Internacional las violaciones a DDHH y crímenes de Estado perpetrados a opositores al régimen. En tercer lugar, Maduro concedió el permiso del ingreso del Programa Nacional de Alimentos de la ONU tras años de negar la ayuda humanitaria. Asimismo, en cuarto lugar, se resolvió otorgar arresto domiciliario a los seis exejecutivos de Citgo cuya detención arbotraria generó tensiones con EE.UU y preocupación por el respeto a los DDHH y las garantías procesales en el país.

Además, en el aspecto económico –luego de una de las hiperinflaciones más graves de la historia, de una economía completamente estatizada y de muchas expropiaciones a empresas privadas–, por lo menos desde 2019, se han ido derogando los controles de precios y la ley de ilícitos cambiarios que prohibía la circulación de moneda extranjera en el país, se han liberado las importaciones y se han entablado conversaciones con la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, para fomentar mecanismos de reactivación del sector privado nacional.

Cabe decir que el precio que ha pagado la sociedad venezolana para que finalmente el régimen chavista aplicara un mínimo de racionalidad económica y acatara las peticiones de la comunidad internacional de regresar a cierta gobernabilidad, ha sido altísimo y se ha pagado con la sangre y la vida de millones de venezolanos, víctimas de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del continente. Los números no mienten: de acuerdo con cifras recientes del Fondo Monetario Internacional, desde 2013 hasta 2020, Venezuela ha perdido alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto: durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia (que literalmente desapareció del mapa de Europa), perdió el 42% de su PIB. Eso coloca a Venezuela como uno de los casos de destrucción de riqueza más dramáticos de la historia reciente. También, de acuerdo con datos de la Encovi 2020, el 96% de los venezolanos viven en pobreza, superando incluso las cifras de Haití y convirtiéndose en el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Sin contar que Venezuela ocupa el segundo lugar –después de Siria– del mayor número de refugiados en el mundo, con 5 millones y medio de desplazados, según reseña la ACNUR.

En días recientes, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, como parte de esta estrategia de “lavarse la cara” frente a la opinión pública internacional, ofreció una larga entrevista al medio de comunicación Bloomberg desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, en donde conversó de sus intenciones de acercarse a la administración Biden, aunque refiere que de momento no ha habido “ni una señal” o interés de Washington en propiciar un diálogo. Además, hace un llamado a abandonar la “demonización” de Venezuela en los Estados Unidos y sentar las bases creíbles para una negociación para regularizar las relaciones entre ambos países en términos de “ganar/ganar”. Y en lo económico, comenta que la relación del gobierno venezolano con los tenedores de bono y el sector petrolero ha sido “impecable” y que es posible invertir en Venezuela, además de la necesidad del levantamiento de las sanciones económicas de EEUU hacia Venezuela, y señalar la apertura económica que está teniendo Venezuela hacia el capital privado nacional y extranjero y el deseo de regresar a la vía democrática con una oposición que acepte las reglas del juego.

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

La gran pregunta es: ¿Le creemos?

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

Muchos analistas se han referido al “viraje” que estaría dando el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en las últimas semanas, a la luz de ciertos cambios puntuales que indicarían una supuesta “apertura” para retomar algún tipo de gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica en el país suramericano.

Algunas de estas señales serían, primero, que la Asamblea Nacional (2021-2024), de mayoría chavista, tras varias negociaciones, nombró a dos rectores opositores de los cinco cargos directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En segundo lugar, hace semanas, el Fiscal General de Venezuela reconoció ante la Corte Penal Internacional las violaciones a DDHH y crímenes de Estado perpetrados a opositores al régimen. En tercer lugar, Maduro concedió el permiso del ingreso del Programa Nacional de Alimentos de la ONU tras años de negar la ayuda humanitaria. Asimismo, en cuarto lugar, se resolvió otorgar arresto domiciliario a los seis exejecutivos de Citgo cuya detención arbotraria generó tensiones con EE.UU y preocupación por el respeto a los DDHH y las garantías procesales en el país.

Además, en el aspecto económico –luego de una de las hiperinflaciones más graves de la historia, de una economía completamente estatizada y de muchas expropiaciones a empresas privadas–, por lo menos desde 2019, se han ido derogando los controles de precios y la ley de ilícitos cambiarios que prohibía la circulación de moneda extranjera en el país, se han liberado las importaciones y se han entablado conversaciones con la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, para fomentar mecanismos de reactivación del sector privado nacional.

Cabe decir que el precio que ha pagado la sociedad venezolana para que finalmente el régimen chavista aplicara un mínimo de racionalidad económica y acatara las peticiones de la comunidad internacional de regresar a cierta gobernabilidad, ha sido altísimo y se ha pagado con la sangre y la vida de millones de venezolanos, víctimas de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del continente. Los números no mienten: de acuerdo con cifras recientes del Fondo Monetario Internacional, desde 2013 hasta 2020, Venezuela ha perdido alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto: durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia (que literalmente desapareció del mapa de Europa), perdió el 42% de su PIB. Eso coloca a Venezuela como uno de los casos de destrucción de riqueza más dramáticos de la historia reciente. También, de acuerdo con datos de la Encovi 2020, el 96% de los venezolanos viven en pobreza, superando incluso las cifras de Haití y convirtiéndose en el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Sin contar que Venezuela ocupa el segundo lugar –después de Siria– del mayor número de refugiados en el mundo, con 5 millones y medio de desplazados, según reseña la ACNUR.

En días recientes, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, como parte de esta estrategia de “lavarse la cara” frente a la opinión pública internacional, ofreció una larga entrevista al medio de comunicación Bloomberg desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, en donde conversó de sus intenciones de acercarse a la administración Biden, aunque refiere que de momento no ha habido “ni una señal” o interés de Washington en propiciar un diálogo. Además, hace un llamado a abandonar la “demonización” de Venezuela en los Estados Unidos y sentar las bases creíbles para una negociación para regularizar las relaciones entre ambos países en términos de “ganar/ganar”. Y en lo económico, comenta que la relación del gobierno venezolano con los tenedores de bono y el sector petrolero ha sido “impecable” y que es posible invertir en Venezuela, además de la necesidad del levantamiento de las sanciones económicas de EEUU hacia Venezuela, y señalar la apertura económica que está teniendo Venezuela hacia el capital privado nacional y extranjero y el deseo de regresar a la vía democrática con una oposición que acepte las reglas del juego.

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

La gran pregunta es: ¿Le creemos?

Sus características patrimoniales trascienden ideologías y banderas políticas.

Los primeros dos artículos del texto constitucional establecen la razón de ser del Estado. “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

Los artículos constitucionales y las mediciones institucionales parten de la premisa que nuestro sistema es moderno en su concepción. Es decir, que el fin de los Estados es organizar y coordinar las relaciones sociales para promover el mayor bienestar del colectivo. No obstante, el Estado de Guatemala se revierte de rasgos de pre-modernos, sobre todo, en la concepción de la razón de ser del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio privado al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, el deporte federado y los consejos de desarrollo son las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto es no es más que el resultado de la disputa entre diferentes grupos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. La actuación legislativa tiene como principal motivación la búsqueda de asignaciones del listado geográfico de obras. Y el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a estas fuentes de enriquecimiento.

No obstante, el modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores -sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etc.- han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, en el caso guatemalteco, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante o en la gestión de conflictos agrarios.

En este sistema patrimonial, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de una gracia, privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica pre-moderna del Estado es su burocracia. Salvo varias excepciones institucionales, la mayoría de funcionarios no se elige por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía burocrática. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional propio de un Estado moderno. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de civismo, sino la búsqueda del enriquecimiento vía el abuso de poder.

En este sentido, el Estado de Guatemala es sumamente eficiente y efectivo para realizar las funciones para las que se le concibe: constituir un árbitro gestor de oportunidades de riqueza. La cultura patrimonial trasciende ideologías y colores partidistas. El Estado es un botín donde la protección de la vida, la libertad y el desarrollo integral de la persona no tienen cabida.

Sus características patrimoniales trascienden ideologías y banderas políticas.

Los primeros dos artículos del texto constitucional establecen la razón de ser del Estado. “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

Los artículos constitucionales y las mediciones institucionales parten de la premisa que nuestro sistema es moderno en su concepción. Es decir, que el fin de los Estados es organizar y coordinar las relaciones sociales para promover el mayor bienestar del colectivo. No obstante, el Estado de Guatemala se revierte de rasgos de pre-modernos, sobre todo, en la concepción de la razón de ser del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio privado al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, el deporte federado y los consejos de desarrollo son las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto es no es más que el resultado de la disputa entre diferentes grupos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. La actuación legislativa tiene como principal motivación la búsqueda de asignaciones del listado geográfico de obras. Y el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a estas fuentes de enriquecimiento.

No obstante, el modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores -sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etc.- han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, en el caso guatemalteco, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante o en la gestión de conflictos agrarios.

En este sistema patrimonial, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de una gracia, privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica pre-moderna del Estado es su burocracia. Salvo varias excepciones institucionales, la mayoría de funcionarios no se elige por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía burocrática. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional propio de un Estado moderno. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de civismo, sino la búsqueda del enriquecimiento vía el abuso de poder.

En este sentido, el Estado de Guatemala es sumamente eficiente y efectivo para realizar las funciones para las que se le concibe: constituir un árbitro gestor de oportunidades de riqueza. La cultura patrimonial trasciende ideologías y colores partidistas. El Estado es un botín donde la protección de la vida, la libertad y el desarrollo integral de la persona no tienen cabida.