Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

El pasado 11 de abril hubo elecciones en Perú. Pasaron a segunda vuelta la hija de Alberto Fujimori, Keiko, y un maestro y líder sindical, Pedro Castillo. Perú queda atrapado entre dos males como escribió un politólogo peruano para el New York Times.

En cuanto a aspectos democráticos y libertades políticas, la cosa no pinta bien. Mientras Keiko defiende el régimen autoritario de su padre, Pedro Castillo propone una serie de medidas radicales que van desde eliminar el Tribunal Constitucional, aplicar la pena de muerte para corruptos hasta denunciar el Pacto de San José y salir del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Incluso Pedro Castillo es crítico de las ONGs ambientalistas.

Ambos son profundamente conservadores. Tanto Castillo como Fujimori se oponen al aborto, al matrimonio igualitario. Castillo además es crítico del feminismo y “totalmente” contrario al “enfoque de género” en la educación.

En materia económica está claro que las diferencias son abismales. Keiko representa la continuidad de un modelo económico que ha traído crecimiento económico al Perú. Castillo, en cambio, propone una agenda orientada a revisar los tratados de libre comercio, a nacionalizar industrias extractivas y cuestionar el modelo económico vigente en el Perú.

Lo que ocurre en Perú debe invitarnos a reflexionar. ¿Cómo llegó el Perú a esta situación? Básicamente es una mezcla de varios factores. Por un lado, un desencanto con la política tradicional producto de un sistema político profundamente corrupto y una clase política desprestigiada.

Por otro lado, fue uno de los países más afectados por la pandemia. Esto en buena parte se debe a la debilidad del Estado peruano, aspectos que aborda con nitidez el profesor Levitsky en este blog. La incapacidad estatal, la rampante corrupción y el consecuente desencanto con la clase política llegó el Perú a este punto.

Ocho ex presidentes peruanos están señalados de corrupción desde Fujimori hasta Manuel Merino. El Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años: Pedro Pablo Kuczynski (menos de 2 años), Martín Vizcarra (2 años), Manuel Merino (5 días) y ahora Francisco Sagasti.

El Congreso peruano generó aún más rechazo cuando vacó a Martín Vizcarra por incapacidad moral, además de ser una medida de dudosa legalidad. Con esto, las elecciones del pasado 11 de abril presentaron 18 candidatos presidenciales de 20 diferentes partidos políticos.

Si bien Pedro Castillo quedó en primer lugar, apenas logró el 19% de los votos válidos. Keiko quedó en segundo lugar con 13% de los votos válidos. Los votos en blanco y nulos sumaron 17%, más que el segundo lugar.

¿Le recuerda a algo? Las elecciones de 2019 de Guatemala tuvieron 19 candidatos presidenciales. La candidata más votada en primera vuelta, Sandra Torres, obtuvo el 25% de los votos válidos y el segundo lugar, Alejandro Giammattei, el 13.96%. Los votos nulos y en blanco sumaron el 13.14%, casi tantos como quien luego resultara elegido presidente. El MLP, que representó un voto antisistema, logró un 10.37% de los votos.

Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

La alianza política que gobierna el país está haciendo todos los méritos posibles por empeorar la situación de los guatemaltecos. ¿Qué podemos aprender de las recientes elecciones en el Perú?

Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

El pasado 11 de abril hubo elecciones en Perú. Pasaron a segunda vuelta la hija de Alberto Fujimori, Keiko, y un maestro y líder sindical, Pedro Castillo. Perú queda atrapado entre dos males como escribió un politólogo peruano para el New York Times.

En cuanto a aspectos democráticos y libertades políticas, la cosa no pinta bien. Mientras Keiko defiende el régimen autoritario de su padre, Pedro Castillo propone una serie de medidas radicales que van desde eliminar el Tribunal Constitucional, aplicar la pena de muerte para corruptos hasta denunciar el Pacto de San José y salir del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Incluso Pedro Castillo es crítico de las ONGs ambientalistas.

Ambos son profundamente conservadores. Tanto Castillo como Fujimori se oponen al aborto, al matrimonio igualitario. Castillo además es crítico del feminismo y “totalmente” contrario al “enfoque de género” en la educación.

En materia económica está claro que las diferencias son abismales. Keiko representa la continuidad de un modelo económico que ha traído crecimiento económico al Perú. Castillo, en cambio, propone una agenda orientada a revisar los tratados de libre comercio, a nacionalizar industrias extractivas y cuestionar el modelo económico vigente en el Perú.

Lo que ocurre en Perú debe invitarnos a reflexionar. ¿Cómo llegó el Perú a esta situación? Básicamente es una mezcla de varios factores. Por un lado, un desencanto con la política tradicional producto de un sistema político profundamente corrupto y una clase política desprestigiada.

Por otro lado, fue uno de los países más afectados por la pandemia. Esto en buena parte se debe a la debilidad del Estado peruano, aspectos que aborda con nitidez el profesor Levitsky en este blog. La incapacidad estatal, la rampante corrupción y el consecuente desencanto con la clase política llegó el Perú a este punto.

Ocho ex presidentes peruanos están señalados de corrupción desde Fujimori hasta Manuel Merino. El Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años: Pedro Pablo Kuczynski (menos de 2 años), Martín Vizcarra (2 años), Manuel Merino (5 días) y ahora Francisco Sagasti.

El Congreso peruano generó aún más rechazo cuando vacó a Martín Vizcarra por incapacidad moral, además de ser una medida de dudosa legalidad. Con esto, las elecciones del pasado 11 de abril presentaron 18 candidatos presidenciales de 20 diferentes partidos políticos.

Si bien Pedro Castillo quedó en primer lugar, apenas logró el 19% de los votos válidos. Keiko quedó en segundo lugar con 13% de los votos válidos. Los votos en blanco y nulos sumaron 17%, más que el segundo lugar.

¿Le recuerda a algo? Las elecciones de 2019 de Guatemala tuvieron 19 candidatos presidenciales. La candidata más votada en primera vuelta, Sandra Torres, obtuvo el 25% de los votos válidos y el segundo lugar, Alejandro Giammattei, el 13.96%. Los votos nulos y en blanco sumaron el 13.14%, casi tantos como quien luego resultara elegido presidente. El MLP, que representó un voto antisistema, logró un 10.37% de los votos.

Guatemala comparte algunas características con Peru: un Estado débil, corrupción rampante, una clase política desprestigiada (y superándose cada día), una población afectada y golpeada por la pandemia y, además, una democracia sin partidos políticos, como ha escrito el profesor Levitsky sobre el Perú.

La alianza política que gobierna el país está haciendo todos los méritos posibles por empeorar la situación de los guatemaltecos. ¿Qué podemos aprender de las recientes elecciones en el Perú?

Manifestaciones espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat  y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca. Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados, donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Manifestaciones espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat  y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca. Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados, donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.

Expertos, investigadores, agencias de seguridad y tanques de pensamiento coinciden en que los principales problemas de la región centroamericana radican en la pobre institucionalidad y gobernanza de los estados nacionales del istmo. Problemas que se reflejan en la baja calidad democrática de la región y en la nula capacidad de los gobiernos para cumplir sus funciones básicas de seguridad, defensa y administración de justicia.

De hecho, de acuerdo con el prestigioso Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, de Transparencia Internacional, Guatemala (25) presenta un deterioro significativo, cayendo en el conteo 8 puntos desde 2012 y Honduras (24) cae 2 puntos para alcanzar un bajón histórico en percepción de la corrupción. El Salvador (36) por su parte, presenta un estancamiento, pero igualmente ha tenido un retroceso tras la pandemia por la suspensión de la Ley de Acceso a la Información. Estos datos coinciden con la encuesta de opinión pública más reciente que se tiene en el Guatemala elaborada por CID Gallup-FLD en 2019, donde también 10.9% los guatemaltecos manifestaron que el principal problema del país era la corrupción, ocupando éste renglón el cuarto lugar de los problemas enlistados en el sondeo.

A éste cóctel de corrupción y de instituciones fallidas que agobian a los centroamericanos, se le vino a agregar el ingrediente del narcotráfico. Se estima que los países del Triángulo Norte de Centroamérica son la ruta de trasiego de cerca del 90% de la droga que finalmente ingresa a los Estados Unidos. Y sabemos que esta peligrosa cadena de distribución pasa arrastrando gobiernos e instituciones a su paso, con funcionarios de gobierno, policía, jueces, etc., que son sobornados diariamente por el dinero del tráfico ilícito de drogas y de otras actividades delictivas. De hecho, de acuerdo con un informe de financiamiento electoral elaborado por la CICIG en 2015, se estima que alrededor del 25% del financiamiento electoral en Guatemala, procede de estructuras criminales, sobretodo vinculadas al tráfico de drogas.

Pero ¿De dónde sale la droga que se transporta por toda Centroamérica? Principalmente de Venezuela, a través de su frontera con Colombia. De hecho, hace poco vimos la noticia de que en Colombia se comenzó a fumigar de nuevo con glifosato los cultivos de coca por el aumento significativo que tuvieron en los últimos años. En ese sentido, el gobierno colombiano ha retomado la agenda de lucha frontal contra el narcotráfico pues se estima que Colombia produce alrededor del 70% de la cocaína que se consume en el mundo.

Por su parte, Venezuela es el epicentro logístico, el corredor por excelencia de la droga que sale desde Colombia hacia Estados Unidos, vía Centroamérica y el Mar Caribe, y hacia Europa y África, vía el Delta del Atlántico. Como es conocido y ha sido denunciado, en Venezuela se mueven grupos narco terroristas con total libertad y flagrancia que además se han hecho con el control de territorios completos como el estado Apure. Estamos hablando del ELN, la disidencia de las FARC que maneja Iván Márquez y Santrich, y el Cartel de Sinaloa (entre otros carteles mexicanos), todos bajo la coordinación del Cartel de los Soles, que es un grupo delictivo transnacional conformado por altos funcionarios del régimen venezolano, entre quienes se encuentran personajes como, Diosdado Cabello, uno de los capos principales, por quien los Estados Unidos ha pedido 10 millones de dólares por información que finalmente lleve a su captura.

No hay duda para las autoridades de los Estados Unidos, de que Centroamérica es el puente del crimen de la droga que sale de Venezuela hacia esa potencia del norte. De hecho, de acuerdo con una investigación de Insight Crime, los vuelos que salen del estado de Apure “se dirigían a República Dominicana, y luego giraban en el paralelo 15 hacia Nicaragua y Honduras con el fin de evadir los radares”.

También, según un informe de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP) de Estados Unidos, Honduras es el principal puente utilizado por los narcotraficantes venezolanos para introducir droga a los Estados Unidos. Este mismo informe revela que la mayoría de narcovuelos que llegan a Honduras, provienen del estado Apure, en Venezuela.

De manera que, si en Venezuela no se instala un gobierno democrático con liderazgos decentes que colaboren y cooperen con Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico; por más que en el Triángulo Norte luchemos para limpiar nuestras instituciones, no saldremos de la trampa de la corrupción y de la infiltración de la política por el crimen organizado. Mientras ese enorme contingente de droga trasiegue por Venezuela con la anuencia del cartel que gobierna a ese país, lamentablemente Centroamérica se seguirá inundando del dinero proveniente del narcotráfico y no va a tener desarrollo ni transparencia en sus instituciones, sino que seguirá en la lógica perversa que tiene atrapada a la región en la pobreza, el atraso, el subdesarrollo y lo que hace que la corrupción y la criminalidad aumenten exponencialmente cada año.

Por eso, cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.

Cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.

Expertos, investigadores, agencias de seguridad y tanques de pensamiento coinciden en que los principales problemas de la región centroamericana radican en la pobre institucionalidad y gobernanza de los estados nacionales del istmo. Problemas que se reflejan en la baja calidad democrática de la región y en la nula capacidad de los gobiernos para cumplir sus funciones básicas de seguridad, defensa y administración de justicia.

De hecho, de acuerdo con el prestigioso Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, de Transparencia Internacional, Guatemala (25) presenta un deterioro significativo, cayendo en el conteo 8 puntos desde 2012 y Honduras (24) cae 2 puntos para alcanzar un bajón histórico en percepción de la corrupción. El Salvador (36) por su parte, presenta un estancamiento, pero igualmente ha tenido un retroceso tras la pandemia por la suspensión de la Ley de Acceso a la Información. Estos datos coinciden con la encuesta de opinión pública más reciente que se tiene en el Guatemala elaborada por CID Gallup-FLD en 2019, donde también 10.9% los guatemaltecos manifestaron que el principal problema del país era la corrupción, ocupando éste renglón el cuarto lugar de los problemas enlistados en el sondeo.

A éste cóctel de corrupción y de instituciones fallidas que agobian a los centroamericanos, se le vino a agregar el ingrediente del narcotráfico. Se estima que los países del Triángulo Norte de Centroamérica son la ruta de trasiego de cerca del 90% de la droga que finalmente ingresa a los Estados Unidos. Y sabemos que esta peligrosa cadena de distribución pasa arrastrando gobiernos e instituciones a su paso, con funcionarios de gobierno, policía, jueces, etc., que son sobornados diariamente por el dinero del tráfico ilícito de drogas y de otras actividades delictivas. De hecho, de acuerdo con un informe de financiamiento electoral elaborado por la CICIG en 2015, se estima que alrededor del 25% del financiamiento electoral en Guatemala, procede de estructuras criminales, sobretodo vinculadas al tráfico de drogas.

Pero ¿De dónde sale la droga que se transporta por toda Centroamérica? Principalmente de Venezuela, a través de su frontera con Colombia. De hecho, hace poco vimos la noticia de que en Colombia se comenzó a fumigar de nuevo con glifosato los cultivos de coca por el aumento significativo que tuvieron en los últimos años. En ese sentido, el gobierno colombiano ha retomado la agenda de lucha frontal contra el narcotráfico pues se estima que Colombia produce alrededor del 70% de la cocaína que se consume en el mundo.

Por su parte, Venezuela es el epicentro logístico, el corredor por excelencia de la droga que sale desde Colombia hacia Estados Unidos, vía Centroamérica y el Mar Caribe, y hacia Europa y África, vía el Delta del Atlántico. Como es conocido y ha sido denunciado, en Venezuela se mueven grupos narco terroristas con total libertad y flagrancia que además se han hecho con el control de territorios completos como el estado Apure. Estamos hablando del ELN, la disidencia de las FARC que maneja Iván Márquez y Santrich, y el Cartel de Sinaloa (entre otros carteles mexicanos), todos bajo la coordinación del Cartel de los Soles, que es un grupo delictivo transnacional conformado por altos funcionarios del régimen venezolano, entre quienes se encuentran personajes como, Diosdado Cabello, uno de los capos principales, por quien los Estados Unidos ha pedido 10 millones de dólares por información que finalmente lleve a su captura.

No hay duda para las autoridades de los Estados Unidos, de que Centroamérica es el puente del crimen de la droga que sale de Venezuela hacia esa potencia del norte. De hecho, de acuerdo con una investigación de Insight Crime, los vuelos que salen del estado de Apure “se dirigían a República Dominicana, y luego giraban en el paralelo 15 hacia Nicaragua y Honduras con el fin de evadir los radares”.

También, según un informe de la Office of National Drug Control Policy (ONDCP) de Estados Unidos, Honduras es el principal puente utilizado por los narcotraficantes venezolanos para introducir droga a los Estados Unidos. Este mismo informe revela que la mayoría de narcovuelos que llegan a Honduras, provienen del estado Apure, en Venezuela.

De manera que, si en Venezuela no se instala un gobierno democrático con liderazgos decentes que colaboren y cooperen con Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico; por más que en el Triángulo Norte luchemos para limpiar nuestras instituciones, no saldremos de la trampa de la corrupción y de la infiltración de la política por el crimen organizado. Mientras ese enorme contingente de droga trasiegue por Venezuela con la anuencia del cartel que gobierna a ese país, lamentablemente Centroamérica se seguirá inundando del dinero proveniente del narcotráfico y no va a tener desarrollo ni transparencia en sus instituciones, sino que seguirá en la lógica perversa que tiene atrapada a la región en la pobreza, el atraso, el subdesarrollo y lo que hace que la corrupción y la criminalidad aumenten exponencialmente cada año.

Por eso, cuando decimos que la lucha por la democracia de Venezuela es una lucha de todos, no lo estamos diciendo solamente desde la defensa idealista de los principios y valores democráticos; sino desde la preocupación de que la narcopolítica cada día nos toque más fuerte la puerta de nuestra casa.

La derecha no es única ni existe un monopolio discursivo

No. Apoyar la lucha contra la corrupción, o en su momento, a la CICIG, no es una categoría para diferenciar a la “derecha” de la “izquierda”. Tampoco es decir que la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus funciones. Ni siquiera la discusión sobre el respeto y promoción de los derechos humanos debiera considerarse como un factor diferenciador. Al final, hay valores comunes a distintas ideologías.

Por si fuera poco, la superficial dicotomía de “fachos” y “chairos” sólo ha servido para banalizar aún más una discusión que de por sí ya era hepática y falta de argumentos. Tampoco se puede plantear la dicotomía desde el personalismo. Ser de derecha no es estar de acuerdo con Zury Ríos, Jimmy Morales o Roberto Arzú; como ser de izquierda no es estar de acuerdo con CODECA o Mario Roberto Morales.

Créanme. Es un poquito más complicado que eso. 

La “derecha” ni siquiera es una categoría ideológica única. Dentro del concepto caben conservadores tradicionalistas, conservadores liberales, liberales clásicos, libertarios, anarco-capitalistas, liberales sociales, ordo-liberales, demócratas-cristianos o social-cristianos. Y aquí me limito a enlistar familias de ideologías políticas. Si agregamos las escuelas económicas, las permutaciones se vuelven infinitas.

Tampoco es una categoría sobre valores generales. Por ejemplo, los conservadores tienden a ser más organicistas que individualistas; mientras los liberales son individualistas ante todo. Los liberales-sociales han matizado el individualismo absoluto con el interés por el colectivo. Mientras que los demócratas-cristianos tratan de encontrar el balance entre el individuo y la sociedad.

La creencia en el mercado es quizá una característica común; pero tampoco es absoluta. Algunos conservadores creen que antes de libertad de mercado es mejor un poco de mercantilismo, es decir, protección del Estado de sectores estratégicos. Los liberales clásicos, los libertarios y anarco-capitalistas creen en el absolutismo de mercado y propugnan un sistema económico donde las regulaciones sean mínimas o inexistentes. Los ordo-liberales creen en el mercado, pero con regulaciones para corregir sus falencias, entre ellas, la promoción activa de la competencia o la prestación estatal de algunos servicios públicos. Mientras que los demócratas-cristianos matizan el absolutismo de mercado con conceptos como la solidaridad o subsidiariedad, que se traducen en sistemas fiscales más agresivos.

Los conservadores y liberales chocan en la dicotomía entre orden y libertad; mientras los primeros creen en el orden primero y libertad después, los segundos -en cambio- están dispuestos a sacrificar un poco de orden por el valor supremo de la libertad. Para muestra, la disyuntiva que mejor evidencia esta diferencia es la seguridad aeroportuaria tras 9/11. Quienes creían que las medidas de revisión de pasajeros eran muy invasivas, probablemente respondían a valores liberales; quienes en cambio creían que las medidas eran necesarias para garantizar la seguridad, probablemente respondían a valores más conservadores.

La influencia religiosa también es otra fuente de división. El conservadurismo y el demo-cristianismo tienen como base filosófica una fuerte raíz religiosa, aunque también con diferentes grados y matices. Los liberales, en cambio, propugnan el laicismo y la libertad religiosa como uno de los valores supremos.

Y luego, no podemos obviar que derechas e izquierdas están muy relacionadas con las condiciones contextuales propias del lugar. Por ejemplo, en los países musulmanes, donde el radicalismo islámico es una variable transversal, las derechas propugnan mayor influencia de la religión en política, mientras que los liberales que propugnan la separación de Iglesia y Estado, son considerados como de izquierda.

Esta es quizá una pequeña muestra que el debate sobre ideologías es un poco más complejo de lo que algunos quieren presentar. Y sobre todo, sirve para evidenciar que quien limita la discusión a temas de momento -como CICIG, cortes o visión de relaciones internacionales-, quizá necesita antes educarse un poco sobre la riqueza y diversidad detrás de la discusión de ideologías.

La derecha no es única ni existe un monopolio discursivo

No. Apoyar la lucha contra la corrupción, o en su momento, a la CICIG, no es una categoría para diferenciar a la “derecha” de la “izquierda”. Tampoco es decir que la Corte de Constitucionalidad se ha extralimitado en sus funciones. Ni siquiera la discusión sobre el respeto y promoción de los derechos humanos debiera considerarse como un factor diferenciador. Al final, hay valores comunes a distintas ideologías.

Por si fuera poco, la superficial dicotomía de “fachos” y “chairos” sólo ha servido para banalizar aún más una discusión que de por sí ya era hepática y falta de argumentos. Tampoco se puede plantear la dicotomía desde el personalismo. Ser de derecha no es estar de acuerdo con Zury Ríos, Jimmy Morales o Roberto Arzú; como ser de izquierda no es estar de acuerdo con CODECA o Mario Roberto Morales.

Créanme. Es un poquito más complicado que eso. 

La “derecha” ni siquiera es una categoría ideológica única. Dentro del concepto caben conservadores tradicionalistas, conservadores liberales, liberales clásicos, libertarios, anarco-capitalistas, liberales sociales, ordo-liberales, demócratas-cristianos o social-cristianos. Y aquí me limito a enlistar familias de ideologías políticas. Si agregamos las escuelas económicas, las permutaciones se vuelven infinitas.

Tampoco es una categoría sobre valores generales. Por ejemplo, los conservadores tienden a ser más organicistas que individualistas; mientras los liberales son individualistas ante todo. Los liberales-sociales han matizado el individualismo absoluto con el interés por el colectivo. Mientras que los demócratas-cristianos tratan de encontrar el balance entre el individuo y la sociedad.

La creencia en el mercado es quizá una característica común; pero tampoco es absoluta. Algunos conservadores creen que antes de libertad de mercado es mejor un poco de mercantilismo, es decir, protección del Estado de sectores estratégicos. Los liberales clásicos, los libertarios y anarco-capitalistas creen en el absolutismo de mercado y propugnan un sistema económico donde las regulaciones sean mínimas o inexistentes. Los ordo-liberales creen en el mercado, pero con regulaciones para corregir sus falencias, entre ellas, la promoción activa de la competencia o la prestación estatal de algunos servicios públicos. Mientras que los demócratas-cristianos matizan el absolutismo de mercado con conceptos como la solidaridad o subsidiariedad, que se traducen en sistemas fiscales más agresivos.

Los conservadores y liberales chocan en la dicotomía entre orden y libertad; mientras los primeros creen en el orden primero y libertad después, los segundos -en cambio- están dispuestos a sacrificar un poco de orden por el valor supremo de la libertad. Para muestra, la disyuntiva que mejor evidencia esta diferencia es la seguridad aeroportuaria tras 9/11. Quienes creían que las medidas de revisión de pasajeros eran muy invasivas, probablemente respondían a valores liberales; quienes en cambio creían que las medidas eran necesarias para garantizar la seguridad, probablemente respondían a valores más conservadores.

La influencia religiosa también es otra fuente de división. El conservadurismo y el demo-cristianismo tienen como base filosófica una fuerte raíz religiosa, aunque también con diferentes grados y matices. Los liberales, en cambio, propugnan el laicismo y la libertad religiosa como uno de los valores supremos.

Y luego, no podemos obviar que derechas e izquierdas están muy relacionadas con las condiciones contextuales propias del lugar. Por ejemplo, en los países musulmanes, donde el radicalismo islámico es una variable transversal, las derechas propugnan mayor influencia de la religión en política, mientras que los liberales que propugnan la separación de Iglesia y Estado, son considerados como de izquierda.

Esta es quizá una pequeña muestra que el debate sobre ideologías es un poco más complejo de lo que algunos quieren presentar. Y sobre todo, sirve para evidenciar que quien limita la discusión a temas de momento -como CICIG, cortes o visión de relaciones internacionales-, quizá necesita antes educarse un poco sobre la riqueza y diversidad detrás de la discusión de ideologías.

Imaginen ustedes la dinámica, el entusiasmo y, sobre todo, la esperanza que daría a la región ver proyectos de desarrollo en infraestructura, integración financiera, industria y comercio para la región. La inversión que Centroamérica podría atraer y la cantidad de oportunidades que se podrían crear. Los recursos que se podrían generar y la cantidad de problemas sociales que podríamos resolver.

Las persecuciones, las guerras, las pestes, la gran depresión y otros capítulos estelares de los últimos dos milenios marcaron los momentos que definieron lo que hoy somos como especie. Una especie que no ha sido perfecta, y nunca lo será. Pero cada Siglo y cada generación enfrentó su hecatombe y la superó. Y siempre, floreció una civilización más humana, más inteligente, más próspera y civilizada.

Los líderes en todos los sectores de la sociedad, en especial gobiernos y empresa, debemos gestionar la crisis al mismo tiempo en que diseñamos las bases del futuro que encontraremos después de la pandemia.

Este es un problema global que necesita soluciones globales, pero la complejidad de la crisis en este momento geopolítico del mundo exige, en cada sociedad, estadistas, valores y liderazgo.  

El futuro ya no es lo que pensamos... nada será lo mismo…  Estamos a las puertas de un nuevo orden mundial del que tenemos más dudas y temores que datos y certezas. Pero no es la primera vez que la especie humana se enfrenta a eventos que cambian el curso del destino y la historia de las naciones; o como en este caso, del mundo.

Esta pandemia vino a golpearnos en los puntos frágiles que tenemos: El sistema de salud, la economía, el subdesarrollo político, el Estado de Derecho y la cultura. Debilidades que la crisis obligará a corregir.

Los pueblos del mundo se debaten entre los dilemas que generan los mecanismos del miedo y la capacidad del ser humano para encontrar la serenidad para enfrentar este desafío, con humildad, pero con inteligencia, con destreza, pero con estrategia.   

Salir de esta crisis requerirá sacrificios, tolerancia, flexibilidad y optimismo. Salir de esta crisis dependerá de dos tareas críticas: la política y la economía. 

Para levantar de verdad la economía centroamericana, el desafío es convertir a los países de la región en una zona sin fronteras y de libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas.

Imaginen ustedes la dinámica, el entusiasmo y, sobre todo, la esperanza que daría a la región ver proyectos de desarrollo en infraestructura, integración financiera, industria y comercio para la región. La inversión que Centroamérica podría atraer y la cantidad de oportunidades que se podrían crear. Los recursos que se podrían generar y la cantidad de problemas sociales que podríamos resolver.

Y si logramos construir la integración económica y fortalecemos los sistemas de justicia, Centroamérica dejaría de ser una amenaza a la seguida hemisférica.  

En medio del dolor por los seres queridos que hemos perdido por el destino, la pandemia, la pobreza, la violencia; en medio del subdesarrollo político que padecemos, el peor de todos, que nos tiene atrapados en el cuarto mundo; en medio de contradicciones, indiferencia y sobredosis de soberbia, la región centroamericana libra en estos momentos múltiples batallas que definirán el futuro de varias generaciones de ciudadanos.

Por eso, es imprescindible y apremiante rescatar el paradigma liberal, representativo y democrático donde la división de poderes que establecen la República y el Estado de Derecho se respetan porque definen la forma de gobernarnos.

Para redimir la esencia y el significado de un Estado Democrático de Derecho es imperativo recuperar el compromiso con lo público, reivindicar el sentido del respeto a la ley, volver al valor de honrar juramentos y cumplir con la palabra que se da.  

Centroamérica, su historia y sus números duelen con frecuencia. Somos un grupo extraordinario de pueblos que estamos pagando un alto precio para ser naciones desarrolladas, justas y prosperas de verdad; pero somos tierra de gente libre y valiente; por eso, ese día llegará.

Imaginen ustedes la dinámica, el entusiasmo y, sobre todo, la esperanza que daría a la región ver proyectos de desarrollo en infraestructura, integración financiera, industria y comercio para la región. La inversión que Centroamérica podría atraer y la cantidad de oportunidades que se podrían crear. Los recursos que se podrían generar y la cantidad de problemas sociales que podríamos resolver.

Las persecuciones, las guerras, las pestes, la gran depresión y otros capítulos estelares de los últimos dos milenios marcaron los momentos que definieron lo que hoy somos como especie. Una especie que no ha sido perfecta, y nunca lo será. Pero cada Siglo y cada generación enfrentó su hecatombe y la superó. Y siempre, floreció una civilización más humana, más inteligente, más próspera y civilizada.

Los líderes en todos los sectores de la sociedad, en especial gobiernos y empresa, debemos gestionar la crisis al mismo tiempo en que diseñamos las bases del futuro que encontraremos después de la pandemia.

Este es un problema global que necesita soluciones globales, pero la complejidad de la crisis en este momento geopolítico del mundo exige, en cada sociedad, estadistas, valores y liderazgo.  

El futuro ya no es lo que pensamos... nada será lo mismo…  Estamos a las puertas de un nuevo orden mundial del que tenemos más dudas y temores que datos y certezas. Pero no es la primera vez que la especie humana se enfrenta a eventos que cambian el curso del destino y la historia de las naciones; o como en este caso, del mundo.

Esta pandemia vino a golpearnos en los puntos frágiles que tenemos: El sistema de salud, la economía, el subdesarrollo político, el Estado de Derecho y la cultura. Debilidades que la crisis obligará a corregir.

Los pueblos del mundo se debaten entre los dilemas que generan los mecanismos del miedo y la capacidad del ser humano para encontrar la serenidad para enfrentar este desafío, con humildad, pero con inteligencia, con destreza, pero con estrategia.   

Salir de esta crisis requerirá sacrificios, tolerancia, flexibilidad y optimismo. Salir de esta crisis dependerá de dos tareas críticas: la política y la economía. 

Para levantar de verdad la economía centroamericana, el desafío es convertir a los países de la región en una zona sin fronteras y de libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas.

Imaginen ustedes la dinámica, el entusiasmo y, sobre todo, la esperanza que daría a la región ver proyectos de desarrollo en infraestructura, integración financiera, industria y comercio para la región. La inversión que Centroamérica podría atraer y la cantidad de oportunidades que se podrían crear. Los recursos que se podrían generar y la cantidad de problemas sociales que podríamos resolver.

Y si logramos construir la integración económica y fortalecemos los sistemas de justicia, Centroamérica dejaría de ser una amenaza a la seguida hemisférica.  

En medio del dolor por los seres queridos que hemos perdido por el destino, la pandemia, la pobreza, la violencia; en medio del subdesarrollo político que padecemos, el peor de todos, que nos tiene atrapados en el cuarto mundo; en medio de contradicciones, indiferencia y sobredosis de soberbia, la región centroamericana libra en estos momentos múltiples batallas que definirán el futuro de varias generaciones de ciudadanos.

Por eso, es imprescindible y apremiante rescatar el paradigma liberal, representativo y democrático donde la división de poderes que establecen la República y el Estado de Derecho se respetan porque definen la forma de gobernarnos.

Para redimir la esencia y el significado de un Estado Democrático de Derecho es imperativo recuperar el compromiso con lo público, reivindicar el sentido del respeto a la ley, volver al valor de honrar juramentos y cumplir con la palabra que se da.  

Centroamérica, su historia y sus números duelen con frecuencia. Somos un grupo extraordinario de pueblos que estamos pagando un alto precio para ser naciones desarrolladas, justas y prosperas de verdad; pero somos tierra de gente libre y valiente; por eso, ese día llegará.