Desde sus mismos orígenes, las élites en Guatemala apostaron por el gatopardismo

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel del ejército español, don Rafael de Riego, protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII. El episodio marcaría el inicio del “Trienio Liberal”, período en el cual España se convirtió en una monarquía constitucional, adoptando para tal efecto, la Constitución de Cádiz, la misma que estuvo vigente entre 1812 y 1814, cuando la península ibérica estaba ocupada por la Francia napoleónica.

La Constitución de Cádiz, considerada uno de los hitos del liberalismo decimonónico, subordinaba el poder del Rey a las Cortes, decretaba el laicismo, la libertad de culto y eliminaba los privilegios del clero y la nobleza. Mientras que los Artículos 10 y 11 de la Constitución reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Es decir, para 1820 España apostaba por una receta política de liberalismo y constitucionalismo.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas, protagonizadas primero por Miguel Hidalgo y Costilla, y luego por Vicente Guerrero, fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, ese giro hacia el liberalismo y hacia la modernidad en la Madre Patria generaba resquemor entre la élite comercial y el clero conservador centroamericano. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal no era proclamar la libertad y la soberanía, sino restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir conservador de la época: consagrar la unidad entre peninsulares y criollos, declarar la independencia y la adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica. Vaya independencia: el Primer Presidente de la Centroamérica independiente era ni más ni menos que la última autoridad monárquica española.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío de liderazgo político, Agustín Iturbide fue proclamado Emperador.

Sirva esta pequeña reseña para mostrar lo evidente. La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en las 13 colonias americanas o en América del Sur. Por el contrario, la emancipación centroamericana fue una reacción al liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, cual gato-pardo, la élite local apostó por aquella muy conocida receta de que “era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.”

Desde sus mismos orígenes, las élites en Guatemala apostaron por el gatopardismo

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel del ejército español, don Rafael de Riego, protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII. El episodio marcaría el inicio del “Trienio Liberal”, período en el cual España se convirtió en una monarquía constitucional, adoptando para tal efecto, la Constitución de Cádiz, la misma que estuvo vigente entre 1812 y 1814, cuando la península ibérica estaba ocupada por la Francia napoleónica.

La Constitución de Cádiz, considerada uno de los hitos del liberalismo decimonónico, subordinaba el poder del Rey a las Cortes, decretaba el laicismo, la libertad de culto y eliminaba los privilegios del clero y la nobleza. Mientras que los Artículos 10 y 11 de la Constitución reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Es decir, para 1820 España apostaba por una receta política de liberalismo y constitucionalismo.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas, protagonizadas primero por Miguel Hidalgo y Costilla, y luego por Vicente Guerrero, fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, ese giro hacia el liberalismo y hacia la modernidad en la Madre Patria generaba resquemor entre la élite comercial y el clero conservador centroamericano. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal no era proclamar la libertad y la soberanía, sino restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir conservador de la época: consagrar la unidad entre peninsulares y criollos, declarar la independencia y la adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica. Vaya independencia: el Primer Presidente de la Centroamérica independiente era ni más ni menos que la última autoridad monárquica española.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío de liderazgo político, Agustín Iturbide fue proclamado Emperador.

Sirva esta pequeña reseña para mostrar lo evidente. La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en las 13 colonias americanas o en América del Sur. Por el contrario, la emancipación centroamericana fue una reacción al liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, cual gato-pardo, la élite local apostó por aquella muy conocida receta de que “era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.”

Cuando el mercado es incapaz de generar ascenso social

Las sociedades que han alcanzado niveles significativos de desarrollo tienen una característica socioeconómica importante: sus clases medias son vigorosas, pujantes y estables. Existen mecanismos de elevación social y de progreso inter e intra generacional.

La capacitación técnica, la educación superior, el sistema de seguridad social son algunas de las precondiciones que facilitan que las clases medias se desarrollen y fortalezcan en el tiempo. Más importante aún, es la existencia de un mercado laboral dinámico, estimulado mediante inversión estratégica -tanto pública como privada- y empresarialidad que permita generar fuentes de ingreso, oportunidades de desarrollo y estabilidad económica a estos estratos intermedios de la sociedad

Guatemala, por el contrario, adolece de un mal endémico. La falta de crecimiento económico constante y el carácter primario de las actividades económicas provoca una falta sistémica de oportunidades de empleo y limita el incremento transversal en la generación de rentas del trabajo. Sin ello, el ideal del desarrollo de estratos intermedios de la sociedad se ve seriamente limitado.

Sin embargo, hay una alternativa. La persistencia de un sistema político de carácter patrimonialista (donde el Estado se concibe como botín y fuente de riqueza), aunado a la multiplicación de espacios para la obtención de rentas indebidas, provoca que la corrupción supla el vacío como nivelador social.

Generalmente cuando se analiza la realidad de la corrupción sistémica, la primera imagen que viene a la mente es la de los grandes cabecillas de estructuras de corrupción que generan grandes fortunas mediante el espolio de lo público. Roxana Baldetti, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi, Gustavo Alejos son quizá los nombres más sonados de esta trama.

Sin embargo, atrás de los Baldizones, Sinibaldis y Alejos hay decenas, cientos o incluso miles de beneficiarios de la micro-corrupción. Las plazas fantasmas dentro del Estado, en las cuales una parte del pago va al político, sirve como una fuente de ingreso para alguna persona que quizá sufría del desempleo o subempleo. Veamos casos concretos. Detrás de los casos de diputados y plazas fantasmas, hay decenas de personas que se acoplaron al modelo porque era una fuente constante, aunque indebida, de ingresos.

El pitufeo de sobornos, que se refiere a esa práctica de cobro de “módicas” sumas de dinero a cambio de trámites o agilización de procesos, son un complemento a los ingresos de servidores públicos, que en la mayoría de casos, están mal remunerados. Para muestra, casos como La Línea, Botín Registro de la Propiedad o casos particulares de sobornos, muestra a funcionarios medios y bajos de la administración pública que eran beneficiarios -marginales- de las ganancias de las macro redes de corrupción.

En otras ocasiones, las redes de corrupción y tráfico de influencias permiten a personas escalar por el cursus honorum de la administración pública y ascender socialmente. La historia de Roberto López Villatoro -el rey del tenis- y sus redes de influencia en el Organismo Judicial va más o menos por ahí. Durante años, se convirtió en una especie de elevador social para decenas de juristas que a través de los buenos oficios de López Villatoro pudieron acceder a cargos dentro de la administración de justicia, e incluso, realizar estudios de posgrado en universidades en el extranjero.

Pero esto no se queda ahí. En ocasiones, la corrupción se convierte en un mecanismo de sostenibilidad de posición social, sobre todo en aquellos casos donde el abolengo de otrora ya no equivale a la situación patrimonial del presente. La historia del ex ministro de Economía, Acisclo Valladares, quizá vaya por ahí.

Y así la historia de un fenómeno cuya profundidad supera el análisis político-institucional. En países con sistemas patrimoniales arraigados y donde el mercado es incapaz de absorber a un creciente número de trabajadores, la corrupción se convierte en una suerte de ascensor social.

Para Centroamérica es urgente detener el imparable deterioro institucional y político.

La apertura democrática de los 80s, para Centroamérica, fue el punto de inflexión para las generaciones de ciudadanos que hoy somos responsables de la realidad que vivimos, de las instituciones que hemos construido y del estado de prosperidad o desdicha que ha alcanzado la región.

Aquellos momentos de consensos y construcción, hace 35 años, se fueron contaminando a gran velocidad, hasta llegar a los Estados que hoy tenemos: Estados en desacuerdo, Estados capturados, con extremos como el de Nicaragua, e incapaces de alcanzar consensos suficientes para lograr metas positivas; incapaces de satisfacer tan siquiera las necesidades primarias y un marco de confianza que promueva la inversión y la creación de oportunidades en los niveles que las necesitamos.

Para Centroamérica es urgente detener el imparable deterioro institucional y político. Cuanto más se degradan nuestras democracias, más se profundiza la derrota de una región que tiene todo para ganar. Con instituciones débiles o capturadas se pierde la confianza y la economía no crece. La corrupción y el populismo se apoderan de la sociedad.

Con las excepciones conocidas en Costa Rica y Panamá, la región sigue siendo víctima de un subdesarrollo político humillante y destructivo que ha acumulado frustración y desprecio de los ciudadanos para la clase política dominante; y cuando un pueblo con hambre se harta de su clase política, si no se construye el cambio, se llega al final del camino.

Centroamérica está hoy en un delicado punto de inflexión. Necesita de sus mejores líderes en todos los sectores de la sociedad, para que, desde las mesas del debate público para los asuntos de Estado, se discutan y se decidan las acciones que nos permitan construir democracias republicanas y de derecho que garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos.

Podemos seguir intentando adaptarnos a lo que venga, y algunos sobrevivirán. Con la madre naturaleza es poco o nada lo que podemos hacer; pero, por el bien de Centroamérica, debemos corregir el comportamiento de los políticos y apuntalar el compromiso de las élites, pues las democracias y la libertad en América Latina están amenazadas, principalmente, por un movimiento populista de extrema izquierda que quiere acabar con los valores democráticos, republicanos y liberales de occidente.

El poder es siempre parcial; se consigue y se mantiene a base de compromisos y renuncias. El poder es limitado y para que funcione debe ser compartido; producto de un consenso inteligente que resuelve los problemas de la gente y mantiene la esperanza y el optimismo en el futuro.

El poder, más que ocuparlo, debe ser un instrumento de transformación, de solución y evolución. Capaz de llegar a los acuerdos necesarios. O se derrumba, se pierde, se vuelve irrelevante.

Por eso es indispensable que las discusiones y las de- cisiones de Estado, por el bien de las democracias de la región, se realicen lejos de la extrema izquierda populista que busca destruir democracias que todavía no nacen; y también, lejos, de la extrema derecha retrógrada y egoísta que no entiende que la corrupción, la incompetencia de los políticos y la falta de integridad para tomar las decisiones que nuestras repúblicas necesitan, es el camino más corto a la captura criminal del Estado y la pérdida de nuestras libertades, a manos de los grupos extremistas que buscan la destrucción de las repúblicas democráticas y Liberales a las que Centroamérica puede y debe aspirar. La apertura democrática de los 80's marcó un momento de nuestra historia que debemos recuperar. Aquellos días de tolerancia, unidad, consenso y armonía deben volver para rescatar el rumbo de una región que lo perdió. De esto dependen el presente y el futuro de la democracia republicana liberal y de Derecho que Centroamérica merece y necesita.

De nosotros depende pasar de la intemperie y la soledad a la compañía y al abrazo de la gente que queremos. De nosotros depende construir el nuevo mundo que dejaremos a las siguientes generaciones.

Para Centroamérica es urgente detener el imparable deterioro institucional y político.

La apertura democrática de los 80s, para Centroamérica, fue el punto de inflexión para las generaciones de ciudadanos que hoy somos responsables de la realidad que vivimos, de las instituciones que hemos construido y del estado de prosperidad o desdicha que ha alcanzado la región.

Aquellos momentos de consensos y construcción, hace 35 años, se fueron contaminando a gran velocidad, hasta llegar a los Estados que hoy tenemos: Estados en desacuerdo, Estados capturados, con extremos como el de Nicaragua, e incapaces de alcanzar consensos suficientes para lograr metas positivas; incapaces de satisfacer tan siquiera las necesidades primarias y un marco de confianza que promueva la inversión y la creación de oportunidades en los niveles que las necesitamos.

Para Centroamérica es urgente detener el imparable deterioro institucional y político. Cuanto más se degradan nuestras democracias, más se profundiza la derrota de una región que tiene todo para ganar. Con instituciones débiles o capturadas se pierde la confianza y la economía no crece. La corrupción y el populismo se apoderan de la sociedad.

Con las excepciones conocidas en Costa Rica y Panamá, la región sigue siendo víctima de un subdesarrollo político humillante y destructivo que ha acumulado frustración y desprecio de los ciudadanos para la clase política dominante; y cuando un pueblo con hambre se harta de su clase política, si no se construye el cambio, se llega al final del camino.

Centroamérica está hoy en un delicado punto de inflexión. Necesita de sus mejores líderes en todos los sectores de la sociedad, para que, desde las mesas del debate público para los asuntos de Estado, se discutan y se decidan las acciones que nos permitan construir democracias republicanas y de derecho que garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos.

Podemos seguir intentando adaptarnos a lo que venga, y algunos sobrevivirán. Con la madre naturaleza es poco o nada lo que podemos hacer; pero, por el bien de Centroamérica, debemos corregir el comportamiento de los políticos y apuntalar el compromiso de las élites, pues las democracias y la libertad en América Latina están amenazadas, principalmente, por un movimiento populista de extrema izquierda que quiere acabar con los valores democráticos, republicanos y liberales de occidente.

El poder es siempre parcial; se consigue y se mantiene a base de compromisos y renuncias. El poder es limitado y para que funcione debe ser compartido; producto de un consenso inteligente que resuelve los problemas de la gente y mantiene la esperanza y el optimismo en el futuro.

El poder, más que ocuparlo, debe ser un instrumento de transformación, de solución y evolución. Capaz de llegar a los acuerdos necesarios. O se derrumba, se pierde, se vuelve irrelevante.

Por eso es indispensable que las discusiones y las de- cisiones de Estado, por el bien de las democracias de la región, se realicen lejos de la extrema izquierda populista que busca destruir democracias que todavía no nacen; y también, lejos, de la extrema derecha retrógrada y egoísta que no entiende que la corrupción, la incompetencia de los políticos y la falta de integridad para tomar las decisiones que nuestras repúblicas necesitan, es el camino más corto a la captura criminal del Estado y la pérdida de nuestras libertades, a manos de los grupos extremistas que buscan la destrucción de las repúblicas democráticas y Liberales a las que Centroamérica puede y debe aspirar. La apertura democrática de los 80's marcó un momento de nuestra historia que debemos recuperar. Aquellos días de tolerancia, unidad, consenso y armonía deben volver para rescatar el rumbo de una región que lo perdió. De esto dependen el presente y el futuro de la democracia republicana liberal y de Derecho que Centroamérica merece y necesita.

De nosotros depende pasar de la intemperie y la soledad a la compañía y al abrazo de la gente que queremos. De nosotros depende construir el nuevo mundo que dejaremos a las siguientes generaciones.

La situación de Colombia es preocupante y se ha ido complicando muchísimo con el paso de los días.

El detonante de este estallido social ha sido el proyecto de reforma tributaria presentado el 28 de abril por el Gobierno del presidente Duque, que desataría un clima social de enorme tensión y malestar. A pesar de la retirada del proyecto de ley el 2 de mayo, los ciudadanos volcados en las calles se han mantenido realizando otros reclamos.

¿Cómo llegó Colombia a esta situación? Repasando algunos antecedentes, recordemos que el presidente Iván Duque asumió en 2018 en medio de unas condiciones difíciles. El contexto en el que tenía que operar era complicado porque ha tenido que luchar contra una izquierda creciente que se divide en dos vertientes: una vertiente muy radical, representada por Gustavo Petro y los reductos de las FARC que aceptaron los acuerdos de paz; y una vertiente de centro-izquierda moderada que tiene control de capitales importantes como Bogotá y Medellín, y que en su oposición al gobierno central, muchas veces han actuado muy poco leales al sistema democrático, y en términos objetivos han beneficiado a la izquierda radical.

Evidentemente este escenario se agrava con la pandemia. En un primer momento, la gestión de Duque fue buena, pero los confinamientos estrictos terminaron repercutiendo en la dinámica productiva del país, y arrojaron una caída del PIB en 2020 de un 7%, la mayor caída de su historia, y un aumento del desempleo del 16%. También la pobreza por ingreso aumentó en un 6.8%, ubicándose en un 42.5% lo que se traduce en que 21.2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades básicas, viviendo con menos de 90 dólares al mes, según las estadísticas reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A todo esto hay que añadir la desestabilización permanente desde Venezuela. Duque sabemos que ha legalizado la situación de los refugiados venezolanos que son varios cientos de miles, pero de todas maneras existe la convicción en Colombia de que Venezuela ha infiltrado agentes que están causando desestabilización. Para colmo, algunos líderes de las FARC que supuestamente se habían incorporado a los procesos de paz, han vuelto a la anti-democracia y han encontrado refugio en territorio venezolano bajo la protección del tirano Nicolás Maduro.

Hasta ahora el saldo de estas manifestaciones y paros nacionales es más profundización de la crisis. De acuerdo con cifras de Fenalco, las empresas del país han registrado caídas en ventas por más de 90%. Y la crisis del Covid-19 sigue haciendo de las suyas. Por ejemplo en Bogotá, después de una meseta en la curva de contagios, se volvió a un pico como consecuencia de las movilizaciones en la ciudad, y la ocupación de UCI está en un máximo histórico del 96%, lo que relentiza aún más la reactivación económica.

Si bien Duque convocó a un gran diálogo nacional entre diferentes sectores políticos, económicos y sociales el día 5 de mayo —iniciándose las conversaciones y acercamientos el 10 de mayo—, hasta el momento no hay acuerdos.

El problema esencial es que en este contexto no hay mucho más que Duque pueda hacer desde el punto de vista de las reformas, etc., para contener la crisis. Y la izquierda colombiana, en sus dos vertientes, está aprovechando esto para desgastar su liderazgo tremendamente. Frente a todo esto no surge una figura de recambio en el centro liberal y la derecha colombiana, entonces lo que se prevé es que esta izquierda moderada de “buenas maneras”, que en principio está alejada de la extrema, pueda ser el reemplazo de Duque. El problema es que el comportamiento de esta centro-izquierda en los últimos días ha sido muy cercano a la extrema, en un momento en donde lo que hay que hacer es unirse por el país.

La salida puede ser que estas conversaciones que han comenzado efectivamente lleven a la consolidación de un gran pacto de centro donde las fuerzas moderadas de la sociedad colombiana avancen en una agenda conjunta de reformas que le den viabilidad al país otra vez. Y sólo lo lograrán deslantrándose ambas partes de liderazgos polarizantes que impiden acuerdos y viven del conflicto.

Definitivamente el país se encuentra en una encrucijada histórica: o toman el camino de los acuerdos y las reformas, o el camino de la polarización y la anti-política.  

El corporativismo traslada el foco de la política a la academia y los gremios profesionales

La historia constitucional hispanoamericana se ha caracterizado por la superposición de modelos institucionales. En Guatemala, dicha superposición se evidencia en la conformación de los poderes del Estado. Por un lado, el artículo 140 de la Constitución establece que el sistema de Gobierno es “republicano, democrático y representativo”. Bajo principios republicanos, la selección de autoridades debe ocurrir por vía de elecciones libres y competitivas entre partidos políticos, diseño que se materializa en la elección presidencial, legislativa y municipal.

Sin embargo, la elección del poder judicial y de las instituciones contraloras se realiza por medio de Comisiones de Postulación. Aspirando a minimizar la influencia de los partidos políticos y de incluir un componente de probidad académica, los constituyentes de 1984 incorporaron a rectores, decanos y representantes de Colegios Profesionales en la preselección de candidatos.

Este diseño institucional es un ejemplo del corporativismo como modelo de organización. A diferencia del pluralismo republicano, el corporativismo es un sistema de representación de intereses por medio de sociedades intermedias, no competitivas, reconocidas y reglamentadas por el Estado. Es decir, la asignación de espacios de representación se da por adscripción a grupos académicos, gremiales, religiosos, etcétera. Sus orígenes se remontan a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el fascismo, el franquismo y algunas instituciones del México priísta y de la Argentina peronista recurrieron a modelos de nombramiento sectorial. El objetivo era dual: la participación de actores extra-políticos servía para legitimar las decisiones públicas, mientras que el Estado cooptaba a potenciales opositores al otorgarles espacios de incidencia. 

No obstante, el efecto negativo recae en que no se elimina la fuente de las disputas políticas, sino que éstas se trasladan al ámbito interno de las sociedades intermedias. En Guatemala, este fenómeno se ha materializado en varios sentidos. Por un lado, el oscurantismo en el financiamiento de campañas, la gestación de grupos gremiales con intereses clientelares o la búsqueda de acceso a plazas dentro del Estado son males que afectan por igual las elecciones republicanas entre partidos, y las corporativas en los Colegios Profesionales.

La Universidad de San Carlos también ha caído presa de los conflictos políticos. Derivado de sus más de 75 representaciones institucionales, las elecciones de Rector, decanos y representantes estudiantiles han pasado de constituir procesos de democracia universitaria a convertirse en escenarios de luchas de intereses. Mientras que a nivel privado, el incentivo perverso es a la proliferación de universidades cuya razón deja de ser la enseñanza y se convierte en la búsqueda de explotar los asientos que por adscripción le corresponden en las postuladoras. Y tanto en lo público como en lo privado, las universidades tienen el estímulo de expeditar la graduación de profesionales con el fin de alterar los balances de fuerzas en las elecciones dentro de los Colegios.

Estos males parecieran haberse agudizado en los últimos 20 años. A raíz del intento de cooptación de la Corte de Constitucionalidad por el FRG en el 2001 y la creciente tensión política en relación a la justicia, los partidos entendieron que colocar operadores en gremios profesionales y en la academia era el trampolín para incidir en la preselección de las autoridades judiciales. Mientras que a nivel social, conforme se consolidaron nuevas fuentes de capital emergente, apalancadas en el patrimonialismo de Estado, surgieron nuevos actores que aspiraron a utilizar los colegios profesionales y la academia como trampolín para materializar aquella concepción de las decisiones jurídicas como la otorgación de gracias, privilegios y exenciones a grupos de interés particular.

Es decir, la cantidad de actores con intereses en la conformación del poder judicial y de los órganos contralores se ha multiplicado. El corporativismo de las postuladoras fomenta que esos intereses se enfrenten al desnudo en la arena gremial y universitaria. El carácter híbrido del Estado de Guatemala nos condena a tener una academia y gremios profesionales con alta politización.

El corporativismo traslada el foco de la política a la academia y los gremios profesionales

La historia constitucional hispanoamericana se ha caracterizado por la superposición de modelos institucionales. En Guatemala, dicha superposición se evidencia en la conformación de los poderes del Estado. Por un lado, el artículo 140 de la Constitución establece que el sistema de Gobierno es “republicano, democrático y representativo”. Bajo principios republicanos, la selección de autoridades debe ocurrir por vía de elecciones libres y competitivas entre partidos políticos, diseño que se materializa en la elección presidencial, legislativa y municipal.

Sin embargo, la elección del poder judicial y de las instituciones contraloras se realiza por medio de Comisiones de Postulación. Aspirando a minimizar la influencia de los partidos políticos y de incluir un componente de probidad académica, los constituyentes de 1984 incorporaron a rectores, decanos y representantes de Colegios Profesionales en la preselección de candidatos.

Este diseño institucional es un ejemplo del corporativismo como modelo de organización. A diferencia del pluralismo republicano, el corporativismo es un sistema de representación de intereses por medio de sociedades intermedias, no competitivas, reconocidas y reglamentadas por el Estado. Es decir, la asignación de espacios de representación se da por adscripción a grupos académicos, gremiales, religiosos, etcétera. Sus orígenes se remontan a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el fascismo, el franquismo y algunas instituciones del México priísta y de la Argentina peronista recurrieron a modelos de nombramiento sectorial. El objetivo era dual: la participación de actores extra-políticos servía para legitimar las decisiones públicas, mientras que el Estado cooptaba a potenciales opositores al otorgarles espacios de incidencia. 

No obstante, el efecto negativo recae en que no se elimina la fuente de las disputas políticas, sino que éstas se trasladan al ámbito interno de las sociedades intermedias. En Guatemala, este fenómeno se ha materializado en varios sentidos. Por un lado, el oscurantismo en el financiamiento de campañas, la gestación de grupos gremiales con intereses clientelares o la búsqueda de acceso a plazas dentro del Estado son males que afectan por igual las elecciones republicanas entre partidos, y las corporativas en los Colegios Profesionales.

La Universidad de San Carlos también ha caído presa de los conflictos políticos. Derivado de sus más de 75 representaciones institucionales, las elecciones de Rector, decanos y representantes estudiantiles han pasado de constituir procesos de democracia universitaria a convertirse en escenarios de luchas de intereses. Mientras que a nivel privado, el incentivo perverso es a la proliferación de universidades cuya razón deja de ser la enseñanza y se convierte en la búsqueda de explotar los asientos que por adscripción le corresponden en las postuladoras. Y tanto en lo público como en lo privado, las universidades tienen el estímulo de expeditar la graduación de profesionales con el fin de alterar los balances de fuerzas en las elecciones dentro de los Colegios.

Estos males parecieran haberse agudizado en los últimos 20 años. A raíz del intento de cooptación de la Corte de Constitucionalidad por el FRG en el 2001 y la creciente tensión política en relación a la justicia, los partidos entendieron que colocar operadores en gremios profesionales y en la academia era el trampolín para incidir en la preselección de las autoridades judiciales. Mientras que a nivel social, conforme se consolidaron nuevas fuentes de capital emergente, apalancadas en el patrimonialismo de Estado, surgieron nuevos actores que aspiraron a utilizar los colegios profesionales y la academia como trampolín para materializar aquella concepción de las decisiones jurídicas como la otorgación de gracias, privilegios y exenciones a grupos de interés particular.

Es decir, la cantidad de actores con intereses en la conformación del poder judicial y de los órganos contralores se ha multiplicado. El corporativismo de las postuladoras fomenta que esos intereses se enfrenten al desnudo en la arena gremial y universitaria. El carácter híbrido del Estado de Guatemala nos condena a tener una academia y gremios profesionales con alta politización.

En los años noventa la democracia liberal surgía triunfante como el modelo al que aspiraban la mayor parte de los países del mundo, luego de las crueles dictaduras comunistas en los países de África, Asia y del Este de Europa; y las igualmente crueles dictaduras militares contrarrevolucionarias de América Latina, que habían dominado el panorama luego de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fría había terminado y con ello se ponía fin a ese juego de poder mundial que llevó a incontables guerras civiles entre los cincuentas y los ochentas.

El consenso en ese entonces era que el Comunismo había fracasado y que el Capitalismo, de la mano de la democracia liberal, era el camino hacia el desarrollo económico y social de las naciones. Se impulsó la privatización de las empresas estatales, la reducción de impuestos, la disciplina fiscal, la contención de la inflación  y la liberalización de los mercados. 

En los noventa se impulsó la apertura de los mercados, dando lugar a la creación de grandes bloques comerciales como El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la consolidación de bloques económicos como la Eurozona. Era la época de oro de una nueva ola de globalización  y democratización en el mundo que prometía dejar atrás las grandes guerras, las dictaduras y las tragedias que caracterizaron a gran parte del siglo XX.

Pero América Latina inició el siglo XXI con mal pie. Desde sus inicios, el régimen chavista comenzó a desmantelar las instituciones democráticas en Venezuela con el “apoyo popular” y el silencio cómplice de gran parte de la comunidad internacional. Llegando al poder a través de elecciones democráticas, Chávez se convirtió en un dictador que tomó control de todas las instituciones y su sucesor, Maduro, ha provocado una de las diásporas más grandes en la historia de América Latina.

El proyecto chavista tenía aspiraciones continentales, pero la caída del precio del petróleo y el desastre en la administración de las empresas petroleras estatales dejó sin recursos a ese país. Pero antes de su decadencia, logró propagarse en varios países de la región.

Por otra parte, la crisis de 2008-2009 terminó con la bonanza económica de América Latina y la segunda década del siglo XXI se caracterizó por el estancamiento económico y la profundización de la desigualdad, lo que ha dado paso a profundas crisis sociales y políticas, como las de Chile, Perú y Colombia, en donde están resurgiendo movimientos políticos comunistas.

A nivel mundial, la globalización propició el surgimiento de China y varios países asiáticos, dándoles mayor peso económico y político. Por su parte,  Occidente ha perdido fuerza y parte de sus ciudadanos se sienten perdedores del actual proceso de globalización, favoreciendo el surgimiento de movimientos radicales de derecha e izquierda. Europa es, actualmente, un caldo de cultivo de movimientos políticos extremistas.

Lo más preocupante es que el faro de la democracia de los últimos setenta años, Estados Unidos, parece estar sumido en su propia crisis interna. La radicalización del discurso político en ese país repercute a nivel mundial y debilita su posición de líder del mundo occidental.

La idea de que el régimen autoritario de China es “más eficiente” que las democracias occidentales toma fuerza y puede tener consecuencias desastrosas para el mundo en las próximas décadas.

Es claro que, a nivel mundial, se han perdido los ideales democráticos de los años noventa y hoy vemos el resurgimiento de caudillos de derecha e izquierda, con alto apoyo popular. Y junto con ello, vemos el cuestionamiento al capitalismo y la globalización. Las ideas socialistas y comunistas están de vuelta en muchos países y se expandirán en los próximos años.

Estamos con el “clima” perfecto para el retorno de los dictadores. No es que hayan desaparecido, pero es muy probable que veamos una proliferación de regímenes autoritarios en la tercera década del siglo XXI. Adiós a la democracia liberal.

*Esta columna fue originalmente publicada en: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/05/09/el-regreso-de-los-dictadores/

En los años noventa la democracia liberal surgía triunfante como el modelo al que aspiraban la mayor parte de los países del mundo, luego de las crueles dictaduras comunistas en los países de África, Asia y del Este de Europa; y las igualmente crueles dictaduras militares contrarrevolucionarias de América Latina, que habían dominado el panorama luego de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fría había terminado y con ello se ponía fin a ese juego de poder mundial que llevó a incontables guerras civiles entre los cincuentas y los ochentas.

El consenso en ese entonces era que el Comunismo había fracasado y que el Capitalismo, de la mano de la democracia liberal, era el camino hacia el desarrollo económico y social de las naciones. Se impulsó la privatización de las empresas estatales, la reducción de impuestos, la disciplina fiscal, la contención de la inflación  y la liberalización de los mercados. 

En los noventa se impulsó la apertura de los mercados, dando lugar a la creación de grandes bloques comerciales como El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y la consolidación de bloques económicos como la Eurozona. Era la época de oro de una nueva ola de globalización  y democratización en el mundo que prometía dejar atrás las grandes guerras, las dictaduras y las tragedias que caracterizaron a gran parte del siglo XX.

Pero América Latina inició el siglo XXI con mal pie. Desde sus inicios, el régimen chavista comenzó a desmantelar las instituciones democráticas en Venezuela con el “apoyo popular” y el silencio cómplice de gran parte de la comunidad internacional. Llegando al poder a través de elecciones democráticas, Chávez se convirtió en un dictador que tomó control de todas las instituciones y su sucesor, Maduro, ha provocado una de las diásporas más grandes en la historia de América Latina.

El proyecto chavista tenía aspiraciones continentales, pero la caída del precio del petróleo y el desastre en la administración de las empresas petroleras estatales dejó sin recursos a ese país. Pero antes de su decadencia, logró propagarse en varios países de la región.

Por otra parte, la crisis de 2008-2009 terminó con la bonanza económica de América Latina y la segunda década del siglo XXI se caracterizó por el estancamiento económico y la profundización de la desigualdad, lo que ha dado paso a profundas crisis sociales y políticas, como las de Chile, Perú y Colombia, en donde están resurgiendo movimientos políticos comunistas.

A nivel mundial, la globalización propició el surgimiento de China y varios países asiáticos, dándoles mayor peso económico y político. Por su parte,  Occidente ha perdido fuerza y parte de sus ciudadanos se sienten perdedores del actual proceso de globalización, favoreciendo el surgimiento de movimientos radicales de derecha e izquierda. Europa es, actualmente, un caldo de cultivo de movimientos políticos extremistas.

Lo más preocupante es que el faro de la democracia de los últimos setenta años, Estados Unidos, parece estar sumido en su propia crisis interna. La radicalización del discurso político en ese país repercute a nivel mundial y debilita su posición de líder del mundo occidental.

La idea de que el régimen autoritario de China es “más eficiente” que las democracias occidentales toma fuerza y puede tener consecuencias desastrosas para el mundo en las próximas décadas.

Es claro que, a nivel mundial, se han perdido los ideales democráticos de los años noventa y hoy vemos el resurgimiento de caudillos de derecha e izquierda, con alto apoyo popular. Y junto con ello, vemos el cuestionamiento al capitalismo y la globalización. Las ideas socialistas y comunistas están de vuelta en muchos países y se expandirán en los próximos años.

Estamos con el “clima” perfecto para el retorno de los dictadores. No es que hayan desaparecido, pero es muy probable que veamos una proliferación de regímenes autoritarios en la tercera década del siglo XXI. Adiós a la democracia liberal.

*Esta columna fue originalmente publicada en: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/05/09/el-regreso-de-los-dictadores/