Tres casos penales y un sistema agotado

Desde 2018, CICIG y FECI han venido develando -en actos de una ópera tragicómica- la realidad de un sistema de comisiones de postulación que se ha agotado en su totalidad.

Recordemos. Con la Constitución del 85, pero particularmente luego de la Reforma Constitucional de 1993, se estableció un sistema de tipo corporativista para designar a las altas autoridades del Organismo Judicial. Ese modelo corporativista llamaba a que rectores, decanos de derecho, representantes del Colegio de Abogados y pares dentro del sistema de justicia, se encargaran de la elaboración de las nóminas de candidatos de la cual el Congreso designaría a los magistrados de las altas cortes.

La lógica parecía impecable: si la élite académica y profesional del gremio de juristas elaboraba un listado de candidatos con las más altas credenciales académicas y profesionales, los diputados quedaban amarrados de manos para cooptar las cortes del país. De esa forma, las comisiones de postulación debían de constituir la salvaguarda de que el sistema de justicia sería independiente con magistrados honorables, idóneos y electos mediante la evaluación del mérito.

Todo eso empezó a cambiar a partir del 2000. Personajes como Roberto López Villatoro (el rey del tenis), Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y una nueva generación de operadores entendieron los entretelones del sistema. Mediante la organización de redes clientelares de abogados, que les permitieran ganar las elecciones en el CANG, podían acceder a espacios de influencia en las postuladoras. Una vez ahí, ganaban cuotas de poder para repartir espacios en las listas de nominados. Accedían a prebendas, al asegurar que candidatos propuestos por poderes externos accedieran al listado. Y obtenían prebendas en el proceso.

El caso Comisiones Paralelas 2020, fase I, recién develado por FECI, revela una parte de la realidad. Operadores como Gálvez, Luis Fernando Ruiz o Murphy Paiz, que tienen acceso directo o indirecto a escaños en la postuladora (Gálvez y Ruiz mediante grupos gremiales que les permiten obtener un número de asientos en las comisiones) se reparten cuotas de cuántos candidatos pueden colar al listado final. Por ejemplo, el grupo de Gálvez tenía 4 representantes en la Comisión, por lo que tenía derecho a 40 candidatos; Ruiz tenía 2 representantes, por lo que tenía derecho a 20 candidatos; y así sucesivamente. Una vez repartidas las cuotas, los operadores acordaban los listados de candidatos que debían integrar la nómina. Y en un ejemplo de disciplina gremial, los comisionados votaban -casi de forma íntegra- por los candidatos acordados por sus padrinos.

La razón detrás de esa disciplina (difícil de explicar desde una perspectiva de Public Choice o de asimetrías de información) se explica con la realidad develada en el Caso Comisiones Paralelas 2014, develado por CICIG-FECI en febrero 2018. Para la elección de Cortes 2014, el Rey del Tenis (un operador de ese proceso) sufragó los gastos de campaña de un grupo gremial, incluyendo fiestas, cenas, desayunos, salones de hotel, etc. Más relevante aún, López Villatoro habría obsequiado un apartamento al entonces magistrado Eddy Orellana Donis, quien fungía como Comisionado en la postuladora. Es decir, la lealtad de los postuladores hacia los operadores es consecuencia de financiamiento de campaña o prebendas ilícitas. Eso explica la razón por la que los comisionados votan por los listados encargados por sus padrinos.

Más importante aún es conocer cómo los operadores se convierten en puentes con poderes externos. La denuncia de Comisiones Paralelas 2014, fase II, presentada por CICIG en 2019, revela la forma en que Gustavo Herrera y López Villatoro tenían contacto con dos personajes claves del entonces mundo político: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Es decir, el listado acordado no sólo seguía una lógica clientelar del operador hacia su red, sino además, respondía a solicitudes y demandas de poderes superiores. Sinibaldi y Baldizón -por cierto- acordarían más delante la elección final de magistrados por el Congreso.

Caso similar se evidenció en el caso del viernes pasado. Gustavo Alejos, el pulpo de la captura del Estado, sabía que para colocar candidatos en la nómina final se requería del voto de 24 comisionados. Para ello, prefirió interactuar con operadores y no necesariamente con los comisionados en lo individual. De esa forma Galvez, Paíz y Ruiz actuaban como puentes entre la Postuladora y el interés criminal de Alejos.

Del nombre del caso del viernes pasado se deduce que habrá más fases en la investigación sobre el intento de grupos criminales y políticos de cooptar la elección de altas cortes del 2019. Pero sólo con estos hallazgos, más el aprendizaje del proceso 2014, la realidad del sistema ha quedado desnudada. Las comisiones de postulación son una gran farsa, donde la evaluación del mérito, credenciales académicas y profesionales de los candidatos es irreal. Por el contrario, donde se negocian cuotas de poder, entre grupo gremiales clientelares y poderes externos (sean políticos, económicos o criminales).

Bajo esa realidad, el sistema de justicia en Guatemala no es ni independiente, ni probo, ni meritocrático. Al final, las cortes son un botín más al servicio de las mafias. Y eso, nos vuelve un Estado fallido.

Tres casos penales y un sistema agotado

Desde 2018, CICIG y FECI han venido develando -en actos de una ópera tragicómica- la realidad de un sistema de comisiones de postulación que se ha agotado en su totalidad.

Recordemos. Con la Constitución del 85, pero particularmente luego de la Reforma Constitucional de 1993, se estableció un sistema de tipo corporativista para designar a las altas autoridades del Organismo Judicial. Ese modelo corporativista llamaba a que rectores, decanos de derecho, representantes del Colegio de Abogados y pares dentro del sistema de justicia, se encargaran de la elaboración de las nóminas de candidatos de la cual el Congreso designaría a los magistrados de las altas cortes.

La lógica parecía impecable: si la élite académica y profesional del gremio de juristas elaboraba un listado de candidatos con las más altas credenciales académicas y profesionales, los diputados quedaban amarrados de manos para cooptar las cortes del país. De esa forma, las comisiones de postulación debían de constituir la salvaguarda de que el sistema de justicia sería independiente con magistrados honorables, idóneos y electos mediante la evaluación del mérito.

Todo eso empezó a cambiar a partir del 2000. Personajes como Roberto López Villatoro (el rey del tenis), Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y una nueva generación de operadores entendieron los entretelones del sistema. Mediante la organización de redes clientelares de abogados, que les permitieran ganar las elecciones en el CANG, podían acceder a espacios de influencia en las postuladoras. Una vez ahí, ganaban cuotas de poder para repartir espacios en las listas de nominados. Accedían a prebendas, al asegurar que candidatos propuestos por poderes externos accedieran al listado. Y obtenían prebendas en el proceso.

El caso Comisiones Paralelas 2020, fase I, recién develado por FECI, revela una parte de la realidad. Operadores como Gálvez, Luis Fernando Ruiz o Murphy Paiz, que tienen acceso directo o indirecto a escaños en la postuladora (Gálvez y Ruiz mediante grupos gremiales que les permiten obtener un número de asientos en las comisiones) se reparten cuotas de cuántos candidatos pueden colar al listado final. Por ejemplo, el grupo de Gálvez tenía 4 representantes en la Comisión, por lo que tenía derecho a 40 candidatos; Ruiz tenía 2 representantes, por lo que tenía derecho a 20 candidatos; y así sucesivamente. Una vez repartidas las cuotas, los operadores acordaban los listados de candidatos que debían integrar la nómina. Y en un ejemplo de disciplina gremial, los comisionados votaban -casi de forma íntegra- por los candidatos acordados por sus padrinos.

La razón detrás de esa disciplina (difícil de explicar desde una perspectiva de Public Choice o de asimetrías de información) se explica con la realidad develada en el Caso Comisiones Paralelas 2014, develado por CICIG-FECI en febrero 2018. Para la elección de Cortes 2014, el Rey del Tenis (un operador de ese proceso) sufragó los gastos de campaña de un grupo gremial, incluyendo fiestas, cenas, desayunos, salones de hotel, etc. Más relevante aún, López Villatoro habría obsequiado un apartamento al entonces magistrado Eddy Orellana Donis, quien fungía como Comisionado en la postuladora. Es decir, la lealtad de los postuladores hacia los operadores es consecuencia de financiamiento de campaña o prebendas ilícitas. Eso explica la razón por la que los comisionados votan por los listados encargados por sus padrinos.

Más importante aún es conocer cómo los operadores se convierten en puentes con poderes externos. La denuncia de Comisiones Paralelas 2014, fase II, presentada por CICIG en 2019, revela la forma en que Gustavo Herrera y López Villatoro tenían contacto con dos personajes claves del entonces mundo político: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Es decir, el listado acordado no sólo seguía una lógica clientelar del operador hacia su red, sino además, respondía a solicitudes y demandas de poderes superiores. Sinibaldi y Baldizón -por cierto- acordarían más delante la elección final de magistrados por el Congreso.

Caso similar se evidenció en el caso del viernes pasado. Gustavo Alejos, el pulpo de la captura del Estado, sabía que para colocar candidatos en la nómina final se requería del voto de 24 comisionados. Para ello, prefirió interactuar con operadores y no necesariamente con los comisionados en lo individual. De esa forma Galvez, Paíz y Ruiz actuaban como puentes entre la Postuladora y el interés criminal de Alejos.

Del nombre del caso del viernes pasado se deduce que habrá más fases en la investigación sobre el intento de grupos criminales y políticos de cooptar la elección de altas cortes del 2019. Pero sólo con estos hallazgos, más el aprendizaje del proceso 2014, la realidad del sistema ha quedado desnudada. Las comisiones de postulación son una gran farsa, donde la evaluación del mérito, credenciales académicas y profesionales de los candidatos es irreal. Por el contrario, donde se negocian cuotas de poder, entre grupo gremiales clientelares y poderes externos (sean políticos, económicos o criminales).

Bajo esa realidad, el sistema de justicia en Guatemala no es ni independiente, ni probo, ni meritocrático. Al final, las cortes son un botín más al servicio de las mafias. Y eso, nos vuelve un Estado fallido.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

El Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las modificaciones surgen luego del proceso de revisión de la normativa a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que incluyó a varios sectores de sociedad civil. La propuesta pretende reformar 44 artículos e  incluye algunos puntos que podrían mejorar la calidad del proceso electoral. Sin embargo, uno de los cambios  despierta los fantasmas del pasado respecto al transfuguismo. 

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se hizo en 2016 pretendía responder a las demandas de las protestas ciudadanas del año anterior. Uno de los grandes males que buscaba contrarrestar era efectivamente el transfuguismo. De acuerdo con los cambios incorporados en aquel entonces, se considera transfuguismo cuando un diputado renuncia a su partido. Cuando eso sucede, el diputado pasa a ser de  “segunda categoría”, los otros partidos tienen prohibido incluirlo dentro de su bloque legislativo. Es decir, pierde una serie de privilegios a los que puede optar siendo parte de un bloque legislativo, tales como presidir una comisión dentro del Congreso o ser parte de la Junta Directiva.

Pero, ¿qué sucede cuando ese partido se cancela? ¿qué pasa cuando hay una fragmentación del partido? Esos puntos no estaban incluídos en la normativa y con ese espíritu probablemente se intentó modificar la ley para que no exista ese vacío legal que antes había. La propuesta pretende modificar y excluir de la prohibición a los diputados en casos de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de los partidos. Pero, ¿es el TSE el encargado de encaminar estos cambios? ¿Por qué se presenta ahora? ¿A quiénes podría beneficiar? 

Esta propuesta debe analizarse a la luz del contexto político pues algunos diputados podrían beneficiarse de manera directa con los cambios propuestos en esta materia. 

Actualmente hay dos bancadas a cuyos diputados una reforma en esta vía les permitiría mantener sus privilegios: la UNE y la UCN. La UNE por estar en proceso de cancelación y la UCN por ser cancelada recientemente. La UNE y la UCN tienen en conjunto la presidencia de más de 10 comisiones dentro del Congreso y puestos dentro de la Junta Directiva. De ser considerados tránsfugas, perderían sus cuotas de poder. 

Los más de 80 diputados de esos dos partidos que actualmente integran el legislativo podrían sumar la cantidad suficiente de votos para aprobar los cambios, sin debate y sin contrapesos suficientes como se ha visto en procesos anteriores con la aprobación del presupuesto en noviembre de 2020 o la juramentación a Mynor Moto en enero de este año. 

El transfuguismo en sí mismo no es algo “malo”. Sin embargo, en Guatemala los ciudadanos escogemos a nuestros diputados al votar por el listado propuesto por el partido político. Por tanto, cuando un diputado se cambia de partido, constituye una traición a la intención del votante. Más allá de eso, es importante mencionar que los partidos políticos en nuestro país no constituyen grupos ideológicos, con visión y estrategias de largo plazo, sino que  son meros vehículos electorales para acceder a puestos dentro del gobierno. Cambiarse de un partido a otro, es “más de lo mismo”.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

La reforma electoral es importante, porque permitirá construir un sistema electoral que responda al ciudadano. En la propuesta se incluyen varios puntos importantes que pueden mejorar la calidad del proceso como el posible sistema integrado del RENAP con el TSE, la franja electoral, los listados desbloqueados, entre otros aspectos que merece la pena evaluar. Sin embargo, la reforma sobre la materia del transfuguismo despierta malestar y varios fantasmas del pasado. 

Los ciudadanos debemos estar atentos a lo que pueda o no aprobarse de la propuesta de reforma a la LEPP que presentó el TSE. Los cambios que se hagan en la ley  electoral deben procurar construir un sistema electoral más transparente y representativo, a la medida del ciudadano.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

El Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las modificaciones surgen luego del proceso de revisión de la normativa a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que incluyó a varios sectores de sociedad civil. La propuesta pretende reformar 44 artículos e  incluye algunos puntos que podrían mejorar la calidad del proceso electoral. Sin embargo, uno de los cambios  despierta los fantasmas del pasado respecto al transfuguismo. 

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se hizo en 2016 pretendía responder a las demandas de las protestas ciudadanas del año anterior. Uno de los grandes males que buscaba contrarrestar era efectivamente el transfuguismo. De acuerdo con los cambios incorporados en aquel entonces, se considera transfuguismo cuando un diputado renuncia a su partido. Cuando eso sucede, el diputado pasa a ser de  “segunda categoría”, los otros partidos tienen prohibido incluirlo dentro de su bloque legislativo. Es decir, pierde una serie de privilegios a los que puede optar siendo parte de un bloque legislativo, tales como presidir una comisión dentro del Congreso o ser parte de la Junta Directiva.

Pero, ¿qué sucede cuando ese partido se cancela? ¿qué pasa cuando hay una fragmentación del partido? Esos puntos no estaban incluídos en la normativa y con ese espíritu probablemente se intentó modificar la ley para que no exista ese vacío legal que antes había. La propuesta pretende modificar y excluir de la prohibición a los diputados en casos de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de los partidos. Pero, ¿es el TSE el encargado de encaminar estos cambios? ¿Por qué se presenta ahora? ¿A quiénes podría beneficiar? 

Esta propuesta debe analizarse a la luz del contexto político pues algunos diputados podrían beneficiarse de manera directa con los cambios propuestos en esta materia. 

Actualmente hay dos bancadas a cuyos diputados una reforma en esta vía les permitiría mantener sus privilegios: la UNE y la UCN. La UNE por estar en proceso de cancelación y la UCN por ser cancelada recientemente. La UNE y la UCN tienen en conjunto la presidencia de más de 10 comisiones dentro del Congreso y puestos dentro de la Junta Directiva. De ser considerados tránsfugas, perderían sus cuotas de poder. 

Los más de 80 diputados de esos dos partidos que actualmente integran el legislativo podrían sumar la cantidad suficiente de votos para aprobar los cambios, sin debate y sin contrapesos suficientes como se ha visto en procesos anteriores con la aprobación del presupuesto en noviembre de 2020 o la juramentación a Mynor Moto en enero de este año. 

El transfuguismo en sí mismo no es algo “malo”. Sin embargo, en Guatemala los ciudadanos escogemos a nuestros diputados al votar por el listado propuesto por el partido político. Por tanto, cuando un diputado se cambia de partido, constituye una traición a la intención del votante. Más allá de eso, es importante mencionar que los partidos políticos en nuestro país no constituyen grupos ideológicos, con visión y estrategias de largo plazo, sino que  son meros vehículos electorales para acceder a puestos dentro del gobierno. Cambiarse de un partido a otro, es “más de lo mismo”.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

La reforma electoral es importante, porque permitirá construir un sistema electoral que responda al ciudadano. En la propuesta se incluyen varios puntos importantes que pueden mejorar la calidad del proceso como el posible sistema integrado del RENAP con el TSE, la franja electoral, los listados desbloqueados, entre otros aspectos que merece la pena evaluar. Sin embargo, la reforma sobre la materia del transfuguismo despierta malestar y varios fantasmas del pasado. 

Los ciudadanos debemos estar atentos a lo que pueda o no aprobarse de la propuesta de reforma a la LEPP que presentó el TSE. Los cambios que se hagan en la ley  electoral deben procurar construir un sistema electoral más transparente y representativo, a la medida del ciudadano.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Hablar hoy del riesgo autoritario que representa una figura como Nayib Bukele es un tema escabroso pues el presidente salvadoreño se encuentra en su pico de popularidad. En noviembre de 2020, la encuestadora Cid Gallup publicó que Bukele disfrutaba de un 96% de aprobación, un número sin duda inaudito para cualquier mandatario latinoamericano, particularmente en el contexto de la pandemia que ha puesto en jaque a muchos gobiernos del mundo.

A pesar de su popularidad, varias actitudes autoritarias del presidente salvadoreño comienzan a llamar la atención. En abril del 2020, el periodista salvadoreño Óscar Martínez publicó en el New York Times una columna de opinión llamada Bukele, el autoritario, en esta el periodista hace un recuento de las principales alertas del autoritarismo en ciernes del gobierno de Nayib Bukele, a quien señala de haber tomado el Congreso (en donde no tenía diputados de su partido) con el ejército y la policía para obligar a los diputados de oposición a negociar un préstamo que necesitaba; en palabras del propio gobernante, detuvo el desmantelamiento del Congreso porque, luego de orar, “Dios le pidió que tuviera paciencia”.

La toma violenta del Congreso fue probablemente la muestra más clara del carácter autoritario de Bukele, pero no la única. Martínez también le señala de gobernar a punta de decretos improvisados en Twitter, a los que sus funcionarios responden públicamente con ciega obediencia. En uno de estos decretos durante el confinamiento de la pandemia, Bukele ordenó a los militares detener arbitrariamente a cualquier persona que violara la cuarentena domiciliar, sin tener una excusa que pudiera convencer a quien le detuvo. También motivaba a las fuerzas de seguridad a entrar de manera arbitraria en los hogares de personas sospechosas de estar contagiadas y a decomisar vehículos de personas que estuvieran en la calle. La Sala Constitucional de El Salvador emitió declaraciones declarando improcedentes las normas de Bukele, cosa que el presidente pasó por alto cuando decidió desobedecerlas.

Su relación con la prensa también ha levantado muchas alertas. Desde amenazas, acoso, ataques de sus seguidores a periodistas, hasta el extremo de abrir una investigación con el Ministerio de Hacienda en contra de El Faro, Bukele ha demostrado que no está dispuesto a permitir el trabajo de la prensa independiente en El Salvador, algo que comienza a llamar la atención de la comunidad internacional también.

Sin embargo, nada de esto parece afectar la popularidad del presidente salvadoreño, cosa que no debería extrañar demasiado. Bukele logrará mantener esta popularidad mientras pueda seguir dando la imagen a su votante que está cumpliendo lo que ofrece, aunque esto signifique pasar encima de los Derechos Humanos, desobedecer órdenes judiciales o perseguir a quienes le fiscalizan.

Por su actualidad y relevancia, el caso de Nayib Bukele en El Salvador es útil para hablar sobre el estado de la democracia y la libertad en América Latina y particularmente Centroamérica. Las grandes oleadas democratizadoras del siglo pasado trajeron gran esperanza a la región, se creía que vendrían acompañadas de desarrollo, pero no fue así en todos los casos.

En muchos países, los gobiernos de la era democrática demostraron ser corruptos y poco eficientes, la vida en libertad no les sentó bien a los políticos que fueron criados en dictaduras y vieron esto como una oportunidad para enriquecerse y no para construir Estados que resolvieran los problemas de las grandes mayorías. Es verdad en El Salvador con el bipartidismo ARENA-FMLN que vino a romper Bukele y es verdad para Guatemala con un sistema atomizado de partidos que no tienen una clara línea ideológica.

Los resultados de la ineficiencia gubernamental y la falta de desarrollo son el desencanto con la democracia y la consecuente búsqueda de líderes carismáticos, populistas y abusivos pero eficientes. Eso es Bukele, es lo que admira la gente que le da ese 96% de popularidad y lo que admiran también muchos guatemaltecos cuando ven la consistente ineficiencia de sus políticos. Los reclamos ante la crítica que se puede hacer al autoritarismo en ciernes de Bukele son constantes “es eficiente”, “resuelve”, “ya quisiéramos aquí”. Todo se repite en un canto desesperado por encontrar solución a los miles de problemas que aqueja a este territorio.

Todo esto puede empeorar, para 2018 el desencanto con la democracia en América Latina ya alcanzaba niveles preocupantes, el informe de Latinobarómetro reportaba que el 71% de las personas en la región están insatisfechos con la democracia en sus países. Un preocupante resultado de años de corrupción e ineficiencia, que llevan estos países a una deriva autoritario, algunos antes que otros.

La libertad y la democracia son bienes que se valoran más cuando se han perdido, es el caso de esos países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua que han caído en espirales autoritarias de las que no se puede salir fácilmente. Si el resto de países latinoamericanos no se ven en el espejo de esos países, si Guatemala no se ve en el espejo de El Salvador y de Nicaragua, más temprano que tarde podrían estar experimentando la pérdida total o parcial de su libertad y sus imperfectas democracias.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Hablar hoy del riesgo autoritario que representa una figura como Nayib Bukele es un tema escabroso pues el presidente salvadoreño se encuentra en su pico de popularidad. En noviembre de 2020, la encuestadora Cid Gallup publicó que Bukele disfrutaba de un 96% de aprobación, un número sin duda inaudito para cualquier mandatario latinoamericano, particularmente en el contexto de la pandemia que ha puesto en jaque a muchos gobiernos del mundo.

A pesar de su popularidad, varias actitudes autoritarias del presidente salvadoreño comienzan a llamar la atención. En abril del 2020, el periodista salvadoreño Óscar Martínez publicó en el New York Times una columna de opinión llamada Bukele, el autoritario, en esta el periodista hace un recuento de las principales alertas del autoritarismo en ciernes del gobierno de Nayib Bukele, a quien señala de haber tomado el Congreso (en donde no tenía diputados de su partido) con el ejército y la policía para obligar a los diputados de oposición a negociar un préstamo que necesitaba; en palabras del propio gobernante, detuvo el desmantelamiento del Congreso porque, luego de orar, “Dios le pidió que tuviera paciencia”.

La toma violenta del Congreso fue probablemente la muestra más clara del carácter autoritario de Bukele, pero no la única. Martínez también le señala de gobernar a punta de decretos improvisados en Twitter, a los que sus funcionarios responden públicamente con ciega obediencia. En uno de estos decretos durante el confinamiento de la pandemia, Bukele ordenó a los militares detener arbitrariamente a cualquier persona que violara la cuarentena domiciliar, sin tener una excusa que pudiera convencer a quien le detuvo. También motivaba a las fuerzas de seguridad a entrar de manera arbitraria en los hogares de personas sospechosas de estar contagiadas y a decomisar vehículos de personas que estuvieran en la calle. La Sala Constitucional de El Salvador emitió declaraciones declarando improcedentes las normas de Bukele, cosa que el presidente pasó por alto cuando decidió desobedecerlas.

Su relación con la prensa también ha levantado muchas alertas. Desde amenazas, acoso, ataques de sus seguidores a periodistas, hasta el extremo de abrir una investigación con el Ministerio de Hacienda en contra de El Faro, Bukele ha demostrado que no está dispuesto a permitir el trabajo de la prensa independiente en El Salvador, algo que comienza a llamar la atención de la comunidad internacional también.

Sin embargo, nada de esto parece afectar la popularidad del presidente salvadoreño, cosa que no debería extrañar demasiado. Bukele logrará mantener esta popularidad mientras pueda seguir dando la imagen a su votante que está cumpliendo lo que ofrece, aunque esto signifique pasar encima de los Derechos Humanos, desobedecer órdenes judiciales o perseguir a quienes le fiscalizan.

Por su actualidad y relevancia, el caso de Nayib Bukele en El Salvador es útil para hablar sobre el estado de la democracia y la libertad en América Latina y particularmente Centroamérica. Las grandes oleadas democratizadoras del siglo pasado trajeron gran esperanza a la región, se creía que vendrían acompañadas de desarrollo, pero no fue así en todos los casos.

En muchos países, los gobiernos de la era democrática demostraron ser corruptos y poco eficientes, la vida en libertad no les sentó bien a los políticos que fueron criados en dictaduras y vieron esto como una oportunidad para enriquecerse y no para construir Estados que resolvieran los problemas de las grandes mayorías. Es verdad en El Salvador con el bipartidismo ARENA-FMLN que vino a romper Bukele y es verdad para Guatemala con un sistema atomizado de partidos que no tienen una clara línea ideológica.

Los resultados de la ineficiencia gubernamental y la falta de desarrollo son el desencanto con la democracia y la consecuente búsqueda de líderes carismáticos, populistas y abusivos pero eficientes. Eso es Bukele, es lo que admira la gente que le da ese 96% de popularidad y lo que admiran también muchos guatemaltecos cuando ven la consistente ineficiencia de sus políticos. Los reclamos ante la crítica que se puede hacer al autoritarismo en ciernes de Bukele son constantes “es eficiente”, “resuelve”, “ya quisiéramos aquí”. Todo se repite en un canto desesperado por encontrar solución a los miles de problemas que aqueja a este territorio.

Todo esto puede empeorar, para 2018 el desencanto con la democracia en América Latina ya alcanzaba niveles preocupantes, el informe de Latinobarómetro reportaba que el 71% de las personas en la región están insatisfechos con la democracia en sus países. Un preocupante resultado de años de corrupción e ineficiencia, que llevan estos países a una deriva autoritario, algunos antes que otros.

La libertad y la democracia son bienes que se valoran más cuando se han perdido, es el caso de esos países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua que han caído en espirales autoritarias de las que no se puede salir fácilmente. Si el resto de países latinoamericanos no se ven en el espejo de esos países, si Guatemala no se ve en el espejo de El Salvador y de Nicaragua, más temprano que tarde podrían estar experimentando la pérdida total o parcial de su libertad y sus imperfectas democracias.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Una pandemia es una prueba de gobernanza

Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección, que pueden cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación.

En las últimas semanas vimos cómo una de las democracias más respetadas y admiradas del planeta puso a prueba sus instituciones, puso a prueba su Sistema de Justicia, puso a prueba a sus líderes y ciudadanos que creen en la democracia y a quienes respetan y defienden la ley y los valores que heredaron de los padres fundado- res de esa gran nación.

Los Estados Unidos de América demostró una vez más la fuerza y la confianza que les da la libertad, su valor principal, y el corazón y la razón de su éxito como nación. Estados Unidos demostró una vez más que el Estado de Derecho es la columna y el fundamento sobre el que luchan cada día para resolver sus problemas, aliviar sus diferencias; enfrentar los desafíos que presenta la fragilidad inherente a la democracia, precisamente por su naturaleza democrática, fundada en la libertad.

Estos son los valores y los sacrificios, la condición para construir una nación de oportunidades en libertad; una nación donde gobernantes y gobernados respetan la ley, y quien no lo hiciera, enfrenta la justicia.

En medio del drama y la expectativa mundial sobre el desenlace de un extraño paréntesis en el Faro Liberal de Occidente, como lo anunciaron los pronósticos, estamos enfrentando la segunda ola de una pandemia.

Para los habitantes de esta tierra, que estamos viviendo estos tiempos, a pesar de los capítulos difíciles de nuestra historia, sin duda, ésta es la crisis más severa y dolorosa de nuestras vidas.

En América Central, al virus, a nuestro subdesarrollo político, a la pobreza y a la debilidad estructural de nuestros Estados, se sumaron más hambre y la pérdida de oportunidades, que ya eran  escasas antes de la pandemia.

Una pandemia es una prueba de gobernanza, no la que intentan, o no, los gobiernos sin recursos humanos y financieros suficientes; una pandemia es una prueba de gobernanza personal.

El sentido de responsabilidad individual y sacrificio por los de- más, virtudes como el valor y la disciplina con que actuamos para cuidarnos unos a otros, la solidaridad, el equilibrio perfecto para preservar la economía, fuente de sobrevivencia, son la ecuación indispensable para llegar al otro lado de este valle de lágrimas con la mayor cantidad de vidas salvadas y con los ánimos fuertes para seguir luchando.

El 2021 será el año en que los países  desarrollados se vacunarán y empezarán el camino que los llevará al mundo que les tocará vivir después de una pandemia, con los cambios en el diario vivir, el trabajo desde casa, las novedades tecnológicas, la nueva realidad en los modelos de empresa y negocio, con los que sobrevivieron porque se adaptaron y los que se quedaron en el campo de batalla, porque ese era su destino. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina.

Una de las grandes lecciones que dejará esta pandemia es la importancia de la economía. Ésta no puede ser instrumento o excusa de conflicto ideológico. La economía solo puede funcionar y florecer en un marco de libertad y certeza jurídica. La inversión, la creación de oportunidades y el mercado son los instrumentos que desarrollan naciones.

Cuidando la vida de los demás cuidaremos la nuestra, trabajando duro aliviaremos el dolor que provocan la pobreza y la falta de esperanza. Y si confiamos en nosotros mismos, practicamos un optimismo inteligente y somos ciudadanos presentes y defensores de la Libertad, la Democracia, la República y un modelo de desarrollo inteligente y estratégico, conquistaremos el futuro que merece la región que habitamos.

Esta es la prueba de nuestras vidas y el único camino para rescatar la senda del progreso.

Una pandemia es una prueba de gobernanza

Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección, que pueden cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación.

En las últimas semanas vimos cómo una de las democracias más respetadas y admiradas del planeta puso a prueba sus instituciones, puso a prueba su Sistema de Justicia, puso a prueba a sus líderes y ciudadanos que creen en la democracia y a quienes respetan y defienden la ley y los valores que heredaron de los padres fundado- res de esa gran nación.

Los Estados Unidos de América demostró una vez más la fuerza y la confianza que les da la libertad, su valor principal, y el corazón y la razón de su éxito como nación. Estados Unidos demostró una vez más que el Estado de Derecho es la columna y el fundamento sobre el que luchan cada día para resolver sus problemas, aliviar sus diferencias; enfrentar los desafíos que presenta la fragilidad inherente a la democracia, precisamente por su naturaleza democrática, fundada en la libertad.

Estos son los valores y los sacrificios, la condición para construir una nación de oportunidades en libertad; una nación donde gobernantes y gobernados respetan la ley, y quien no lo hiciera, enfrenta la justicia.

En medio del drama y la expectativa mundial sobre el desenlace de un extraño paréntesis en el Faro Liberal de Occidente, como lo anunciaron los pronósticos, estamos enfrentando la segunda ola de una pandemia.

Para los habitantes de esta tierra, que estamos viviendo estos tiempos, a pesar de los capítulos difíciles de nuestra historia, sin duda, ésta es la crisis más severa y dolorosa de nuestras vidas.

En América Central, al virus, a nuestro subdesarrollo político, a la pobreza y a la debilidad estructural de nuestros Estados, se sumaron más hambre y la pérdida de oportunidades, que ya eran  escasas antes de la pandemia.

Una pandemia es una prueba de gobernanza, no la que intentan, o no, los gobiernos sin recursos humanos y financieros suficientes; una pandemia es una prueba de gobernanza personal.

El sentido de responsabilidad individual y sacrificio por los de- más, virtudes como el valor y la disciplina con que actuamos para cuidarnos unos a otros, la solidaridad, el equilibrio perfecto para preservar la economía, fuente de sobrevivencia, son la ecuación indispensable para llegar al otro lado de este valle de lágrimas con la mayor cantidad de vidas salvadas y con los ánimos fuertes para seguir luchando.

El 2021 será el año en que los países  desarrollados se vacunarán y empezarán el camino que los llevará al mundo que les tocará vivir después de una pandemia, con los cambios en el diario vivir, el trabajo desde casa, las novedades tecnológicas, la nueva realidad en los modelos de empresa y negocio, con los que sobrevivieron porque se adaptaron y los que se quedaron en el campo de batalla, porque ese era su destino. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina.

Una de las grandes lecciones que dejará esta pandemia es la importancia de la economía. Ésta no puede ser instrumento o excusa de conflicto ideológico. La economía solo puede funcionar y florecer en un marco de libertad y certeza jurídica. La inversión, la creación de oportunidades y el mercado son los instrumentos que desarrollan naciones.

Cuidando la vida de los demás cuidaremos la nuestra, trabajando duro aliviaremos el dolor que provocan la pobreza y la falta de esperanza. Y si confiamos en nosotros mismos, practicamos un optimismo inteligente y somos ciudadanos presentes y defensores de la Libertad, la Democracia, la República y un modelo de desarrollo inteligente y estratégico, conquistaremos el futuro que merece la región que habitamos.

Esta es la prueba de nuestras vidas y el único camino para rescatar la senda del progreso.

El Congreso de la República debe designar un magistrado titular con su respectivo suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En la lista de aspirantes, que se hizo pública hace poco, figuran dos diputados del Congreso: Luis Rosales (VALOR) y José Alejandro de León Maldonado (PODEMOS).

Es cierto que la Constitución dispone que los órganos respectivos los “designan” (artículo 260) y que hay unos requisitos (artículo 270). Pero eso no es una carta en blanco y ni cualquier proceso de designación debe ser válido ni cualquier persona que reúna esos requisitos mínimos debe ser designada para ocupar la magistratura.

Los órganos nominadores no son monarcas absolutos, de ahí la crítica al sistema cerrado y secreto por el que parece haber optado el presidente. Pero eso da para otra columna.

Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente “independiente e imparcial…” y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también refiere que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” 

¿Qué implica esto? Que, si las designaciones que hagan los órganos nominadores no cumplen con evaluar el mérito, la capacidad y reconocida honorabilidad (artículos 113 y 270 constitucionales, además) y nos garantizan que se instalará un tribunal imparcial e independiente, se pone en entredicho nuestro derecho al debido proceso y a un juicio justo.

¿Conclusión que yo saco en abstracto? No. El Comité de Derechos Humanos ha expresado respecto del artículo 14 de la PIDCP que “El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces” (Resaltado propio). Más adelante, dice la Comisión, “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento” (Resaltado propio). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más lejos y ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Resaltado propio).

Dicho lo anterior, ¿no constituye un conflicto de interés insalvable designar a un diputado como magistrado al tribunal constitucional? Considere el lector que el o los diputados aspirantes tienen la capacidad de negociar los votos para su designación, con lo cual ésta sería profundamente política y carente de cualquier consideración técnica y de criterios objetivos para su designación.

Algunos invocarán la designación de Alejandro Maldonado Aguirre en el año 2006 cuando era diputado al Congreso por el Partido Unionista como un precedente a esta cuestión. No cabe duda de que merece un debate más profundo aquel suceso, pero tampoco cabe duda de que hay diferencias importantes.

Maldonado Aguirre tenía unas credenciales que dan más crédito a su designación. En primer lugar, fue uno de los arquitectos de la actual Constitución como diputado constituyente y miembro de la Comisión de los 30 y como magistrado de la primera y tercera magistratura de la Corte de Constitucionalidad (1986-1991 y 1996-2001).

No cabe duda de que la situación hoy es muy distinta y entra en riña con los estándares en materia de Derechos Humanos que he citado antes. Una eventual designación de alguno de estos diputados daría lugar, sin duda, a un cuestionamiento en la vía constitucional.

Sí, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que la designación que haga el Congreso no es “impugnable”, pero ¿es acaso el amparo un medio de impugnación? No. Se trataría de una discusión referente a derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución en virtud de tratados internacionales en la materia.

El Congreso de la República debe designar un magistrado titular con su respectivo suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En la lista de aspirantes, que se hizo pública hace poco, figuran dos diputados del Congreso: Luis Rosales (VALOR) y José Alejandro de León Maldonado (PODEMOS).

Es cierto que la Constitución dispone que los órganos respectivos los “designan” (artículo 260) y que hay unos requisitos (artículo 270). Pero eso no es una carta en blanco y ni cualquier proceso de designación debe ser válido ni cualquier persona que reúna esos requisitos mínimos debe ser designada para ocupar la magistratura.

Los órganos nominadores no son monarcas absolutos, de ahí la crítica al sistema cerrado y secreto por el que parece haber optado el presidente. Pero eso da para otra columna.

Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente “independiente e imparcial…” y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también refiere que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” 

¿Qué implica esto? Que, si las designaciones que hagan los órganos nominadores no cumplen con evaluar el mérito, la capacidad y reconocida honorabilidad (artículos 113 y 270 constitucionales, además) y nos garantizan que se instalará un tribunal imparcial e independiente, se pone en entredicho nuestro derecho al debido proceso y a un juicio justo.

¿Conclusión que yo saco en abstracto? No. El Comité de Derechos Humanos ha expresado respecto del artículo 14 de la PIDCP que “El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces” (Resaltado propio). Más adelante, dice la Comisión, “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento” (Resaltado propio). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más lejos y ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Resaltado propio).

Dicho lo anterior, ¿no constituye un conflicto de interés insalvable designar a un diputado como magistrado al tribunal constitucional? Considere el lector que el o los diputados aspirantes tienen la capacidad de negociar los votos para su designación, con lo cual ésta sería profundamente política y carente de cualquier consideración técnica y de criterios objetivos para su designación.

Algunos invocarán la designación de Alejandro Maldonado Aguirre en el año 2006 cuando era diputado al Congreso por el Partido Unionista como un precedente a esta cuestión. No cabe duda de que merece un debate más profundo aquel suceso, pero tampoco cabe duda de que hay diferencias importantes.

Maldonado Aguirre tenía unas credenciales que dan más crédito a su designación. En primer lugar, fue uno de los arquitectos de la actual Constitución como diputado constituyente y miembro de la Comisión de los 30 y como magistrado de la primera y tercera magistratura de la Corte de Constitucionalidad (1986-1991 y 1996-2001).

No cabe duda de que la situación hoy es muy distinta y entra en riña con los estándares en materia de Derechos Humanos que he citado antes. Una eventual designación de alguno de estos diputados daría lugar, sin duda, a un cuestionamiento en la vía constitucional.

Sí, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que la designación que haga el Congreso no es “impugnable”, pero ¿es acaso el amparo un medio de impugnación? No. Se trataría de una discusión referente a derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución en virtud de tratados internacionales en la materia.