En el caso concreto la CC optó por dar una solución a un problema que, como insisto, afecta a varios principios constitucionales. Obviamente para resolverlo tuvo que hacer una interpretación muy amplia de la Constitución. Pudo ser más radical e incluso botar todo lo actuado por las comisiones de postulación, pero decidió permitir el avance del proceso bajo apercibimiento de que los aspirantes no “idóneos” o no “honorables” son inelegibles.

Antecedentes

Se suponía que para el 12 de octubre del año pasado ya tendríamos magistrados de Salas de Corte de Apelaciones (CdeA) y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, como expliqué en otra columna, en septiembre pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional por el que suspendía el proceso de elección de cortes debido a que se omitió la obligación de evaluar a los jueces y magistrados del sistema que quisieran optar a un cargo.

En diciembre, la CC resolvió en definitiva y dio unos parámetros muy básicos para que se llevara a cabo la evaluación. En febrero, las comisiones de postulación enviaron al Congreso las nóminas con los aspirantes, pero ese mismo día el Ministerio Público anunciaba una investigación en la que varios comisionados y aspirantes a magistrados (también diputados) se habían reunido con el procesado Gustavo Alejos.

Fruto de esas investigaciones, el MP presentó un amparo ante la CC, y ésta suspendió el proceso de elección de magistrados debido a que la imparcialidad de los aspirantes podía estar comprometida dados los indicios de manipulación que revelaba su investigación. La CC otorgó amparo provisional en febrero y ahora ha resuelto el caso de forma definitiva.

La resolución de la CC: una salida a un proceso empañado

Empañado puede ser el mejor adjetivo porque está claro que hasta hoy no hay condenas por un caso de manipulación de cortes. Sería imposible dados los tiempos pues el Ministerio Público tiene ahora mismo una investigación en curso. Pero lo que sabemos hasta hoy es suficiente para poner en entredicho la imparcialidad de varios actores involucrados en el proceso y sobre todo la idoneidad de algunos de ellos. Este último hecho es el que la Corte de Constitucionalidad toma como punto de partida para otorgar el amparo.

Siguiendo una línea jurisprudencial que sostuvo en los también impugnados casos de elección de cortes en 2009, de elección de fiscal general en 2010 y en otros casos análogos en materia electoral, la cuestión central es la aplicación del artículo 113 constitucional respecto de la capacidad, idoneidad y honradez de los funcionarios. Este aspecto, a su vez, afecta de forma directa la garantía de independencia judicial.

Esa opacidad compromete la transparencia del proceso de selección de magistrados y no permite garantizar la idoneidad de los aspirantes a ocupar la judicatura. En términos materiales transgrede los cánones constitucionales y convencionales en materia de independencia judicial.  

Ahora bien, ¿cómo pretende la Corte dar solución al problema? Aquí viene la parte más compleja. La CC ordena que ocurran tres cosas ahora:

1. Diez días después de firme el fallo, el Ministerio Público debe entregar al Congreso toda la información pertinente sobre investigaciones, acusaciones sobre los postulados y las sospechas que pueda haber sobre posible manipulación al proceso de selección de magistrados.

2. Después de lo anterior, los diputados tienen veinte días para evaluar la información que les dé el MP sobre los aspirantes y determinar si ésta pone “en duda su idoneidad y honorabilidad; sin que ello prejuzgue sobre la existencia o no de responsabilidad penal”. (El resaltado es mío). 

3. Luego, en un plazo de cinco días, el Congreso debe convocar a sesión plenaria para elegir magistrados de CdeA y CSJ. Pero además, y como ya lo habíamos visto en los procesos de designación de 2009 y 2014 (también impugnados, ver expediente 3635-2009 y expedientes acumulados 4639-2014, 4645-2014, 4646-2014 y 4647-2014), la CC les ordena que voten de “viva voz” pronunciando cada diputado los argumentos por los cuales creen que cada aspirante al que den su voto cumple con los requisitos de “idoneidad y honorabilidad”.

 La CC en la parte resolutiva ratifica (“por las dudas”) que debe “excluirse” del proceso a aquellos aspirantes que “derivado de los hechos notorios denunciados” por el Ministerio Público no reúnan las cualidades morales antes menciondas.

¿Es acertada la resolución? Cuando todas las soluciones son subóptimas

Para los legalistas y formalistas no cabe duda de que la sentencia no tiene asidero en las notas gramaticales del texto constitucional. Pero una lectura de ese tipo, aunque frecuente en nuestra cultura jurídica (y en la Francia del siglo XIX), no nos ayuda a entender el problema. Hay un problema concreto: el proceso de selección de jueces ha venido en franco deterioro y hay principios consagrados en nuestra Constitución que están siendo pisoteados por las prácticas cuestionables algunos grupos de interés e incluso por miembros del crimen organizado.

Dicho lo anterior, partamos del hecho de que todas las posibles salidas al problema eran subóptimas. En un extremo, si la CC se hubiese vestido con el traje del formalismo más purista y hubiese rehuido a dar solución a un problema tangible, habríamos acabado por elegir tribunales con vicios de legitimidad por resultados.

En el caso concreto la CC optó por dar una solución a un problema que, como insisto, afecta a varios principios constitucionales. Obviamente para resolverlo tuvo que hacer una interpretación muy amplia de la Constitución. Pudo ser más radical e incluso botar todo lo actuado por las comisiones de postulación, pero decidió permitir el avance del proceso bajo apercibimiento de que los aspirantes no “idóneos” o no “honorables” son inelegibles.

Por supuesto que hay cosas espinosas y no deseables en la solución hallada. En un país civilizado un tribunal constitucional ciertamente no se dedica a frenar la elección de sus cortes. Pero en un país civilizado no existen mecanismos tan burdos para seleccionar magistrados ni el crimen organizado mete su cuchara en los órganos de selección de jueces como en nuestro caso. Como es el sapo es la pedrada para decirlo de manera coloquial.

Ya sabemos que la jurisprudencia sobre la “idoneidad” y “honorabilidad” tiene el problema que se puede borrar la frontera entre el contenido de estos preceptos morales y la presunción de inocencia. Ante la disfuncionalidad del sistema esta ha sido la viciada solución que ha encontrado la CC. (Además es jurisprudencia refrendada por 3 magistraturas distintas, por aquella manía de explicarlo todo con el “esta magistratura es el problema”).

El Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles, incluyendo la educación. Millones de niños y jóvenes alrededor del mundo, y en el país, han abandonado las aulas como consecuencia del virus, retrasando su educación y poniendo en riesgo su futuro; principalmente en las regiones más vulnerables del planeta.

Poco se está hablando sobre el impacto que tiene la crisis del COVID-19 sobre el sector educativo y sobre las metas educativas de las naciones. Según la UNESCO, el 90% de los países del mundo han cerrado sus escuelas, en un esfuerzo por detener el avance de esta enfermedad, que sí bien parece ser benigna con el segmento poblacional que asiste a los establecimientos educativos, es todavía una enfermedad nueva que presenta retos importantes para el futuro cercano.

Este cierre afecta a más de 1,500 millones de niños y jóvenes de todo el mundo, retrasando su educación y poniendo en un riesgo muy grande el futuro de la educación de niños y jóvenes en regiones de gran precariedad económica.

Las niñas son las principales víctimas

La Fundación Malala, presenta algunos datos preocupantes que recabaron durante la crisis del Ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia que provocó el cierre de escuelas por 6 u 8 meses. El efecto más visible de esta crisis fue el incremento de 19% en niñas entre 12 y 17 años que comenzaron a trabajar; la mayoría de estas niñas nunca regresaron a la escuela al terminar la crisis, pues la idea de que continúen sus estudios pierde prioridad frente a la ayuda económica que su trabajo representa para las familias.

En países pobres, en los que existen grandes rezagos educativos para la niñez y las niñas en particular, una crisis como la del Ébola o la del Coronavirus puede provocar las que niñas pierdan el 50% de sus años totales de educación.

En Guatemala, 141,337 menores de edad que están fuera del sistema educativo, de esos, 91,869 (65%) son niñas, según el censo 2017-2018 del Ministerio de Educación.

Un riesgo muy grande en la caída de la escolaridad

El 79.5% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela por razones socioeconómicas, ya sea porque los padres no tienen dinero para enviarlos, viven en lugares muy alejados o trabajan; y la tasa neta de cobertura para el nivel primario, viene cayendo desde 2009 cuando alcanzó su punto más alto de 98.7%  a 77.9% en 2018.

Con esos datos es lógico asumir que si la situación económica de las familias empeora, como consecuencia de la crisis económica provocada por el virus, muchos niños en edad escolar podrían quedar fuera del sistema educativo por un tiempo y lo que es peor, algunos podrían quedar fuera permanentemente ante la necesidad que tengan las familias de contar con más manos para ganar el sustento diario.

En ese sentido, las proyecciones del BID sobre desempleo del sector formal para Guatemala presentan un cuadro poco alentador; según sus análisis, si la crisis sigue (todo apunta que así será), el desempleo podría caer 7.5% en el corto plazo, esos son 97,500 empleos formales. En el largo plazo el desempleo podría caer 13.6%, que representa 176,800 empleos formales; y si se llega a un proceso de recesión prolongada, la caída podría ser de 21.1%, que son 274,300 empleos formales. Este análisis deja de fuera el empleo informal, por no tener datos, pero podemos suponer que también se vería seriamente afectado por la crisis económica.

Estos datos impactarían severamente en la posibilidad que puedan tener las familias de poner a sus hijos a estudiar, tanto en el sector público como el privado. De hecho, muchos establecimientos educativos privados comienzan a reportar extraoficialmente una baja importante en los pagos mensuales por colegiatura.

¿Educación online como solución para Guatemala?

 Para el sector público la educación online es un tema materialmente imposible de implementar. La situación socioeconómica de docentes y alumnos, le impide a una gran mayoría tener acceso a equipo de cómputo e internet para poder hacer educación online; el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que en Guatemala el 78% de la población no usa computadora y que el 69% no usa internet.

La educación por televisión o radio fue la opción implementada por el gobierno de Guatemala, pues el 71% de los hogares guatemaltecos cuentan con al menos una televisión y el 65% cuenta con al menos un receptor de radio. Sin embargo, esta metodología no permite una diferenciación de niveles educativos y en hogares en donde muchos miembros de la familia deben compartir un televisor, es difícil que este se destine para la educación.

 Ni siquiera en la educación privada se está teniendo el éxito esperado con la educación online. Las instituciones educativas privadas ya reportan las quejas de muchos padres que están inconformes por las metodologías, pues consideran que no llena sus expectativas. Esto está provocando que muchas familias suspendan el pago del colegio de sus hijos, mientras otros que han perdido su empleo también tengan problemas para realizar los pagos.

Problemas en la educación superior

En Guatemala la educación superior es privilegio de pocos. Según la UNESCO solo 2.6% de la población entre 18 y 26 años ha iniciado estudios universitarios. Se pensaría que en ese grupo tan pequeño de población, el acceso a internet y computadoras es casi generalizado. Sin embargo, estudiantes de la Universidad de San Carlos denunciaban que muchos alumnos deben asistir a cafés internet o laboratorios de computación para poder acceder a la red. También denunciaban que existen catedráticos universitarios que no cuentan con acceso a estas herramientas vitales para la educación de este siglo.

En ese contexto la aplicación de metodologías online en la única universidad pública del país, dejaría por fuera a algunos alumnos y profesores que no tienen acceso a las herramientas que la metodología necesita.

Por otro lado, la pérdida de empleos ya está afectando a las 16 universidades del país, quienes ya reportan, de manera no oficial, un aumento en el número de deserciones y de moras en la población estudiantil.

La crisis del Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles; pero casi ninguno tendrá un impacto tan duradero para el futuro del país como el cierre de establecimientos educativos y la pérdida de capacidad de las familias para enviar a sus hijos a estudiar.

El Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles, incluyendo la educación. Millones de niños y jóvenes alrededor del mundo, y en el país, han abandonado las aulas como consecuencia del virus, retrasando su educación y poniendo en riesgo su futuro; principalmente en las regiones más vulnerables del planeta.

Poco se está hablando sobre el impacto que tiene la crisis del COVID-19 sobre el sector educativo y sobre las metas educativas de las naciones. Según la UNESCO, el 90% de los países del mundo han cerrado sus escuelas, en un esfuerzo por detener el avance de esta enfermedad, que sí bien parece ser benigna con el segmento poblacional que asiste a los establecimientos educativos, es todavía una enfermedad nueva que presenta retos importantes para el futuro cercano.

Este cierre afecta a más de 1,500 millones de niños y jóvenes de todo el mundo, retrasando su educación y poniendo en un riesgo muy grande el futuro de la educación de niños y jóvenes en regiones de gran precariedad económica.

Las niñas son las principales víctimas

La Fundación Malala, presenta algunos datos preocupantes que recabaron durante la crisis del Ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia que provocó el cierre de escuelas por 6 u 8 meses. El efecto más visible de esta crisis fue el incremento de 19% en niñas entre 12 y 17 años que comenzaron a trabajar; la mayoría de estas niñas nunca regresaron a la escuela al terminar la crisis, pues la idea de que continúen sus estudios pierde prioridad frente a la ayuda económica que su trabajo representa para las familias.

En países pobres, en los que existen grandes rezagos educativos para la niñez y las niñas en particular, una crisis como la del Ébola o la del Coronavirus puede provocar las que niñas pierdan el 50% de sus años totales de educación.

En Guatemala, 141,337 menores de edad que están fuera del sistema educativo, de esos, 91,869 (65%) son niñas, según el censo 2017-2018 del Ministerio de Educación.

Un riesgo muy grande en la caída de la escolaridad

El 79.5% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela por razones socioeconómicas, ya sea porque los padres no tienen dinero para enviarlos, viven en lugares muy alejados o trabajan; y la tasa neta de cobertura para el nivel primario, viene cayendo desde 2009 cuando alcanzó su punto más alto de 98.7%  a 77.9% en 2018.

Con esos datos es lógico asumir que si la situación económica de las familias empeora, como consecuencia de la crisis económica provocada por el virus, muchos niños en edad escolar podrían quedar fuera del sistema educativo por un tiempo y lo que es peor, algunos podrían quedar fuera permanentemente ante la necesidad que tengan las familias de contar con más manos para ganar el sustento diario.

En ese sentido, las proyecciones del BID sobre desempleo del sector formal para Guatemala presentan un cuadro poco alentador; según sus análisis, si la crisis sigue (todo apunta que así será), el desempleo podría caer 7.5% en el corto plazo, esos son 97,500 empleos formales. En el largo plazo el desempleo podría caer 13.6%, que representa 176,800 empleos formales; y si se llega a un proceso de recesión prolongada, la caída podría ser de 21.1%, que son 274,300 empleos formales. Este análisis deja de fuera el empleo informal, por no tener datos, pero podemos suponer que también se vería seriamente afectado por la crisis económica.

Estos datos impactarían severamente en la posibilidad que puedan tener las familias de poner a sus hijos a estudiar, tanto en el sector público como el privado. De hecho, muchos establecimientos educativos privados comienzan a reportar extraoficialmente una baja importante en los pagos mensuales por colegiatura.

¿Educación online como solución para Guatemala?

 Para el sector público la educación online es un tema materialmente imposible de implementar. La situación socioeconómica de docentes y alumnos, le impide a una gran mayoría tener acceso a equipo de cómputo e internet para poder hacer educación online; el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que en Guatemala el 78% de la población no usa computadora y que el 69% no usa internet.

La educación por televisión o radio fue la opción implementada por el gobierno de Guatemala, pues el 71% de los hogares guatemaltecos cuentan con al menos una televisión y el 65% cuenta con al menos un receptor de radio. Sin embargo, esta metodología no permite una diferenciación de niveles educativos y en hogares en donde muchos miembros de la familia deben compartir un televisor, es difícil que este se destine para la educación.

 Ni siquiera en la educación privada se está teniendo el éxito esperado con la educación online. Las instituciones educativas privadas ya reportan las quejas de muchos padres que están inconformes por las metodologías, pues consideran que no llena sus expectativas. Esto está provocando que muchas familias suspendan el pago del colegio de sus hijos, mientras otros que han perdido su empleo también tengan problemas para realizar los pagos.

Problemas en la educación superior

En Guatemala la educación superior es privilegio de pocos. Según la UNESCO solo 2.6% de la población entre 18 y 26 años ha iniciado estudios universitarios. Se pensaría que en ese grupo tan pequeño de población, el acceso a internet y computadoras es casi generalizado. Sin embargo, estudiantes de la Universidad de San Carlos denunciaban que muchos alumnos deben asistir a cafés internet o laboratorios de computación para poder acceder a la red. También denunciaban que existen catedráticos universitarios que no cuentan con acceso a estas herramientas vitales para la educación de este siglo.

En ese contexto la aplicación de metodologías online en la única universidad pública del país, dejaría por fuera a algunos alumnos y profesores que no tienen acceso a las herramientas que la metodología necesita.

Por otro lado, la pérdida de empleos ya está afectando a las 16 universidades del país, quienes ya reportan, de manera no oficial, un aumento en el número de deserciones y de moras en la población estudiantil.

La crisis del Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles; pero casi ninguno tendrá un impacto tan duradero para el futuro del país como el cierre de establecimientos educativos y la pérdida de capacidad de las familias para enviar a sus hijos a estudiar.

Quizá uno de los mayores efectos de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad al mismo tiempo en que busca detener una acelerada curva de contagios y fallecidos. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

Quizá uno de los mayores efectos de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad al mismo tiempo en que busca detener una acelerada curva de contagios y fallecidos. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

En las últimas semanas se ha intensificado la discusión respecto al origen del SARS-CoV-2. En medio de la más grande crisis que atraviesa la humanidad desde hace un siglo, la especulación podría alimentar narrativas catalizadoras de conflictos en el futuro post-pandemia.

Las infecciones por Coronavirus ya superan los dos millones de personas y hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 170mil seres humanos en 185 países. Desde que se reportó el primer caso de Coronavirus en Wuhan, provincia de Hubei en China, se empezaron a levantar sospechas sobre el origen del virus SARS-CoV-2.

Varias publicaciones en redes sociales afirman que en China, la propagación del coronavirus se limitó a la ciudad de Wuhan y que no llegó a las ciudades de Beijing o Shanghai evitando así el contagio de los líderes del régimen chino. Algunas, aseguran que el mercado de valores chino tampoco se vio afectado por la propagación de la pandemia, a diferencia de los países en Europa y Estados Unidos. Las anteriores, son algunas especulaciones sobre la posible instrumentalización del virus por parte de China para consolidarse como una potencia mundial.

El pasado 17 de abril se reportó que el PIB de China cayó un 6.8% en el primer trimestre de 2020 respecto a el año 2019. Así, se registró la primera caída de la economía del país desde 1992. Con esto vemos que la pandemia ya puso a prueba el sistema económico en el país y probablemente siga haciéndolo por algunos meses.

Por otro lado, varios esfuerzos científicos, como el de la revista Nature, aseguran que la evidencia recopilada permite afirmar que el SARS-CoV-2 no se trata de una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito sino más bien de una mutación natural de un virus zoonótico. Bajo este escenario, algunas publicaciones exploran que, aunque se trata de un virus con origen natural, pudo haberse propagado por prácticas negligentes en el Instituto de Virología en Wuhan donde se realizaban estudios sobre mutaciones de la familia de los coronavirus en murciélagos.

Hasta el momento sabemos que para evitar una propagación con las dimensiones a las que ahora nos enfrentamos, quizá China debió haber elaborado una estrategia de contención más estricta. Quizá, también debió haber alertado a tiempo a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y definitivamente debieron haber sido transparentes con la información sobre la evolución del virus. Los líderes del régimen chino fallaron en las tres cosas -así como lo han hecho con muchas otras- no sabemos si con la intención perversa de hacerlo o por incompetencia, el resultado es el mismo, catastrófico.

Lo anterior, únicamente viene a reforzar y presentar evidencia sobre cómo los regímenes totalitarios y centralizados van a fracasar en la coordinación de actores y asignación de recursos. Es momento para apostar por sistemas en los que se permita la libertad, la descentralización del poder, la democracia y el estado de derecho para evitar ser víctimas de los mismos errores.

Las afirmaciones sobre una posible conspiración de China para declararse la potencia mundial son meramente especulativas en ausencia de evidencia contundente que pruebe lo contrario. Los discursos de algunos líderes políticos reflejan una peligrosa narrativa que podría desembocar en un conflicto de proporciones alarmantes a nivel global. Lo anterior, en un mundo post-pandemia únicamente agudizará los problemas y retrasará aún más la recuperación sanitaria y económica de los países.

Es indispensable que aprendamos de los errores del pasado y evitemos el surgimiento de discursos polarizadores y generadores de conflicto. En un mundo post-pandemia será fundamental generar un ambiente de confianza en la que los actores del mundo cooperen para poder acelerar el proceso de recuperación en los países. Con libertad y responsabilidad, la humanidad -una vez- más saldrá adelante.

El Covid-19 nos obliga a replantearnos la forma en que trabajamos, consumimos, nos informamos, nos educamos, e incluso, en qué y cómo creemos.

La aldea global vive el episodio más crítico de este joven siglo XXI. La pandemia provocada por el Covid-19 seguramente acarreará transformaciones geopolíticas de mayor magnitud que las del 11 de septiembre 2011 y em impacto económico se vislumbra como más severo que el de la crisis financiera 2008. Ambos, momentos recientes que reestructuraron la sociedad moderna.

Lo cierto es que el virus global que nos obliga a guarda cuarentena y encerrarnos en nuestros hogares ya está reorientando nuestra relación con la economía, las prácticas del mercado, la relación con el gobierno, la formas en que nos informamos y comunicamos y la forma en que vemos al Gobierno. Aquí algunas reflexiones sobre cambios que se están produciendo ante nuestros ojos.

Información y fake news. Cadenas de Whatsapp con toda clase de teoría de la conspiración. Remedios caseros o medicinas que supuestamente previenen el Covid-19. Todo tipo de especulación sobre si el Gobierno levantará las restricciones, si se reabrirán los centros comerciales, si regresaremos a trabajar el lunes. A todos nos han llegado, sólo para darnos cuenta horas más tarde, que eran falsas. El debate sobre las fake news o la información no verificada ha estado durante años en el radar, pero ha sido hasta la crisis de Covid-19 que quizá entendamos el valor de esperar información de fuentes oficiales y calificadas.

Eficiencia y productividad laboral. Uno de los males de las economías basadas en servicios es la reunionitis. Cuantas horas de productividad semanal se pierden por reuniones que pudieron sustituirse por llamadas o video-conferencias. Cuántas horas se pierden en el proceso de trasladarse de la reunión A, a la reunión B. La cuarentena nos obligó a cambiar patrones laborales y quizá nos lleve a maximizar la productividad. También, aunque suene duro decirlo, obligará a reevaluar los trabajos esenciales versus los superfluos.

La educación y la religión a distancia. Las clases presenciales han sido canceladas; los servicios religiosos suspendidos. Incluso, la Semana Santa en Guatemala se canceló. El sustituto ha sido la tecnología. Misas y servicios que se transmiten por Facebook live. Las clases ahora son en línea. Y la ventaja es que el mundo está a disposición de quien tiene acceso a la red. La Universidad de Oxford ofreció clases de economía por internet. MIT dio cursos básicos de ingeniería. El tráfico de usuarios a las misas del Vaticano se incrementó exponencialmente. La educación y la religión se volvieron a distancia y al mismo tiempo, globales.

Nuevos canales de distribución. Los restaurantes y los comercios de venta al detalle son quizá de los sectores más afectados por el cierre de actividades. Para sobrevivir, todos se han visto obligados a replantear sus cadenas de distribución. La utilización en masa de servicios de delivery. Oferta de platillos de sencilla preparación en casa. Telecomercio. Desde hace varios años, los antropólogos habían identificado la preferencia muy milenial de ordenar a distancia por encima de realizar las compras físicas. El modelo Amazon y Uber Eats se basó en esa tendencia. Pero en América Latina, dicha tendencia había tardado en posicionarse. Quizá la crisis del Covid-19 obligará a replantear los canales de distribución. Quizá ahora más que nunca es momento de acelerar la agenda digital en Guatemala.

La contraofensiva de la ciencia. El siglo XXI ha sido el período de mayor avance científico de la humanidad, pero al mismo tiempo, de mayor retroceso en la aceptación de la ciencia. Cuestionar el rol preventivo de las vacunas; minimizar las alertas de científicos que señalaban que la siguiente pandemia global era inminente. Incluso hace unas semanas, Gobiernos restaron importancia al avance del Covid-19 bajo la premisa que era una herramienta al servicio de un interés geopolítico. Hoy el mundo espera ansioso el descubrimiento de la vacuna contra el virus. O la investigación para descubrir los fármacos para tratar la enfermedad. Las teorías de la conspiración rápidamente pierden validez ante investigaciones científicas que detallan el origen y comportamiento del virus. Tuvimos que sucumbir ante un patógeno de apenas unos nanómetros de tamaño para darnos cuenta que el mundo progresa y vive gracias a la ciencia.

La pandemia del coronavirus continúa impactando la economía mundial, en particular el precio del petróleo.  

Este lunes, 20 de abril, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró a un precio negativo de cerca de -$37.63.

¿Por qué se cayó el precio? Como explica este artículo del Wall Street Journal, un 60% de la demanda de petróleo viene dada por los combustibles para el transporte. Cuando un tercio del mundo está bajo algún tipo de encierro por las medidas de distanciamiento social, naturalmente el uso del transporte cae dramáticamente y con ello la demanda de petróleo.

El reporte mensual de la International Energy Agency (IEA) estimó que la demanda de petróleo se caería en 29 millones de barriles de petróleos diarios. Usando cifras de 2019, la demanda mundial de petróleo rondaba los 100 millones de barriles diarios, con lo cual la caída de 29 millones de barriles al día es un 29% de la caída de la demanda. Una cifra nunca vista.

Esta dramática caída de la demanda en marzo y abril por las medidas de distanciamiento social explican la caída en los precios. Lo que no es fácil explicar es, ¿por qué el precio es negativo? ¿por qué pagan por llevarse el petróleo? Ya no hay donde almacenar petróleo y además la oferta de petróleo es inelástica.

Es decir, no es tan fácil “recortar” la producción de petróleo porque la mayoría de los pozos no se pueden “detener” sin causar un problema enorme. Les costaría muchísimo reanudar producción. Por eso resulta más “barato” esto que parar la producción. Además, hay otra razón: si alguien puede almacenar el petróleo y venderlo en el futuro, podría ganar dinero.

Los precios del petróleo a futuro son otra historia. Al ver el mercado de futuros, vemos que el petróleo WTI para entrega en junio es de $21 y para septiembre es de $30. Esto porque en la medida que se tiene la expectativa de que se levanten las medidas de distanciamiento social, la expectativa es que la actividad económica se reactivará y la demanda volverá a subir. Si le pagan hoy por llevarse unos barriles de petróleo puede ganar dinero, pero claro, necesita un lugar para almacenarlo.

¿Qué significa todo esto para nosotros los consumidores? Bueno, Guatemala es un país que importa combustibles. En ese sentido mientras el petróleo esté barato los combustibles también lo estarán. Hay que tener en cuenta que toma tiempo hasta que la caída del precio del petróleo se transmite a la gasolina y a la importación de gasolina y por tanto al precio que usted encuentra en la gasolinera.

Sin embargo, al ver los datos del Ministerio de Energía y Minas, las constantes caídas del precio del petróleo (el precio cae desde comienzos de marzo) ya se ven reflejadas en el precio de la gasolina. Un galón de gasolina súper se compraba a Q23.40 hace un mes y al 13 de abril se compraba por Q19.70. Podríamos ver precios de Q15 por galón. No olvidemos que pagamos un impuesto fijo de Q4.70 por galón de súper y Q.4.60 por galón de regular, sin importar el precio de la gasolina.

Considerando que son estas las mayores generadoras de empleo bien harían las autoridades en buscar una solución para que esta ayuda llegue a los trabajadores y no tengamos como resultado una serie de despidos que agraven a un más la maltrecha situación económica que vivimos. Hay formas para brindar el beneficio sin que los trámites burocráticos sean el obstáculo para ayudar a quienes lo necesitan.

Medidas de ayuda y trabajadores informales

Como explicamos en una entrada del 3 de abril, el decreto 13-2020 trajo un paquete de medidas para intentar paliar el impacto económico derivado de las políticas de distanciamiento social. Explicamos que habrá un programa destinado a entrega de alimentos, otro destinado a un bono familia de Q1,000 a personas en situación de pobreza y un fondo para dar préstamos blandos a las empresas. 

Los datos

Con datos de la última encuesta de empleo de mayo de 2019, sabemos que cerca de 7.1 millones conforman la Población Económicamente Activa. Cerca de un 70%, es decir, más o menos 5 millones de personas, tiene un empleo informal. El bono familia de Q.1,000 mensuales busca apoyar a esta población que no tiene ningún mecanismo de protección social.

Por lo tanto, los restantes 2.1 millones de trabajadores restantes tienen un empleo formal. No todos tienen cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por diversas razones. Una razón de peso es que la obligación de afiliar trabajadores al IGSS parte del punto en que una empresa tiene más de 3 trabajadores. De lo contrario, es optativo salvo excepciones. Según cifras de 2018, cerca de 1.3 millones de trabajadores estaban afiliados al sistema. Suponemos que las cifras anteriores se mantienen más o menos en el mismo rango.

Los trabajadores formales

Dicho eso, el decreto 13-2020 trae un mecanismo de ayuda para estos cerca de 1.3 millones trabajadores formales. Dado que gran parte de los negocios no pueden operar durante el estado de calamidad actual, el acuerdo gubernativo 58-2020 detalla que se considera el estado de calamidad causa de fuerza mayor para los contratos laborales de las actividades económicas que están sin poder operar.

Fuerza mayor, en lenguaje llano, es una circunstancia imprevista que no hace posible que las partes de un contrato puedan cumplirlo. La pandemia y las consiguientes medidas de distanciamiento social no eran previsibles y por tanto muchos negocios no pueden operar ni los trabajadores laborar. Solución: suspender el contrato de trabajo mientras la situación dure.

Como suspender el contrato implica que ni la empresa paga al trabajador ni este labora, la ayuda del gobierno consistirá en pagar Q75 diarios a los trabajadores que caigan bajo este supuesto.

Momento, hay que llenar algunos requisitos antes.

Ahora bien, para ello hay que: a) celebrar un convenio de suspensión de trabajo entre empleador y trabajadores; b) registrarlo en el Ministerio de Trabajo; c) El ministerio de trabajo debe aprobarlo; y d) con los pasos anteriores completo, el Crédito Hipotecario Nacional paga el salario.

El problema que encuentran varias empresas es que o bien no logran “justificar” la suspensión. Recordemos que algunas empresas sí pueden operar por ser esenciales. Otro problema que encuentran es que algunas tienen algún trámite incompleto en el IGSS y por tanto no les dan trámite. Otros, especialmente empresas pequeñas, no han inscrito el contrato de trabajo ante el Ministerio.

De tal cuenta, una reciente nota de prensa reporta que de aproximadamente 3,800 solicitudes, 1,700 fueron rechazadas. Ser formal es costoso en términos de tiempo, dinero y trámites. El hecho de que muchos empleadores no tengan en orden los papeles puede ser caótico. Es de suponer que, de no lograr la suspensión del trabajador, la solución sea el despido.

Papeleos y microempresas

No olvidemos un dato importante: el 90.34% de empresas son microempresas. Esto es, empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y venden entre 1-190 salarios mínimos anuales. Esto es, que aproximadamente venden entre Q2,825.10 y Q536,769.00 al año. El “costo” de cumplir todas las regulaciones es más alto para las empresas micro porque su sacrificio es grande. No son empresas que tengan amplios presupuestos para abogados y puedan navegar entre el complejo mundo de la burocracia.

Considerando que son estas las mayores generadoras de empleo bien harían las autoridades en buscar una solución para que esta ayuda llegue a los trabajadores y no tengamos como resultado una serie de despidos que agraven a un más la maltrecha situación económica que vivimos. Hay formas para brindar el beneficio sin que los trámites burocráticos sean el obstáculo para ayudar a quienes lo necesitan.

La aldea global intenta adaptarse a la mayor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Con información limitada, sin entender el alcance y dimensión del virus, proyectar cómo será el futuro a resulta difícil. 

La aldea global intenta adaptarse a la mayor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Con información limitada, sin entender el alcance y dimensión del virus, proyectar cómo será el futuro a resulta difícil. Solo queda elaborar escenarios prospectivos que nos permitan imaginar algunos escenarios.

Escenario # 1 – La década pérdida: Todos pierden. Estados Unidos, Europa y China sucumben ante el Covid-19. Las políticas de reapertura económica y normalización social aceleran la llegada de una segunda y tercera oleada de contagios, lo que provoca un incremento en el número global de casos y de muertes. Bajo la amenaza de nuevos focos de contagio, las políticas de supresión y suspensión de actividades se vuelven a implementar, cada vez con mayor rigurosidad y duración. El shock a la oferta y el colapso de la demanda provoca una crisis económica sin precedentes. Estados Unidos, Europa y China luchan mediante enormes esfuerzos fiscales y monetarios por estimular la economía. No obstante, el proceso es lento y doloroso, y se extiende a lo largo de la década de 2020. Incluso, a pesar de la normalización, el mundo mantiene una “cuarentena psicológica” ya que toma mucho más tiempo desarrollar una vacuna. La reelección de Trump, mayor enfriamiento en la relación Estados Unidos – China (agravada por los reproches de occidente hacia la potencia oriental) y la parálisis de la Unión Europea acelera el proceso de “desglobalización”. Esa desglobalización, aunada a los efectos ya descritos, provoca que la recuperación económica sea lenta. El mundo pierde los destinos favoritos de la migración, y sin las remesas, el efecto dominó de la pobreza se agudiza en América Latina, África septentrional y Medio Oriente. La tensión Estados Unidos – China llega a niveles críticos y resurge el fantasma de un conflicto global.

Escenario # 2 – Unipolaridad y nuevo orden mundial. Estados Unidos y Europa resultan sumamente afectados por la crisis sanitaria y económica. Las bolsas mantienen una tendencia negativa a lo largo de 2020, provocando la gradual desvalorización de las mayores empresas occidentales. China, en cambio, se vende como el país que mejor contrarrestó la pandemia, mensaje alimentado por su autoritarismo. El espejismo de la recuperación china y el mensaje implícito de la eficiencia autoritaria provoca una crisis de legitimidad en las democracias y los mercados libres. En América Latina y África, la incapacidad de los gobiernos por atender a grandes segmentos de población en el desempleo y la pobreza agudiza el malestar social y genera movilizaciones de descontento. En la mayoría de casos, se generan condiciones para que proyectos populistas o autoritarios de izquierda resulten favorecidos. Mientras tanto, grandes consorcios chinos adquieren acciones de las principales empresas occidentales, ampliando la cabeza de playa de la China en las economías europea y norteamericana. Los paquetes de ayuda a África, Medio Oriente y América Latina -al estilo de un Plan Marshall- impulsados desde Beijing generan dependencia hacia la potencia asiática. La caída de los precios de petróleo y la lenta recuperación del consumo internacional, provoca que Arabia Saudita caiga presa de su propio dumping, lo que le arroja a los brazos de Shanghái. Mientras tanto, el desempleo y la pauperización de las clases medias norteamericana provoca -al igual que en Europa del 2010- un gradual giro hacia la izquierda. Ideas radicales, con poco asidero político, impulsadas por Bernie Sandres, Elizabeth Warren y Alexandra Ocasio ganan terreno, y el escenario de una victoria de un radicalismo demócrata en 2024 se vuelve muy probable. 

Escenario # 3 – El renacimiento de Occidente. Los avances científicos patrocinados por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania permiten que para inicios de 2021 exista una vacuna contra el Covid-19. El esfuerzo por vacunar a los sectores más vulnerables, al tiempo que la inmunidad colectiva de rebaño se acrecienta entre la población joven, permite recobrar la normalidad económica y social a partir de 2021. Molestos con la parsimonia de la Organización Mundial de la Salud, Occidente asume el liderazgo de facilitar la vacunación global entre 2021 y 2023. Al mismo tiempo, generan un frente internacional para hacer valer la responsabilidad de China por la pandemia. La potencia oriental se ve obligada a cerrar sus mercados “húmedos”, a modificar su legislación sanitaria y, sobre todo, a adoptar políticas de mayor apertura de información. La economía, la educación y la sociedad global se adaptan rápidamente a las nuevas dinámicas sociales y culturales. El comercio electrónico se expande, los canales regionales de distribución se fortalecen, y la dependencia de la manufactura china se reduce. Las potencias occidentales, junto al sistema monetario internacional, desarrollan grandes paquetes de recuperación para los países en desarrollo, que incluye créditos a empresas locales e inyecciones de capital para infraestructura estratégica y productiva. Países con limitantes competitivos en Centroamérica, en la cuenca andina, en el áfrica occidental, la zona subsahariana y sur asiático desarrollan modelos de integración para fortalecer sus canales de producción y sus mercados internos. A su vez, los resabios del distanciamiento social incentiva a acelerar la implementación de agendas digitales. Se fomenta el trabajo a distancia, se acelera el uso de la tecnología para las actividades cotidianas. La educación se revoluciona, y gracias a la rápida implementación de modelos de formación a distancia, se abre la puerta para cerrar la brecha educativa global. La agenda digital se convierte en el principal trampolín para el desarrollo.