Protocolos y guías internacionales para regresar a la “nueva normalidad”

Mientras la humanidad busca respuestas para mitigar los efectos del Covid-19, los Gobiernos analizan mecanismos para permitir el retorno a cierta normalidad. Encontrar el balance entre el reinicio de actividades laborales, comerciales y de prestación de servicios al mismo tiempo en que se guardan las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, constituye la gran disyuntiva de política pública.

Diversos protocolos a nivel mundial nos arrojan algunas luces de cómo atender esta disyuntiva. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud publicó sus “Consideraciones para ajustar las medidas sociales y de salud pública en el contexto del Covid-19”. Asimismo, están las “Directrices para la reapertura de los Estados Unidos” y el documento “Principio de salud pública para una reapertura gradual durante Covid-19” de la Universidad John Hopkins. Estos tres, constituyen referencias básicas sobre una posible metodología a implementar.

Un primer modelo para considerar es el que se conoce como la “jerarquía de controles”, el cual se refiere a una pirámide invertida de medidas que deben implementarse en comercios y espacios laborales.

El primer escalafón es el “distanciamiento físico.” Es decir, las empresas y comercios deben identificar aquellas tareas que pueden realizarse mediante teletrabajo versus aquellas que sí requieren presencia efectiva de los trabajadores. En la medida de lo posible, debe promoverse que todas aquellas funciones que se puedan ejecutar a distancia se realicen mediante teletrabajo. En los espacios laborales debe promoverse que las personas guarden por lo menos 1 metro de distancia; y se debe administrar los espacios comunes (comedores, salas de reuniones, oficinas conjuntas) para evitar una gran concentración de personas en un determinado tiempo.

El segundo peldaño del modelo son los “controles de ingeniería.” Este se refiere a la necesidad de readecuar espacios físicos para crear barreras entre las personas. A nivel de comercios, establecer barreras físicas entre dependientes y cajeros de los clientes. En las oficinas, readecuar la arquitectura de para garantizar que existan barreras o paneles entre cada trabajador. Asimismo, se debe maximizar el espacio laboral. Dado que se buscará desincentivar las reuniones presenciales, se puede readecuar salas de reuniones para generar más espacios de oficinas con el debido distanciamiento social.

La tercera grada del modelo hace referencia a los “controles administrativos”. Las gerencias generales y los departamentos de recursos humanos deben realizar el ejercicio de intentar redistribuir las responsabilidades para reducir el contacto entre trabajadores. Por ejemplo, intentar escalonar la jornada laboral, para que diferentes departamentos de la empresa se encuentren presencialmente en diferentes horarios. También crear modelos rotativos entre personal que realiza funciones de teletrabajo versus funciones presenciales.

El último peldaño del modelo es la utilización de equipo de protección personal. A nivel de comercios y espacios laborales, se debe hacer obligatorio el uso de mascarillas. Se debe promover el lavado constante de manos y el uso de alcohol en gel. Además, debe realizarse una constante sanitización y desinfección de los espacios laborales en diferentes horarios de la jornada laboral. En aquellos comercios con alto ingreso de clientela, se debe incluir mecanismos para garantizar mayor sanitización del espacio laboral.

Además de lo anterior, las personas mayores de 60 años o con condiciones de co-morbilidad asociadas a complicaciones de Covid-19 deben mantenerse en casa o migrar su funciones hacia teletrabajo.

Los gobiernos se encuentran en una compleja situación entre intentar balancear la crisis sanitaria del Coronavirus y las dificultades que impone la crisis económica. Las familias con sus banderas blancas se convierten en un triste recordatorio de que la economía importa.

En septiembre de 2018 el presidente del Banco Mundial celebraba que en los últimos 25 años, más de mil millones de personas habían salido de la pobreza extrema, un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. De hecho, la tasa de pobreza extrema ha estado en mínimos históricos a nivel mundial en los últimos cinco años, pero eso podría cambiar rápidamente con la crisis económica que ha desatado el coronavirus.

El Banco Mundial advierte que entre 40 y 60 millones de personas podrían caer en pobreza extrema en 2020 (vivir con menos de USD 1.90 al día). Adicionalmente, entre 40 y 150 millones de personas podrían caer por debajo de los USD 3.50 al día; y entre 70 y 180 millones más podrían caer por debajo de los USD 5.50 diarios. El coronavirus no solo dejará a su paso cientos de miles de fallecidos en todo el mundo sino, además, dejará a millones de personas sumidas en la pobreza y pobreza extrema.

El incremento de la pobreza tiene su explicación en la destrucción masiva de empleos que está causando el cierre de las economías para evitar la propagación del virus. Sólo en Estados Unidos se han destruido 33.7 millones de empleos en las primeras 7 semanas del cierre de la economía. En Guatemala, las estimaciones del BID indican que en el corto plazo se podrían perder 100 mil empleos formales; y si la crisis se extiende podrían perderse más de 300 mil empleos formales.  En el sector informal, las pérdidas podrían ser mucho peores.

La mayoría de las familias en Guatemala vive sin posibilidades de ahorrar y si pierden sus empleos o sus pequeños negocios, rápidamente dejarán de cubrir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda o la educación de sus hijos. En las últimas semanas hemos sido testigos de un aumento exponencial de familias pidiendo ayuda con una bandera blanca en los centros urbanos del país. El hambre ha sido una triste realidad en Guatemala desde siempre, pero en las últimas semanas se incrementó a niveles nunca vistos en las últimas décadas. Ante la falta de estadísticas pertinentes que nos permitan medir la dimensión de la crisis económica que estamos viviendo en Guatemala, las familias con sus banderas blancas se convierten en un triste recordatorio de que la economía importa.

Para enfrentar esta realidad, las decisiones que tienen que tomar los gobiernos alrededor del mundo son sumamente complejas. Continuar de forma indefinida con el encierro podría causar un daño tan severo en las economías, que la recuperación podría tardar varios años. Las empresas que quiebran y los empleos que se pierden no se recuperarán de forma inmediata, como algunos piensan.  Y en los años que dure la crisis, las altas tasas de desempleo podrían generar un incremento en la desnutrición, un aumento de niños que no pueden ir a la escuela e incluso la muerte por inanición o por suicidio.

Dañar la estructura productiva de un país no es un juego. Las consecuencias pueden ser desastrosas y por eso no se debe decidir a la ligera cuánto tiempo más mantener cerrada la economía. Esta es una decisión crítica, no solo por consideraciones de salud, sino también, por el drama humano que implica una crisis económica.

Algunos abogan por un mayor papel del Estado para resolver la crisis económica. Sin duda, se deben implementar las políticas públicas correctas para ayudar a los más necesitados. Eso es impostergable. Pero los recursos que utiliza el Estado para gastar, los extrae de la economía y si ésta se encuentra en crisis, también lo estarán las finanzas públicas, lo cual limita el alcance de las acciones gubernamentales.

Por último, el Estado jamás podrá tomar el papel del mercado. Las empresas que quiebran y el empleo que se pierde no pueden ser sustituidos por el Estado. Comprender esta realidad, nos hará más cautos sobre esa perspectiva ingenua e irresponsable de que es posible arruinar la economía hoy y arreglarla el día de mañana.

Una crisis económica implica sufrimiento humano. No lo olvidemos.

Este artículo fue originalmente publicado en Sociedad de Plumas en El Periódico: https://elperiodico.com.gt/domingo/2020/05/10/importa-la-economia/ 

Los gobiernos se encuentran en una compleja situación entre intentar balancear la crisis sanitaria del Coronavirus y las dificultades que impone la crisis económica. Las familias con sus banderas blancas se convierten en un triste recordatorio de que la economía importa.

En septiembre de 2018 el presidente del Banco Mundial celebraba que en los últimos 25 años, más de mil millones de personas habían salido de la pobreza extrema, un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. De hecho, la tasa de pobreza extrema ha estado en mínimos históricos a nivel mundial en los últimos cinco años, pero eso podría cambiar rápidamente con la crisis económica que ha desatado el coronavirus.

El Banco Mundial advierte que entre 40 y 60 millones de personas podrían caer en pobreza extrema en 2020 (vivir con menos de USD 1.90 al día). Adicionalmente, entre 40 y 150 millones de personas podrían caer por debajo de los USD 3.50 al día; y entre 70 y 180 millones más podrían caer por debajo de los USD 5.50 diarios. El coronavirus no solo dejará a su paso cientos de miles de fallecidos en todo el mundo sino, además, dejará a millones de personas sumidas en la pobreza y pobreza extrema.

El incremento de la pobreza tiene su explicación en la destrucción masiva de empleos que está causando el cierre de las economías para evitar la propagación del virus. Sólo en Estados Unidos se han destruido 33.7 millones de empleos en las primeras 7 semanas del cierre de la economía. En Guatemala, las estimaciones del BID indican que en el corto plazo se podrían perder 100 mil empleos formales; y si la crisis se extiende podrían perderse más de 300 mil empleos formales.  En el sector informal, las pérdidas podrían ser mucho peores.

La mayoría de las familias en Guatemala vive sin posibilidades de ahorrar y si pierden sus empleos o sus pequeños negocios, rápidamente dejarán de cubrir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda o la educación de sus hijos. En las últimas semanas hemos sido testigos de un aumento exponencial de familias pidiendo ayuda con una bandera blanca en los centros urbanos del país. El hambre ha sido una triste realidad en Guatemala desde siempre, pero en las últimas semanas se incrementó a niveles nunca vistos en las últimas décadas. Ante la falta de estadísticas pertinentes que nos permitan medir la dimensión de la crisis económica que estamos viviendo en Guatemala, las familias con sus banderas blancas se convierten en un triste recordatorio de que la economía importa.

Para enfrentar esta realidad, las decisiones que tienen que tomar los gobiernos alrededor del mundo son sumamente complejas. Continuar de forma indefinida con el encierro podría causar un daño tan severo en las economías, que la recuperación podría tardar varios años. Las empresas que quiebran y los empleos que se pierden no se recuperarán de forma inmediata, como algunos piensan.  Y en los años que dure la crisis, las altas tasas de desempleo podrían generar un incremento en la desnutrición, un aumento de niños que no pueden ir a la escuela e incluso la muerte por inanición o por suicidio.

Dañar la estructura productiva de un país no es un juego. Las consecuencias pueden ser desastrosas y por eso no se debe decidir a la ligera cuánto tiempo más mantener cerrada la economía. Esta es una decisión crítica, no solo por consideraciones de salud, sino también, por el drama humano que implica una crisis económica.

Algunos abogan por un mayor papel del Estado para resolver la crisis económica. Sin duda, se deben implementar las políticas públicas correctas para ayudar a los más necesitados. Eso es impostergable. Pero los recursos que utiliza el Estado para gastar, los extrae de la economía y si ésta se encuentra en crisis, también lo estarán las finanzas públicas, lo cual limita el alcance de las acciones gubernamentales.

Por último, el Estado jamás podrá tomar el papel del mercado. Las empresas que quiebran y el empleo que se pierde no pueden ser sustituidos por el Estado. Comprender esta realidad, nos hará más cautos sobre esa perspectiva ingenua e irresponsable de que es posible arruinar la economía hoy y arreglarla el día de mañana.

Una crisis económica implica sufrimiento humano. No lo olvidemos.

Este artículo fue originalmente publicado en Sociedad de Plumas en El Periódico: https://elperiodico.com.gt/domingo/2020/05/10/importa-la-economia/ 

Protocolos y guías internacionales para regresar a la “nueva normalidad”

Mientras la humanidad busca respuestas para mitigar los efectos del Covid-19, los Gobiernos analizan mecanismos para permitir el retorno a cierta normalidad. Encontrar el balance entre el reinicio de actividades laborales, comerciales y de prestación de servicios al mismo tiempo en que se guardan las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, constituye la gran disyuntiva de política pública.

Diversos protocolos a nivel mundial nos arrojan algunas luces de cómo atender esta disyuntiva. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud publicó sus “Consideraciones para ajustar las medidas sociales y de salud pública en el contexto del Covid-19”. Asimismo, están las “Directrices para la reapertura de los Estados Unidos” y el documento “Principio de salud pública para una reapertura gradual durante Covid-19” de la Universidad John Hopkins. Estos tres, constituyen referencias básicas sobre una posible metodología a implementar.

Un primer modelo para considerar es el que se conoce como la “jerarquía de controles”, el cual se refiere a una pirámide invertida de medidas que deben implementarse en comercios y espacios laborales.

El primer escalafón es el “distanciamiento físico.” Es decir, las empresas y comercios deben identificar aquellas tareas que pueden realizarse mediante teletrabajo versus aquellas que sí requieren presencia efectiva de los trabajadores. En la medida de lo posible, debe promoverse que todas aquellas funciones que se puedan ejecutar a distancia se realicen mediante teletrabajo. En los espacios laborales debe promoverse que las personas guarden por lo menos 1 metro de distancia; y se debe administrar los espacios comunes (comedores, salas de reuniones, oficinas conjuntas) para evitar una gran concentración de personas en un determinado tiempo.

El segundo peldaño del modelo son los “controles de ingeniería.” Este se refiere a la necesidad de readecuar espacios físicos para crear barreras entre las personas. A nivel de comercios, establecer barreras físicas entre dependientes y cajeros de los clientes. En las oficinas, readecuar la arquitectura de para garantizar que existan barreras o paneles entre cada trabajador. Asimismo, se debe maximizar el espacio laboral. Dado que se buscará desincentivar las reuniones presenciales, se puede readecuar salas de reuniones para generar más espacios de oficinas con el debido distanciamiento social.

La tercera grada del modelo hace referencia a los “controles administrativos”. Las gerencias generales y los departamentos de recursos humanos deben realizar el ejercicio de intentar redistribuir las responsabilidades para reducir el contacto entre trabajadores. Por ejemplo, intentar escalonar la jornada laboral, para que diferentes departamentos de la empresa se encuentren presencialmente en diferentes horarios. También crear modelos rotativos entre personal que realiza funciones de teletrabajo versus funciones presenciales.

El último peldaño del modelo es la utilización de equipo de protección personal. A nivel de comercios y espacios laborales, se debe hacer obligatorio el uso de mascarillas. Se debe promover el lavado constante de manos y el uso de alcohol en gel. Además, debe realizarse una constante sanitización y desinfección de los espacios laborales en diferentes horarios de la jornada laboral. En aquellos comercios con alto ingreso de clientela, se debe incluir mecanismos para garantizar mayor sanitización del espacio laboral.

Además de lo anterior, las personas mayores de 60 años o con condiciones de co-morbilidad asociadas a complicaciones de Covid-19 deben mantenerse en casa o migrar su funciones hacia teletrabajo.

En el caso concreto la CC optó por dar una solución a un problema que, como insisto, afecta a varios principios constitucionales. Obviamente para resolverlo tuvo que hacer una interpretación muy amplia de la Constitución. Pudo ser más radical e incluso botar todo lo actuado por las comisiones de postulación, pero decidió permitir el avance del proceso bajo apercibimiento de que los aspirantes no “idóneos” o no “honorables” son inelegibles.

Antecedentes

Se suponía que para el 12 de octubre del año pasado ya tendríamos magistrados de Salas de Corte de Apelaciones (CdeA) y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, como expliqué en otra columna, en septiembre pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional por el que suspendía el proceso de elección de cortes debido a que se omitió la obligación de evaluar a los jueces y magistrados del sistema que quisieran optar a un cargo.

En diciembre, la CC resolvió en definitiva y dio unos parámetros muy básicos para que se llevara a cabo la evaluación. En febrero, las comisiones de postulación enviaron al Congreso las nóminas con los aspirantes, pero ese mismo día el Ministerio Público anunciaba una investigación en la que varios comisionados y aspirantes a magistrados (también diputados) se habían reunido con el procesado Gustavo Alejos.

Fruto de esas investigaciones, el MP presentó un amparo ante la CC, y ésta suspendió el proceso de elección de magistrados debido a que la imparcialidad de los aspirantes podía estar comprometida dados los indicios de manipulación que revelaba su investigación. La CC otorgó amparo provisional en febrero y ahora ha resuelto el caso de forma definitiva.

La resolución de la CC: una salida a un proceso empañado

Empañado puede ser el mejor adjetivo porque está claro que hasta hoy no hay condenas por un caso de manipulación de cortes. Sería imposible dados los tiempos pues el Ministerio Público tiene ahora mismo una investigación en curso. Pero lo que sabemos hasta hoy es suficiente para poner en entredicho la imparcialidad de varios actores involucrados en el proceso y sobre todo la idoneidad de algunos de ellos. Este último hecho es el que la Corte de Constitucionalidad toma como punto de partida para otorgar el amparo.

Siguiendo una línea jurisprudencial que sostuvo en los también impugnados casos de elección de cortes en 2009, de elección de fiscal general en 2010 y en otros casos análogos en materia electoral, la cuestión central es la aplicación del artículo 113 constitucional respecto de la capacidad, idoneidad y honradez de los funcionarios. Este aspecto, a su vez, afecta de forma directa la garantía de independencia judicial.

Esa opacidad compromete la transparencia del proceso de selección de magistrados y no permite garantizar la idoneidad de los aspirantes a ocupar la judicatura. En términos materiales transgrede los cánones constitucionales y convencionales en materia de independencia judicial.  

Ahora bien, ¿cómo pretende la Corte dar solución al problema? Aquí viene la parte más compleja. La CC ordena que ocurran tres cosas ahora:

1. Diez días después de firme el fallo, el Ministerio Público debe entregar al Congreso toda la información pertinente sobre investigaciones, acusaciones sobre los postulados y las sospechas que pueda haber sobre posible manipulación al proceso de selección de magistrados.

2. Después de lo anterior, los diputados tienen veinte días para evaluar la información que les dé el MP sobre los aspirantes y determinar si ésta pone “en duda su idoneidad y honorabilidad; sin que ello prejuzgue sobre la existencia o no de responsabilidad penal”. (El resaltado es mío). 

3. Luego, en un plazo de cinco días, el Congreso debe convocar a sesión plenaria para elegir magistrados de CdeA y CSJ. Pero además, y como ya lo habíamos visto en los procesos de designación de 2009 y 2014 (también impugnados, ver expediente 3635-2009 y expedientes acumulados 4639-2014, 4645-2014, 4646-2014 y 4647-2014), la CC les ordena que voten de “viva voz” pronunciando cada diputado los argumentos por los cuales creen que cada aspirante al que den su voto cumple con los requisitos de “idoneidad y honorabilidad”.

 La CC en la parte resolutiva ratifica (“por las dudas”) que debe “excluirse” del proceso a aquellos aspirantes que “derivado de los hechos notorios denunciados” por el Ministerio Público no reúnan las cualidades morales antes menciondas.

¿Es acertada la resolución? Cuando todas las soluciones son subóptimas

Para los legalistas y formalistas no cabe duda de que la sentencia no tiene asidero en las notas gramaticales del texto constitucional. Pero una lectura de ese tipo, aunque frecuente en nuestra cultura jurídica (y en la Francia del siglo XIX), no nos ayuda a entender el problema. Hay un problema concreto: el proceso de selección de jueces ha venido en franco deterioro y hay principios consagrados en nuestra Constitución que están siendo pisoteados por las prácticas cuestionables algunos grupos de interés e incluso por miembros del crimen organizado.

Dicho lo anterior, partamos del hecho de que todas las posibles salidas al problema eran subóptimas. En un extremo, si la CC se hubiese vestido con el traje del formalismo más purista y hubiese rehuido a dar solución a un problema tangible, habríamos acabado por elegir tribunales con vicios de legitimidad por resultados.

En el caso concreto la CC optó por dar una solución a un problema que, como insisto, afecta a varios principios constitucionales. Obviamente para resolverlo tuvo que hacer una interpretación muy amplia de la Constitución. Pudo ser más radical e incluso botar todo lo actuado por las comisiones de postulación, pero decidió permitir el avance del proceso bajo apercibimiento de que los aspirantes no “idóneos” o no “honorables” son inelegibles.

Por supuesto que hay cosas espinosas y no deseables en la solución hallada. En un país civilizado un tribunal constitucional ciertamente no se dedica a frenar la elección de sus cortes. Pero en un país civilizado no existen mecanismos tan burdos para seleccionar magistrados ni el crimen organizado mete su cuchara en los órganos de selección de jueces como en nuestro caso. Como es el sapo es la pedrada para decirlo de manera coloquial.

Ya sabemos que la jurisprudencia sobre la “idoneidad” y “honorabilidad” tiene el problema que se puede borrar la frontera entre el contenido de estos preceptos morales y la presunción de inocencia. Ante la disfuncionalidad del sistema esta ha sido la viciada solución que ha encontrado la CC. (Además es jurisprudencia refrendada por 3 magistraturas distintas, por aquella manía de explicarlo todo con el “esta magistratura es el problema”).

El Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles, incluyendo la educación. Millones de niños y jóvenes alrededor del mundo, y en el país, han abandonado las aulas como consecuencia del virus, retrasando su educación y poniendo en riesgo su futuro; principalmente en las regiones más vulnerables del planeta.

Poco se está hablando sobre el impacto que tiene la crisis del COVID-19 sobre el sector educativo y sobre las metas educativas de las naciones. Según la UNESCO, el 90% de los países del mundo han cerrado sus escuelas, en un esfuerzo por detener el avance de esta enfermedad, que sí bien parece ser benigna con el segmento poblacional que asiste a los establecimientos educativos, es todavía una enfermedad nueva que presenta retos importantes para el futuro cercano.

Este cierre afecta a más de 1,500 millones de niños y jóvenes de todo el mundo, retrasando su educación y poniendo en un riesgo muy grande el futuro de la educación de niños y jóvenes en regiones de gran precariedad económica.

Las niñas son las principales víctimas

La Fundación Malala, presenta algunos datos preocupantes que recabaron durante la crisis del Ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia que provocó el cierre de escuelas por 6 u 8 meses. El efecto más visible de esta crisis fue el incremento de 19% en niñas entre 12 y 17 años que comenzaron a trabajar; la mayoría de estas niñas nunca regresaron a la escuela al terminar la crisis, pues la idea de que continúen sus estudios pierde prioridad frente a la ayuda económica que su trabajo representa para las familias.

En países pobres, en los que existen grandes rezagos educativos para la niñez y las niñas en particular, una crisis como la del Ébola o la del Coronavirus puede provocar las que niñas pierdan el 50% de sus años totales de educación.

En Guatemala, 141,337 menores de edad que están fuera del sistema educativo, de esos, 91,869 (65%) son niñas, según el censo 2017-2018 del Ministerio de Educación.

Un riesgo muy grande en la caída de la escolaridad

El 79.5% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela por razones socioeconómicas, ya sea porque los padres no tienen dinero para enviarlos, viven en lugares muy alejados o trabajan; y la tasa neta de cobertura para el nivel primario, viene cayendo desde 2009 cuando alcanzó su punto más alto de 98.7%  a 77.9% en 2018.

Con esos datos es lógico asumir que si la situación económica de las familias empeora, como consecuencia de la crisis económica provocada por el virus, muchos niños en edad escolar podrían quedar fuera del sistema educativo por un tiempo y lo que es peor, algunos podrían quedar fuera permanentemente ante la necesidad que tengan las familias de contar con más manos para ganar el sustento diario.

En ese sentido, las proyecciones del BID sobre desempleo del sector formal para Guatemala presentan un cuadro poco alentador; según sus análisis, si la crisis sigue (todo apunta que así será), el desempleo podría caer 7.5% en el corto plazo, esos son 97,500 empleos formales. En el largo plazo el desempleo podría caer 13.6%, que representa 176,800 empleos formales; y si se llega a un proceso de recesión prolongada, la caída podría ser de 21.1%, que son 274,300 empleos formales. Este análisis deja de fuera el empleo informal, por no tener datos, pero podemos suponer que también se vería seriamente afectado por la crisis económica.

Estos datos impactarían severamente en la posibilidad que puedan tener las familias de poner a sus hijos a estudiar, tanto en el sector público como el privado. De hecho, muchos establecimientos educativos privados comienzan a reportar extraoficialmente una baja importante en los pagos mensuales por colegiatura.

¿Educación online como solución para Guatemala?

 Para el sector público la educación online es un tema materialmente imposible de implementar. La situación socioeconómica de docentes y alumnos, le impide a una gran mayoría tener acceso a equipo de cómputo e internet para poder hacer educación online; el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que en Guatemala el 78% de la población no usa computadora y que el 69% no usa internet.

La educación por televisión o radio fue la opción implementada por el gobierno de Guatemala, pues el 71% de los hogares guatemaltecos cuentan con al menos una televisión y el 65% cuenta con al menos un receptor de radio. Sin embargo, esta metodología no permite una diferenciación de niveles educativos y en hogares en donde muchos miembros de la familia deben compartir un televisor, es difícil que este se destine para la educación.

 Ni siquiera en la educación privada se está teniendo el éxito esperado con la educación online. Las instituciones educativas privadas ya reportan las quejas de muchos padres que están inconformes por las metodologías, pues consideran que no llena sus expectativas. Esto está provocando que muchas familias suspendan el pago del colegio de sus hijos, mientras otros que han perdido su empleo también tengan problemas para realizar los pagos.

Problemas en la educación superior

En Guatemala la educación superior es privilegio de pocos. Según la UNESCO solo 2.6% de la población entre 18 y 26 años ha iniciado estudios universitarios. Se pensaría que en ese grupo tan pequeño de población, el acceso a internet y computadoras es casi generalizado. Sin embargo, estudiantes de la Universidad de San Carlos denunciaban que muchos alumnos deben asistir a cafés internet o laboratorios de computación para poder acceder a la red. También denunciaban que existen catedráticos universitarios que no cuentan con acceso a estas herramientas vitales para la educación de este siglo.

En ese contexto la aplicación de metodologías online en la única universidad pública del país, dejaría por fuera a algunos alumnos y profesores que no tienen acceso a las herramientas que la metodología necesita.

Por otro lado, la pérdida de empleos ya está afectando a las 16 universidades del país, quienes ya reportan, de manera no oficial, un aumento en el número de deserciones y de moras en la población estudiantil.

La crisis del Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles; pero casi ninguno tendrá un impacto tan duradero para el futuro del país como el cierre de establecimientos educativos y la pérdida de capacidad de las familias para enviar a sus hijos a estudiar.

El Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles, incluyendo la educación. Millones de niños y jóvenes alrededor del mundo, y en el país, han abandonado las aulas como consecuencia del virus, retrasando su educación y poniendo en riesgo su futuro; principalmente en las regiones más vulnerables del planeta.

Poco se está hablando sobre el impacto que tiene la crisis del COVID-19 sobre el sector educativo y sobre las metas educativas de las naciones. Según la UNESCO, el 90% de los países del mundo han cerrado sus escuelas, en un esfuerzo por detener el avance de esta enfermedad, que sí bien parece ser benigna con el segmento poblacional que asiste a los establecimientos educativos, es todavía una enfermedad nueva que presenta retos importantes para el futuro cercano.

Este cierre afecta a más de 1,500 millones de niños y jóvenes de todo el mundo, retrasando su educación y poniendo en un riesgo muy grande el futuro de la educación de niños y jóvenes en regiones de gran precariedad económica.

Las niñas son las principales víctimas

La Fundación Malala, presenta algunos datos preocupantes que recabaron durante la crisis del Ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia que provocó el cierre de escuelas por 6 u 8 meses. El efecto más visible de esta crisis fue el incremento de 19% en niñas entre 12 y 17 años que comenzaron a trabajar; la mayoría de estas niñas nunca regresaron a la escuela al terminar la crisis, pues la idea de que continúen sus estudios pierde prioridad frente a la ayuda económica que su trabajo representa para las familias.

En países pobres, en los que existen grandes rezagos educativos para la niñez y las niñas en particular, una crisis como la del Ébola o la del Coronavirus puede provocar las que niñas pierdan el 50% de sus años totales de educación.

En Guatemala, 141,337 menores de edad que están fuera del sistema educativo, de esos, 91,869 (65%) son niñas, según el censo 2017-2018 del Ministerio de Educación.

Un riesgo muy grande en la caída de la escolaridad

El 79.5% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela por razones socioeconómicas, ya sea porque los padres no tienen dinero para enviarlos, viven en lugares muy alejados o trabajan; y la tasa neta de cobertura para el nivel primario, viene cayendo desde 2009 cuando alcanzó su punto más alto de 98.7%  a 77.9% en 2018.

Con esos datos es lógico asumir que si la situación económica de las familias empeora, como consecuencia de la crisis económica provocada por el virus, muchos niños en edad escolar podrían quedar fuera del sistema educativo por un tiempo y lo que es peor, algunos podrían quedar fuera permanentemente ante la necesidad que tengan las familias de contar con más manos para ganar el sustento diario.

En ese sentido, las proyecciones del BID sobre desempleo del sector formal para Guatemala presentan un cuadro poco alentador; según sus análisis, si la crisis sigue (todo apunta que así será), el desempleo podría caer 7.5% en el corto plazo, esos son 97,500 empleos formales. En el largo plazo el desempleo podría caer 13.6%, que representa 176,800 empleos formales; y si se llega a un proceso de recesión prolongada, la caída podría ser de 21.1%, que son 274,300 empleos formales. Este análisis deja de fuera el empleo informal, por no tener datos, pero podemos suponer que también se vería seriamente afectado por la crisis económica.

Estos datos impactarían severamente en la posibilidad que puedan tener las familias de poner a sus hijos a estudiar, tanto en el sector público como el privado. De hecho, muchos establecimientos educativos privados comienzan a reportar extraoficialmente una baja importante en los pagos mensuales por colegiatura.

¿Educación online como solución para Guatemala?

 Para el sector público la educación online es un tema materialmente imposible de implementar. La situación socioeconómica de docentes y alumnos, le impide a una gran mayoría tener acceso a equipo de cómputo e internet para poder hacer educación online; el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que en Guatemala el 78% de la población no usa computadora y que el 69% no usa internet.

La educación por televisión o radio fue la opción implementada por el gobierno de Guatemala, pues el 71% de los hogares guatemaltecos cuentan con al menos una televisión y el 65% cuenta con al menos un receptor de radio. Sin embargo, esta metodología no permite una diferenciación de niveles educativos y en hogares en donde muchos miembros de la familia deben compartir un televisor, es difícil que este se destine para la educación.

 Ni siquiera en la educación privada se está teniendo el éxito esperado con la educación online. Las instituciones educativas privadas ya reportan las quejas de muchos padres que están inconformes por las metodologías, pues consideran que no llena sus expectativas. Esto está provocando que muchas familias suspendan el pago del colegio de sus hijos, mientras otros que han perdido su empleo también tengan problemas para realizar los pagos.

Problemas en la educación superior

En Guatemala la educación superior es privilegio de pocos. Según la UNESCO solo 2.6% de la población entre 18 y 26 años ha iniciado estudios universitarios. Se pensaría que en ese grupo tan pequeño de población, el acceso a internet y computadoras es casi generalizado. Sin embargo, estudiantes de la Universidad de San Carlos denunciaban que muchos alumnos deben asistir a cafés internet o laboratorios de computación para poder acceder a la red. También denunciaban que existen catedráticos universitarios que no cuentan con acceso a estas herramientas vitales para la educación de este siglo.

En ese contexto la aplicación de metodologías online en la única universidad pública del país, dejaría por fuera a algunos alumnos y profesores que no tienen acceso a las herramientas que la metodología necesita.

Por otro lado, la pérdida de empleos ya está afectando a las 16 universidades del país, quienes ya reportan, de manera no oficial, un aumento en el número de deserciones y de moras en la población estudiantil.

La crisis del Coronavirus presenta retos importantes para Guatemala en todos los frentes posibles; pero casi ninguno tendrá un impacto tan duradero para el futuro del país como el cierre de establecimientos educativos y la pérdida de capacidad de las familias para enviar a sus hijos a estudiar.

Quizá uno de los mayores efectos de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad al mismo tiempo en que busca detener una acelerada curva de contagios y fallecidos. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

Quizá uno de los mayores efectos de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad al mismo tiempo en que busca detener una acelerada curva de contagios y fallecidos. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

En las últimas semanas se ha intensificado la discusión respecto al origen del SARS-CoV-2. En medio de la más grande crisis que atraviesa la humanidad desde hace un siglo, la especulación podría alimentar narrativas catalizadoras de conflictos en el futuro post-pandemia.

Las infecciones por Coronavirus ya superan los dos millones de personas y hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 170mil seres humanos en 185 países. Desde que se reportó el primer caso de Coronavirus en Wuhan, provincia de Hubei en China, se empezaron a levantar sospechas sobre el origen del virus SARS-CoV-2.

Varias publicaciones en redes sociales afirman que en China, la propagación del coronavirus se limitó a la ciudad de Wuhan y que no llegó a las ciudades de Beijing o Shanghai evitando así el contagio de los líderes del régimen chino. Algunas, aseguran que el mercado de valores chino tampoco se vio afectado por la propagación de la pandemia, a diferencia de los países en Europa y Estados Unidos. Las anteriores, son algunas especulaciones sobre la posible instrumentalización del virus por parte de China para consolidarse como una potencia mundial.

El pasado 17 de abril se reportó que el PIB de China cayó un 6.8% en el primer trimestre de 2020 respecto a el año 2019. Así, se registró la primera caída de la economía del país desde 1992. Con esto vemos que la pandemia ya puso a prueba el sistema económico en el país y probablemente siga haciéndolo por algunos meses.

Por otro lado, varios esfuerzos científicos, como el de la revista Nature, aseguran que la evidencia recopilada permite afirmar que el SARS-CoV-2 no se trata de una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito sino más bien de una mutación natural de un virus zoonótico. Bajo este escenario, algunas publicaciones exploran que, aunque se trata de un virus con origen natural, pudo haberse propagado por prácticas negligentes en el Instituto de Virología en Wuhan donde se realizaban estudios sobre mutaciones de la familia de los coronavirus en murciélagos.

Hasta el momento sabemos que para evitar una propagación con las dimensiones a las que ahora nos enfrentamos, quizá China debió haber elaborado una estrategia de contención más estricta. Quizá, también debió haber alertado a tiempo a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y definitivamente debieron haber sido transparentes con la información sobre la evolución del virus. Los líderes del régimen chino fallaron en las tres cosas -así como lo han hecho con muchas otras- no sabemos si con la intención perversa de hacerlo o por incompetencia, el resultado es el mismo, catastrófico.

Lo anterior, únicamente viene a reforzar y presentar evidencia sobre cómo los regímenes totalitarios y centralizados van a fracasar en la coordinación de actores y asignación de recursos. Es momento para apostar por sistemas en los que se permita la libertad, la descentralización del poder, la democracia y el estado de derecho para evitar ser víctimas de los mismos errores.

Las afirmaciones sobre una posible conspiración de China para declararse la potencia mundial son meramente especulativas en ausencia de evidencia contundente que pruebe lo contrario. Los discursos de algunos líderes políticos reflejan una peligrosa narrativa que podría desembocar en un conflicto de proporciones alarmantes a nivel global. Lo anterior, en un mundo post-pandemia únicamente agudizará los problemas y retrasará aún más la recuperación sanitaria y económica de los países.

Es indispensable que aprendamos de los errores del pasado y evitemos el surgimiento de discursos polarizadores y generadores de conflicto. En un mundo post-pandemia será fundamental generar un ambiente de confianza en la que los actores del mundo cooperen para poder acelerar el proceso de recuperación en los países. Con libertad y responsabilidad, la humanidad -una vez- más saldrá adelante.