La tragediaocurridapor el Volcán de Fuego dejó más de 1.7 millones de guatemaltecos afectados.

El 3 de junio de 2018 una tragedia golpea de nuevo a los guatemaltecos. Esta vez fue provocada por el Volcán de Fuego, ubicado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. Varias erupciones en el Volcán generaron gruesas columnas de ceniza y flujos piroclásticos que descendieron, afectando a varias comunidades de los tres departamentos, especialmente la aldea El Rodeo y la colonia San Miguel Los Lotes.

 El Gobierno ha sido criticado por la falta de protocolos de prevención y en algunas noticias se ha mencionado la ausencia de aviso para evacuar a las comunidades aledañas al volcán.El saldo de vidas perdidas es todavía incierto, pero se estima que 1.7 millones de personas han sido afectadas.

 Al suceder esta tragedia, distintas organizaciones y ciudadanos se organizaron para brindar la ayuda necesaria a las víctimas del volcán. La solidaridad de los guatemaltecos y de amigos internacionales ha sido abrumadora y la esperanza ha llenado los corazones de quienes creían todo perdido.

 Esta semana en Dimensión, hablamos con tres expertos sobre la tragedia alrededor del Volcán de Fuego y sobre cómo la prevención en países vulnerables como el nuestro es importante para resguardar la vida de los guatemaltecos.

Panelistas:

• Manolo Barrillas (Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, Naciones Unidas)
• Jean-Roch Lebeau (Ingeniero Geógrafo)
• Susy Girón (Directora de Preparación de CONRED)

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Dimensión

Hablamos con un grupo de analistas sobre las mejores estrategias para la construcción de ciudadanía activa en un país como Guatemala.

Desde 2015, Guatemala atraviesa una importante crisis política que no parece encontrar una solución definitiva. La corrupción, que por años había cooptando a las entidades públicas, finalmente está siendo desmantelada,lo que abre la oportunidad de construir una nueva institucionalidadque responda realmente a los intereses de la ciudadanía.

Sin embargo, el proceso de construcción de instituciones transparentes y funcionales requiere de la participación activa de los ciudadanos, educándose sobre los temas de país, votando de forma responsable e informada, opinando sobre los asuntos de Estado y cumpliendo con los derechos y obligaciones que establece la ley.El punto medular es que los ciudadanos de un país tienen que estar interesados en la vida cívicay no dejarse llevar por la apatía o el desinterés en los asuntos públicos.

Los beneficios sociales de tener una ciudadanía activa son muchos, desdemejores posibilidades de fiscalización y control sobre el poder público;hasta mejoras en el respeto de la ley y el aprecio por la Democracia y el Estado de Derecho. Por el contrario, cuando los ciudadanos viven ajenos a lo que sucede en la vida pública del país, la corrupción echa raíces profundas en sus instituciones.

En el caso de Guatemala, la frustración con su sistema político, ha hecho que la población tome distancia de la participación en las decisiones de Estado, lo cual ha sidoaprovechado por políticos y funcionarios inescrupulosos para aprovecharse y buscar sólo sus intereses espurios.

Por esa razón, si se desea construir un país distinto, no solo se deben cambiar leyes, sino también se debe construir una cultura ciudadana participativa,vigilante y crítica, que elija responsablemente a sus gobernantesy que también quiera participar en el Estado.

Esta semana en Dimensión hablamos con un grupo de analistas sobre las mejores estrategias para la construcción de ciudadanía activa en un país como Guatemala.

Penelistas:

• Cristian Álvarez(Director ejecutivo de CADEP)
• Anibal Samayoa(Licenciado en Ciencia Jurídicas y Sociales)
• Álvaro Montenegro(Miembro de Justicia Ya)
• Claudia Villagran(Analista político)

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Dimensión

Hablaremos sobre la importancia de continuar la lucha contra la corrupción en el país; y sobre la importancia de la permanencia del Comisionado Iván Velásquez en la CICIG y la Fiscal General Thelma Aldana en el Ministerio Público.

Comunicado de Dionisio Gutiérrez

 Guatemala tiene demasiados años de ser gobernada por incapaces, delincuentes y criminales.

 La corrupción y el crimen organizado tienen capturado al Estado. El gobierno no funciona. Y cuando a esto sumamos la indiferencia de las élites, nos da el país que tenemos.

 Guatemala pide a gritos justicia, seguridad y oportunidades.

 La pobreza y la impunidad son asfixiantes y vergonzosas para una nación que tiene todo para alcanzar el desarrollo.

 Por primera vez en décadas se combate al crimen organizado y se hace justicia.

 Por supuesto que queremos ver que otros grupos corruptos que han gobernado paguen por los crímenes que han cometido. La justicia no debe tener color ni ideología. Pero lejos de intentar descalificar o debilitar el proceso en que estamos, debemos fortalecerlo y unir esfuerzos para acabar con la impunidad y alcanzar el imperio de la ley.

 El Comisionado Iván Velásquez y la Fiscal General Thelma Aldana deben sentir el apoyo y el agradecimiento de esta nación que necesita rescatar su destino.

 Este es un momento en el que deben imperar la cordura, la responsabilidad de Estado y la decencia para seguir con la tarea de construir un verdadero Estado de Derecho en Guatemala.

 El Comisionado Iván Velásquez debe seguir al frente de CICIG en Guatemala.

 Guatemala, 23 de agosto de 2017.

 Este domingo en Dimensión, hablaremos sobre la importancia de continuar la lucha contra la corrupción en el país; y sobre la importancia de la permanencia del Comisionado Iván Velásquez en la CICIG y la Fiscal General Thelma Aldanaen el Ministerio Público.

 Panelistas:

• Dina Fernández(Presidenta de Consejo Editorial de Soy502)
• Erick Maldonado(Abogado y diplomático)
• Leonel Lira(Diputado de Encuentro por Guatemala)
• Manuel Villacorta(Doctor en sociología y columnista de prensa)

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Dimensión

Analizaremos el diferendo territorial entre Guatemala y Belice; y discutiremos sobre las opciones de solución a este problema que lleva más de 160 años.

Entre 1783 y 1786 lacorona española le cedió a Gran Bretaña una extensión de tierrade lo que hoy es Belice para explotar el palo de tinte y otras maderas. Esta área estaba delimitada entre los ríos Hondo y Sibún.

Sin embargo, después de la independencia de Guatemala en el año 1821, Gran Bretaña comenzó a apropiarse de más territorio hasta llegar al río Sarstún, aprovechándose de la debilidad de Guatemala y la recién formada Federación de las Provincias Unidas de Centro América.

El avance de la apropiación de territorio por parte de Gran Bretaña se vio frenado, gracias a la firma del Tratado Clayton Bulwer, en el que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña se comprometían a no seguir aumentando el territorio ocupado por estas dos potencias dentro de la región centroamericana.

En 1859 Guatemala acepta ceder el territorio entre los ríos Sibún y Sarstún a Gran Bretaña a cambio de una compensación, que consistía en la construcción de una carretera que comunicara la Ciudad de Guatemala con las costas del atlántico. Gran Bretaña nunca cumplió con la compensación, por lo cual Guatemala continúo con el reclamo a lo largo del siglo XX.

En 1981 Gran Bretaña le otorga de forma unilateral la independencia a Belice, lo que crea una crisis diplomática entre ambas naciones. Guatemala repudió el acto y expresó que se reservaba el derecho de continuar con el reclamo territorial.Sin embargo, en el año 1991 Guatemala también reconoció la independencia de Belice,aunque no renunció a sus demandas territoriales.

Finalmente, en el año 2008 Belice y Guatemala firman un acuerdo especial en el que se comprometen a someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia. No obstante,los dos países tienen que realizar una consulta a sus ciudadanospara validar la disposición de acudir a la Corte Internacional. La propuesta que se está discutiendo actualmente es realizar dicha consulta popular antes que termine el presente año.

Este domingo en Dimensión, analizaremos el diferendo territorial entre Guatemala y Belice; y discutiremos sobre las opciones de solución a este problema que lleva más de 160 años.

Panelistas:

• Jahir Dabroy (Politólogo)
• Carlos Bran (Internacionalista)
• Gustavo Orellana Portillo (Ex Miembro del Consejo de Belice y de la Comisión de Belice)

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Dimensión

Hablaremos sobre la delicada situación de Nicaragua y algunas posibles salidas que se pueden prever ante la crisis.

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta una de sus crisis políticas más importantes. Miles de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes y estudiantes, han tomado las calles para manifestar su descontento con el gobierno.

Lo que en un inicio fue una protesta en contra de un aumento a las contribuciones del seguro social a empleados y patronos, se convirtió rápidamente en una protesta en contra del régimen de Ortega y sus abusos sobre la democracia nicaragüense.

Hasta el momento, se calcula un saldo de 85 muertos y casi mil lesionados por la violencia y la acción represiva del gobierno en contra de los manifestantes. Esto ha desatado la crítica internacional en contra del régimen y ha provocado que la situación se complique.

El futuro cercano de Nicaragua es incierto; Ortega se niega a cesar la represión en contra de las manifestaciones, que han crecido en tamaño e intensidad, debido a la indignación provocada por la violencia de las fuerzas armadas.

Esta semana en Dimensión hablaremos con un grupo de analistas sobre la delicada situación de Nicaragua y algunas posibles salidas que se pueden prever ante la crisis. 

Panelistas:

• Ronalth Ochaeta (Analista político)
• Johnathan Ordoñez (Politólogo)
• Byron Garoz (Analista político)
• Aníbal García (Analista político)

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Dimensión

Discutiremos sobre las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de política exterior en los últimos meses y las repercusiones que tendría para Guatemala en el corto y mediano plazo.

El miércoles 16 de mayo, Guatemala inauguró su embajada en Jerusalén, sumándose a la iniciativa de Estados Unidos, quién también abrió su sede diplomática en esa ciudad dos días antes. Esta decisión ha causado revuelo en la diplomacia mundial, debido a que existe un acuerdo de la comunidad internacional desde hace 70 años, que Jerusalén no sería considerada la capital de Israel o Palestina, sino una ciudad de carácter internacional.

Sin embargo, no es la primera vez que Guatemala tiene una sede diplomática en esa ciudad. En 1956 Guatemala se convirtió en el primer país del mundo en abrir su embajada en Jerusalén y la trasladó cerca de Tel-Aviv en los años ochenta, debido a una resolución de las Naciones Unidas que exhortaba a los países miembros a trasladar sus sedes diplomáticas de Jerusalén a otras ciudades, en respuesta a que el Estado de Israel la había declarado su capital de forma unilateral.

En 1995 el congreso de Estados Unidos decretó una ley que establecía que este país debía tener su embajada en Jerusalén, pero ninguno de los presidentes se había atrevido a dar este paso, por los efectos desestabilizadores que podría tener sobre esta región del mundo altamente conflictiva. En este sentido, la decisión de Donald Trump tan solo hace efectiva la decisión que tomó el Congreso de Estados Unidos hace más 20 años. Sin embargo, a diferencia de Guatemala, Estados Unidos nunca había tenido su embajada en Jerusalén debido al rol de mediador entre palestinos e israelíes que ha jugado históricamente. Esta decisión, podría afectar su influencia en el proceso de paz entre estas dos naciones.

Además del traslado de la Embajada a Jerusalén, Guatemala tomó otra decisión polémica en materia de política exterior. El 10 de mayo la cancillería pidió a Suecia que cambiará a su embajador Anders Kompass, debido a que habría incurrido en supuestas injerencias en asuntos internos. La respuesta de los principales embajadores acreditados en el país no se hizo esperar. El 15 de mayo, el grupo denominado G-13, que aglutina a los embajadores de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, la Unión Europea, Naciones Unidas, entre otros; emitió un comunicado en el cual lamentan la decisión del gobierno de Guatemala y le piden que reconsidere su decisión. Sin embargo, el gobierno insiste en materializar la salida del Embajador Kompass.

Este domingo en Dimensión, discutiremos sobre las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de política exterior en los últimos meses y las repercusiones que tendría para Guatemala en el corto y mediano plazo.

Panelistas:

• Carlos Arrazola (Periodista)
• Nicolás Virzi (Internacionalista)
• Estuardo Rodríguez Azpuru (Analista geopolítico)

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Dimensión

Analizaremos los pactos colectivos en las distintas instituciones públicas y los cambios que necesitan, para evitar que las finanzas del Estado continúen siendo dilapidadas.

Actualmente se encuentran vigentes 14 pactos colectivos en las distintas entidades del Estado. El Congreso de la República, el Organismo Judicial, el Ministerio Público, así como 8 de los 14 ministerios del Organismo Ejecutivo, entre otras instituciones, han firmado pactos colectivos que han generado una fuerte crítica en la opinión pública.

Si bien la Constitución y las leyes del país protegen la libertad sindical y la negociación colectiva, ésta ha sido utilizada para obtener beneficios que atentan contra las finanzas del Estado y la calidad y cobertura de los servicios públicos.

En varios de estos pactos se establecen muchos más días de vacaciones y feriados que los que establece la ley; se realizan incrementos salariales discrecionales sin considerar el desempeño de los empleados públicos o la viabilidad financiera de dichos incrementos; e incluso se llegó al extremo de crear un fideicomiso para pagar las deudas de los empleados en el Pacto Colectivo del Ministerio de Salud.

La lógica que se ha seguido en los pactos colectivos, es la del saqueo y la dilapidación de los recursos públicos. Los malos sindicalistas, en contubernio con funcionarios públicos inescrupulosos se han repartido prebendas, con un alto costo para los contribuyentes.

Debido a los pactos colectivos, el gasto en recursos humanos pasó de ser el 31% del presupuesto público total en 2006 a ser el 55% en el año 2016. Los incrementos salariales que contemplan algunos pactos colectivos, llevarían a duplicar los salarios de los empleados públicos cada 7 años, lo cual está lejos del contexto económico y social del país.

Además, los pactos colectivos han introducido una enorme distorsión en el sistema de salarios del Estado. Las remuneraciones no dependen del nivel de profesionalización, responsabilidad, riesgo y desempeño que tienen los empleados, sino de la habilidad de los sindicatos para presionar por más prebendas.

Si se continúa en esta situación, el Estado contará cada vez con menos recursos para invertir en más escuela, hospitales y carreteras y los impuestos solo servirán para pagar a grupos de empleados públicos que no tienen un auténtico compromiso con el país.

Este domingo en Dimensión, analizaremos los pactos colectivos vigentes en las distintas instituciones públicas y los cambios que se tienen que realizar, para evitar que las finanzas del Estado continúen siendo dilapidadas.

Este domingo entrevistamos a cuatro expertos sobre los nuevos retos que enfrentará María Consuelo Porras al llegar al Ministerio Público.

Una de las batallas más importantes que se libró en el país durante 2018,fue la designación de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.La Comisión de Postulación fue vigilada muy de cerca por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de evitar que entre los seis finalistas, se presentaranpersonas con señalamientos serios que pudieran poner en peligro el proceso de fortalecimiento institucional del Ministerio Público, iniciado hace tan solo cuatro años.

Esta elección también fue importante debido al papel protagónico que ha jugado el Ministerio Público, bajo la administración de Thelma Aldana, en el proceso de lucha contra la corrupción, apoyado por la CICIG.

Mientrasel período de Thelma Aldana llega a su fin el próximo 15 de mayo,el Presidente ha designado a María Consuelo Porras para ocupar el cargo,quien tendrá la responsabilidad de llevar a buen puerto la lucha contra la corrupción, mientras se continúa fortaleciendo al Ministerio Público para que juegue el papel que le corresponde en la cadena de justicia; ambas tareas impostergables para un país como Guatemala.

Esta semana en Dimensión, hablaremos con un grupo de analistas sobre los retos que enfrentará la nueva administración del Ministerio Público en la actual coyuntura política.

Panelistas:

• Edgar Ortiz (Abogado y notario)
• Omar Barrios Osorio (Director del Centro de Estudios de Derecho)
• Oswaldo Samayoa (Analista del Centro de Estudios de Guatemala)
• Andy Javalois (Analista Jurídico de la Fundación Myrna Mack)

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Dimención

Este domingo hablamos con expertos en el tema de pandillas y violencia sobre la situación actual de esta problemática social en el país y los posibles caminos para su solución.

Las pandillas criminales o las llamadas “maras” han evolucionado con el pasar de los años. Han pasado de ser bandas locales, a organizaciones, incluso internacionales, de crimen organizado; que no solo amenazan la seguridad ciudadana, sino que también mantienen acuerdos con grandes empresas y organizaciones políticas.

En Guatemala las dos pandillas más grandes son la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las cuales forman cuadros, en su mayoría, con personas provenientes de áreas rojas. Según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), al menos unas 15 mil personas, en su mayoría jóvenes, integran estas agrupaciones.

En las noticias se leen y escuchan cuáles son las atrocidades que realizan. Esto presiona a los gobiernos a tener una política pública clara sobre cómo atacar este problema, sin embargo las luchas han sido criticadas de superficiales y de no atacar su raíz.

Este domingo en Dimensión, hablamos con tres expertos en el tema de maras y violencia sobre la situación actual de esta problemática social en el país y los posibles caminos para su solución.

Panelistas:

• Ricardo Guzmán (Exviceministro de Gobernación)
• Carlos Mendoza (Investigador de Diálogos)
• Carmen Rosa de León (Directora de IEPADES)

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Dimensión

Hablaremos con un grupo de expertos sobre los posibles escenarios que podrían enfrentar Venezuela después del fraude.

El pasado 30 de julio, en medio de una fraudulenta elección,Nicolás Maduro inauguró una nueva etapa en la dictadura chavista.La jornada dejó no menos de una docena de personas muertas y el régimen logró anular el último espacio de incidencia de la oposición, con una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente que anularía al Parlamento venezolano. Con este golpe, el gobierno venezolano incrementa la confrontación con la población y las fuerzas políticas opositoras.

La abstención durante el fraude electoral del 30 julio fue alta;las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral colocan la participación en un 41.43% del censo, un total de 8.1 millones de votantes. Sin embargo, la oposición indicó que el dato ha sido inflado por el gobierno y que sus cálculos ubican la cifra en apenas un 12%.

En medio de estos señalamientos la empresa Smartmatic, que desde 2004 es encargada de la gestión tecnológica de los procesos electorales en Venezuela, ha confirmado a medios internacionales queel gobierno efectivamente ha inflado la participación en al menos un millón de votos.Esta declaración confirma el fraude electoral.

Aunado a la violencia que ejercieron las fuerzas armadas contra las protestas, la dictadura intensificó la persecución contra los líderes de la oposición yregresó a la cárcel a Antonio Ledezma y Leopoldo López.Al día de hoy son cientos los presos políticos del régimen a los cuales se les ha torturado.

Frente al más reciente movimiento del régimen de Maduro, la comunidad internacional parece haber despertado y se ha expresado de manera contundente en contra de este nuevo golpe de Estado del gobierno venezolano.Más de 40 países, entre los que se encuentra la Unión Europea, han dicho que no reconocerán el resultado de la votación en Venezuelay Estados Unidos ha anunciado sanciones dirigidas a Nicolás Maduro y miembros del gobierno.

Las violaciones a los derechos humanos continúan y el sufrimiento del pueblo venezolano podría agravarse en los próximos meses ante la profundización de la revolución chavista.

Esta domingo en Dimensión hablamos con un grupo de expertos sobre los posibles escenarios que podrían enfrentar Venezuela después del fraude.

Panelistas:

• Raul Bolaños(Politólogo y catedrático universitario)
• Thanalí Patruyo(Socióloga y catedrática universitaria)
• Jesús María Alvarado(Catedrático universitario)
• Gerardo Cabrera(Representante de la Mesa de Unidad Democrática -Coordinador en Guatemala de Primero Justicia)

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