Tres procesos con implicaciones en materia electoral y de lucha contra la corrupción.

Como es costumbre, en Guatemala padecemos de “coyunturitis”: esa afección de enfocarse de forma casi exclusiva en los eventos de coyuntura y no ver más allá de lo inmediato.

A modo de ejemplo. La agenda de interés nacional prácticamente orbita sobre dos grandes ejes. 1) Los casos judiciales de alto impacto y la tensión política derivada del conflicto político entre los esfuerzos por profundizar la lucha contra la impunidad, versus los esfuerzos por detener el proceso. 2) El proceso electoral 2019, con sus posibles candidaturas, la situación de los partidos políticos y las reflexiones sobre las reglas que estarán vigentes en la elección.

Sin embargo, detrás de estos dos grandes ejes resaltan tres procesos institucionales de suma trascendencia para el país.

El primero de ellos es la elección del Contralor General de Cuentas de la Nación. Quizá uno de los más olvidados de los procesos institucionales de “segundo grado”, el nombramiento del Contralor resulta trascendental para profundizar los avances de la lucha contra la corrupción. Pero sobre todo, tiene un efecto de cara al proceso electoral 2019. El número de candidaturas que dependen de la obtención del finiquito es significativo, por lo que el nuevo contralor se convertirá en un filtro pre-eleccionario. Si a ello agregamos que la mayoría de candidatos en riesgo por el finiquito son alcaldes, el rol de “filtro” tendrá un efecto más sensible en las campañas territoriales y locales.

El segundo proceso es la elección de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que tendrá lugar en febrero 2019. Derivado del modelo corporativista instaurado en la Constitución, al gremio de juristas se la ha otorgado un espacio privilegiado en los procesos de postulación y elección de operadores de justicia, particularmente, a través de representación directa en las comisiones postuladoras. He ahí el valor de la elección de Directiva.

Los procesos dentro del gremio se han convertido en un microcosmos de la política nacional. Y tal y como ocurre con los gobiernos y el apoyo al partido oficial, dentro del mundo gremial los “grupos oficialistas” han utilizado la unidad de cursos y capacitaciones para promover la imagen de futuros candidatos. Y con la elección de cortes a la vuelta de la esquina, quien resulte ganador en febrero tendrá un trampolín para promocionar a sus postuladores y candidatos.

De lo anterior se deriva entonces el tercer proceso relevante en 2019: la elección de magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Y este es el clave en el mediano plazo. Apelaciones a resoluciones de jueces contralores, recusaciones de jueces, revisión de sentencias en segunda instancia. Todo ello cae bajo la jurisdicción de las salas. Mientras que la Corte Suprema de Justicia, además de ser el máximo órgano administrativo del Organismo Judicial, conoce casaciones, tiene competencia sobre solicitudes de antejuicios contra diputados, por mencionar algunas funciones. Es decir, de la integración de las cortes en 2019 dependerá si la lucha contra la impunidad se consolida o si retrocede.