Somos unos de los países más violentos en América Latina y, aunque las tasas de homicidios han descendido,  todavía son  insuficientes para que seamos considerados una sociedad pacífica. 

No hay día que los guatemaltecos dejen de escuchar o ver noticias sobre la muerte de personas, asaltos a ciudadanos, extorsiones a negocios, etc. No es una realidad distante, ni individual, sino que trabaja de forma sistémica y transnacional. Es una red compuesta por muchos actores y la justicia no ha triunfado en aplicar la ley.

Somos el quinto país más violento de América Latina[1]. Manejamos una tasa de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en países como Argentina,  las tasas no sobrepasan los 9 puntos. En el año 2009 alcanzamos la tasa más alta registrada, 46.5, y aunque siete años después los números han descendido,  todavía son  insuficientes para que seamos considerados una sociedad pacífica. 

El Estado guatemalteco se encuentra en una situación de grave debilidad institucional para hacer frente a esta problemática. Existen grupos clandestinos que operan violentamente, respondiendo a los intereses de redes de individuos poderosos que se enriquecen por medio de actividades ilícitas como contrabando de bienes, secuestros, tráfico de personas, de armas y municiones; y tráfico de narcóticos.

Como respuesta los gobiernos han tratado de fortalecer las instituciones relacionadas con el combate a la violencia, especialmente a la Policía Nacional Civil –PNC-. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD,  en Guatemala existen más de 23,000 agentes de PNC que intentan velar por la seguridad de más de 15 millones de habitantes.  

El sector privado también ha respondido ante la situación del país. Según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) para el año 2015 habían 43 mil 500 guardias de seguridad privada. Esta cifra duplica la cantidad de agentes de PNC dada la demanda para asegurar la integridad de negocios locales que deben hacerle frente a extorsiones o asaltos que los agentes de la PNC no podrían prevenir. 

Otra solución encontrada por la sociedad civil ha sido la utilización de garitas, cercos, muros, etc. que cierran el paso de la violencia a las cercanías de sus hogares. Sin embargo, este tipo de medidas también daña la convivencia que tienen los guatemaltecos,eliminando espacios públicos, el acercamiento con sus vecinos y fomentando la percepción de inseguridad es cualquier espacio abierto que no presente control alguno.  

Además, la violencia en Guatemala tiene serios problemas en el desarrollo y cumplimiento de los más básicos derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad, al desarrollo sostenible, a la justicia, protección de la infancia, de la mujer, educación, etc.  Esto genera problemas en el crecimiento económico y el progreso que podría alcanzarse frente a la inseguridad de su sociedad. Los beneficios económicos no se materializan en productos y servicios que generen estabilidad a sus comunidades.

Pero a pesar de que la violencia parece estar generalizada en todo el territorio nacional, no todos los departamentos son iguales de violentos. La violencia homicida está relacionada negativamente con las variables de pobreza y de autodefinición étnica indígena. Es decir que la violencia se manifiesta en menor cantidad dentro de los municipios más pobres y con mayoría de población indígena.  Tiene relación con los cascos urbanos que concentran mayor número de habitantes y que permiten ver la desigualdad social de forma evidente. 

Fuente: STCNS Febrero 2016

 En definitiva nadie se encuentra ajeno a la violencia, pero mecanismos internos de control han ayudado a las comunidades indígenas a vencer este mal.  El índice de impunidad en nuestro país alcanza el 97%[2],  por lo que el trabajo que debe hacer el sector justicia para resolver los alto crímenes del país es una tarea importantísima para mejorar las cifras de violencia del país, especialmente en dichas localidades donde conviven guatemaltecos de distintas clases sociales. 

Pensar en seguridad, también es apostarle al desarrollo social. La investigación con datos estadísticos es un factor base para proponer planes acorde a la realidad de las distintas regiones del país y proponer políticas públicas que busquen mejorar transversalmente estas condiciones. Los guatemaltecos no quieren seguir viviendo en un territorio donde tener un día tranquilo es cuestión de “suerte” y el Estado debe responder a esto. 

 Referencias: 

[1] http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-homicidios-lat...

[2] http://www.udlap.mx/cesij/files/igi2015_ESP.pdf