Esta semana en Razón de Estado hablamos de los últimos casos judiciales que revelan la cooptación del Estado guatemalteco por grupos de interés y por el crimen organizado.
Dionisio Gutiérrez inició el editorial de la semana, refiriéndose al caso Subordinación del Legislativo al Ejecutivo: “Desde el Congreso, el Sistema Judicial y la Vicepresidencia, hasta la presidencia de la república, queda expuesto, una vez más, como funcionarios públicos y autoridades, lejos de estar al servicio de la nación y del Estado de Derecho, se prestan a ser cómplices, títeres y mayordomos a la orden para consentir un Estado capturado y criminal.”
Aseguró que el proceso electoral actual es uno de los “más accidentados e inciertos de la era democrática” y que “además de estar hundidos en el fango y la deshonra de la corrupción, Guatemala enfrenta un proceso en el que sobresalen candidatos improvisados, delincuentes y dictadores en potencia.”
Por último hizo un llamado a los guatemaltecos para reconocer que “el desarrollo del país depende de que sus ciudadanos vivan en libertad, en una economía que respeta la propiedad y promueve la competencia en un sistema de reglas claras y certeza jurídica”; y agregó que también depende “de que se castigue el abuso, la inmoralidad y los crímenes que cometen quienes venden y compran leyes y pretenden imponer reglas personales para atropellar a los demás.”
Después Dionisio Gutiérrez entrevistó al exembajador estadounidense Stephen McFarland, quien prestó servicio diplomático en siete países de América Latina, sobre la agenda de Estados Unidos hacia la región latinoamericana y la coyuntura política y electoral que atraviesa Guatemala.
Sobre la carta que publicó, en relación al arresto de Mario Estrada en Estados Unidos, McFarland dijo que “lo que me llevó a escribir esa carta fue primero, una frustración con la política actual de Estados Unidos hacia Guatemala y el resto de la región; y segundo, una profunda preocupación por lo que estaba pasando en Guatemala.”
Indicó que “es muy importante que los EEUU a través de la DEA haya realizado la captura de Mario Estrada. Sin embargo, como diplomático debo decir que por ahora estas son acusaciones y que el acusado goza de la presunción de inocencia; Guatemala y Estados Unidos deben probar si estas acusaciones tienen algo de verdad.” Agregó que “casos como el de UCN dan un mensaje importante sobre la lucha contra el narcotráfico, pero no es un disuasivo suficiente para evitar que el narcotráfico se infiltre en las elecciones a través del financiamiento y de la violencia política.”
Por último habló sobre la injerencia extranjera y la soberanía en una nación: “Hay que tener en cuenta que algunos de los problemas que enfrenta guatemala son transnacionales, afectan los intereses de otros países; y que si bien cada país debe defender su soberanía, una defensa pura es muy difícil de alcanzar. (...) Nadie ha criticado la acción de la DEA ni han dicho que esto ha sido una violación a la soberanía, caso contrario a lo que sucedió con CICIG porque se veían involucrados intereses de diversos sectores.”
En el siguiente segmento Edgar Ortiz moderó el debate entre Phillip Chicola, Cristhians Castillo y Luis Miguel Reyes, donde discutieron el caso Subordinación del Legislativo al Ejecutivo y cómo este caso visibiliza la alianza entre algunos empresarios con altos funcionarios públicos para cooptar el Estado de Guatemala.
Después Dionisio Gutiérrez brindó un análisis sobre la última encuesta de opinión pública que realizó la firma Cid-Gallup: “Uno de cada cuatro guatemaltecos afirma que el principal problema del país es la inseguridad. Mientras que uno de cada cinco guatemaltecos considera que meter en la cárcel a los corruptos debe ser una prioridad del próximo gobierno. (...) Este sondeo de opinión muestra que las entidades que gozan de mayor confianza son las iglesias y la Universidad pública. Y las menos confiables son el Congreso, los partidos políticos y el gobierno.”
Concluyó que “Sin duda, el sistema político vive una crisis de confianza y credibilidad y está hundido en un mar de incapacidad y corrupción que debilita y amenaza la democracia y anula el respeto a la ley y al Estado de Derecho.”
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