A este capital no le interesa las relaciones internacionales ni la proyección comercial, puesto que su negocio es el saqueo y no la verdadera generación de riqueza.

En 2015, cuando los ojos de la ciudadanía aún eran vírgenes, CICIG presentó un informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala. La investigación permitió concluir que un 50% de los recursos utilizados en campaña electoral proviene de la corrupción; otro 25% del crimen organizado; mientras que tan solo la cuarta parte proviene de los financistas privados de origen lícito y legítimo.

Dado que no contamos con estudios de años anteriores, resulta imposible hacer un análisis histórico. Sin embargo, es un secreto a sotto voce que con el paso de los años, y especialmente a partir del 2000, el peso relativo de los capitales emergentes (corrupción y crimen organizado) ha venido en aumento.

No obstante, la ofensiva anti-corrupción 2015-2017 vino a alterar los mapas de poder y a reordenar alianzas. En medio de los miedos -legítimos e ilegítimos- generados a raíz de la acción penal sin precedentes, junto a los vientos de cambio que imperaban en el país, la élite se integró a una alianza variopinta con capitales emergentes de dudosa procedencia. El objetivo era poner fin al mandato de la CICIG, detener el avance de los casos judiciales, recuperar control del sistema de justicia, disciplinar a la disidencia, limitar los espacios de oposición, etc.

Incluso, en el proceso de integrar esa alianza, ni siquiera molestó la idea de sumar esfuerzos con personajes que entre 2000 y 2004 (durante la administración FRG) abiertamente atentaron contra sus intereses empresariales. Sin embargo, tal y como demuestra la estasiología y la historia, una vez alcanzados los objetivos originales de un movimiento o alianza política, las fisuras y conflictos internos, afloran con velocidad, mas cuando los intereses de unos y otros empiezan a resultar contradictorios.

Para el capital emergente proveniente de la corrupción, la receta es sencilla: Acceso a fondos públicos y opacidad en el gasto para mantener abiertos los chorros del saqueo. En el proceso, sus chequeras se incrementan a velocidad de vértigo, e incluso, se vuelven autónomas. El ciclo del negocio es sencillo: financiar campañas para acceder a los negocios y favores de lo público. Ni más ni menos.

A este capital no le interesa las relaciones internacionales ni la proyección comercial, puesto que su negocio es el saqueo y no la verdadera generación de riqueza. Tampoco le interesa la imagen-país o las calificaciones de riesgo, puesto que el interés tampoco es la atracción de inversión o el crecimiento económico. Peor aún, conforme el mounstro continúa alimentándose a manos llenas, la principal externalidad que genera es agudizar aún más la disfuncionalidad del aparato estatal.

De ahí que la agenda statu quo sirva un interés de cortísimo plazo, mas no de largo plazo. Sin crecimiento económico, por la vía de la atracción de inversión y una mayor incorporación del país a la economía global, el principal producto de exportación de Guatemala seguirá siendo seres humanos. Sin un sistema público mínimamente funcional, el riesgo del descontento social estará a la vuelta de la esquina. En la falta de oportunidades y el descontento está la causa detrás de los 450,000 votos de Thelma Cabrera en el 2019.

Pensar en un cambio de rumbo por la vía democrática, cada vez parece más lejano. Para muestra, desde 2007, las élites tradicionales no han tenido un proyecto político propio, y han terminado sumándose a proyectos de alguien más. Y si bien la convergencia de intereses ha estado ahí, la verdad es que cada día su peso relativo en la mesa es menor. En 2017, la narrativa de “Vamos rumbo a convertirnos en Nicaragua” sirvió de motivador para integrarse a esa alianza variopinta. La paradoja de la historia es que en Nicaragua está la señal de alerta de todo lo que puede salir mal: No olviden que el mismo sistema y régimen que la cúpula nicaragüense defendía a capa y espada allende 2013, fue el que les persiguió y encarceló en 2021.