La trascendencia de la elección de magistrados de apelaciones.

Uno de los principios de todo sistema republicano es la alternabilidad y no concurrencia en el ejercicio de los cargos públicos. Esto se refiere a la necesidad de utilizar recetas institucionales que permitan que la elección (o designación) de las autoridades de los poderes del Estado no ocurran al unísono.

En el caso de Guatemala, la reforma constitucional de 1993 estableció un sistema concurrente (o al unísono) para la elección presidencial, diputados al Congreso de la República y de alcaldes y corporaciones municipales. Pero dejó la no-concurrencia en el período de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones (cuyos períodos son de cinco años), además de las instituciones de control (Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General, Corte de Constitucionalidad, etc.)

Sin embargo, bajo el diseño vigente, cada veinte años (múltiplo de cuatro y cinco) concurren en temporalidad las elecciones de las autoridades de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y resulta que este 2019 es precisamente uno de los años en el que se producirá tal ocurrencia.

A las elecciones generales del pasado 16 junio, en las que se eligió autoridades para el Ejecutivo, Congreso y corporaciones municipales, se suma que antes del 13 de octubre, el Congreso deberá elegir a los 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia y los 256 magistrados de salas de apelaciones.

Naturalmente, la atención pública se ha enfocado en las elecciones políticas de Ejecutivo y Congreso. Y los grupos de veeduría social se enfocan particularmente en la elección de magistrados de CSJ.

Sin embargo, quizá la elección más relevante para el futuro de la lucha contra la corrupción es la designación de magistrados de apelaciones. Recordemos. Las salas de apelaciones tienen la competencia para conocer en segunda instancia los procesos establecidos en la ley; además de conocer los recursos de apelación de los autos definitivos y la apelación especial contra los fallos emitidos por los tribunales de sentencia.

O dicho en forma más sencilla, conocen en segunda instancia sobre la mayoría de las resoluciones que emiten los jueces de primera instancia o tribunales de sentencia. Algunos de los ejemplos comunes incluyen recusaciones a jueces contralores o jueces de sentencia; apelaciones relacionadas a autos de procesamiento, apertura a juicio, medidas de coerción o medidas sustitutivas, etc. También conocen apelaciones especiales de sentencias ya emitidas, como seguramente ocurrirá con procesos como IGSS-Pisa, Lago de Amatitlán, etc.

Por tal razón, para los actores interesados en librarse de la acción de la justicia, tomar control de las salas de apelaciones se vuelve el objetivo estratégico para poner fin a la lucha contra la corrupción.

La ruta ha sido clara. La decisión de no renovar el mandato de CICIG generó un marco temporal para el club de los desvelados: más allá de septiembre 2019, que la presentación de casos de alto impacto llegará a su fin. Las acciones de hecho de septiembre 2018 a la fecha han tenido como objetivo evitar que salgan a luz más investigaciones. Pero tomando control de salas de apelaciones se aseguran de que los actores que ya enfrentan proceso penal puedan, por la vía política, incidir en el futuro procesal de sus casos. Para personajes como Otto Pérez, Roxana Baldetti, Juan de Dios Rodríguez, su única esperanza inmediata es que las salas les resulten más amigables a sus causas.

Y así, detrás de la elección presidencial, de las elecciones legislativas o de la misma Corte Suprema de Justicia, la elección de magistrados de apelaciones constituye uno de los procesos estratégicos que determinará si la experiencia 2015-2019 se institucionaliza, o si fue meramente un episodio efímero en la historia de Guatemala.