Tres casos penales y un sistema agotado
Desde 2018, CICIG y FECI han venido develando -en actos de una ópera tragicómica- la realidad de un sistema de comisiones de postulación que se ha agotado en su totalidad.
Recordemos. Con la Constitución del 85, pero particularmente luego de la Reforma Constitucional de 1993, se estableció un sistema de tipo corporativista para designar a las altas autoridades del Organismo Judicial. Ese modelo corporativista llamaba a que rectores, decanos de derecho, representantes del Colegio de Abogados y pares dentro del sistema de justicia, se encargaran de la elaboración de las nóminas de candidatos de la cual el Congreso designaría a los magistrados de las altas cortes.
La lógica parecía impecable: si la élite académica y profesional del gremio de juristas elaboraba un listado de candidatos con las más altas credenciales académicas y profesionales, los diputados quedaban amarrados de manos para cooptar las cortes del país. De esa forma, las comisiones de postulación debían de constituir la salvaguarda de que el sistema de justicia sería independiente con magistrados honorables, idóneos y electos mediante la evaluación del mérito.
Todo eso empezó a cambiar a partir del 2000. Personajes como Roberto López Villatoro (el rey del tenis), Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y una nueva generación de operadores entendieron los entretelones del sistema. Mediante la organización de redes clientelares de abogados, que les permitieran ganar las elecciones en el CANG, podían acceder a espacios de influencia en las postuladoras. Una vez ahí, ganaban cuotas de poder para repartir espacios en las listas de nominados. Accedían a prebendas, al asegurar que candidatos propuestos por poderes externos accedieran al listado. Y obtenían prebendas en el proceso.
El caso Comisiones Paralelas 2020, fase I, recién develado por FECI, revela una parte de la realidad. Operadores como Gálvez, Luis Fernando Ruiz o Murphy Paiz, que tienen acceso directo o indirecto a escaños en la postuladora (Gálvez y Ruiz mediante grupos gremiales que les permiten obtener un número de asientos en las comisiones) se reparten cuotas de cuántos candidatos pueden colar al listado final. Por ejemplo, el grupo de Gálvez tenía 4 representantes en la Comisión, por lo que tenía derecho a 40 candidatos; Ruiz tenía 2 representantes, por lo que tenía derecho a 20 candidatos; y así sucesivamente. Una vez repartidas las cuotas, los operadores acordaban los listados de candidatos que debían integrar la nómina. Y en un ejemplo de disciplina gremial, los comisionados votaban -casi de forma íntegra- por los candidatos acordados por sus padrinos.
La razón detrás de esa disciplina (difícil de explicar desde una perspectiva de Public Choice o de asimetrías de información) se explica con la realidad develada en el Caso Comisiones Paralelas 2014, develado por CICIG-FECI en febrero 2018. Para la elección de Cortes 2014, el Rey del Tenis (un operador de ese proceso) sufragó los gastos de campaña de un grupo gremial, incluyendo fiestas, cenas, desayunos, salones de hotel, etc. Más relevante aún, López Villatoro habría obsequiado un apartamento al entonces magistrado Eddy Orellana Donis, quien fungía como Comisionado en la postuladora. Es decir, la lealtad de los postuladores hacia los operadores es consecuencia de financiamiento de campaña o prebendas ilícitas. Eso explica la razón por la que los comisionados votan por los listados encargados por sus padrinos.
Más importante aún es conocer cómo los operadores se convierten en puentes con poderes externos. La denuncia de Comisiones Paralelas 2014, fase II, presentada por CICIG en 2019, revela la forma en que Gustavo Herrera y López Villatoro tenían contacto con dos personajes claves del entonces mundo político: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Es decir, el listado acordado no sólo seguía una lógica clientelar del operador hacia su red, sino además, respondía a solicitudes y demandas de poderes superiores. Sinibaldi y Baldizón -por cierto- acordarían más delante la elección final de magistrados por el Congreso.
Caso similar se evidenció en el caso del viernes pasado. Gustavo Alejos, el pulpo de la captura del Estado, sabía que para colocar candidatos en la nómina final se requería del voto de 24 comisionados. Para ello, prefirió interactuar con operadores y no necesariamente con los comisionados en lo individual. De esa forma Galvez, Paíz y Ruiz actuaban como puentes entre la Postuladora y el interés criminal de Alejos.
Del nombre del caso del viernes pasado se deduce que habrá más fases en la investigación sobre el intento de grupos criminales y políticos de cooptar la elección de altas cortes del 2019. Pero sólo con estos hallazgos, más el aprendizaje del proceso 2014, la realidad del sistema ha quedado desnudada. Las comisiones de postulación son una gran farsa, donde la evaluación del mérito, credenciales académicas y profesionales de los candidatos es irreal. Por el contrario, donde se negocian cuotas de poder, entre grupo gremiales clientelares y poderes externos (sean políticos, económicos o criminales).
Bajo esa realidad, el sistema de justicia en Guatemala no es ni independiente, ni probo, ni meritocrático. Al final, las cortes son un botín más al servicio de las mafias. Y eso, nos vuelve un Estado fallido.
