Y los retos políticos de Guatemala en el siglo XXI.

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La sociedad civil guatemalteca ha venido enfrentando una severa crisis, cuyas causas han venido siendo analizadas, ignoradas y banalizadas a lo largo de varias décadas[1] , sin que se intente seriamente desde el poder político subsanarlas.

La crisis se manifiesta en varias dimensiones (social, económico, político y jurídico etc.), las cuales se traducen en la ausencia de Estado de Derecho, la inexistencia de democracia formal, el agravamiento de la corrupción administrativa, el precario crecimiento económico, la desafección política, así como la elevada violencia criminal.

Con la palabra crisis se pretende designar una situación compleja, centrada por ahora, en el ámbito político-constitucional por ser el elemento más visible, aun cuando ello esconda una crisis mucho más profunda que es menester también tomar en cuenta.

La crisis a treinta años de vigencia de la Constitución adquiere significación, ya que con ella se pretende aludir al momento y a los retos que encara la sociedad civil guatemalteca, la cual ha venido enfrentándose enérgicamente a una clase política bastante indiferente para con los requerimientos de la sociedad civil.

Esta indiferencia, ha sido en parte el resultado de un sistema electoral y de partidos políticos, que si bien tenía su razón de ser en 1985 en la fase de apertura democrática, no lo tiene en pleno siglo XXI. La razón estriba, en que las demandas por una auténtica democracia sujeta al ideal político del Estado de Derecho, son las que permitirán superar la fase de “apertura”, para llegar a estadios de “desarrollo” y “consolidación”, lo cual pasa irremediablemente por abrir espacios de participación ciudadana y de ejercicio de la libertad política.

La existencia de una clase política en desmedro de la sociedad civil, ha sido el resultado de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyos privilegios a los partidos políticos[1] son manifiestos, al concebir a estas organizaciones como únicas y exclusivas en el ámbito político y electoral. Tales privilegios legales, han creado una auténtica casta que impide la modernización de la vida social, económica, política y jurídica del país.

Ahora bien, pese a la indiferencia por parte de la clase política, existen muestras de una sociedad civil guatemalteca comprometida. De hecho, en medio de graves problemas ha expresado su malestar en una de las áreas del mundo más violentas, y en medio de un terreno pantanoso y minado de problemas acumulados por décadas.

A tal efecto, la Guatemala del siglo XXI, bastante profesionalizada en sus clases medias, ha desmitificado el lugar común, de la supuesta apática e indiferencia ciudadana, al punto de arrebatar simbólicamente a los partidos políticos la dirección exclusiva de los acontecimientos políticos futuros.

Es cierto, que de la crisis actual no se puede vaticinar ni esperar muchas cosas por azar, debido a que no se puede saber con precisión si se mejorará o empeorará la situación. Pero también es cierto, que las acciones colectivas e individuales serán decisivas en el recambio político que requiere el país, por lo que el empleo de la palabra crisis resulta exacta en tanto apropiación del léxico médico al léxico de la política.

“La crisis no puede conllevar a pesimismos extremos, aunque tampoco a ilusiones o fantasías.”

La crisis no puede conllevar a pesimismos extremos, aunque tampoco a ilusiones o fantasías. Ya FREUD, sostenía que los hombres tendemos a engañarnos con ilusiones y fantasías, sustituyendo los deseos por los hechos, llegando con frecuencia al extremo de dar por completo la espalda a una realidad que nos perturba, entregándonos sin crítica al espejismo que nos reconforta.

Sin embargo, una actitud y una acción realista no impide la lucha por el ideal político del Estado de Derecho y la democracia formal y política representativa como indica la Constitución. Al contrario. Será ésta una vía que permitirá superar la visión de la ley constitucional de 1985 (art. 18)[3], centrada en la estatalización del sistema de partidos, caracterizado por su divorcio con respecto a la sociedad civil y por la corrupción gracias a indebidos privilegios legales.

El reto de la Guatemala del siglo XXI es colosal. Por ello, las batallas en el ámbito político-electoral serán decisivas, en tanto la sociedad civil se enfrentará a una casta política auspiciada con privilegios legales, centrada en los intereses que el espíritu de cuerpo le dicte en detrimento de la sociedad, mientras que la casta tratará de minimizar esos cambios, como lo ha hecho por años, conculcando el paso de una apertura democrática a una democracia consolidada.

Este modelo, fruto de una lamentable actitud de determinados actores políticos, se ha traducido en una incomprensión de los actores políticos de la propia obra realizada en 1985, gracias a que han interpretado conveniente para ellos, la primera fase del proceso de democratización como eterna. Por ello, es que aún pervive ese secuestro de la política por parte de los partidos políticos, los cuales eran actores importantes que podían democratizar al país, por lo cual se requiere una reforma si se quiere lograr una ejemplar democracia centrada en el ejercicio de la libertad política.

La necesidad de partidos políticos renovados, con sólidos principios y estructuras flexibles, altamente descentralizados que le permitan llegar a las necesidades de la ciudadanía, pasa por superar el esquema de Estado de Partidos, introduciendo reformas necesarias que permitan superar la eufemística fase de apertura democrática, evitando con ello una crisis terminal del sistema político-constitucional.

Lo anterior no es exageración, máxime si se tiene presente el descontento y presión social de la sociedad civil para con el sistema político-constitucional en su integridad, gracias a los anticuerpos sociales que ha desarrollado la sociedad civil en relación a las malas prácticas que imperan en la partitocracia inaugurada en 1985.

En efecto, el reto para superar la crisis es colosal. La necesidad de democratizar el sistema pasa irremediablemente por deponer a la clase dirigente, y evitar la instauración de otras castas, ya que el problema no es solo de hombres, sino también de instituciones, ya que es iluso pensar que el gobierno puede ser ejercido por ángeles como bien ironizaban los creadores de la gran primera República moderna al norte del gran continente americano.

1. Véase los estudios del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) entre otros. Además de los estudios que emanan de las Universidades más importantes del país.

2. ALVARADO ANDRADE, Jesús María & FERNÁNDEZ LUIÑA, Eduardo, Diagnóstico de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala: situación y alternativas para su reforma en Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), Guatemala, 2015; y del mismo modo, FERNÁNDEZ LUIÑA, Eduardo, “El problema de la oferta política en el sistema guatemalteco” en Tópicos de Actualidad, n° 1051, Año 55, Agosto de 2015, Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), Guatemala, 2015.

3. GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario (1988) “Constitución y partidos políticos en Guatemala dictadura y democratización” en Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Fix-Zamudio, Tomo I, Derecho Procesal, Madrid, Universidad Nacional Autónoma, pp. 289-314.