Una elección que será definida por el árbitro "pretoriano" del sistema.

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis sobre el rol “pretoriano” de la Corte de Constitucionalidad en el marco del sistema político guatemalteco.

El concepto del pretorianismo proviene del texto El Orden Político en las Sociedades en Cambio de Samuel Huntington, quien señaló que la intervención de los Ejércitos en política durante la segunda mitad del siglo XX, era consecuencia de la baja institucionalización en ciertos Estados. Cuando en una sociedad política se carecen de mecanismos institucionales para dirimir el conflicto, los Ejércitos actúan como árbitros de última instancia. Ellos marcan los tiempos del cambio o la restauración.

Sin embargo, derivado del debilitamiento de los estamentos armados en América Latina, Asia y África, y con el surgimiento de nuevas teorías de interpretación constitucional -el neoconstitucionalismo- ese rol de árbitro final del conflicto político ha migrado de los Ejércitos hacia las cortes.

Lo anterior constituye un marco explicativo para comprender el rol de la Corte de Constitucionalidad dentro del sistema guatemalteco. Dicha interpretación se materializa a través de variables como el enunciado del artículo 265 constitucional que deja claro que “no hay ámbito que no sea susceptible de amparo”; el diseño de la competencia para conocer acciones de amparo o de inconstitucionalidad, según la cual, tarde o temprano, todos los procesos llegarán por distintos caminos a la CC; además de los cambios jurisprudenciales de los años 2009 a 2011 que ampliaron la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

En este contexto, la Corte de Constitucionalidad ha sido llamada a jugar su papel de árbitro político con relación al proceso electoral 2019. Con la novedad que de las resoluciones que emanen de esta magistratura en materia electoral, tendrán un impacto directo sobre el resultado de la elección.

Un conteo rápido permite identificar que existen alrededor de 120 candidaturas (entre presidenciales, a diputaciones y alcaldías) cuyos procesos se han judicializado por la vía del amparo. Pero lo extraordinario es que en esta ocasión, la participación de las candidatas que ocupan el segundo y tercer lugar en las encuestas, dependerá de resoluciones del tribunal constitucional.

Las encuestas parecen presentarnos un panorama del proceso electoral: 1) Sandra Torres en primer lugar, con alrededor de 20% de intención de voto, apalancado en segmentos rurales. 2) Una competencia entre Zury Ríos y Thelma Aldana por el segundo lugar. La última batería de encuestas (finales de marzo a principios de abril) le otorga a Ríos de 3 a 6 puntos de ventaja sobre la ex fiscal. 3) Un pelotón de cuatro candidatos, integrado por Alejandro Giammattei, Roberto Arzú, Edwin Escobar y Edmund Mulet ubicados por encima del 5% de intención de voto.  4) El resto de candidatos con niveles marginales de intención de voto, consecuencia de su bajo nivel de conocimiento.

En este contexto, plantear un análisis de escenarios electorales de cara a la primera vuelta parte de una premisa básica: Todo depende de cómo resuelva la corte de constitucionalidad.

1) En el caso que la CC confirme la inscripción de Zury Ríos y otorgue el amparo provisional que permita la inscripción de Thelma Aldana, se nos plantea un escenario en el cual los últimos 30 días de campaña será una competencia entre ambas candidatas por el segundo lugar. 2) En el caso que la CC resuelva aceptar la participación de una de las candidatas y rechace la inscripción de la otra, es probable que esa candidata sea quien obtenga el segundo lugar el próximo 16 de junio. 3) Ahora, si el tribunal constitucional decide revocar la inscripción de Zury Ríos y no otorga el amparo provisional a Thelma Aldana, se abre un escenario que en análisis político se conoce como “la carrera de los enanos”: un sprint de 40 días entre los candidatos del pelotón de GIammattei, Arzú, Escobar y Mulet por obtener ese segundo lugar. Dada la dispersión del voto urbano y la fragmentación partidaria, en este escenario, es muy posible que el candidato que pase en segundo lugar únicamente requiera de 12 a 14% de votos.

Los tres escenarios demuestran que las resoluciones constitucionales determinarán la dinámica del último mes electoral, y casi seguramente, de la primera vuelta presidencial.

No obstante, lo que magnifica la importancia de los casos judiciales es el efecto del anti-voto en segunda vuelta. La mayoría de las encuestas públicas concuerdan en mostrar que Sandra Torres presenta niveles de anti-voto superiores al 45%. Eso quiere decir que casi 1 de 2 votantes dice que “NUNCA votaría por ese candidato”. Lo anterior implica que ante el alto antivoto de Torres, quien compita en su contra en segunda vuelta tiene altas posibilidades de resultar ganador. Similar al caso Jimmy Morales y su victoria electoral, en gran medida empujada por el 50% de anti-voto que tenía Torres por allá de octubre 2015.

Así que de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de los próximos días dependerá en gran medida el resultado electoral del 16 de junio y del 11 de agosto, y probablemente, la persona a quien se le entregue la banda presidencial el 14 de enero de 2020.