Esta es una nueva burla a los guatemaltecos.

Los congresistas han provocado una ola de indignación popular por el aumento desmedido e injustificado de su salario. La legislatura actual pasa por uno de los más bajos.

La última vez que los diputados se habían aumentado el sueldo fue hace 25 años, durante el gobierno del FRG. En ese entonces, al igual que ahora, fue motivo de repudio público.

Luego de tanto tiempo, resultaba razonable pensar que en algún momento se les tenía que aumentar. No podían tener el mismo sueldo por siempre.

Sin embargo, el aumento fue totalmente desmedido e injustificado. Los diputados de Guatemala ahora van a ganar casi lo que ganan los de Panamá, Chile o México, que son países bastante más ricos que nosotros.

Lo lamentable es que esos salarios desmedidos no solo ocurren en el Congreso, sino también en otros organismos del Estado. Muchos funcionarios públicos se aprovechan de los impuestos que pagamos los guatemaltecos con nuestro trabajo y esfuerzo.

Además, con los altos niveles de pobreza que hay en Guatemala, estos salarios resultan un insulto.

El Congreso suma una afrenta más a los guatemaltecos. Desde hace años ha sido el lugar en donde los diputados se reparten el presupuesto público como si fuera piñata.  Se asignan obras públicas a empresas relacionadas con los mismos diputados, sus amigos o familiares.

En cada nueva legislatura se tiene la esperanza que esto cambie, pero, hasta el momento, solo vemos que el problema se hace cada vez más grave.

Este congreso aprobó uno de los presupuestos más altos de nuestra historia, como porcentaje del PIB, y asignó una cantidad absurda a los Consejos de Desarrollo, que han sido fuente de corrupción.

Este Congreso va muy mal y el descontento crece. Ojalá recapaciten y enmienden.

*Columna publicada originalmente el 6 de marzo en Nuestro Diario. 

Esta es una nueva burla a los guatemaltecos.

Los congresistas han provocado una ola de indignación popular por el aumento desmedido e injustificado de su salario. La legislatura actual pasa por uno de los más bajos.

La última vez que los diputados se habían aumentado el sueldo fue hace 25 años, durante el gobierno del FRG. En ese entonces, al igual que ahora, fue motivo de repudio público.

Luego de tanto tiempo, resultaba razonable pensar que en algún momento se les tenía que aumentar. No podían tener el mismo sueldo por siempre.

Sin embargo, el aumento fue totalmente desmedido e injustificado. Los diputados de Guatemala ahora van a ganar casi lo que ganan los de Panamá, Chile o México, que son países bastante más ricos que nosotros.

Lo lamentable es que esos salarios desmedidos no solo ocurren en el Congreso, sino también en otros organismos del Estado. Muchos funcionarios públicos se aprovechan de los impuestos que pagamos los guatemaltecos con nuestro trabajo y esfuerzo.

Además, con los altos niveles de pobreza que hay en Guatemala, estos salarios resultan un insulto.

El Congreso suma una afrenta más a los guatemaltecos. Desde hace años ha sido el lugar en donde los diputados se reparten el presupuesto público como si fuera piñata.  Se asignan obras públicas a empresas relacionadas con los mismos diputados, sus amigos o familiares.

En cada nueva legislatura se tiene la esperanza que esto cambie, pero, hasta el momento, solo vemos que el problema se hace cada vez más grave.

Este congreso aprobó uno de los presupuestos más altos de nuestra historia, como porcentaje del PIB, y asignó una cantidad absurda a los Consejos de Desarrollo, que han sido fuente de corrupción.

Este Congreso va muy mal y el descontento crece. Ojalá recapaciten y enmienden.

*Columna publicada originalmente el 6 de marzo en Nuestro Diario. 

La respuesta del sistema de justicia ante el caso de Floridalma Roque ha causado indignación en la sociedad guatemalteca.

Más allá de la brutalidad de los hechos, el proceso judicial ha sido cuestionado por las penas reducidas otorgadas al médico Kevin Malouf, quien admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y obstaculización a la acción penal tras acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Inicialmente, en septiembre de 2024, se reportó que Malouf  y otros miembros de su equipo fueron condenados por el delito de obstaculización a la acción penal, que consiste en destruir u ocultar evidencia, crear falsas versiones o realizar acciones destinadas a impedir la investigación judicial. Según estableció el juez, Malouf y varios colaboradores simularon ante cámaras de seguridad que Floridalma Roque había abandonado viva la clínica tras una cirugía estética, cuando en realidad ya había fallecido. Posteriormente, se reportó por la prensa, el médico mutiló el cuerpo y ocultó los restos con la intención de desviar la investigación. Al acogerse a la aceptación de cargos antes de llegar a juicio, la pena original de cuatro años de prisión se redujo automáticamente a la mitad (dos años). Por tratarse de una condena inferior a cinco años, la sentencia se convirtió en una multa diaria de Q5, permitiendo al acusado evitar la cárcel mediante un pago mínimo.

El pasado 5 de marzo de 2025, Malouf también aceptó responsabilidad por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Roque. Es importante aclarar que, según el Código Penal guatemalteco, el homicidio simple se castiga con penas que van de 15 a 40 años de prisión (artículo 123), mientras que el homicidio culposo, por tratarse de muerte causada por negligencia, imprudencia o impericia, tiene una pena mucho menor, de 2 a 5 años de prisión (artículo 127). Aunque el Ministerio Público inicialmente acusó a Malouf por homicidio simple, el juez reclasificó el delito como homicidio culposo, reduciendo drásticamente la sanción aplicable.

Por esta segunda condena, Malouf recibió cinco años de prisión que, gracias al beneficio de la aceptación de cargos, quedaron reducidos a tres años y cuatro meses. Nuevamente, como la condena final fue inferior a cinco años, la pena quedó conmutada por una multa económica cercana a los Q6 mil (Q5 diarios), un monto extremadamente reducido si se compara con la magnitud del daño causado.

José Roque, hijo de Floridalma, expresó públicamente su indignación ante la resolución, calificando la pena de «indigna e injusta». Su reacción refleja el profundo dolor de una familia que, además de enfrentar una pérdida irreparable, debe afrontar la respuesta del sistema de justicia ante el caso.

Este caso deja al descubierto las graves contradicciones, vicios y vacíos del sistema judicial guatemalteco. Esto, sin entrar a valorar el actuar de cada uno de los actores del sistema de justicia, sobre lo cual ya abundan comentarios de otros colegas y analistas. En 2019, junto a un grupo de colegas, solicitamos públicamente al entonces presidente Jimmy Morales que vetara la denominada Ley de Aceptación de Cargos (Decreto 10-2019) precisamente por su redacción deficiente y porque abría la puerta a un sistema de impunidad encubierta, especialmente en casos de corrupción o delitos graves. Advertimos entonces que la ley, al no prever condiciones claras ni controles suficientes, podría generar graves consecuencias para la credibilidad y eficacia del sistema penal. Lamentablemente, el caso actual confirma con claridad nuestras advertencias.

Es cierto que otros países cuentan con mecanismos de aceptación de cargos, pero estos siempre deben ajustarse cuidadosamente a la naturaleza y gravedad del delito cometido. En ningún contexto resulta razonable conceder beneficios automáticos a quien, además de admitir un delito grave, mutila un cadáver, fabrica coartadas para ocultar sus actos y pretende deliberadamente engañar a las autoridades judiciales.

En Guatemala, además, se produce una situación especialmente problemática debido al doble beneficio legal que se otorga automáticamente: primero, por la Ley de Aceptación de Cargos, que reduce sustancialmente la pena cuando el acusado acepta responsabilidad antes del juicio, y segundo, por el Código Penal, que establece que cualquier condena de prisión igual o inferior a cinco años puede conmutarse por una multa económica. Esta combinación genera resultados que, como en el caso que analizamos, parecen absurdos e incompatibles con el principio básico de justicia.

Sin pretender entrar en tecnicismos penales, resulta particularmente inquietante que actos tan graves como la mutilación de un cadáver no tengan aparentemente una sanción específica y autónoma más allá del delito general de obstaculización a la acción penal. Serán los penalistas quienes deban profundizar y aclarar con precisión esta deficiencia (si es de la ley penal o de la fiscalía al hacer la imputación), pero lo cierto es que un vacío así resulta alarmante y moralmente cuestionable desde cualquier perspectiva.

Lo que sí está claro es que el actual Código Penal guatemalteco, promulgado en 1973 por el régimen militar del general Carlos Arana Osorio, es un instrumento jurídico desfasado, redactado en un contexto histórico muy distinto al actual, e incapaz de dar respuestas eficaces y justas a las necesidades de una sociedad democrática. Desde hace años resulta evidente que urge sustituir el actual Código Penal por una legislación penal moderna, clara y coherente.

Este caso no es una excepción aislada, sino una consecuencia lógica de las deficiencias que arrastra el sistema judicial guatemalteco desde hace décadas: un marco legal anticuado y una Constitución incapaz de garantizar plenamente la independencia judicial frente a presiones externas.

Es tiempo de acciones concretas como sustituir el Código Penal por una legislación moderna y técnica, y realizar sin más excusas una reforma constitucional que fortalezca efectivamente la independencia y profesionalización del Poder Judicial.

Seguir posponiendo estas reformas solo profundiza el daño que sufre nuestra sociedad. Casos como este deben ser la última advertencia antes de que la credibilidad de nuestro sistema de justicia termine de colapsar.

La respuesta del sistema de justicia ante el caso de Floridalma Roque ha causado indignación en la sociedad guatemalteca.

Más allá de la brutalidad de los hechos, el proceso judicial ha sido cuestionado por las penas reducidas otorgadas al médico Kevin Malouf, quien admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y obstaculización a la acción penal tras acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Inicialmente, en septiembre de 2024, se reportó que Malouf  y otros miembros de su equipo fueron condenados por el delito de obstaculización a la acción penal, que consiste en destruir u ocultar evidencia, crear falsas versiones o realizar acciones destinadas a impedir la investigación judicial. Según estableció el juez, Malouf y varios colaboradores simularon ante cámaras de seguridad que Floridalma Roque había abandonado viva la clínica tras una cirugía estética, cuando en realidad ya había fallecido. Posteriormente, se reportó por la prensa, el médico mutiló el cuerpo y ocultó los restos con la intención de desviar la investigación. Al acogerse a la aceptación de cargos antes de llegar a juicio, la pena original de cuatro años de prisión se redujo automáticamente a la mitad (dos años). Por tratarse de una condena inferior a cinco años, la sentencia se convirtió en una multa diaria de Q5, permitiendo al acusado evitar la cárcel mediante un pago mínimo.

El pasado 5 de marzo de 2025, Malouf también aceptó responsabilidad por el delito de homicidio culposo en perjuicio de Roque. Es importante aclarar que, según el Código Penal guatemalteco, el homicidio simple se castiga con penas que van de 15 a 40 años de prisión (artículo 123), mientras que el homicidio culposo, por tratarse de muerte causada por negligencia, imprudencia o impericia, tiene una pena mucho menor, de 2 a 5 años de prisión (artículo 127). Aunque el Ministerio Público inicialmente acusó a Malouf por homicidio simple, el juez reclasificó el delito como homicidio culposo, reduciendo drásticamente la sanción aplicable.

Por esta segunda condena, Malouf recibió cinco años de prisión que, gracias al beneficio de la aceptación de cargos, quedaron reducidos a tres años y cuatro meses. Nuevamente, como la condena final fue inferior a cinco años, la pena quedó conmutada por una multa económica cercana a los Q6 mil (Q5 diarios), un monto extremadamente reducido si se compara con la magnitud del daño causado.

José Roque, hijo de Floridalma, expresó públicamente su indignación ante la resolución, calificando la pena de «indigna e injusta». Su reacción refleja el profundo dolor de una familia que, además de enfrentar una pérdida irreparable, debe afrontar la respuesta del sistema de justicia ante el caso.

Este caso deja al descubierto las graves contradicciones, vicios y vacíos del sistema judicial guatemalteco. Esto, sin entrar a valorar el actuar de cada uno de los actores del sistema de justicia, sobre lo cual ya abundan comentarios de otros colegas y analistas. En 2019, junto a un grupo de colegas, solicitamos públicamente al entonces presidente Jimmy Morales que vetara la denominada Ley de Aceptación de Cargos (Decreto 10-2019) precisamente por su redacción deficiente y porque abría la puerta a un sistema de impunidad encubierta, especialmente en casos de corrupción o delitos graves. Advertimos entonces que la ley, al no prever condiciones claras ni controles suficientes, podría generar graves consecuencias para la credibilidad y eficacia del sistema penal. Lamentablemente, el caso actual confirma con claridad nuestras advertencias.

Es cierto que otros países cuentan con mecanismos de aceptación de cargos, pero estos siempre deben ajustarse cuidadosamente a la naturaleza y gravedad del delito cometido. En ningún contexto resulta razonable conceder beneficios automáticos a quien, además de admitir un delito grave, mutila un cadáver, fabrica coartadas para ocultar sus actos y pretende deliberadamente engañar a las autoridades judiciales.

En Guatemala, además, se produce una situación especialmente problemática debido al doble beneficio legal que se otorga automáticamente: primero, por la Ley de Aceptación de Cargos, que reduce sustancialmente la pena cuando el acusado acepta responsabilidad antes del juicio, y segundo, por el Código Penal, que establece que cualquier condena de prisión igual o inferior a cinco años puede conmutarse por una multa económica. Esta combinación genera resultados que, como en el caso que analizamos, parecen absurdos e incompatibles con el principio básico de justicia.

Sin pretender entrar en tecnicismos penales, resulta particularmente inquietante que actos tan graves como la mutilación de un cadáver no tengan aparentemente una sanción específica y autónoma más allá del delito general de obstaculización a la acción penal. Serán los penalistas quienes deban profundizar y aclarar con precisión esta deficiencia (si es de la ley penal o de la fiscalía al hacer la imputación), pero lo cierto es que un vacío así resulta alarmante y moralmente cuestionable desde cualquier perspectiva.

Lo que sí está claro es que el actual Código Penal guatemalteco, promulgado en 1973 por el régimen militar del general Carlos Arana Osorio, es un instrumento jurídico desfasado, redactado en un contexto histórico muy distinto al actual, e incapaz de dar respuestas eficaces y justas a las necesidades de una sociedad democrática. Desde hace años resulta evidente que urge sustituir el actual Código Penal por una legislación penal moderna, clara y coherente.

Este caso no es una excepción aislada, sino una consecuencia lógica de las deficiencias que arrastra el sistema judicial guatemalteco desde hace décadas: un marco legal anticuado y una Constitución incapaz de garantizar plenamente la independencia judicial frente a presiones externas.

Es tiempo de acciones concretas como sustituir el Código Penal por una legislación moderna y técnica, y realizar sin más excusas una reforma constitucional que fortalezca efectivamente la independencia y profesionalización del Poder Judicial.

Seguir posponiendo estas reformas solo profundiza el daño que sufre nuestra sociedad. Casos como este deben ser la última advertencia antes de que la credibilidad de nuestro sistema de justicia termine de colapsar.

El pueblo ucraniano es un ejemplo de valentía.

Hace tres años inició la brutal invasión contra Ucrania. Sin ninguna razón o provocación, Rusia lanzó un ataque a ese país, con la intención de derrocar al gobierno de Zelensky y sustituirlo por un títere.

Se pensó que Rusia iba a ganar la guerra rápidamente. Sin embargo, la valentía del pueblo ucraniano, junto con el apoyo de los países europeos y de Estados Unidos, hizo retroceder al ejército ruso y la guerra se extendió hasta hoy.

Luego de tres años, y bajo una nueva administración, Estados Unidos no desea seguir apoyando la causa ucraniana. El argumento es que la guerra podría extenderse por muchos años más, con un alto costo para los contribuyentes estadounidenses.

Los países europeos, por el contrario, han expresado todo su apoyo a Ucrania y están decididos a aumentar sus gastos en defensa para enfrentar las intenciones imperialistas de Putin.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos mantuvieron gastos en defensa relativamente bajos, para evitar la carrera armamentista que los llevó a las guerras mundiales. Confiaron en que Estados Unidos se haría cargo.

Pero ante el ascenso de China, las agresiones de Rusia y la retirada de Estados Unidos, los europeos tendrán que hacerse cargo de su propia seguridad de ahora en adelante.

Parte fundamental de la seguridad de Europa consiste en defender a Ucrania. Si Rusia se sale con la suya, todo el continente europeo estará en riesgo.

Las negociaciones de paz seguirán en las próximas semanas. Ucrania y Europa están dispuestos a dar la batalla por su libertad, aún sin el acompañamiento de Estados Unidos.

Ucrania no debería ceder terreno a Rusia y debería ser incorporado a la OTAN como garantía de protección ante futuras agresiones por parte de Rusia.

La paz no debe ser a costa de la libertad e integridad de Ucrania.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 27 de febrero.  

El pueblo ucraniano es un ejemplo de valentía.

Hace tres años inició la brutal invasión contra Ucrania. Sin ninguna razón o provocación, Rusia lanzó un ataque a ese país, con la intención de derrocar al gobierno de Zelensky y sustituirlo por un títere.

Se pensó que Rusia iba a ganar la guerra rápidamente. Sin embargo, la valentía del pueblo ucraniano, junto con el apoyo de los países europeos y de Estados Unidos, hizo retroceder al ejército ruso y la guerra se extendió hasta hoy.

Luego de tres años, y bajo una nueva administración, Estados Unidos no desea seguir apoyando la causa ucraniana. El argumento es que la guerra podría extenderse por muchos años más, con un alto costo para los contribuyentes estadounidenses.

Los países europeos, por el contrario, han expresado todo su apoyo a Ucrania y están decididos a aumentar sus gastos en defensa para enfrentar las intenciones imperialistas de Putin.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos mantuvieron gastos en defensa relativamente bajos, para evitar la carrera armamentista que los llevó a las guerras mundiales. Confiaron en que Estados Unidos se haría cargo.

Pero ante el ascenso de China, las agresiones de Rusia y la retirada de Estados Unidos, los europeos tendrán que hacerse cargo de su propia seguridad de ahora en adelante.

Parte fundamental de la seguridad de Europa consiste en defender a Ucrania. Si Rusia se sale con la suya, todo el continente europeo estará en riesgo.

Las negociaciones de paz seguirán en las próximas semanas. Ucrania y Europa están dispuestos a dar la batalla por su libertad, aún sin el acompañamiento de Estados Unidos.

Ucrania no debería ceder terreno a Rusia y debería ser incorporado a la OTAN como garantía de protección ante futuras agresiones por parte de Rusia.

La paz no debe ser a costa de la libertad e integridad de Ucrania.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 27 de febrero.  

El estado de la democracia en Guatemala ha experimentado un deterioro progresivo en los últimos años.

Entre los múltiples factores que han contribuido a esta situación se encuentran el retroceso en la libertad de expresión, el aumento de obstáculos a la participación política—evidenciado en las elecciones de 2023 con la descalificación arbitraria de al menos tres candidatos presidenciales y otros aspirantes a cargos de elección popular—y el agravamiento de los ataques al proceso electoral mediante acciones penales, como la aplicación de la Ley de Delincuencia Organizada contra partidos políticos, entre otros.

Hoy, en Xela, se presenta otro escenario alarmante. El concejo municipal ha decidido excluir de sus funciones a tres concejales titulares y a un suplente pertenecientes a la oposición. Para entender el contexto, es importante recordar que en las elecciones generales de 2023, el alcalde Juan López, del Partido Humanista (PHG), fue electo con 17,557 votos, mientras que el comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) obtuvo 10,179 votos y la coalición Valor-Unionista, 7,274. Como resultado, el concejo municipal—integrado por 14 miembros, incluyendo al alcalde, tres síndicos y diez concejales—quedó conformado de la siguiente manera: el PHG aseguró, además del alcalde, tres síndicos titulares y cinco concejales titulares; SBX obtuvo tres concejales titulares; y Valor-Unionista, dos concejales titulares. Además, se adjudicaron un síndico suplente y cuatro concejales suplentes, distribuidos entre los partidos conforme a sus resultados electorales.

El conflicto comenzó cuando la mayoría del concejo se opuso a que los concejales de SBX transmitieran en directo las sesiones. La tensión escaló cuando una concejal denunció por violencia contra la mujer a los opositores de SBX. Poco después, un juzgado tomó una decisión tan absurda como arbitraria: impuso medidas de seguridad que prohibieron a los concejales de SBX acudir a la sede municipal—su lugar de trabajo y el de la denunciante—, impidiéndoles ejercer sus funciones en el concejo.

Más tarde, otro concejal presentó una queja argumentando que SBX, en virtud de un convenio de colaboración para implementar un programa de “pasos y pedales” en el municipio—convenio que, según los representantes de SBX, expiró en 2020 sin recibir fondos municipales—se habría constituido en “contratista” del Estado. El argumento se basó en el artículo 45, literal b, del Código Municipal, que prohíbe a los contratistas ocupar cargos en el concejo. Sin embargo, esta interpretación resulta insostenible, ya que un comité cívico no puede equipararse a un contratista, y la calificación de contratista debe evaluarse individualmente, respetando el debido proceso, lo que evidentemente no ocurrió en este caso.

Aunque en primera instancia una corte frenó la destitución arbitraria, en noviembre de 2024 la Corte de Constitucionalidad revocó dicha protección, aduciendo cuestiones formales, particularmente la competencia del tribunal que otorgó la medida, además de argumentos sobre la definitividad. Esta decisión reactivó la exclusión de los concejales de SBX, lo que acarrea graves consecuencias: en primer lugar, vulnera el principio de que son los votantes quienes eligen a sus representantes; y en segundo lugar, viola abiertamente los derechos políticos de los electos y de sus electores.

El caso de Xela ilustra, una vez más, cómo las municipalidades—históricamente espacios con escaso control ciudadano—pueden convertirse en escenarios de prácticas que erosionan la democracia. Es fundamental mantener una vigilancia constante, ya que lo ocurrido en Xela podría replicarse en otras corporaciones municipales.

En una próxima columna abordaré el caso de Roberto Arzú, en el cual el Estado de Guatemala y la CIDH han suscrito una Solución Amistosa a raíz de las irregularidades observadas en su exclusión de las elecciones de 2023.

*Columna publicada originalmente el 28 de febrero en La Hora.

El estado de la democracia en Guatemala ha experimentado un deterioro progresivo en los últimos años.

Entre los múltiples factores que han contribuido a esta situación se encuentran el retroceso en la libertad de expresión, el aumento de obstáculos a la participación política—evidenciado en las elecciones de 2023 con la descalificación arbitraria de al menos tres candidatos presidenciales y otros aspirantes a cargos de elección popular—y el agravamiento de los ataques al proceso electoral mediante acciones penales, como la aplicación de la Ley de Delincuencia Organizada contra partidos políticos, entre otros.

Hoy, en Xela, se presenta otro escenario alarmante. El concejo municipal ha decidido excluir de sus funciones a tres concejales titulares y a un suplente pertenecientes a la oposición. Para entender el contexto, es importante recordar que en las elecciones generales de 2023, el alcalde Juan López, del Partido Humanista (PHG), fue electo con 17,557 votos, mientras que el comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) obtuvo 10,179 votos y la coalición Valor-Unionista, 7,274. Como resultado, el concejo municipal—integrado por 14 miembros, incluyendo al alcalde, tres síndicos y diez concejales—quedó conformado de la siguiente manera: el PHG aseguró, además del alcalde, tres síndicos titulares y cinco concejales titulares; SBX obtuvo tres concejales titulares; y Valor-Unionista, dos concejales titulares. Además, se adjudicaron un síndico suplente y cuatro concejales suplentes, distribuidos entre los partidos conforme a sus resultados electorales.

El conflicto comenzó cuando la mayoría del concejo se opuso a que los concejales de SBX transmitieran en directo las sesiones. La tensión escaló cuando una concejal denunció por violencia contra la mujer a los opositores de SBX. Poco después, un juzgado tomó una decisión tan absurda como arbitraria: impuso medidas de seguridad que prohibieron a los concejales de SBX acudir a la sede municipal—su lugar de trabajo y el de la denunciante—, impidiéndoles ejercer sus funciones en el concejo.

Más tarde, otro concejal presentó una queja argumentando que SBX, en virtud de un convenio de colaboración para implementar un programa de “pasos y pedales” en el municipio—convenio que, según los representantes de SBX, expiró en 2020 sin recibir fondos municipales—se habría constituido en “contratista” del Estado. El argumento se basó en el artículo 45, literal b, del Código Municipal, que prohíbe a los contratistas ocupar cargos en el concejo. Sin embargo, esta interpretación resulta insostenible, ya que un comité cívico no puede equipararse a un contratista, y la calificación de contratista debe evaluarse individualmente, respetando el debido proceso, lo que evidentemente no ocurrió en este caso.

Aunque en primera instancia una corte frenó la destitución arbitraria, en noviembre de 2024 la Corte de Constitucionalidad revocó dicha protección, aduciendo cuestiones formales, particularmente la competencia del tribunal que otorgó la medida, además de argumentos sobre la definitividad. Esta decisión reactivó la exclusión de los concejales de SBX, lo que acarrea graves consecuencias: en primer lugar, vulnera el principio de que son los votantes quienes eligen a sus representantes; y en segundo lugar, viola abiertamente los derechos políticos de los electos y de sus electores.

El caso de Xela ilustra, una vez más, cómo las municipalidades—históricamente espacios con escaso control ciudadano—pueden convertirse en escenarios de prácticas que erosionan la democracia. Es fundamental mantener una vigilancia constante, ya que lo ocurrido en Xela podría replicarse en otras corporaciones municipales.

En una próxima columna abordaré el caso de Roberto Arzú, en el cual el Estado de Guatemala y la CIDH han suscrito una Solución Amistosa a raíz de las irregularidades observadas en su exclusión de las elecciones de 2023.

*Columna publicada originalmente el 28 de febrero en La Hora.

Guatemala necesita ayuda para frenar el narcotráfico.

Recientemente, Guatemala fue mencionada en el Congreso de Argentina. Lamentablemente, no fue para bien, sino señalando un hecho que, de llegarse a comprobar, sería grave para el país.

El congresista argentino Rodolfo Tailhade señalaba que Federico Machado, un supuesto narcotraficante requerido por Estados Unidos, habría señalado que facilitó aeronaves para las campañas electorales de Guatemala en 2015 y 2019.

Esto es una acusación grave porque implicaría a dos expresidentes de Guatemala. Hay que aclarar que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Así que no podemos dar por sentado que estas declaraciones son ciertas.

Debemos ser responsables porque también hay mucho juego político de fondo y hay que esperar a que se realicen las investigaciones. Mientras tanto, las personas señaladas deben considerarse totalmente inocentes.

Pero resulta evidente y preocupante que el narcotráfico está contaminando la política de Guatemala. Hace poco, un exdiputado fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. La exvicepresidenta y el exministro de gobernación del desaparecido Partido Patriota aún son solicitados por la justicia de Estados Unidos, acusados de narcotráfico.

También se han señalado a alcaldes por narcotráfico. El dinero de estas actividades ilícitas ha logrado entrar en todos los ámbitos de la política de Guatemala y trata de influir en las distintas instituciones de justicia para garantizarse impunidad.

El riesgo para Guatemala es que el narcotráfico llegue a ser tan poderoso que terminemos siendo un “narcoestado”. Esto significa que el Estado de Guatemala terminaría estando al servicio del narcotráfico y no al servicio de la población.

Luchar contra estos delitos es muy difícil y no podemos hacerlo solos.  La ayuda de Estados Unidos resulta indispensable.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 20 de febrero.  

Guatemala necesita ayuda para frenar el narcotráfico.

Recientemente, Guatemala fue mencionada en el Congreso de Argentina. Lamentablemente, no fue para bien, sino señalando un hecho que, de llegarse a comprobar, sería grave para el país.

El congresista argentino Rodolfo Tailhade señalaba que Federico Machado, un supuesto narcotraficante requerido por Estados Unidos, habría señalado que facilitó aeronaves para las campañas electorales de Guatemala en 2015 y 2019.

Esto es una acusación grave porque implicaría a dos expresidentes de Guatemala. Hay que aclarar que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Así que no podemos dar por sentado que estas declaraciones son ciertas.

Debemos ser responsables porque también hay mucho juego político de fondo y hay que esperar a que se realicen las investigaciones. Mientras tanto, las personas señaladas deben considerarse totalmente inocentes.

Pero resulta evidente y preocupante que el narcotráfico está contaminando la política de Guatemala. Hace poco, un exdiputado fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. La exvicepresidenta y el exministro de gobernación del desaparecido Partido Patriota aún son solicitados por la justicia de Estados Unidos, acusados de narcotráfico.

También se han señalado a alcaldes por narcotráfico. El dinero de estas actividades ilícitas ha logrado entrar en todos los ámbitos de la política de Guatemala y trata de influir en las distintas instituciones de justicia para garantizarse impunidad.

El riesgo para Guatemala es que el narcotráfico llegue a ser tan poderoso que terminemos siendo un “narcoestado”. Esto significa que el Estado de Guatemala terminaría estando al servicio del narcotráfico y no al servicio de la población.

Luchar contra estos delitos es muy difícil y no podemos hacerlo solos.  La ayuda de Estados Unidos resulta indispensable.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 20 de febrero.