Estas elecciones tendrán una serie de características bastante atípicas como consecuencia de una serie de reformas normativas que por primera vez serán implementadas.
La convocatoria a elecciones generales del viernes 18 de enero, marcó el inicio formal del proceso electoral 2019 en Guatemala. Un proceso electoral, que vale recordar, definirá el futuro del proceso de cambio político que se inició en 2015 derivado de los casos judiciales de alto impacto que han trastocado los cimientos de un sistema político cooptado por la corrupción. Las elecciones definirán si el proceso de cambio continúa, se profundiza, y eventualmente se institucionaliza; o, si por el contrario, los avances alcanzados se revierten y el sistema entra en un proceso de restauración.
Por si fuera poco, estas elecciones se realizarán en el marco de una crisis política caracterizada por el enfrentamiento institucional entre los Organismos Ejecutivo y Legislativo con la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Además del conflicto legal-internacional derivado de los esfuerzos del Gobierno por terminar de forma anticipada el mandato de CICIG. Todo ello, coronado con un escenario de polarización política entre los actores políticamente relevantes.
En este contexto, estas elecciones tendrán también una serie de características bastante atípicas como consecuencia de una serie de reformas normativas que por primera vez serán implementadas. A ello agreguemos, una serie de cambios políticos que se han generado en los últimos años.
1) El Nuevo Calendario Electoral:
El primer gran cambio es el nuevo calendario electoral. Desde 2007 a la fecha, el proceso electoral en Guatemala arrancaba en mayo; la primera vuelta ocurría a principios de septiembre. Y la segunda vuelta durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre. A esto, sumemos que aún si la campaña política se circunscribía legalmente de mayo a noviembre, la mayoría de partidos realizaba campaña anticipada, por lo menos, con seis meses de anticipación.
Esto cambió. En este 2019, la convocatoria a elecciones se realizó en enero, con la primera vuelta programada para el 16 de junio y la segunda para el 11 de agosto.
Dentro de este nuevo calendario, una modificación relevante es la división del proceso en dos fases: 1) la fase administrativa de inscripción de candidatos del 19 de enero al 17 de marzo; y 2) la fase de campaña política del 18 de marzo hasta el 14 de junio (36 horas antes del día de la primera vuelta).
De entrada, este nuevo calendario genera un escenario de transición similar al de México: tendremos un Presidente electo desde mediados de agosto coexistiendo con un Presidente saliente, durante cinco meses. Predecir desde ya los efectos de esta convivencia resulta complicado. Pero de experiencias similares, como la mexicana, es evidente que el poder real, la atención mediática y la agenda política se traslada gradualmente hacia el Presidente electo en detrimento del saliente.
Otro efecto del nuevo calendario es la reducción efectiva del tiempo de campaña. Anteriormente, la campaña tenía una duración legal de 120 días; ahora, la campaña se reduce a 90 días. Y si a ello le agregamos que dado el endurecimiento de las sanciones electorales, este 2019 marcó el primer proceso electoral en que no hubo campaña anticipada.
2) Acceso equitativo a espacios de publicidad en medios de comunicación:
En segundo término, esta elección tendrá nuevas reglas en relación con la publicidad de campaña. Anteriormente, existía libertad de contratación de pauta. Los partidos políticos y terceras personas tenían absoluta libertad para contratar vallas y spots en medios de comunicación. Esto provocaba que, naturalmente, los partidos con más acceso a recursos tenían más publicidad.
Esto cambió. La implementación de una normativa de compra centralizada y acceso equitativo de espacios publicitarios implicará que las más de veinte agrupaciones políticas tendrán exactamente el mismo acceso a spots radiales y televisivos.
A ello agreguemos que dado que la Ley Electoral obligaba a los medios a vender la pauta a un 20% del valor comercial, prácticamente ninguno de los consorcios mediáticos, tanto televisivos como radiales del país, se inscribió para ser recipiendarios de publicidad. Por el contrario, la mayoría de medios inscritos son cables regionales, radios locales y uno que otro periódico descentralizado. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que existe un tope para el uso de vallas publicitarias de los partidos políticos: 12 para ser exactos.
Esto implica que la campaña publicitaria será bastante limitada. Y que la exposición mediática de los candidatos en los medios más relevantes, será prácticamente en foros, entrevistas y programas de discusión. Es decir, será una campaña bastante silenciosa para los estándares guatemaltecos.
3) Reducción del techo de campaña; y depresión del financiamiento electoral privado:
Una tercera variable en esta ecuación está relacionada con el techo de campaña. La reforma electoral del 2016 redujo el techo del financiamiento privado de campañas, de $1.00 a $0.50 por ciudadano empadronado. Si en 2015, el techo de campaña rondó los 58 millones de quetzales; en este 2019, estará entorno a los 29 millones de quetzales. Por si este cambio normativo no fuera relevante, agreguemos una nueva dinámica política. Derivado de los casos judiciales 2016-2018, en los cuales se señaló a empresarios, sociedades anónimas y personajes relevantes por financiamiento electoral ilícito, es relativamente predecir que la disponibilidad de recursos financieros privados para la campaña estará limitado.
Si bien las normativas relacionadas al acceso igualitario a medios y algunos elementos de la regulación sobre el financiamiento privado han sido objeto de acciones de inconstitucionalidad, pareciera que la Corte de Constitucionalidad no emitirá sentencia en las siguientes semanas. Lo que implica que seguramente llegaremos a la campaña con las reglas vigentes.
El efecto político de todo ello es fácil de identificar. Se vuelve más complicado para los candidatos menos conocidos alcanzar “conocimiento universal”. Y si un candidato no es conocido, sencillamente no tiene posibilidades reales de ganar la elección.
Esto implica también que el mayor activo para un candidato en esta elección es tener una imagen ya posicionada, y un capital político establecido. Construirlo de cero, será difícil; porque no habrá ni recursos, ni medios, ni tiempo.
4) Clientelismo y campaña:
Una cuarta dinámica atípica será el efecto de la movilización en tierra. En 2011, la campaña electoral a nivel rural se definió en términos de dos ejércitos de votantes (UNE y Patriota) que fueron movilizados los días de la elección. Mientras la UNE apeló a movilizar a sus redes comunitarias, generadas a través de los programas de Mi Familia Progresa; el Patriota intentó hacer lo mismo con el modelo de las Células Patriota "un sistema piramidal en el que se buscaba contar con un mecanismo para organizar grupos de 100 personas para llevarlos a votar".
Pero para 2015, resultó que la movilización en tierra fue un factor secundario. El Partido Patriota (en ese momento el oficialista) recurrió al clientelismo de Estado, pero la implosión del Gobierno de Pérez Molina fue mucho más importante que las prebendas. Líder, de Manuel Baldizón, recurrió a regalar de todo. Pero al final, el anti-voto y el rechazo al entonces candidato “favorito” fue muy grande como para que el clientelismo fuese un factor de elección. Y la UNE, sin acceso a recursos del Estado, tuvo que apelar al “recuerdo” de los programas sociales, y no pudo aceitar su maquinaria electoral.
Y si bien la investigación ha sido bastante raquítica en cuanto a los efectos del clientelismo en la elección 2015, algunos analistas han sostenido que la competencia entre maquinarias clientelares minimizó el efecto de las mismas en el comportamiento efectivo del votante. O dicho de forma coloquial, el ciudadano le recibe a todos, pero no necesariamente vota por quien le da prebendas.
Predecir si 2019 será más como 2011 o como 2015 resulta muy difícil a estas alturas del juego.
Conclusión:
Una campaña política más corta, sin campaña anticipada. Una campaña electoral sin mayor publicidad ni exposición mediática. Una campaña política más austera. Y unas maquinarias electorales que no tienen certeza si el clientelismo se traduce en votos.
Estas dinámicas generales provocan una crisis del modelo tradicional de cómo ganar elecciones en Guatemala. Esa crisis del modelo de cómo ganar elecciones genera un reto estratégico relevante para todos los partidos competidores. ¿Cómo ganar una elección cuando todos los mecanismos tradicionales para hacerlo cambiaron? ¿Cómo dar a conocer a mi candidato sin acceso a publicidad? ¿Cómo movilizar votantes si el clientelismo ya no es la gasolina de las maquinarias electorales?
Quien mejor resuelva esas interrogantes, tendrá una ventaja competitiva de cara a las elecciones. Pero quien no logre hacerlo, sencillamente no será competitivo. Por ello, a menos que un partido y su candidato tengan niveles relevantes de capital político establecido (medido en función a la relación de conocimiento y simpatía entre los votantes), resulta relativamente fácil empezar a descartar candidatos que simplemente no tendrán las herramientas para ser competitivos.
Por lo anterior, esta campaña parece estar diseñada para favorecer a personajes que ya cuentan con un capital político relevante. Y la carrera electoral parece que se definirá en función a esa relación de conocimiento-simpatía, y la capacidad de los candidatos de conectar con las demandas y necesidades del electorado.
Si se quita el voto nulo y la papeleta en blanco, Alejandro Giammattei tendría el 54.86% de intención de voto y Sandra Torres el 45.14%.
Otro dato importante es que el 51.5% de de los encuestado dice que asistirá a votar en la segunda vuelta electoral, en tanto que el 40.5% dice que no irá a votar y el 8% todavía no ha decidido si emitirá sufragio. 
Alejandro Giammattei se posiciona en el primer lugar, con el 39.5% de intención de voto; Sandra Torres lo sigue con el 32.4%. Un 5.3% de los encuestados votarían nulo y un 22.8% dejarían la papeleta en blanco. 
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