En el 2002, dos de cada tres privados de libertad guardaba prisión preventiva. Para el 2016, la cifra habría caído a uno de cada dos.

Hace uns semanas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del exdiputado Manuel Barquín, quien guardaba prisión preventiva por el caso “Lavado y Política”. Rápidamente varios diputados instrumentalizaron el hecho y culparon a la jueza que envió a prisión preventiva por la muerte del señor Barquín.

Y sí, querido lector: en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Existimos muchísimas personas que lo hemos repetido desde siempre. Pero a los políticos nunca les interesó. Peor aún, en el pasado reciente los propios diputados aprobaron leyes que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva sin excepción.

En el 2002 (hace 16 años ya) MINUGUA recomendaba «aplicar sistemas que eviten el encarcelamiento por faltas y delitos menores o la prolongación innecesaria de la prisión preventiva», al tiempo que hacían ver su preocupación porque 2 de cada 3 privados de libertad guardaba prisión preventiva y no había condena. Para 2016 la cifra había caído a 1 de cada 2.«La prisión preventiva se utiliza ampliamente y no como una medida excepcional, inclusive por delitos menores», rezaba el informe que repite una frase que hoy sigue siendo tan válida como cuando se publicaba el informe.

Un informe de CEJA de 2013 titulado Prisión preventiva en América Latina también retrató la precaria situación de Guatemala en cuanto al abuso de la prisión preventiva. Finalmente, en 2016 la propia PDH publicaba su informe La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala: un problema de derechos humanos en el cual se sumaba a las voces que denunciaban el abuso de la prisión preventiva en nuestro país.

¿Qué hizo la clase política entretanto? Dos cosas: 1. Poco o nada por revisar o mejorar la legislación que daba lugar al abuso de la prisión preventiva; y 2. Aprobar leyes que crean casos que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva.

Es el caso más sangrante fue el decreto legislativo 17-2009 que en su artículo 27 pretendía que los jueces enviaran a los acusados a prisión preventiva, sin excepción, si el delito que se les imputaba tenía una pena inconmutable. Una medida que lesionaba directamente la presunción de inocencia y que fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1994-2009.

En el 2008 aprobaron el decreto 22-2008 que establecía que todos los acusados por delito de femicidio no podían gozar de medida sustitutiva sino ser enviados sin excepción a prisión preventiva. En el 2013 aprobaron el decreto 6-2013 por medio del cual reformaron el artículo 264 del Código Procesal Penal y establecieron 10 delitos en los cuales obligaban a los jueces a enviar a los acusados a prisión preventiva. Naturalmente esto dio lugar a que aumentara notablemente el número de personas en prisión preventiva.

Por eso, querido lector, la clase política ha sido parte del problema del abuso de la prisión preventiva. Provoca escozor escuchar la hipocresía de algunos miembros de la clase política que hoy pretenden dar lecciones de derechos humanos y hasta entonces no movieron un dedo para cambiar las cosas.

El abuso de la prisión preventiva es un drama que viven miles de guatemaltecos. Nuestros diputados deberían estar trabajando por resolver el problema que legislaturas anteriores han creado en lugar de llenarse la boca con discursos oportunistas. La única iniciativa que han aprobado que podría mejorar el tema es el decreto 49-2016 que establece la implementación del “brazalete” como medida de sustitución a la prisión preventiva. Para colmo de males el Ministerio de Gobernación aun no compra los brazaletes y por eso no ha logrado implementar la medida. Quizá ese debería ser el foco de atención de los diputados antes que las diatribas que hemos escuchado en los últimos días.

Combatir la fragmentación y contrarrestar propuestas.

La sociedad política guatemalteca es bastante compleja. Para empezar, hay dos dimensiones de actores que coexisten en un mismo tiempo y espacio bajo lógicas e incentivos diferentes.

Por un lado, encontramos a los actores político-partidarios, que con honrosas excepciones, han sido los grandes participantes de esta juerga de 30 años de expoliación. Los actores partidarios se rigen bajo una lógica puramente patrimonialista: obtener rentas de la acción política. Para ellos, las campañas y el financiamiento político no son más que la inversión que permite participar de la repartición de utilidades de los negocios patrimonialistas. La actividad partidaria tampoco se caracteriza por ser ideológica o programática. Tan sólo piense cuándo fue la última vez que escuchó a un partido político sentar postura frente a los grandes temas del país, o en relación a los temas que más fisura social generan (modelo económico, justicia transicicional post-conflicto, el debate sobre la utilización de recursos naturales, etc.) Para terminarla de amolar, los partidos tampoco se preocupan por generar organización formal, sino que recurren al modelo de franquicias para tercerizar en caciques locales la administración de la marca. En pocas palabras, son meros vehículos organizados para acceder a la repartición del patrimonio del Estado.

Frente a esta dinámica, encontramos la segunda dimensión de actores en nuestra sociedad política: los actores no partidistas. Aquí encontramos una amalgama bastante amplia de sectores y actores. Desde el empresariado con sus cámaras y gremios, pasando por las organizaciones sociales, tanques de pensamiento, expresiones de la academia, medios de comunicación, pensadores, columnistas de prensa, por mencionar algunos. En este mundo la dinámica es diametralmente opuesta a los partidos. Aquí florece la ideología. Sin ir tan lejos: en Guatemala las universidades tienen más ideología que los mismos partidos políticos. También, aquí vemos mayor esfuerzo por generar propuesta programática. Y sobre todo, son los actores que rápidamente toman posturas ante las dinámicas estructurales y coyunturales del país.

Sin embargo, esta segunda dimensión de actores tiene un gran problema. Derivado de la historia reciente del país, de los traumas no sanados del conflicto armado, del modelo de educación escolástica que impera en el país - en dónde se fomenta la repetición de verdades y no el cuestionamiento y el pensamiento crítico - y como consecuencia de nuestra tradicional desconfianza, impera la fragmentación y la polarización. Esto hace muy complicado que diversos sectores puedan incluso sentarse en una misma mesa, aún si sus posiciones no son tan divergentes entre sí. También provoca que exista desconfianza y rencor mutuo a flor de piel: los empresarios no se sientan a dialogar con organizaciones sociales y viceversa; los académicos y profesionales de la Universidad liberal no se sientan con los de la Universidad pública y viceversa. Y así sucesivamente el mal se repite una y otra vez.

Todo lo anterior tiene dos efectos. Primero, una enorme anomia política que limita la capacidad de los grupos relevantes de la sociedad de plantear agendas en común. Y segundo, la incapacidad de los actores fragmentados y polarizados de actuar como contrapeso al poder de los actores partidarios que operan bajo lógicas patrimonialistas.

Por ello, y en un contexto de cambio político, resulta imperativo que los actores del segundo grupo guarden las espadas, dejen de lado los prejuicios y se atrevan a entrar en un proceso de discusión sobre los grandes temas urgentes para el país. Solamente mediante el esfuerzo de contrarrestar propuestas y reconocer que en los grandes ejes institucionales no existe mayor divisionismo, podremos establecer las bases para una agenda mínima de país.

Cuando el poder ha despojado al ciudadano de sus libertades, ha pisoteado su dignidad y le ha forzado a llegar a extremos infrahumanos por la carencia de todo, los ciudadanos se levantan.

Es posible que cuando salgan estas letras a la luz pública, Nicolás Maduro ya no sea el dictador de Venezuela. Podría haber renunciado y huido al exilio a Cuba, Irán o Corea del Norte. Es también posible que le hayan dado un golpe de Estado y que le pongan en la cárcel para luego ser juzgado por los crímenes que ha cometido. O incluso, es posible que se dé un levantamiento popular, una revolución o incluso una guerra civil, en la que Maduro pierde o pierde.

No estoy pronosticando, auspiciando, anunciando, ni siendo ave de “buen o mal agüero". Simplemente estoy siendo consecuente con la historia. Así es, a través de la historia de la humanidad, cuando el poder político y militar ha despojado al ciudadano de sus libertades, ha pisoteado su dignidad y le ha forzado a llegar a extremos infrahumanos por la carencia de todo, los ciudadanos se levantan, el poder militar se divide y el poder del pueblo se hace sentir.

Cuando se han violentado todos los derechos naturales y legales del ciudadano se cumple aquel refrán que dice que “no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante”. Una y otra vez, las naciones se han sublevado, han reivindicado su dignidad y rescatado su libertad. Es cuestión de tiempo; y a Venezuela le llegó.

“-Solo el pueblo salva al pueblo- y esto, en la Venezuela de hoy, es mas verdad que nunca.”

Hoy en el mundo hay más naciones libres y democráticas que nunca en la historia. Y la tendencia es esa. Quedan algunos pueblos que viven bajo la bota de la tiranía, el crimen y la locura. Pero cada día esto es más absurdo e insostenible. Y después de 17 años del secuestro de la democracia en Venezuela, esto es evidente.

La historia reciente de Venezuela tendrá varios capítulos que serán la vergüenza del mundo occidental y una ofensa a los verdaderos valores democráticos. Se puede entender que un pueblo se equivoque, incluso varias veces; especialmente, cuando en una nación con altos niveles de pobreza, corrupción e incompetencia, como era la Venezuela antes del “chavismo”, aparece un gritón populista, de estos que mienten y ofrecen lo que saben que no cumplirán, y engañan al pueblo para llegar al poder.

Una vez en el poder, asfixian y capturan las instituciones y convierten al pueblo en prisionero, lo ponen de rodillas, lo humillan, lo reprimen y lo llevan a extremos como los que hoy vive Venezuela.

Lo que no se puede entender es la hipocresía, el silencio y la cobardía de las naciones del mundo occidental o la complicidad de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que hasta ahora, tímidamente, empieza a reaccionar; y así, tantas otras que han dejado solo y a la deriva al pueblo venezolano. En un mundo ideal, debiéramos estar viendo un levantamiento internacional de naciones protestando por la profunda y grave crisis a la que Maduro ha llevado a Venezuela (el país rico más pobre del mundo), exigiendo una salida pacífica y democrática.

Los pronósticos hoy indican que el costo en vidas y derramamiento de sangre podría ser muy alto si se deja solo al pueblo venezolano. Un pueblo que, a pesar de la soledad, triunfará y rescatará su democracia y su libertad. Pero las vidas perdidas y la sangre derramada pesarán sobre las naciones que callaron.

Es cierto que en el mundo hay voces que se escuchan para protestar contra Maduro y su organización criminal pero son aisladas y escasas. La evidencia y la historia no perdonarán el silencio y la complicidad. Estamos a tiempo de que se escuche la voz de todos los que queremos libertad y democracia para Venezuela. Es posible que cuando salgan estas letras a la luz pública, no se haya dado el gran cambio en Venezuela, pero de que está cerca, no tengo duda alguna.