Romper el monopolio de liderazgos y de ideas dentro de los partidos

De acuerdo con la teoría sobre procesos de institucionalización, dos características esenciales de aquellas organizaciones que alcanzan el nivel de “institución” es haber desarrollado mecanismos para resolver disputas internas y que logran sobrevivir procesos de circulación de liderazgos.

Esas dos características han estado tradicionalmente ausentes en el sistema de partidos políticos luego de la transición democrática. La mayoría de los partidos han mostrado una incapacidad sistémica para atender la disidencia interna, fomentar la competencia de liderazgos y generar transiciones de poder de forma institucionalizada.

Por ejemplos, a principios del nuevo milenio, el Partido de Avanzada Nacional vivió una escisión entre sus principales liderazgos, lo que a la postre llevó a que cada una de las facciones en disputa fundaran sus propias organizaciones políticas: el Partido Unionista y el Partido Solidaridad Nacional.

Caso similar ocurrió con la UNE, de cuyo seno emergieron los partidos Líder y Todos, ambos vinculados con liderazgos alternos (Manuel Baldizón y Roberto Alejos) que, al no encontrar espacios de disidencia dentro del partido, optaron por crear sus propias organizaciones.

Y así podríamos reseñar incontables historias dentro del mundo político-partidista de las últimas dos décadas. Y en todos casos la historia parece ser la misma: cuando surgen liderazgos alternos o grupos disidentes dentro de la organización madre, al no existir mecanismos formales de disputabilidad o de competencia para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Atender este problema implica redefinir algunas de las reglas internas del funcionamiento de los partidos políticos, pero además, implica un cambio de patrones culturales de comportamiento.

A nivel de normativa, la utilización de mecanismos como elecciones primarias, voto secreto en las asambleas partidarias, la obligatoriedad para que se postulen dos o más planillas en las elecciones internas de los partidos, o que deba utilizarse alguna fórmula proporcional de minorías, permite que distintas facciones accedan a espacios de poder dentro de los partidos.

Pero luego, también se requiere de un cambio de patrones culturales. En Guatemala la disidencia se considera traición. Cuando la competencia de ideas o planteamientos dentro de una organización es parte fundamental del enriquecimiento programático. También se asume que los “platos sucios se lavan en casa”, cuando en algunas ocasiones publicitar la existencia de visiones encontradas dentro de una institución ayuda -precisamente- a mostrar la amplitud de visiones que coexisten.

O qué decir cuando se ´sanciona´ a un legislador, alcalde o activista por adaptar una postura distinta a la del partido. Al final, dentro de los partidos políticos institucionalizados, siempre existen facciones y distintas corrientes. Dentro de los republicanos -por ejemplo- hay un ala libertaria (Rand Paul), otra más tradicionalista (Mitt Romney) y otra más populista (Donald Trump). Como también dentro de los demócratas no es lo mismo comparar a personajes como Joe Biden con las Pelosis y las AOCs.

Reconocer el valor del debate político interno, desarrollar mecanismos que permitan visibilizar las disputas internas, además de fortalecer los órganos encargados de dirimir conflictos (tales como el Tribunal de Honor o el Órgano de Control y Fiscalización) resultan necesarios para fomentar la disputabilidad en el marco de la institución partidaria.

Con esas rutas, quizá resulte posible pensar en partidos donde coexistan facciones con distintas ideas programáticas, en donde haya realmente competencia por los espacios de toma de decisiones, y en donde se respete a las minorías disidentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia de fecha 6 de octubre de 2021 del caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala. La Corte IDH encontró responsable al Estado de Guatemala por violar los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en le vida cultural.

En resumen, los hechos se relacionan con la falta de legislación sobre radios comunitarias. La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) estableció un novedoso proceso para otorgar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico a través de Títulos de Usufructo (TUF) que se asignan mediante un sistema de subastas.

Sin embargo, este mecanismo no es adecuado para las radios comunitarias que no tienen los medios para acceder al recurso mediante una subasta. Cabe decir que ya la Corte de Constitucionalidad (CC) en sentencia de 14 de marzo de 2021, expediente 4238-2011, dentro de una acción de inconstitucionalidad contra la LGT resolvió:

“(…) se exhorta al Congreso de la República para que, de acuerdo a lo considerado en el presente fallo, emita la normativa correspondiente en virtud de la cual se regule la posibilidad y acceso de los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para promover la defensa, desarrollo y difusión de sus idiomas, tradiciones, espiritualidad y cualesquiera expresiones culturales.” (Resaltado propio)

La Corte IDH considera que existe “(…) un derecho de los pueblos indígenas de verse representados en los distintos medios de comunicación” y que “(…) esta obligación estatal se materializa mediante la adopción de medidas que permitan el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias, especialmente a las comunidades indígenas”

Considero importante mostrar cómo es que la decidida omisión del Congreso de atender las exhortativas que hace la CC tienen consecuencias graves. El Congreso solo ha atendido una exhortativa de la CC y se trató de la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, naturalmente porque afectaba a los propios políticos. Luego, las demás exhortativas han caído en saco roto.

Por otra parte, la Corte IDH ha establecido que el vacío legislativo antes enunciado da lugar a la violación del artículo 24 de la CADH referente al derecho a la igualdad. Considera al Corte IDH que “(…) el derecho a la igualdad ante la ley también implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva(…)”.

Por último, la Corte IDH considera que el Estado guatemalteco ha violado derechos humanos con la manera en que ha procedido la persecución penal contra personas que operaban radios comunitarias sin licencia.

Particularmente, porque considera que en los allanamientos se confiscó el equipo de las radios comunitarias y porque la persecución no ha cumplido con los criterios de proporcionalidad. Pero, por otra parte, porque el Ministerio Público utilizó la figura del hurto para perseguir a estas personas bajo el supuesto de que de acuerdo con el Código Civil “son bienes muebles las fuerzas naturales susceptibles de apropiación” (las frecuencias en este caso) y que por tanto al utilizar las frecuencias (bien mueble) sin licencia, se incurre en hurto.

La Corte IDH ha dicho sobre esto que: “la aplicación del tipo de hurto para la persecución penal de las personas que operan las radios comunitarias indígenas resulta inadecuada, toda vez que parece confundir el uso del espectro radioeléctrico con la apropiación” y que dado que “(…) no existe una “tipificación clara y precisa de la conducta”, es decir, de utilizar una frecuencia radioeléctrica sin licencia de las autoridades estatales, la Corte encuentra que en el presente caso no se cumple el requisito de estricta legalidad.

Mucho ojo sobre este punto porque en Guatemala se abusa del derecho penal. Hay demasiados temas para reflexionar, pero poco espacio para ahondar más.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia de fecha 6 de octubre de 2021 del caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala. La Corte IDH encontró responsable al Estado de Guatemala por violar los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en le vida cultural.

En resumen, los hechos se relacionan con la falta de legislación sobre radios comunitarias. La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) estableció un novedoso proceso para otorgar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico a través de Títulos de Usufructo (TUF) que se asignan mediante un sistema de subastas.

Sin embargo, este mecanismo no es adecuado para las radios comunitarias que no tienen los medios para acceder al recurso mediante una subasta. Cabe decir que ya la Corte de Constitucionalidad (CC) en sentencia de 14 de marzo de 2021, expediente 4238-2011, dentro de una acción de inconstitucionalidad contra la LGT resolvió:

“(…) se exhorta al Congreso de la República para que, de acuerdo a lo considerado en el presente fallo, emita la normativa correspondiente en virtud de la cual se regule la posibilidad y acceso de los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para promover la defensa, desarrollo y difusión de sus idiomas, tradiciones, espiritualidad y cualesquiera expresiones culturales.” (Resaltado propio)

La Corte IDH considera que existe “(…) un derecho de los pueblos indígenas de verse representados en los distintos medios de comunicación” y que “(…) esta obligación estatal se materializa mediante la adopción de medidas que permitan el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias, especialmente a las comunidades indígenas”

Considero importante mostrar cómo es que la decidida omisión del Congreso de atender las exhortativas que hace la CC tienen consecuencias graves. El Congreso solo ha atendido una exhortativa de la CC y se trató de la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, naturalmente porque afectaba a los propios políticos. Luego, las demás exhortativas han caído en saco roto.

Por otra parte, la Corte IDH ha establecido que el vacío legislativo antes enunciado da lugar a la violación del artículo 24 de la CADH referente al derecho a la igualdad. Considera al Corte IDH que “(…) el derecho a la igualdad ante la ley también implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva(…)”.

Por último, la Corte IDH considera que el Estado guatemalteco ha violado derechos humanos con la manera en que ha procedido la persecución penal contra personas que operaban radios comunitarias sin licencia.

Particularmente, porque considera que en los allanamientos se confiscó el equipo de las radios comunitarias y porque la persecución no ha cumplido con los criterios de proporcionalidad. Pero, por otra parte, porque el Ministerio Público utilizó la figura del hurto para perseguir a estas personas bajo el supuesto de que de acuerdo con el Código Civil “son bienes muebles las fuerzas naturales susceptibles de apropiación” (las frecuencias en este caso) y que por tanto al utilizar las frecuencias (bien mueble) sin licencia, se incurre en hurto.

La Corte IDH ha dicho sobre esto que: “la aplicación del tipo de hurto para la persecución penal de las personas que operan las radios comunitarias indígenas resulta inadecuada, toda vez que parece confundir el uso del espectro radioeléctrico con la apropiación” y que dado que “(…) no existe una “tipificación clara y precisa de la conducta”, es decir, de utilizar una frecuencia radioeléctrica sin licencia de las autoridades estatales, la Corte encuentra que en el presente caso no se cumple el requisito de estricta legalidad.

Mucho ojo sobre este punto porque en Guatemala se abusa del derecho penal. Hay demasiados temas para reflexionar, pero poco espacio para ahondar más.

El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo.

En los países avanzados, los partidos políticos tienen ideología, que luego es plasmada en los planes de gobierno que, a su vez, se convierten en el marco de referencia de sus acciones y el signo distintivo de su gestión, una vez alcanzan el poder. Y como resulta lógico, el presupuesto público es el instrumento para implementar el contenido de estos planes de gobierno. Dependiendo del signo ideológico, los planes de gobierno pueden estar centrados en crecimiento económico, infraestructura, renovación de la matriz energética, expansión de la política social, seguridad pública, etc. El punto es que se tiene un norte claramente definido y el presupuesto público se adapta en función de estos grandes objetivos.

En el caso de Guatemala, los partidos políticos se han vaciado de contenido con el paso de las décadas y eso se ha reflejado en los Presupuestos Públicos. Las diferentes instituciones del Estado han crecido de forma inercial, tanto en presupuesto, como en el número de trabajadores sin cuestionarnos la efectividad o la conveniencia de estas. Los distintos programas de gobierno no se evalúan con regularidad, por lo que los recursos de los contribuyentes se malgastan o bien se pierden en corrupción.

El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo. Simplemente se alimenta un Estado que a todas luces es anacrónico y es incapaz de brindar las condiciones para el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, el presupuesto en Educación se encuentra alrededor de Q 20,600 millones para 2022, un incremento de casi Q 4,800 millones respecto de lo ejecutado en 2019, el último año que el Congreso aprobó un presupuesto nuevo. No sólo es un aumento en términos nominales, sino también relativo al tamaño de la economía, al pasar de representar 2.7% a 3% del PIB. La pregunta relevante es ¿Tendremos mayor cobertura y mejor calidad en la educación pública? La respuesta dolorosa es que no. La mayor parte de los incrementos al presupuesto de Educación en los últimos cinco años han servido para pagar los incrementos salariales negociados en Pactos Colectivos, mientras que el bienestar de los niños y de los jóvenes quedó relegado a un segundo plano.

Lo mismo puede cuestionarse de otros rubros del presupuesto, como las secretarias del ejecutivo, que de 2011 a 2020 se gastaron más de Q 13,000 millones. ¿Para que sirvió ese dinero? ¿Cuáles son los resultados tangibles? O que decir de los Consejos de Desarrollo, que se pensó como un mecanismo democratizador de planificar y ejecutar la obra pública, pero terminó siendo un mecanismo sumamente opaco y cuestionado. O peor aún, del dinero público que se les da a ONGs de una forma totalmente arbitraria y que deja espacio para favoritismos y pago de favores.

Es cierto que los presupuestos públicos deben guardar cierta inercia. No se puede hacer “borrón y cuenta nueva” de la noche a la mañana. Hay gastos operativos que se repiten cada año y que se incrementan inercialmente. También es cierto que, en el caso de Guatemala, existen enormes rigideces en el presupuesto que dejan muy poco espacio para políticas públicas “innovadoras”. Pero la percepción del guatemalteco común es que los recursos de los contribuyentes son malgastados y que existe un deterioro significativo en los servicios públicos. Por esa razón, es indispensable que, en algún momento, se cuestione a fondo cada uno de los rubros del presupuesto y que los guatemaltecos perciban que los fondos públicos se gastan de forma eficiente, transparente y alcanzado resultados tangibles. En ese sentido, el presupuesto aprobado para 2022 es una nueva oportunidad perdida.

Por último, es preocupante que no se haga un mayor esfuerzo por controlar el déficit fiscal. Es cierto que la pandemia ha representado desafíos extraordinarios, pero la mejora en las perspectivas de la recaudación fiscal debió aprovecharse para reducir el déficit y no para expandir el gasto público. El pago de intereses por la deuda pública sigue creciendo y, por tanto, debe regresarse cuanto antes a un déficit fiscal inferior al 2% del PIB para preservar nuestra estabilidad macroeconómica; que es uno de los mejores activos que tenemos y no debe ponerse en riesgo.

Lea la publicación original en Prensa Libre haciendo click aquí. 

El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo.

En los países avanzados, los partidos políticos tienen ideología, que luego es plasmada en los planes de gobierno que, a su vez, se convierten en el marco de referencia de sus acciones y el signo distintivo de su gestión, una vez alcanzan el poder. Y como resulta lógico, el presupuesto público es el instrumento para implementar el contenido de estos planes de gobierno. Dependiendo del signo ideológico, los planes de gobierno pueden estar centrados en crecimiento económico, infraestructura, renovación de la matriz energética, expansión de la política social, seguridad pública, etc. El punto es que se tiene un norte claramente definido y el presupuesto público se adapta en función de estos grandes objetivos.

En el caso de Guatemala, los partidos políticos se han vaciado de contenido con el paso de las décadas y eso se ha reflejado en los Presupuestos Públicos. Las diferentes instituciones del Estado han crecido de forma inercial, tanto en presupuesto, como en el número de trabajadores sin cuestionarnos la efectividad o la conveniencia de estas. Los distintos programas de gobierno no se evalúan con regularidad, por lo que los recursos de los contribuyentes se malgastan o bien se pierden en corrupción.

El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo. Simplemente se alimenta un Estado que a todas luces es anacrónico y es incapaz de brindar las condiciones para el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, el presupuesto en Educación se encuentra alrededor de Q 20,600 millones para 2022, un incremento de casi Q 4,800 millones respecto de lo ejecutado en 2019, el último año que el Congreso aprobó un presupuesto nuevo. No sólo es un aumento en términos nominales, sino también relativo al tamaño de la economía, al pasar de representar 2.7% a 3% del PIB. La pregunta relevante es ¿Tendremos mayor cobertura y mejor calidad en la educación pública? La respuesta dolorosa es que no. La mayor parte de los incrementos al presupuesto de Educación en los últimos cinco años han servido para pagar los incrementos salariales negociados en Pactos Colectivos, mientras que el bienestar de los niños y de los jóvenes quedó relegado a un segundo plano.

Lo mismo puede cuestionarse de otros rubros del presupuesto, como las secretarias del ejecutivo, que de 2011 a 2020 se gastaron más de Q 13,000 millones. ¿Para que sirvió ese dinero? ¿Cuáles son los resultados tangibles? O que decir de los Consejos de Desarrollo, que se pensó como un mecanismo democratizador de planificar y ejecutar la obra pública, pero terminó siendo un mecanismo sumamente opaco y cuestionado. O peor aún, del dinero público que se les da a ONGs de una forma totalmente arbitraria y que deja espacio para favoritismos y pago de favores.

Es cierto que los presupuestos públicos deben guardar cierta inercia. No se puede hacer “borrón y cuenta nueva” de la noche a la mañana. Hay gastos operativos que se repiten cada año y que se incrementan inercialmente. También es cierto que, en el caso de Guatemala, existen enormes rigideces en el presupuesto que dejan muy poco espacio para políticas públicas “innovadoras”. Pero la percepción del guatemalteco común es que los recursos de los contribuyentes son malgastados y que existe un deterioro significativo en los servicios públicos. Por esa razón, es indispensable que, en algún momento, se cuestione a fondo cada uno de los rubros del presupuesto y que los guatemaltecos perciban que los fondos públicos se gastan de forma eficiente, transparente y alcanzado resultados tangibles. En ese sentido, el presupuesto aprobado para 2022 es una nueva oportunidad perdida.

Por último, es preocupante que no se haga un mayor esfuerzo por controlar el déficit fiscal. Es cierto que la pandemia ha representado desafíos extraordinarios, pero la mejora en las perspectivas de la recaudación fiscal debió aprovecharse para reducir el déficit y no para expandir el gasto público. El pago de intereses por la deuda pública sigue creciendo y, por tanto, debe regresarse cuanto antes a un déficit fiscal inferior al 2% del PIB para preservar nuestra estabilidad macroeconómica; que es uno de los mejores activos que tenemos y no debe ponerse en riesgo.

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Cuando los poderes intermedios dejan de importar

Desde la transición democrática, diversos autores (Sussane Jones, Rachel McLeary, entre otros) exploraron la relación que imperaba entre los actores políticos y las élites económicas tradicionales en Guatemala. La simbiosis del poder mediático con el económico, la concentración del financiamiento partidario, junto al poder de veto de la patronal, constituían las pruebas de los términos de subordinación de los políticos hacia el poder privado.

Sin embargo, con la llegada al poder de Alfonso Portillo y el FRG, pero particularmente a partir de las elecciones 2011, esa relación ha venido en un proceso de reconversión. Cada día, los actores políticos tienen más independencia respecto de las élites y los capitales tradicionales del país.

En el ámbito económico, el patrimonialismo y la rentabilización de los negocios públicos han generado un modelo autosostenible de financiamiento. Los contratos de obra gris con empresas propias o afines, el listado geográfico de obras, la intermediación en la proveeduría del Estado, las plazas fantasmas o las comisiones por tráfico de influencias, han generado un ‘capital semilla’ que permitiría a los partidos afrentar los costos de la campaña. Ese ‘capital semilla’ minimiza la dependencia de los candidatos frente financiamiento proveniente del capital tradicional y algunas formas de capital emergente lícito.

La muestra de lo anterior es la conclusión del informe de CICIG sobre el financiamiento de la política, en el que se cuantificaba que el aporte empresarial “a penas” representaba el 25%; mientras que la corrupción y el crimen organizado representaban el 75% de los fondos de campaña. Seguramente hace 30 años la proporción entre uno y otro segmento era muy distinta.

En otras palabras, hoy los partidos prefieren capitalizarse vía la repartición del patrimonio del Estado o reclutar financistas locales de dudosa procedencia, a recurrir a la tradicional práctica de “pasar el sombrero”. Primero, porque la porosidad del gasto público permite acceder a mayores recursos a un menor costo político. Y segundo, porque esta receta le otorga a los partidos mayor margen de maniobra frente a los financistas de antaño, sus demandas y agenda política.

En el ámbito mediático ocurre algo similar. La romería ante el Ángel de la Democracia ya no tiene la trascendencia de antaño. La proliferación de cables locales, de emisoras de corte regional, la consolidación de nuevas opciones en el mercado, y ahora, el advenimiento masivo de la publicidad en redes sociales, genera mayor nivel de independencia de los políticos frente a los poderes tradicionales de la comunicación. Esa dinámica también provoca menor respeto a la prensa. Hoy tener ´mala cobertura mediática´ acarrea un menor costo que hace diez o veinte años. O qué decir de aquel experimento -fallido por cierto- de Manuel Baldizón de construir un consorcio mediático precisamente con fines político-partidario. Al final, su aspiración era ganar aún más autonomía.

En lo social, los partidos prefieren recurrir al clientelismo que pactar con organizaciones de base. Salvo algunos casos concretos, como los sindicatos de maestros y salubristas, o alguna que otra organización campesina, los partidos carecen de incentivos para establecer alianzas con organizaciones de base local, territorial o de amplio espectro social. Por el contrario, resulta más eficiente -en términos políticos más que financieros- recurrir al clientelismo o al reclutamiento de caciques, como estrategia para construir organización y acarrear votantes el día de la elección. Los primeros piden acciones de política pública, los segundos sólo sirven el propósito electoral.

Con estas condiciones, el futuro del país se presenta como un enfrentamiento al desnudo -como diría Huntington- de fuerzas políticas, sin mayores ataduras a otras expresiones del poder. La autonomía de lo político finalmente se alcanzó, gracias a fenómenos tan diversos como el patrimonialismo, el clientelismo, la criminalidad organizada, e incluso, la revolución tecnológica y de las comunicaciones. El efecto es sencillo: las demandas de unos y otros, simplemente tienen menos peso hoy que hace unas décadas.

Cuando los poderes intermedios dejan de importar

Desde la transición democrática, diversos autores (Sussane Jones, Rachel McLeary, entre otros) exploraron la relación que imperaba entre los actores políticos y las élites económicas tradicionales en Guatemala. La simbiosis del poder mediático con el económico, la concentración del financiamiento partidario, junto al poder de veto de la patronal, constituían las pruebas de los términos de subordinación de los políticos hacia el poder privado.

Sin embargo, con la llegada al poder de Alfonso Portillo y el FRG, pero particularmente a partir de las elecciones 2011, esa relación ha venido en un proceso de reconversión. Cada día, los actores políticos tienen más independencia respecto de las élites y los capitales tradicionales del país.

En el ámbito económico, el patrimonialismo y la rentabilización de los negocios públicos han generado un modelo autosostenible de financiamiento. Los contratos de obra gris con empresas propias o afines, el listado geográfico de obras, la intermediación en la proveeduría del Estado, las plazas fantasmas o las comisiones por tráfico de influencias, han generado un ‘capital semilla’ que permitiría a los partidos afrentar los costos de la campaña. Ese ‘capital semilla’ minimiza la dependencia de los candidatos frente financiamiento proveniente del capital tradicional y algunas formas de capital emergente lícito.

La muestra de lo anterior es la conclusión del informe de CICIG sobre el financiamiento de la política, en el que se cuantificaba que el aporte empresarial “a penas” representaba el 25%; mientras que la corrupción y el crimen organizado representaban el 75% de los fondos de campaña. Seguramente hace 30 años la proporción entre uno y otro segmento era muy distinta.

En otras palabras, hoy los partidos prefieren capitalizarse vía la repartición del patrimonio del Estado o reclutar financistas locales de dudosa procedencia, a recurrir a la tradicional práctica de “pasar el sombrero”. Primero, porque la porosidad del gasto público permite acceder a mayores recursos a un menor costo político. Y segundo, porque esta receta le otorga a los partidos mayor margen de maniobra frente a los financistas de antaño, sus demandas y agenda política.

En el ámbito mediático ocurre algo similar. La romería ante el Ángel de la Democracia ya no tiene la trascendencia de antaño. La proliferación de cables locales, de emisoras de corte regional, la consolidación de nuevas opciones en el mercado, y ahora, el advenimiento masivo de la publicidad en redes sociales, genera mayor nivel de independencia de los políticos frente a los poderes tradicionales de la comunicación. Esa dinámica también provoca menor respeto a la prensa. Hoy tener ´mala cobertura mediática´ acarrea un menor costo que hace diez o veinte años. O qué decir de aquel experimento -fallido por cierto- de Manuel Baldizón de construir un consorcio mediático precisamente con fines político-partidario. Al final, su aspiración era ganar aún más autonomía.

En lo social, los partidos prefieren recurrir al clientelismo que pactar con organizaciones de base. Salvo algunos casos concretos, como los sindicatos de maestros y salubristas, o alguna que otra organización campesina, los partidos carecen de incentivos para establecer alianzas con organizaciones de base local, territorial o de amplio espectro social. Por el contrario, resulta más eficiente -en términos políticos más que financieros- recurrir al clientelismo o al reclutamiento de caciques, como estrategia para construir organización y acarrear votantes el día de la elección. Los primeros piden acciones de política pública, los segundos sólo sirven el propósito electoral.

Con estas condiciones, el futuro del país se presenta como un enfrentamiento al desnudo -como diría Huntington- de fuerzas políticas, sin mayores ataduras a otras expresiones del poder. La autonomía de lo político finalmente se alcanzó, gracias a fenómenos tan diversos como el patrimonialismo, el clientelismo, la criminalidad organizada, e incluso, la revolución tecnológica y de las comunicaciones. El efecto es sencillo: las demandas de unos y otros, simplemente tienen menos peso hoy que hace unas décadas.

La lección afgana bien puede dejar enseñanzas para utilizar en el triángulo norte y en Centroamérica.

Hace un par de meses, el mundo vio con horror las tomas de la evacuación del Aeropuerto de Kabul por las últimas tropas norteamericanas. La desesperación era evidente. La toma de Kabul por los talibanes hacía pensar que el país retornaría a las épocas oscuras de 1996-2001, bajo la cortina de una sangrienta dictadura islamista, sin mayor respeto por los derechos humanos ni los derechos mínimos de las mujeres.

Los cientos de personas que desesperadamente intentaban abandonar el suelo afgano eran -en su mayoría- los protagonistas del intento de construir democracia desde la operación Enduring Freedom de noviembre 2001. Es decir, líderes de partidos políticos democráticos, periodistas, líderes de sociedad civil, mujeres en cargos de liderazgo y dirección, jóvenes activistas, etc.

Encontrar los orígenes de la debacle no resulta difícil. En 2014 (tres años después de la Operación Neptune Star para capturar y/o asesinar a Osama Bin Laden, el verdadero objetivo de Enduring Freedom), el gobierno del Presidente Obama comisionó al General Stanley A. McChrystal para elaborar un informe sobre la situación de Afghanistan. Las conclusiones fueron despiadadas.

La invasión norteamericana llevó la democracia a Afganistán, pero no su mejor versión. El Gobierno de Hamid Karzai -democrático en el papel- rápidamente degeneró en una maquinaria de corrupción, saqueo e impunidad. Muy al estilo del Ejército de Estados Unidos, que tienen acrónimos para todo, la oficialidad americana empezó a referirse al Estado y la mayor parte del Gobierno afgano como VICE (A Vertically Integrated Criminal Enterprise). (https://www.newyorker.com/news/amy-davidson/from-kabul-to-cairo)

Las bromas de pasillos entre los oficiales militares y el mismo informe McChrystal arrojaban un panorama gris. Prácticamente todos los ámbitos de la administración pública estaban sujetos a la corrupción. Los contratos se entregaban a quien pagara el soborno más jugoso. Las resoluciones judiciales se vendían al mejor postor. Licencias, permisos, trámites, favores, todo, se vendía por un soborno. Los escándalos de saqueo estaban a la orden del día. La policía y el ejército afgano, que debían convertirse en los baluartes del mantenimiento del orden post-conflicto, descubrieron que el tráfico del opio era más rentable, por lo que se volvieron los principales carteles de la droga en la zona. Los caudillos tribales y la élite política se enriquecieron a velocidad de vértigo, mientras la población rural aún vivía los resabios de la guerra.

La fusión entre corrupción y criminalidad empezó a podrir las incipientes instituciones. Entre eso y la falta de orden, día a día, más afganos dejaron de creer en la democracia y empezaron a añorar la mano dura talibán.

Dexter Filkins, corresponsal de The New York Times en Medio Oriente, definió de una forma genial las dimensiones de la corrupción afgana. Para ello, recurrió a una analogía. Según Kolenda, la corrupción es como el cáncer, pero no toda la corrupción ni todo el cáncer es igual. Puedes tener pequeña corrupción, entendida como el policía o el funcionario de ventanilla que pide una mordida. Esas actuaciones son como el cáncer de piel: hay muchos tratamientos y probablemente vas a estar bien. Luego está la corrupción administrativa, que es como el cáncer de colon. Esta condición puede ser mortal, sin embargo, si lo descubres a tiempo y estás dispuesto a un tratamiento agresivo, el paciente aún se puede salvar.

Ahora, lo que Kolenda veía en el Gobierno afgano se asemejaba a una cleptocracia, que en la analogía, equivale al cáncer de cerebro. Es una condición mortal. Puedes comprar tiempo de vida, años incluso, pero tarde o temprano, te va a devorar. Sin embargo, con el paso de los años, ese cáncer hizo metástasis. Encuentras tumores en casi todos los órganos; como encuentras corrupción en casi todas las instituciones y procesos públicos. Tu calidad de vida simplemente es mala. Tienes dolor, no puedes comer, te cuesta respirar. Ya ni siquiera es mortal; es tan dolorosa que simplemente quieres huir.

Para entonces, la decisión de la administración Obama, y luego la de Trump, fue la retirada. En el acuerdo de Doha entre Estados Unidos y los talibanes, se definió la fecha de salida de las tropas americanas y el compromiso talibán de no atacar personal estadounidense. Pero el Tratado no decía nada sobre los afganos. A partir de septiembre 2020, los talibanes iniciaron una serie de ataques y asesinatos sistemáticos contra el corazón de la incipiente democracia afgana: periodistas, profesores universitarios, mujeres en cargos de liderazgo, líderes de sociedad civil, etc.

De ahí el temor al retroceso. Sin embargo, poco se podía hacer. Los orígenes del caos y del fracaso en el esfuerzo de “nation building” están precisamente en no haber combatir la corrupción endémica de VICE.

La lección afgana bien puede dejar enseñanzas para utilizar en el triángulo norte y en Centroamérica.

La lección afgana bien puede dejar enseñanzas para utilizar en el triángulo norte y en Centroamérica.

Hace un par de meses, el mundo vio con horror las tomas de la evacuación del Aeropuerto de Kabul por las últimas tropas norteamericanas. La desesperación era evidente. La toma de Kabul por los talibanes hacía pensar que el país retornaría a las épocas oscuras de 1996-2001, bajo la cortina de una sangrienta dictadura islamista, sin mayor respeto por los derechos humanos ni los derechos mínimos de las mujeres.

Los cientos de personas que desesperadamente intentaban abandonar el suelo afgano eran -en su mayoría- los protagonistas del intento de construir democracia desde la operación Enduring Freedom de noviembre 2001. Es decir, líderes de partidos políticos democráticos, periodistas, líderes de sociedad civil, mujeres en cargos de liderazgo y dirección, jóvenes activistas, etc.

Encontrar los orígenes de la debacle no resulta difícil. En 2014 (tres años después de la Operación Neptune Star para capturar y/o asesinar a Osama Bin Laden, el verdadero objetivo de Enduring Freedom), el gobierno del Presidente Obama comisionó al General Stanley A. McChrystal para elaborar un informe sobre la situación de Afghanistan. Las conclusiones fueron despiadadas.

La invasión norteamericana llevó la democracia a Afganistán, pero no su mejor versión. El Gobierno de Hamid Karzai -democrático en el papel- rápidamente degeneró en una maquinaria de corrupción, saqueo e impunidad. Muy al estilo del Ejército de Estados Unidos, que tienen acrónimos para todo, la oficialidad americana empezó a referirse al Estado y la mayor parte del Gobierno afgano como VICE (A Vertically Integrated Criminal Enterprise). (https://www.newyorker.com/news/amy-davidson/from-kabul-to-cairo)

Las bromas de pasillos entre los oficiales militares y el mismo informe McChrystal arrojaban un panorama gris. Prácticamente todos los ámbitos de la administración pública estaban sujetos a la corrupción. Los contratos se entregaban a quien pagara el soborno más jugoso. Las resoluciones judiciales se vendían al mejor postor. Licencias, permisos, trámites, favores, todo, se vendía por un soborno. Los escándalos de saqueo estaban a la orden del día. La policía y el ejército afgano, que debían convertirse en los baluartes del mantenimiento del orden post-conflicto, descubrieron que el tráfico del opio era más rentable, por lo que se volvieron los principales carteles de la droga en la zona. Los caudillos tribales y la élite política se enriquecieron a velocidad de vértigo, mientras la población rural aún vivía los resabios de la guerra.

La fusión entre corrupción y criminalidad empezó a podrir las incipientes instituciones. Entre eso y la falta de orden, día a día, más afganos dejaron de creer en la democracia y empezaron a añorar la mano dura talibán.

Dexter Filkins, corresponsal de The New York Times en Medio Oriente, definió de una forma genial las dimensiones de la corrupción afgana. Para ello, recurrió a una analogía. Según Kolenda, la corrupción es como el cáncer, pero no toda la corrupción ni todo el cáncer es igual. Puedes tener pequeña corrupción, entendida como el policía o el funcionario de ventanilla que pide una mordida. Esas actuaciones son como el cáncer de piel: hay muchos tratamientos y probablemente vas a estar bien. Luego está la corrupción administrativa, que es como el cáncer de colon. Esta condición puede ser mortal, sin embargo, si lo descubres a tiempo y estás dispuesto a un tratamiento agresivo, el paciente aún se puede salvar.

Ahora, lo que Kolenda veía en el Gobierno afgano se asemejaba a una cleptocracia, que en la analogía, equivale al cáncer de cerebro. Es una condición mortal. Puedes comprar tiempo de vida, años incluso, pero tarde o temprano, te va a devorar. Sin embargo, con el paso de los años, ese cáncer hizo metástasis. Encuentras tumores en casi todos los órganos; como encuentras corrupción en casi todas las instituciones y procesos públicos. Tu calidad de vida simplemente es mala. Tienes dolor, no puedes comer, te cuesta respirar. Ya ni siquiera es mortal; es tan dolorosa que simplemente quieres huir.

Para entonces, la decisión de la administración Obama, y luego la de Trump, fue la retirada. En el acuerdo de Doha entre Estados Unidos y los talibanes, se definió la fecha de salida de las tropas americanas y el compromiso talibán de no atacar personal estadounidense. Pero el Tratado no decía nada sobre los afganos. A partir de septiembre 2020, los talibanes iniciaron una serie de ataques y asesinatos sistemáticos contra el corazón de la incipiente democracia afgana: periodistas, profesores universitarios, mujeres en cargos de liderazgo, líderes de sociedad civil, etc.

De ahí el temor al retroceso. Sin embargo, poco se podía hacer. Los orígenes del caos y del fracaso en el esfuerzo de “nation building” están precisamente en no haber combatir la corrupción endémica de VICE.

La lección afgana bien puede dejar enseñanzas para utilizar en el triángulo norte y en Centroamérica.

Los ocho países excluidos ocupan los puestos más bajos del índice: El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y Haití (en ese orden del ranking regional) salen clasificados como regímenes híbridos. Naturalmente Cuba y Venezuela salen clasificados como autoritarismos.

El 9 y 10 de diciembre tendrá lugar la llamada “Cumbre por la Democracia”, una reunión de líderes mundiales organizada por Estados Unidos donde se abordarán tres grandes temas: la defensa frente al autoritarismo, el combate a la corrupción y la promoción y el respeto a los derechos humanos.

Por una columna de Andrés Oppenheimer, publicada el 13 de noviembre pasado, nos enteramos de que no serían invitados ocho países latinoamericanos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Honduras, Haití y Guatemala.

No es menor que seamos excluidos junto a tan selecto grupo de países. Pero lo cierto es que, si nos guiamos por indicadores, como el Índice de Democracia que publica la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, no debería ser una sorpresa. Este índice clasifica los países como democracias plenas, democracias con problemas, regímenes híbridos y autoritarismos.

Los ocho países excluidos ocupan los puestos más bajos del índice: El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y Haití (en ese orden del ranking regional) salen clasificados como regímenes híbridos. Naturalmente Cuba y Venezuela salen clasificados como autoritarismos.

Si echásemos mano del informe de libertad en el mundo de la Freedom House, que usa otros parámetros para medir el respeto a las libertades políticas y civiles, veríamos que los peores calificados de la región son también Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Muchos se cuestionan de todas maneras los criterios para seleccionar a quiénes invitar y a quiénes no. Si bien por una parte también estarán ausentes países como Hungría, Turquía o Rusia, han invitado a México, Polonia o Irak. Ya veremos en qué resulta este ejercicio.

Al margen de las críticas y dudas que se puedan plantear a la cumbre, creo que conviene hacer autocrítica. Por ejemplo, ¿qué aspectos del índice de democracia de The Economist nos hacen un régimen híbrido? Los cinco parámetros para la medición son: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles.

Las notas más altas que tiene Guatemala están en el eje de proceso electoral y pluralismo (6.92/10) y de libertades civiles (5.88). Aún así, las notas no son precisamente notables. Donde peor califica Guatemala es en cultura política democrática (3.13/10) y funcionamiento del gobierno (3.3/10).

El eje de funcionamiento del gobierno responde preguntas relacionadas con la efectividad del sistema a de pesos y contrapesos, a la existencia y funcionamiento de mecanismos e instituciones de rendición de cuentas, a cuán controlada esté la corrupción, a la confianza de la gente en las instituciones y los partidos políticos. Es bastante obvio que la debilidad institucional y en franco deterioro que tenemos explica nuestra pésima calificación.

Por otra parte, la cultura política democrática se refiere a la existencia de un grado de consenso y cohesión suficiente para cimentar una democracia estable y funcional, a si la gente percibe que la democracia es buena para el desempeño económico o si la democracia es buena para mantener el orden. La última encuesta de Latinobarómetro deja claro que apenas un 37% de los guatemaltecos piensa que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Quién sabe si la Cumbre por la Democracia rendirá frutos. Lo cierto es que es un buen momento para mirarnos y preguntarnos hacia dónde camina el país. En menos de dos años habrá elecciones y las condiciones son bastante precarias.