La competencia entre las mismas facciones dentro de un cartel por la repartición de las utilidades, terminará acabando con el cartel mismo.

En economía, el concepto del cartel hace referencia al acuerdo colusorio entre dos o más unidades económicas independientes dentro de un mismo sector para reducir o eliminar la competencia, con el fin de incrementar precios, aumentar utilidades y dominar el mercado. La idea es uniformar y restringir la producción, oferta y/o distribución con aras de maximizar rentas y utilidades.

El concepto bien puede extrapolarse a la práctica de la homogenización ideológica que silenciosamente se ha apoderado del sistema de partidos en Guatemala. Desde 2017 a la fecha, los partidos de derecha han caído presa de una suerte de cartelización ideológica y discursiva, con poca competencia entre sí.

En términos generales, ideas como la vinculación de la política con valores religiosos, la defensa a ultranza de la soberanía ante una supuesta agenda globalista o la generación de una “narrativa común” sobre lo ocurrido en Guatemala entre 2015 y 2019, se han convertido en la carta común de presentación de prácticamente todos los movimientos de derecha. Pero atrás de ello, se ha producido también una suerte de censura a la disidencia. Aquellos partidos, facciones, grupos o liderazgos que han matizado alguna de las posturas anteriores o que no se alinean con la totalidad de ideas del cartel, han sufrido de sanciones sociales, ostracismo o burdo hostigamiento. El calificativo “chairo” ha sido la expresión más usada como correctivo ideológico entre la derecha chapina en tiempos recientes.

De ahí, por ejemplo, que la mayor parte de los bloques parlamentarios que han dominado la agenda legislativa desde 2017 a la fecha, mantienen un discurso, agenda y prioridades casi uniforme. O qué decir del sistema de partidos políticos, en donde prácticamente resulta imposible diferenciar entre agrupaciones con ideología conservadora, liberal o demócrata-cristiana entre la oferta de “derecha”. Peor aún durante los procesos electorales, cuando raramente se diferencian líneas ideológicas, escuelas económicas o distintas líneas de política pública en el debate político.

Quizá una de las pocas variables para distinguir entre la oferta de derecha, es el nivel de cercanía o lejanía respecto de las élites y el capital tradicional. A modo de ejemplo, al contrastar partidos como VALOR y UCN, resulta muy difícil diferenciarlos por su discurso. En cambio, sí podemos hacer una distinción respecto del relacionamiento con élites y tipos de capital de cada uno de ambos proyectos.

De ahí se desprende que la única ruptura del cartel se produjo entre agosto y septiembre 2021, cuando aquellos partidos de derecha con una línea más pro-empresarial rechazaron el Estado de Calamidad propuesto por el Gobierno, frente a la postura de los partidos de derecha más autónomos frente a las élites, que terminaron votando en favor medidas restrictivas por el incremento de casos de Covid.

Dentro del mismo liberalismo, el tema de los carteles siempre ha sido objeto de apasionados debates. Sin embargo, siempre he coincidido con la conclusión de James Buchanan y la Escuela de Public Choice sobre que tarde o temprano “la competencia entre las mismas facciones dentro de un cartel por la repartición de las utilidades, terminará acabando con el cartel mismo”.

En esta analogía del cartel político-ideológico, la principal competencia interna por la repartición de las utilidades será el proceso electoral 2023. Las encuestas claramente nos indican que para el votante la falta de empleo, el alto costo de vida, el precio de los servicios públicos, la inseguridad y la corrupción son los temas sensibles. De ahí vemos ya a un Roberto Arzú -por ejemplo- hablar de energía eléctrica gratuita y subsidios universitarios. Tarde o temprano, veremos a otros disidentes hablar de corrupción.

La pregunta del millón es si la competencia por votos en 2023 (y por ende, por las utilidades ulteriores) terminará rompiendo al cartel. O si el interés de maximizar utilidad y cerrar espacios de competencia, consolida al cartel frente a los intereses facciosos. Poporopos en mano, observemos a ver qué pasa.

El hecho de que en El Salvador se considere a bitcoin como moneda de curso legal no tiene implicaciones para Guatemala.

La respuesta corta es que se trata de una cuestión que no cuenta con regulación específica. Al solicitar información a la Junta Monetaria sobre la existencia de alguna normativa o resolución que regule el uso de criptomonedas en Guatemala, hicieron ver que “En la actualidad no se tiene conocimiento que esté trabajando en alguna iniciativa de ley o normativa para regular el uso de las criptomonedas en Guatemala”.

Previamente señalaban que, de acuerdo con la Ley Monetaria, artículo 1 y 2, el quetzal es la unidad monetaria del país y el Banguat su único emisor. Sin embargo, esto no aclara si se le da estatus de moneda o no a las denominadas criptomonedas para considerarlas en todo caso divisas.

El uso cada vez más generalizado de las criptomonedas ha traído respuestas de los distintos entes reguladores de cada país. A veces las respuestas son contradictorias entre agencias. Por ejemplo, En Estados Unidos, algunos reguladores financieros de algunos estados consideran a las criptomonedas como monedas. Por lo tanto, en los Estados que así lo consideran se hace necesario obtener una licencia para operar como money transmitter mientras que en otros Estados no.

Por ser un país federal esto trae otra serie de complicaciones en casos en que operan money transmitters entre un Estado que no requiere licencia para transar con criptomonedas y otro que sí.

A nivel federal, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), encargada de hacer cumplir la Bank Secrecy Act, considera a las criptomonedas como dinero y por tanto establece que los “operadores” de criptomonedas están sujetos a su vigilancia. Plataformas como Coinbase, por ejemplo, deben registrarse como “Money Services Business” ante la FinCEN.

Por otra parte, otras agencias como la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) consideran al bitcoin como una commodity y no como un título valor (security). Pero la autoridad tributaria, el IRS, trata a las criptomonedas como propiedad. Es decir, que al momento en que una persona mantiene criptomonedas bajo su propiedad y las vende a un precio y obtiene una ganancia, dicho monto se considera la base para cobrar un impuesto sobre ganancias de capital.

En Guatemala no existen ni legislación ni directrices normativas (que yo conozca) para el caso de las criptomonedas. Seguramente, al igual que en otros países, eventualmente surgirán respuestas normativas a casos concretos. Interesante será cómo la SAT considerará a las criptomonedas en caso de obtener ganancias por la venta de criptomonedas.

Diferente es el caso de El Salvador que ha decidido considerar al bitcion como moneda de curso legal. Esto quiere decir que los salvadoreños están obligados a aceptar bitcoin (además del dólar estadounidense) como medio de pago para liberar deudas. La ley salvadoreña garantiza que el precio del bitcoin se fija por mecanismos de mercado así que cada vendedor y comprador deciden a qué tasa de conversión convienen la liquidación de la deuda.

El hecho de que en El Salvador se considere a bitcoin como moneda de curso legal no tiene implicaciones para Guatemala. No se consideraría por ello una divisa porque no es una moneda emitida por El Salvador. El Salvador simplemente la trata como moneda de curso legal.

El hecho de que en El Salvador se considere a bitcoin como moneda de curso legal no tiene implicaciones para Guatemala.

La respuesta corta es que se trata de una cuestión que no cuenta con regulación específica. Al solicitar información a la Junta Monetaria sobre la existencia de alguna normativa o resolución que regule el uso de criptomonedas en Guatemala, hicieron ver que “En la actualidad no se tiene conocimiento que esté trabajando en alguna iniciativa de ley o normativa para regular el uso de las criptomonedas en Guatemala”.

Previamente señalaban que, de acuerdo con la Ley Monetaria, artículo 1 y 2, el quetzal es la unidad monetaria del país y el Banguat su único emisor. Sin embargo, esto no aclara si se le da estatus de moneda o no a las denominadas criptomonedas para considerarlas en todo caso divisas.

El uso cada vez más generalizado de las criptomonedas ha traído respuestas de los distintos entes reguladores de cada país. A veces las respuestas son contradictorias entre agencias. Por ejemplo, En Estados Unidos, algunos reguladores financieros de algunos estados consideran a las criptomonedas como monedas. Por lo tanto, en los Estados que así lo consideran se hace necesario obtener una licencia para operar como money transmitter mientras que en otros Estados no.

Por ser un país federal esto trae otra serie de complicaciones en casos en que operan money transmitters entre un Estado que no requiere licencia para transar con criptomonedas y otro que sí.

A nivel federal, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), encargada de hacer cumplir la Bank Secrecy Act, considera a las criptomonedas como dinero y por tanto establece que los “operadores” de criptomonedas están sujetos a su vigilancia. Plataformas como Coinbase, por ejemplo, deben registrarse como “Money Services Business” ante la FinCEN.

Por otra parte, otras agencias como la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) consideran al bitcoin como una commodity y no como un título valor (security). Pero la autoridad tributaria, el IRS, trata a las criptomonedas como propiedad. Es decir, que al momento en que una persona mantiene criptomonedas bajo su propiedad y las vende a un precio y obtiene una ganancia, dicho monto se considera la base para cobrar un impuesto sobre ganancias de capital.

En Guatemala no existen ni legislación ni directrices normativas (que yo conozca) para el caso de las criptomonedas. Seguramente, al igual que en otros países, eventualmente surgirán respuestas normativas a casos concretos. Interesante será cómo la SAT considerará a las criptomonedas en caso de obtener ganancias por la venta de criptomonedas.

Diferente es el caso de El Salvador que ha decidido considerar al bitcion como moneda de curso legal. Esto quiere decir que los salvadoreños están obligados a aceptar bitcoin (además del dólar estadounidense) como medio de pago para liberar deudas. La ley salvadoreña garantiza que el precio del bitcoin se fija por mecanismos de mercado así que cada vendedor y comprador deciden a qué tasa de conversión convienen la liquidación de la deuda.

El hecho de que en El Salvador se considere a bitcoin como moneda de curso legal no tiene implicaciones para Guatemala. No se consideraría por ello una divisa porque no es una moneda emitida por El Salvador. El Salvador simplemente la trata como moneda de curso legal.

La estrategia de represión, de defender el statu quo y hacer cambios cosméticos no funcionará

Las revoluciones políticas ocurren cuando las instituciones que le han dado estabilidad al sistema, quedan obsoletas y no son capaces de responder o adaptarse a los cambios sociales y económicos que han sucedido o están sucediendo. Las monarquías funcionaron por siglos en Europa, pero con el surgimiento de una nueva clase social entre los siglos XVII y XIX, que exigía mayores derechos y cuotas de poder, pronto llegaron a su fin.

El descontento de la población con el statu quo, es el origen de las revoluciones. En muchos casos, existen “señales” que indican que el descontento es creciente y sin embargo, quienes ostentan el poder se niegan a realizar cambios para adaptar el sistema a las nuevas realidades. Manifestaciones y protestas han sido el preludio de las revoluciones en el pasado, las cuales fueron inicialmente minimizadas por quienes luego fueron defenestrados.

En la actualidad vemos un enorme descontento en varios países de América Latina. Chile y Colombia son los casos recientes más emblemáticos, pero en Honduras también hubo manifestaciones significativas en los años recientes. En el caso de Chile estas manifestaciones multitudinarias no se detuvieron hasta que lograron el objetivo de convocar una Asamblea Constituyente para   modificar por completo el sistema. Y unos meses después, los electores chilenos eligieron a un candidato que ofreció  un cambio radical del modelo. ¿Se consolidará una revolución en Chile? Es decir, ¿Cambiará radicalmente política y económicamente ese país en los próximos años? Todavía es muy temprano para decirlo, pero por el momento, todo indica que Chile no será el mismo luego de la constituyente y el gobierno de Gabriel Boric. 

Y es que los “revolucionarios” no llegan hoy en día al poder por las armas, sino que utilizan los medios democráticos. Por ejemplo, es difícil pensar que regresen los movimientos guerrilleros a América Latina, pero sí estamos presenciado el surgimiento de movimientos políticos con discursos antisistema que están logrando llegar al poder y en  algunos casos, realizarán transformaciones profundas en sus países.

No cabe duda que los países latinoamericanos deben hacer cambios institucionales que le permitan construir auténticas democracias liberales, en donde reine el Estado de Derecho, con economías modernas y bienes públicos de alta calidad, que reduzcan la pobreza y fomenten la movilidad social. El problema es que los sistemas políticos de la región se resisten al cambio, con lo cual se profundizan los problemas sociales, en un contexto de fácil acceso a la información a través de las redes sociales, que agudiza el descontento de los ciudadanos. Esto es el campo fértil para que surjan las opciones radicales.

Al final, América Latina se encuentra entre quienes defienden la inamovilidad y quiénes desean hacer una revolución. El problema es que esas revoluciones no necesariamente mejoran los países. Las revoluciones de Rusia, Cuba y Venezuela sólo trajeron más miseria a sus ciudadanos. Porque en cierto sentido, puede hablarse que en Venezuela hubo una revolución, al haberse cambiado por completo su sistema político y económico.

Si los países de la región quieren evitar el trauma de una revolución, es indispensable que realicen los cambios hacia la construcción de democracias liberales. Las instituciones políticas y de gobernanza de la región, en donde abunda la corrupción y los derechos individuales no están garantizados, quedaron obsoletas ante la nueva realidad del siglo XXI. Las personas hoy tienen fácil acceso a la información, que les hace más demandantes y menos conformes con su precaria situación.

La estrategia de represión, de defender el statu quo y hacer cambios cosméticos no funcionará.  El ejemplo de Honduras, en donde existe un alto descontento con el sistema, demuestra que las personas tarde o temprano harán valer su voto y elegirán al verdugo del statu quo, aun cuando ello signifique mayor miseria para todos.

La estrategia de represión, de defender el statu quo y hacer cambios cosméticos no funcionará

Las revoluciones políticas ocurren cuando las instituciones que le han dado estabilidad al sistema, quedan obsoletas y no son capaces de responder o adaptarse a los cambios sociales y económicos que han sucedido o están sucediendo. Las monarquías funcionaron por siglos en Europa, pero con el surgimiento de una nueva clase social entre los siglos XVII y XIX, que exigía mayores derechos y cuotas de poder, pronto llegaron a su fin.

El descontento de la población con el statu quo, es el origen de las revoluciones. En muchos casos, existen “señales” que indican que el descontento es creciente y sin embargo, quienes ostentan el poder se niegan a realizar cambios para adaptar el sistema a las nuevas realidades. Manifestaciones y protestas han sido el preludio de las revoluciones en el pasado, las cuales fueron inicialmente minimizadas por quienes luego fueron defenestrados.

En la actualidad vemos un enorme descontento en varios países de América Latina. Chile y Colombia son los casos recientes más emblemáticos, pero en Honduras también hubo manifestaciones significativas en los años recientes. En el caso de Chile estas manifestaciones multitudinarias no se detuvieron hasta que lograron el objetivo de convocar una Asamblea Constituyente para   modificar por completo el sistema. Y unos meses después, los electores chilenos eligieron a un candidato que ofreció  un cambio radical del modelo. ¿Se consolidará una revolución en Chile? Es decir, ¿Cambiará radicalmente política y económicamente ese país en los próximos años? Todavía es muy temprano para decirlo, pero por el momento, todo indica que Chile no será el mismo luego de la constituyente y el gobierno de Gabriel Boric. 

Y es que los “revolucionarios” no llegan hoy en día al poder por las armas, sino que utilizan los medios democráticos. Por ejemplo, es difícil pensar que regresen los movimientos guerrilleros a América Latina, pero sí estamos presenciado el surgimiento de movimientos políticos con discursos antisistema que están logrando llegar al poder y en  algunos casos, realizarán transformaciones profundas en sus países.

No cabe duda que los países latinoamericanos deben hacer cambios institucionales que le permitan construir auténticas democracias liberales, en donde reine el Estado de Derecho, con economías modernas y bienes públicos de alta calidad, que reduzcan la pobreza y fomenten la movilidad social. El problema es que los sistemas políticos de la región se resisten al cambio, con lo cual se profundizan los problemas sociales, en un contexto de fácil acceso a la información a través de las redes sociales, que agudiza el descontento de los ciudadanos. Esto es el campo fértil para que surjan las opciones radicales.

Al final, América Latina se encuentra entre quienes defienden la inamovilidad y quiénes desean hacer una revolución. El problema es que esas revoluciones no necesariamente mejoran los países. Las revoluciones de Rusia, Cuba y Venezuela sólo trajeron más miseria a sus ciudadanos. Porque en cierto sentido, puede hablarse que en Venezuela hubo una revolución, al haberse cambiado por completo su sistema político y económico.

Si los países de la región quieren evitar el trauma de una revolución, es indispensable que realicen los cambios hacia la construcción de democracias liberales. Las instituciones políticas y de gobernanza de la región, en donde abunda la corrupción y los derechos individuales no están garantizados, quedaron obsoletas ante la nueva realidad del siglo XXI. Las personas hoy tienen fácil acceso a la información, que les hace más demandantes y menos conformes con su precaria situación.

La estrategia de represión, de defender el statu quo y hacer cambios cosméticos no funcionará.  El ejemplo de Honduras, en donde existe un alto descontento con el sistema, demuestra que las personas tarde o temprano harán valer su voto y elegirán al verdugo del statu quo, aun cuando ello signifique mayor miseria para todos.

Es innegable que en estos momentos, cualquier paso que dé la OTAN en Ucrania en los próximos días, tendrá una respuesta fuerte por parte de Rusia y posiblemente veamos en el futuro cercano un apoyo más activo de Putin a Maduro en la crisis de la frontera colombo-venezolana.

Con varias excepciones en donde las relaciones han sido muy cordiales, desde tiempos históricos Venezuela y Colombia han tenido relaciones tensas y se han percibido como competidores. En las últimas décadas de este siglo, su antagonismo se resume en tener modelos contrapuestos: mientras uno ha optado por una revolución socialista y por alianzas anti-occidentales con Rusia, China, Irán y Turquía; el otro ha mantenido una democracia liberal con una gran cercanía a los Estados Unidos.

La última vez que se vivió una tensión como la del presente entre los dos países vecinos, se remonta al año 2008 cuando en medio de la llamada “Operación Fénix”, el territorio de Angostura fue bombardeado por el ejército colombiano, resultando en uno de los golpes definitivos a las FARC con la muerte del guerrillero Raúl Reyes y otros 22 irregulares más. En aquel momento, como daño colateral, los efectivos colombianos traspasaron ilegalmente la frontera ecuatoriana, violando la soberanía de aquel país y provocando una crisis diplomática de impacto regional que involucró a varios países y motivó en su momento a que el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenara movilizar diez batallones de tropas venezolanas a la frontera, retirar a todos los funcionarios venezolanos que se encontraban en Bogotá y enviar aviones Sukhoi a sobrevolar la frontera con el vecino país.

Regresando al presente, a comienzos de 2022, y a raíz de las polémicas declaraciones del viceministro de asuntos exteriores de la República Federal Rusa, Serguei Riabkov, en donde habló de un posible despliegue de bases militares en Venezuela debido al avance de la OTAN en sus fronteras con Ucrania, ha aumentado considerablemente la preocupación en el hemisferio occidental porque continúan escalando las tensiones entre el gigante euroasiático y Estados Unidos y parecieran reavivarse los tiempos de la Guerra Fría, que se creían superados desde hace décadas. Ante estas declaraciones del diplomático ruso, el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que si Rusia daba un paso en esa dirección, el país del norte “actuaría de manera decisiva”.

Al otro lado del Atlántico, al norte de América del Sur, estas declaraciones han generado tensión ya que hace varios días, el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, manifestó que aumentará la presencia de la fuerza pública colombiana y de ejercicios de comando en la frontera con Venezuela. Y asimismo, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha declarado que Colombia es el “peón” de la OTAN en América Latina.

Más allá del discurso inflamatorio entre ambos funcionarios, recordemos que desde el año 2009 existen varios acuerdos de cooperación y asistencia militar entre Estados Unidos y Colombia para combatir en la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos terroristas en ese país, lo cual incluye la presencia de oficiales norteamericanos en varias bases militares colombianas.

Ante el recrudecimiento de la violencia en los últimos días en la frontera de los dos países suramericanos por el conflicto en el área del Arauca entre los grupos disidentes de las FARC y el ELN; el representante de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy planteó la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas para solventar esta problemática, a lo que el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que “no caerían ante ese chantaje” y no cederían frente a las presiones de Rusia de regularizar relaciones con Venezuela ya que el régimen de Nicolás Maduro protege a grupos terroristas como el ELN que afectan la seguridad de Colombia, y además, el ministro Molano denunció la presencia militar rusa en territorio venezolano. Información que ya fue ratificada por el propio Padrino López, a través de su cuenta de Twitter en la que afirmó: “Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen”.

¿Será el Caribe el escenario de una nueva Guerra Fría, como sucedió en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba? En aquel momento la amenaza atómica fue el gran disuasor que evitó que el conflicto escalara a mayores. Pero es innegable que en estos momentos, cualquier paso que dé la OTAN en Ucrania en los próximos días, tendrá una respuesta fuerte por parte de Rusia y posiblemente veamos en el futuro cercano un apoyo más activo de Putin a Maduro en la crisis de la frontera colombo-venezolana.

Es innegable que en estos momentos, cualquier paso que dé la OTAN en Ucrania en los próximos días, tendrá una respuesta fuerte por parte de Rusia y posiblemente veamos en el futuro cercano un apoyo más activo de Putin a Maduro en la crisis de la frontera colombo-venezolana.

Con varias excepciones en donde las relaciones han sido muy cordiales, desde tiempos históricos Venezuela y Colombia han tenido relaciones tensas y se han percibido como competidores. En las últimas décadas de este siglo, su antagonismo se resume en tener modelos contrapuestos: mientras uno ha optado por una revolución socialista y por alianzas anti-occidentales con Rusia, China, Irán y Turquía; el otro ha mantenido una democracia liberal con una gran cercanía a los Estados Unidos.

La última vez que se vivió una tensión como la del presente entre los dos países vecinos, se remonta al año 2008 cuando en medio de la llamada “Operación Fénix”, el territorio de Angostura fue bombardeado por el ejército colombiano, resultando en uno de los golpes definitivos a las FARC con la muerte del guerrillero Raúl Reyes y otros 22 irregulares más. En aquel momento, como daño colateral, los efectivos colombianos traspasaron ilegalmente la frontera ecuatoriana, violando la soberanía de aquel país y provocando una crisis diplomática de impacto regional que involucró a varios países y motivó en su momento a que el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenara movilizar diez batallones de tropas venezolanas a la frontera, retirar a todos los funcionarios venezolanos que se encontraban en Bogotá y enviar aviones Sukhoi a sobrevolar la frontera con el vecino país.

Regresando al presente, a comienzos de 2022, y a raíz de las polémicas declaraciones del viceministro de asuntos exteriores de la República Federal Rusa, Serguei Riabkov, en donde habló de un posible despliegue de bases militares en Venezuela debido al avance de la OTAN en sus fronteras con Ucrania, ha aumentado considerablemente la preocupación en el hemisferio occidental porque continúan escalando las tensiones entre el gigante euroasiático y Estados Unidos y parecieran reavivarse los tiempos de la Guerra Fría, que se creían superados desde hace décadas. Ante estas declaraciones del diplomático ruso, el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que si Rusia daba un paso en esa dirección, el país del norte “actuaría de manera decisiva”.

Al otro lado del Atlántico, al norte de América del Sur, estas declaraciones han generado tensión ya que hace varios días, el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, manifestó que aumentará la presencia de la fuerza pública colombiana y de ejercicios de comando en la frontera con Venezuela. Y asimismo, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha declarado que Colombia es el “peón” de la OTAN en América Latina.

Más allá del discurso inflamatorio entre ambos funcionarios, recordemos que desde el año 2009 existen varios acuerdos de cooperación y asistencia militar entre Estados Unidos y Colombia para combatir en la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos terroristas en ese país, lo cual incluye la presencia de oficiales norteamericanos en varias bases militares colombianas.

Ante el recrudecimiento de la violencia en los últimos días en la frontera de los dos países suramericanos por el conflicto en el área del Arauca entre los grupos disidentes de las FARC y el ELN; el representante de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy planteó la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas para solventar esta problemática, a lo que el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que “no caerían ante ese chantaje” y no cederían frente a las presiones de Rusia de regularizar relaciones con Venezuela ya que el régimen de Nicolás Maduro protege a grupos terroristas como el ELN que afectan la seguridad de Colombia, y además, el ministro Molano denunció la presencia militar rusa en territorio venezolano. Información que ya fue ratificada por el propio Padrino López, a través de su cuenta de Twitter en la que afirmó: “Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen”.

¿Será el Caribe el escenario de una nueva Guerra Fría, como sucedió en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba? En aquel momento la amenaza atómica fue el gran disuasor que evitó que el conflicto escalara a mayores. Pero es innegable que en estos momentos, cualquier paso que dé la OTAN en Ucrania en los próximos días, tendrá una respuesta fuerte por parte de Rusia y posiblemente veamos en el futuro cercano un apoyo más activo de Putin a Maduro en la crisis de la frontera colombo-venezolana.

Mayorías artificialmente engrandecidas

No hay sistema electoral perfecto. La anterior es una premisa que debemos aceptar como válida en toda discusión de reformas institucionales. Todos los sistemas de representación y elección padecen de alguna debilidad, falla, distorsión o costo asociado. La clave del debate político está en identificar esas distorsiones y evaluar si una sociedad está dispuesta a tolerarlas o no.

Dado que, en el caso de Guatemala, la discusión sobre una reforma electoral se ha enfocado en el modelo de integración del Congreso, conviene realizar una breve reflexión sobre el diseño del sistema y las distorsiones que éste acarrea consigo.

La Constitución, en su artículo 157, establece que la elección de diputados se realiza por medio del sistema de distritos electorales (cada departamento más la ciudad capital) y lista nacional, para un período de cuatro años, con posibilidad de reelección. Por su parte, el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece el número de diputados que corresponden a cada distrito y a la Lista Nacional (determinación que no es más que un simple redondeo del número de diputados establecido luego de la realización del Censo 2002).

Una rápida revisión de este artículo permite identificar que en Guatemala coexisten muchos distritos de magnitud pequeña (Baja Verapaz, El Progreso o Zacapa que eligen 2 diputados; Izabal, Jutiapa, Chiquimula o Santa Rosa que eligen 3) junto con distritos de gran magnitud (Guatemala elige 19 diputados, el distrito central o capital elige 11, Huehuetenango 10, San Marcos 9). Todo ello sin obviar que la Lista Nacional elige a un total de 32 diputados.

La literatura sobre sistemas electorales nos dice que los distritos de menor magnitud favorecen a los partidos más grandes (dado que pocos tienen posibilidades de alcanzar representación), mientras que los distritos de mayor magnitud aumentan la posibilidad para que partidos pequeños alcancen representación.

Por su parte, el artículo 203 de la LEPP define que la elección de diputados se basa en el principio de representación proporcional de minorías y desarrolla el procedimiento a utilizar para calcular el número de escaños que corresponde a cada partido en función al resultado electoral. Vale decir que dicho procedimiento no es más que la aplicación de la fórmula matemática del jurista Víctor D’Hondt, la cual es una de muchas fórmulas que pueden utilizarse para aplicar la representación de minorías.

Nuevamente la literatura sobre sistemas electorales nos dice que la aplicación de la Fórmula D’Hondt tiende a favorecer -aún más- a los partidos mayoritarios. En este sentido, la aplicación de la citada fórmula junto a un modelo de distritos de pequeña magnitud, generará como distorsión la construcción de bloques legislativos artificialmente grandes.

En gran medida, lo anterior explica por qué en 2019 el Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo un 17.86% de los votos válidos totales para el Congreso (dato que sale de la sumatoria de los listados distritales y la Lista Nacional). Sin embargo, obtuvo 52 de 160 escaños, que equivale a un 32.50% del total de integrantes del Congreso. Caso similar ocurrió en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo 44 de 158 diputados, a pesar de haber obtenido menos del 15% del total de votos de diputados, sin contar la implosión de la candidatura presidencial de Manuel Baldizón.

Tanto Líder del 2015 como la UNE de 2019 fueron beneficiarios de la distorsión “pro-mayoritaria” del sistema electoral.

Mayorías artificialmente engrandecidas

No hay sistema electoral perfecto. La anterior es una premisa que debemos aceptar como válida en toda discusión de reformas institucionales. Todos los sistemas de representación y elección padecen de alguna debilidad, falla, distorsión o costo asociado. La clave del debate político está en identificar esas distorsiones y evaluar si una sociedad está dispuesta a tolerarlas o no.

Dado que, en el caso de Guatemala, la discusión sobre una reforma electoral se ha enfocado en el modelo de integración del Congreso, conviene realizar una breve reflexión sobre el diseño del sistema y las distorsiones que éste acarrea consigo.

La Constitución, en su artículo 157, establece que la elección de diputados se realiza por medio del sistema de distritos electorales (cada departamento más la ciudad capital) y lista nacional, para un período de cuatro años, con posibilidad de reelección. Por su parte, el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece el número de diputados que corresponden a cada distrito y a la Lista Nacional (determinación que no es más que un simple redondeo del número de diputados establecido luego de la realización del Censo 2002).

Una rápida revisión de este artículo permite identificar que en Guatemala coexisten muchos distritos de magnitud pequeña (Baja Verapaz, El Progreso o Zacapa que eligen 2 diputados; Izabal, Jutiapa, Chiquimula o Santa Rosa que eligen 3) junto con distritos de gran magnitud (Guatemala elige 19 diputados, el distrito central o capital elige 11, Huehuetenango 10, San Marcos 9). Todo ello sin obviar que la Lista Nacional elige a un total de 32 diputados.

La literatura sobre sistemas electorales nos dice que los distritos de menor magnitud favorecen a los partidos más grandes (dado que pocos tienen posibilidades de alcanzar representación), mientras que los distritos de mayor magnitud aumentan la posibilidad para que partidos pequeños alcancen representación.

Por su parte, el artículo 203 de la LEPP define que la elección de diputados se basa en el principio de representación proporcional de minorías y desarrolla el procedimiento a utilizar para calcular el número de escaños que corresponde a cada partido en función al resultado electoral. Vale decir que dicho procedimiento no es más que la aplicación de la fórmula matemática del jurista Víctor D’Hondt, la cual es una de muchas fórmulas que pueden utilizarse para aplicar la representación de minorías.

Nuevamente la literatura sobre sistemas electorales nos dice que la aplicación de la Fórmula D’Hondt tiende a favorecer -aún más- a los partidos mayoritarios. En este sentido, la aplicación de la citada fórmula junto a un modelo de distritos de pequeña magnitud, generará como distorsión la construcción de bloques legislativos artificialmente grandes.

En gran medida, lo anterior explica por qué en 2019 el Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo un 17.86% de los votos válidos totales para el Congreso (dato que sale de la sumatoria de los listados distritales y la Lista Nacional). Sin embargo, obtuvo 52 de 160 escaños, que equivale a un 32.50% del total de integrantes del Congreso. Caso similar ocurrió en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo 44 de 158 diputados, a pesar de haber obtenido menos del 15% del total de votos de diputados, sin contar la implosión de la candidatura presidencial de Manuel Baldizón.

Tanto Líder del 2015 como la UNE de 2019 fueron beneficiarios de la distorsión “pro-mayoritaria” del sistema electoral.

Fijar un seguro obligatorio tendrá un costo para los dueños de transporte colectivo, pero no tenerlo tiene un costo para las potenciales víctimas.

En los últimos días ha sido noticia el descontento que ha generado entre taxistas y agremiados del transporte urbano la entrada en vigor de la obligación de contratar seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.

Justo en su último día de presidencia, Jimmy Morales promulgó el acuerdo gubernativo 17-2020 donde establecía que un mes después de su publicación (febrero 2020) sería obligatorio para el transporte colectivo urbano y de carga un seguro de responsabilidad contra terceros y pasajeros.

El presidente Giammattei primero emitió el acuerdo gubernativo 174-2020 donde pospuso la vigencia un año (febrero 2021), luego promulgó el acuerdo gubernativo 38-2021 donde estableció que sería un año y medio después de la vigencia del acuerdo original (agosto 2021), luego promulgó el acuerdo gubernativo 156-2021 que aplazaba la vigencia para febrero de 2022 y el pasado viernes, 21 de enero de 2022, promulgó el acuerdo gubernativo 9-2022 dando seis meses más para (agosto 2022) de prórroga.

Lo anterior refleja la presión que ejercen los transportistas urbanos, bien organizados, porque deben asumir el costo de la prima del seguro con las características que manda el acuerdo.

La exigencia del seguro obligatorio, sin embargo, es consecuencia del artículo 29 de la Ley de Tránsito (decreto 132-96) que establece que “Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública, deberá contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley.” (Resaltado propio).

Más adelante el mismo texto legal establece que corresponde al Ministerio de Gobernación indicar qué tipo de seguro corresponde para el transporte urbano y extraurbano. De hecho, el transporte extraurbano fue el primero en verse obligado a contratar seguro contra terceros como consecuencia del acuerdo gubernativo 265-2001 promulgado por el entonces presidente, Alfonso Portillo.

La constitucionalidad, tanto del seguro obligatorio para el transporte extraurbano, como el mencionado seguro obligatorio para transporte urbano y de carga han sido cuestionados por la vía de la inconstitucionalidad, aunque sin éxito. Tanto las acciones de inconstitucionalidad del primero (expediente 694-2002) como el segundo (expediente 1496-2020) fueron declaradas sin lugar porque no lograron presentar un argumento claro que demostrara qué derechos constitucionales se violaban con la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad contra terceros y ocupantes.

Este es uno de los temas donde se cruzan derecho y economía. Lógicamente fijar un seguro obligatorio tendrá un costo para los dueños de transporte colectivo, pero no tenerlo tiene un costo para las potenciales víctimas.

Si el seguro no fuese obligatorio, quiere decir que cada vez que se produce un accidente las partes afectadas deberían acudir por la vía judicial a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En un país que cuenta con un sistema judicial deficiente (no hablo ya de la corrupción) y lento, esto significa que las potenciales víctimas cargarían en gran proporción los daños que puedan causar los pilotos por accidentes.

Si, en cambio, se hace efectiva la obligación de contratar un seguro de responsabilidad para terceros y ocupantes, entonces el costo de pagar el seguro se reflejará en el precio del transporte, pero eso tendría al menos dos efectos: mejorar la situación de las potenciales víctimas de accidentes de tránsito y teóricamente incentivar a los dueños del transporte y pilotos a ser más prudentes para evitar pagar mayores primas.

Por supuesto, hay también una serie de consecuencias no deseadas a considerar. Pero creo que parece claro que en la balanza exigir el seguro obligatorio reporta más beneficios sociales que costos y por tanto debe ser el objetivo.