Castro promete convocar a una asamblea constituyente, promete políticas sociales y una comisión anti corrupción. Su guiño con el castrochavismo no es menor y Nicolás Maduro ya envió un caluroso mensaje de felicitación a Castro. Veremos cómo queda conformado el Congreso para saber hasta dónde podrá llegar con su programa de gobierno.

Mientras escribo estas líneas aún no hay resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Honduras. Sin embargo, todo apunta a que Xiomara Castro, del Partido Libre, será la próxima presidenta de Honduras.

Los dos candidatos favoritos eran el oficialista Nasry Asfura y Xiomara Castro del Partido Libre. Básicamente era una elección entre el continuismo del régimen del Partido Nacional, con acusaciones profundas de corrupción y vínculos con el narcotráfico y la señora Castro, con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

Castro es esposa de Mel Zelaya, presidente de Honduras de 2005 a 2009 y quien fue depuesto por un Golpe de Estado por intentar convocar un referéndum (ilegal) para llamar a una Asamblea Constituyente y buscar la reelección presidencial.

El programa de Castro se asemeja a lo que fue el de Zelaya. La gestión de Zelaya se caracterizó por la implementación de programas sociales, como el bono agrícola, bono para madres solteras, entre otros, siempre señalados por ser instrumentalizados con fines políticos.

Por otra parte, Honduras se unió a PETROCARIBE durante su gestión y después del golpe de Estado que depuso a Zelaya el apoyo del régimen venezolano fue claro. Nicolás Maduro, entonces canciller, viajó a Venezuela para intentar restablecer a Zelaya en el poder.

Castro, quien dice impulsar un socialismo democrático, parece seguir una línea similar. Promete convocar a una asamblea constituyente, promete políticas sociales y una comisión anti corrupción. Su guiño con el castrochavismo no es menor y Nicolás Maduro ya envió un caluroso mensaje de felicitación a Castro. Veremos cómo queda conformado el Congreso para saber hasta dónde podrá llegar con su programa de gobierno.

El partido derrotado, el Partido Nacional, parece ser el gran responsable de la victoria de Castro. Gobierna Honduras desde 2010 y Juan Orlando Hernández (JOH) se reeligió gracias a un polémico fallo de la Sala Constitucional de una Corte Suprema de Justicia designada principalmente por su partido que declaró inconstitucional el artículo de la Constitución hondureña que prohibía la releeción presidencial.

Los escándalos de corrupción han estado a la orden del día, el hermano de JOH fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, expulsaron a la comisión anticorropción de la OEA (MACCIH) y reformaron el Código Penal rebajando las penas para delitos asociados a la corrupción y el narcotráfico.

No es de extrañar que 6 de cada 10 hondureños desaprobaran la gestión de JOH y que 8 de cada 10 hondureños consideraran que el país iba por el rumbo equivocado. Honduras es uno de los países con mayores tasas de pobreza de la región y después de la pandemia y las tormentas tropicales de 2020 alcanzó al 74% de los hondureños.

A la espera de resultados oficiales, veremos si el gobierno de Castro logra la transformación que promete incluida la asamblea constituyente. O veremos si es un gobierno que se modera en el ejercicio del cargo y decide gobernar con el sistema y ciertas políticas sociales. El tiempo dirá y no hay muchas razones para ser optimista en un contexto regional y global de retroceso democrático y en un país con una débil institucionalidad.

La historia de las revoluciones y el aprendizaje para Guatemala.

Entre 2015 y 2019, Guatemala vivió un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción. Ni las manos limpias de la Italia de los 90’s, ni la ofensiva anti-corrupción de Rumania de hace una década, puede compararse en magnitud y profundidad con lo ocurrido en Guatemala en este cuatrienio.

Sin embargo, como en todo proceso de cambio, los efectos sociales y políticos persisten durante años. Muchas veces, estos tardan años en materializarse, o simplemente, se generan externalidades (costos y consecuencias no intencionadas) que en sí mismas, alteran todo el escenario político. Veamos algunos ejemplos aplicados al caso guatemalteco.

Si duda, uno de los mayores legados del período 2015-2019 ha sido la polarización. La historia de las Revoluciones recuerda a los radicales y a los defensores del statu quo; mientras las voces moderadas fenecen ante los extremismos de quienes aspiran a cambiarlo todo y quienes desean que no cambie nada. Esa polarización se sobrevino en Guatemala. Lo interesante del caso es que a pesar de la finalización del mandato de CICIG y el fin del proceso depurador, la polarización se mantiene y el enfrentamiento ideológico, en lugar de menguar, sólo se ha agudizado con el paso de los meses.

Otra condición es el desplome de los depuradores. Los Cromwell, Robespierre y Maderos terminan cayendo víctima de la Revolución que ellos mismos iniciaron. La consolidación del cambio político cae en los hombros de quienes logran sobrevivir a la polarización y la lucha por el poder, al estilo de Guillermo de Orange, Napoleón y Plutarco Elías Calles. Esa dinámica se vive hoy en Guatemala, con los promotores del proceso depurador en retirada, obligados a salir al exilio, y con el péndulo de la regresión en franca aceleración.

La tercera condición es el resultado subóptimo de la contienda por el poder. Al estilo de Game of Thrones, el poder generalmente no queda en manos de las fuerzas que protagonizaron la contienda, sino del actor que mejor logra posicionarse en medio del caos y reacomodo de actores. Ahí el resumen de las elecciones 2019.

El riesgo latente en estos procesos es el caos. La polarización, el desplome de los depuradores y las tensiones propias del acomodo sub-óptimo de los actores, vienen acompañados de desasosiego político y anarquía social. Ninguna de las dos se ha hecho presente en el escenario guatemalteco. Pero lo cierto es que los fantasmas de la anarquía se posan amenazantemente sobre el firmamento.

Primero, se observa a la totalidad del sistema político junto con actores relevantes, enarbolar una agenda de “nunca más”: enviar el mensaje que lo ocurrido no debe repetirse. Y para ello, es evidente el esfuerzo por revertir los avances institucionales alcanzados. Y todo ello, debe coronarse con una narrativa alterna, una versión “oficial” de lo ocurrido que se contraponga a los hechos fácticos recogidos en medios e investigaciones del período en cuestión.

Segundo, se observa la persistencia de la atomización y la fragmentación. En el plano político partidista, el resultado de la elección 2019 fue el Congreso más atomizado de la historia, en el cual el proceso de alcanzar mayorías ha sido complejo. Pero en el plano de los actores relevantes, las rencillas y la sed de venganza se mantienen a flor de piel, recurriendo en le proceso a recetas autoritarias.

Tercero, un debilitamiento de la institucionalidad. Cortes desgastadas y un irrespeto generalizado a sus resoluciones. Organismos del Estado desarmados.

Todos estos fantasmas aparecen en la ecuación guatemalteca. El riesgo es replicar la maldición del náufrago que nada durante horas para sólo darse cuenta de que se alejó más de la orilla. Alejarse de la orilla implica que mientras perdura la anarquía, las mafias se reagrupan y encuentran nuevas formas de operar el control del territorio y de los espacios de poder. Recuperar espacios de poder equivale retomar el control de los negocios, de las viejas formas de hacer política o de restituir el círculo “inversión electoral – rentabilidad corrupta” que sin duda, se vio afectado a partir de 2016.

De materializarse todo lo anterior, se reconstruirá el statu quo ante. Y al igual que otros episodios de la historia política nacional: se habrá dado paso al cambio, para que todo siguiera igual.

La historia de las revoluciones y el aprendizaje para Guatemala.

Entre 2015 y 2019, Guatemala vivió un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción. Ni las manos limpias de la Italia de los 90’s, ni la ofensiva anti-corrupción de Rumania de hace una década, puede compararse en magnitud y profundidad con lo ocurrido en Guatemala en este cuatrienio.

Sin embargo, como en todo proceso de cambio, los efectos sociales y políticos persisten durante años. Muchas veces, estos tardan años en materializarse, o simplemente, se generan externalidades (costos y consecuencias no intencionadas) que en sí mismas, alteran todo el escenario político. Veamos algunos ejemplos aplicados al caso guatemalteco.

Si duda, uno de los mayores legados del período 2015-2019 ha sido la polarización. La historia de las Revoluciones recuerda a los radicales y a los defensores del statu quo; mientras las voces moderadas fenecen ante los extremismos de quienes aspiran a cambiarlo todo y quienes desean que no cambie nada. Esa polarización se sobrevino en Guatemala. Lo interesante del caso es que a pesar de la finalización del mandato de CICIG y el fin del proceso depurador, la polarización se mantiene y el enfrentamiento ideológico, en lugar de menguar, sólo se ha agudizado con el paso de los meses.

Otra condición es el desplome de los depuradores. Los Cromwell, Robespierre y Maderos terminan cayendo víctima de la Revolución que ellos mismos iniciaron. La consolidación del cambio político cae en los hombros de quienes logran sobrevivir a la polarización y la lucha por el poder, al estilo de Guillermo de Orange, Napoleón y Plutarco Elías Calles. Esa dinámica se vive hoy en Guatemala, con los promotores del proceso depurador en retirada, obligados a salir al exilio, y con el péndulo de la regresión en franca aceleración.

La tercera condición es el resultado subóptimo de la contienda por el poder. Al estilo de Game of Thrones, el poder generalmente no queda en manos de las fuerzas que protagonizaron la contienda, sino del actor que mejor logra posicionarse en medio del caos y reacomodo de actores. Ahí el resumen de las elecciones 2019.

El riesgo latente en estos procesos es el caos. La polarización, el desplome de los depuradores y las tensiones propias del acomodo sub-óptimo de los actores, vienen acompañados de desasosiego político y anarquía social. Ninguna de las dos se ha hecho presente en el escenario guatemalteco. Pero lo cierto es que los fantasmas de la anarquía se posan amenazantemente sobre el firmamento.

Primero, se observa a la totalidad del sistema político junto con actores relevantes, enarbolar una agenda de “nunca más”: enviar el mensaje que lo ocurrido no debe repetirse. Y para ello, es evidente el esfuerzo por revertir los avances institucionales alcanzados. Y todo ello, debe coronarse con una narrativa alterna, una versión “oficial” de lo ocurrido que se contraponga a los hechos fácticos recogidos en medios e investigaciones del período en cuestión.

Segundo, se observa la persistencia de la atomización y la fragmentación. En el plano político partidista, el resultado de la elección 2019 fue el Congreso más atomizado de la historia, en el cual el proceso de alcanzar mayorías ha sido complejo. Pero en el plano de los actores relevantes, las rencillas y la sed de venganza se mantienen a flor de piel, recurriendo en le proceso a recetas autoritarias.

Tercero, un debilitamiento de la institucionalidad. Cortes desgastadas y un irrespeto generalizado a sus resoluciones. Organismos del Estado desarmados.

Todos estos fantasmas aparecen en la ecuación guatemalteca. El riesgo es replicar la maldición del náufrago que nada durante horas para sólo darse cuenta de que se alejó más de la orilla. Alejarse de la orilla implica que mientras perdura la anarquía, las mafias se reagrupan y encuentran nuevas formas de operar el control del territorio y de los espacios de poder. Recuperar espacios de poder equivale retomar el control de los negocios, de las viejas formas de hacer política o de restituir el círculo “inversión electoral – rentabilidad corrupta” que sin duda, se vio afectado a partir de 2016.

De materializarse todo lo anterior, se reconstruirá el statu quo ante. Y al igual que otros episodios de la historia política nacional: se habrá dado paso al cambio, para que todo siguiera igual.

Vale la pena incorporar dentro del análisis la valiosa perspectiva histórica del “largo período” y de la “diversidad de tiempos históricos” para una mejor comprensión de la realidad de nuestra región.

Hace días, la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín realizó una conferencia con el historiador venezolano Germán Carrera Damas sobre la dificultad de la república en América Latina, un tema que —a propósito del Bicentenario de la independencia de Centroamérica y de otros países de la región— sigue provocando intensas discusiones y continúa siendo toral en nuestro subcontinente.

A partir de este planteamiento del problema, el historiador propuso varias hipótesis explicativas (unas más verosímiles que otras) sobre por qué es tan difícil el desarrollo y realización de la república en América Latina. En ese sentido, las teorías presentadas por el intelectual pueden ser bastante polémicas en lo político, pero en el análisis académico entrarían en esa categoría que historiadores como Fernand Braudel han llamado la larga duración[1]. Las hipótesis serían:

1. Por el carácter inconcluso del proceso de conquista y colonización.
2. Porque aún estamos inmersos en la etapa de la ruptura del nexo colonial[2] (también llamada “independencia”).
3. Porque aún no hemos culminado la fase de la nación criolla y entendemos el concepto “nación”[3] sólo para el sector criollo.
4. Porque no hemos conformado Estados plurinacionales, es decir, la capacidad de crear con la república, un marco donde convivan expresiones de diversas instancias culturales.

Frente a estas hipótesis, el historiador también plantea que la dificultad de la república en América Latina radica en el tiempo histórico, el cual permite o impide lograr que unas sociedades implantadas como las latinoamericanas, se integren a una nación que pueda marchar como un conjunto. A esto, Carrera Damas le ha llamado específicamente “diversidad de estadios en el tiempo histórico”, es decir, que también hablamos de una dificultad de articular tiempos históricos diferentes dentro de un mismo territorio. De manera que, una sociedad que hasta hace pocos siglos era cazadora-recolectora o apenas sedentaria, no tendría consolidados los valores de una sociedad democrática liberal moderna, necesarios para el establecimiento de los proyectos nacionales republicanos que comenzaron en el siglo XIX luego de las independencias.

Continúa planteando Carrera Damas que, definitivamente, los efectos históricos y estructurales de la dificultad del desarrollo de la república en la región latinoamericana, hoy en día se evidencian en la pobreza extendida de nuestros países y en las oleadas de migración no controlada de seres humanos que expulsamos de nuestro territorio todos los días. Y nosotros agregaríamos que también estos efectos se evidencian en nuestra crónica debilidad institucional y en el hecho de que cada cierto tiempo caigamos presas del caudillo populista de turno que siempre promete hacer borrón y cuenta nueva, o refundar una y otra vez ese inconcluso proyecto nacional republicano.

Culmina el también académico de la Historia diciendo: “La construcción de la república en América Latina, entendida como la agrupación de personas que en el nombre de la libertad y la justicia, procuran su bienestar y dotarse a sí mismos y a los suyos de una razón de ser; requiere un serio esfuerzo de comprensión de nuestra formación y de la actitud que habría que asumir para llegar al desarrollo de una república genuina, aún tomando por ejemplo las mejores logradas”.

Ciertamente, la discusión sobre la república en América Latina tiene muchas más aristas que las presentadas por el historiador, sin embargo, vale la pena incorporar dentro del análisis de los investigadores, economistas, politólogos, antropólogos y sociólogos que se ocupan de estudiar a América Latina, la valiosa perspectiva histórica del “largo período” y de la “diversidad de tiempos históricos” para una mejor comprensión de la realidad de nuestra región.

[1] Es un modelo de análisis histórico que busca explicar las diferentes temporalidades a partir de una descomposición del tiempo, lo cual puede llevarnos al nivel más "profundo" de las sociedades o las "civilizaciones", ya que apela a la dimensión "inconsciente" de las realidades sociales y a sus "estructuras".

[2] Según Carrera Damas, la ruptura del nexo colonial ha transmutado en “anti-imperialismo” y en una suerte de coartada ideológica que busca atribuir responsabilidades a externos para todo aquello que nos abruma de nuestro medio.

[3] El concepto de “nación” del sociólogo Benedict Anderson, la define como una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por las personas que se perciben a sí mismas como parte de este grupo.

Vale la pena incorporar dentro del análisis la valiosa perspectiva histórica del “largo período” y de la “diversidad de tiempos históricos” para una mejor comprensión de la realidad de nuestra región.

Hace días, la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín realizó una conferencia con el historiador venezolano Germán Carrera Damas sobre la dificultad de la república en América Latina, un tema que —a propósito del Bicentenario de la independencia de Centroamérica y de otros países de la región— sigue provocando intensas discusiones y continúa siendo toral en nuestro subcontinente.

A partir de este planteamiento del problema, el historiador propuso varias hipótesis explicativas (unas más verosímiles que otras) sobre por qué es tan difícil el desarrollo y realización de la república en América Latina. En ese sentido, las teorías presentadas por el intelectual pueden ser bastante polémicas en lo político, pero en el análisis académico entrarían en esa categoría que historiadores como Fernand Braudel han llamado la larga duración[1]. Las hipótesis serían:

1. Por el carácter inconcluso del proceso de conquista y colonización.
2. Porque aún estamos inmersos en la etapa de la ruptura del nexo colonial[2] (también llamada “independencia”).
3. Porque aún no hemos culminado la fase de la nación criolla y entendemos el concepto “nación”[3] sólo para el sector criollo.
4. Porque no hemos conformado Estados plurinacionales, es decir, la capacidad de crear con la república, un marco donde convivan expresiones de diversas instancias culturales.

Frente a estas hipótesis, el historiador también plantea que la dificultad de la república en América Latina radica en el tiempo histórico, el cual permite o impide lograr que unas sociedades implantadas como las latinoamericanas, se integren a una nación que pueda marchar como un conjunto. A esto, Carrera Damas le ha llamado específicamente “diversidad de estadios en el tiempo histórico”, es decir, que también hablamos de una dificultad de articular tiempos históricos diferentes dentro de un mismo territorio. De manera que, una sociedad que hasta hace pocos siglos era cazadora-recolectora o apenas sedentaria, no tendría consolidados los valores de una sociedad democrática liberal moderna, necesarios para el establecimiento de los proyectos nacionales republicanos que comenzaron en el siglo XIX luego de las independencias.

Continúa planteando Carrera Damas que, definitivamente, los efectos históricos y estructurales de la dificultad del desarrollo de la república en la región latinoamericana, hoy en día se evidencian en la pobreza extendida de nuestros países y en las oleadas de migración no controlada de seres humanos que expulsamos de nuestro territorio todos los días. Y nosotros agregaríamos que también estos efectos se evidencian en nuestra crónica debilidad institucional y en el hecho de que cada cierto tiempo caigamos presas del caudillo populista de turno que siempre promete hacer borrón y cuenta nueva, o refundar una y otra vez ese inconcluso proyecto nacional republicano.

Culmina el también académico de la Historia diciendo: “La construcción de la república en América Latina, entendida como la agrupación de personas que en el nombre de la libertad y la justicia, procuran su bienestar y dotarse a sí mismos y a los suyos de una razón de ser; requiere un serio esfuerzo de comprensión de nuestra formación y de la actitud que habría que asumir para llegar al desarrollo de una república genuina, aún tomando por ejemplo las mejores logradas”.

Ciertamente, la discusión sobre la república en América Latina tiene muchas más aristas que las presentadas por el historiador, sin embargo, vale la pena incorporar dentro del análisis de los investigadores, economistas, politólogos, antropólogos y sociólogos que se ocupan de estudiar a América Latina, la valiosa perspectiva histórica del “largo período” y de la “diversidad de tiempos históricos” para una mejor comprensión de la realidad de nuestra región.

[1] Es un modelo de análisis histórico que busca explicar las diferentes temporalidades a partir de una descomposición del tiempo, lo cual puede llevarnos al nivel más "profundo" de las sociedades o las "civilizaciones", ya que apela a la dimensión "inconsciente" de las realidades sociales y a sus "estructuras".

[2] Según Carrera Damas, la ruptura del nexo colonial ha transmutado en “anti-imperialismo” y en una suerte de coartada ideológica que busca atribuir responsabilidades a externos para todo aquello que nos abruma de nuestro medio.

[3] El concepto de “nación” del sociólogo Benedict Anderson, la define como una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por las personas que se perciben a sí mismas como parte de este grupo.

Las afecciones de Nicaragua y Guatemala y tratamientos de Washington

En medicina, se utilizan los calificativos de “agudo” y “crónico” para caracterizar el tiempo de evolución y la duración de una afección. El primero hace referencia a una enfermedad súbita, que se desarrolla rápidamente, en poco tiempo, y que, con el tratamiento adecuado, puede superarse con relativa rapidez. En cambio, el segundo hace referencia a afecciones que se van desarrollando de forma gradual y que se mantienen a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones, el tratamiento no logra erradicar del todo el padecimiento y se aprende a vivir con él.

Dichos calificativos pueden utilizarse para estudiar los casos de los dos países centroamericanos que viven momentos distintos, pero que transitan por una misma senda: Nicaragua y Guatemala.

En el caso de Nicaragua, desde 2018 se hicieron visibles algunos síntomas tempranos de la enfermedad. Luego de una serie de manifestaciones ciudadanas que adversaban la reforma a la seguridad social y la centralización del poder en manos de Ortega, el régimen recurrió a la represión y a la violencia. En ese entonces, la mayoría de países occidentales demandaron el cese de la represión y el respeto a las garantías. Ortega, como era de esperar, hizo de oídos sordos.

No obstante, el padecimiento empeoró en 2021 con la detención de más de una decena de políticos opositores, periodistas, líderes sociales y empresariales. Con ello, Ortega allanó el camino para competir contra su sombra y asegurar la reelección hasta el 2027. De ahí que para Washington, Nicaragua es una enfermedad aguda que requiere de atención inmediata y agresiva.

Ante la farsa electoral del pasado 7 de noviembre la reacción internacional no se hizo esperar, aunque en algunos casos, pareciera que fue un tanto a regañadientes.

En el caso de Estados Unidos, el Congreso aprobó la Ley Renacer la cual otorga al Presidente Biden amplios poderes para imponer sanciones a Nicaragua, incluida la suspensión de dicho país de los beneficios de DR-CAFTA. Asimismo, suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción (que ya alcanzaba a Guatemala, El Salvador y Honduras), y requiere más informes de inteligencia sobre la relación entre Moscú y Managua, incluyendo la documentación sobre ventas de insumos militares por parte de Rusia al país centroamericano

Acto seguido, el Gobierno de Biden anunció la sanción migratoria más agresiva de la historia, con la suspensión de visas a “todos los funcionarios electos de Nicaragua”, además de mandos medios de las principales instituciones, incluyendo a miembros de fuerzas de seguridad, fiscales, jueces, alcaldes y particulares que hayan contribuido a socavar la democracia o participado en violaciones a los derechos humanos. La sanción es extensiva a las familias inmediatas de los señalados.

En cambio, la situación de Guatemala (y en general del triángulo norte) es más un padecimiento crónico. El mediocre desempeño económico de las últimas dos décadas, la falta generalizada de oportunidades de empleo y desarrollo para amplios sectores del país, los altos índices de violencia y criminalidad, la penetración del narcotráfico, la debilidad institucional y la corrupción sistémica, son las condiciones que provocan un éxodo masivo de guatemaltecos hacia Estados Unidos.

La enfermedad no es nueva. Por el contrario, es un padecimiento crónico con el que Washington ha aprendido a coexistir. De ahí que en 2021 se ensaye una tercera receta, recordando a aquel paciente de lumbalgia que tras varias visitas a especialistas, no logra encontrar la cura para su dolor. Entre 2014 y 2017, fue la Alianza para la Prosperidad. Entre 2018 y 2020, fue la desordenada política migratoria de Trump. Y ahora, vemos la implementación de la Política Biden para construir seguridad y prosperidad en Centroamérica ( https://joebiden.com/centralamerica/).

De ahí que la receta de Washington contenga elementos de zanahoria y del garrote, como coloquialmente se conoce a la práctica de combinar el poder blando de la cooperación, apoyo y donaciones (la zanahoria), junto con herramientas de poder real, como designaciones, suspensión de visas o sanciones financieras (el garrote) para hacer efectiva su política exterior.

Mientras la afección siga siendo crónica, la mezcla de ejercicios musculares y analgésicos estará a la orden del día. Cuando la enfermedad se vuelva aguda, ahí vendrán los antibióticos y las cirugías.

Las afecciones de Nicaragua y Guatemala y tratamientos de Washington

En medicina, se utilizan los calificativos de “agudo” y “crónico” para caracterizar el tiempo de evolución y la duración de una afección. El primero hace referencia a una enfermedad súbita, que se desarrolla rápidamente, en poco tiempo, y que, con el tratamiento adecuado, puede superarse con relativa rapidez. En cambio, el segundo hace referencia a afecciones que se van desarrollando de forma gradual y que se mantienen a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones, el tratamiento no logra erradicar del todo el padecimiento y se aprende a vivir con él.

Dichos calificativos pueden utilizarse para estudiar los casos de los dos países centroamericanos que viven momentos distintos, pero que transitan por una misma senda: Nicaragua y Guatemala.

En el caso de Nicaragua, desde 2018 se hicieron visibles algunos síntomas tempranos de la enfermedad. Luego de una serie de manifestaciones ciudadanas que adversaban la reforma a la seguridad social y la centralización del poder en manos de Ortega, el régimen recurrió a la represión y a la violencia. En ese entonces, la mayoría de países occidentales demandaron el cese de la represión y el respeto a las garantías. Ortega, como era de esperar, hizo de oídos sordos.

No obstante, el padecimiento empeoró en 2021 con la detención de más de una decena de políticos opositores, periodistas, líderes sociales y empresariales. Con ello, Ortega allanó el camino para competir contra su sombra y asegurar la reelección hasta el 2027. De ahí que para Washington, Nicaragua es una enfermedad aguda que requiere de atención inmediata y agresiva.

Ante la farsa electoral del pasado 7 de noviembre la reacción internacional no se hizo esperar, aunque en algunos casos, pareciera que fue un tanto a regañadientes.

En el caso de Estados Unidos, el Congreso aprobó la Ley Renacer la cual otorga al Presidente Biden amplios poderes para imponer sanciones a Nicaragua, incluida la suspensión de dicho país de los beneficios de DR-CAFTA. Asimismo, suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción (que ya alcanzaba a Guatemala, El Salvador y Honduras), y requiere más informes de inteligencia sobre la relación entre Moscú y Managua, incluyendo la documentación sobre ventas de insumos militares por parte de Rusia al país centroamericano

Acto seguido, el Gobierno de Biden anunció la sanción migratoria más agresiva de la historia, con la suspensión de visas a “todos los funcionarios electos de Nicaragua”, además de mandos medios de las principales instituciones, incluyendo a miembros de fuerzas de seguridad, fiscales, jueces, alcaldes y particulares que hayan contribuido a socavar la democracia o participado en violaciones a los derechos humanos. La sanción es extensiva a las familias inmediatas de los señalados.

En cambio, la situación de Guatemala (y en general del triángulo norte) es más un padecimiento crónico. El mediocre desempeño económico de las últimas dos décadas, la falta generalizada de oportunidades de empleo y desarrollo para amplios sectores del país, los altos índices de violencia y criminalidad, la penetración del narcotráfico, la debilidad institucional y la corrupción sistémica, son las condiciones que provocan un éxodo masivo de guatemaltecos hacia Estados Unidos.

La enfermedad no es nueva. Por el contrario, es un padecimiento crónico con el que Washington ha aprendido a coexistir. De ahí que en 2021 se ensaye una tercera receta, recordando a aquel paciente de lumbalgia que tras varias visitas a especialistas, no logra encontrar la cura para su dolor. Entre 2014 y 2017, fue la Alianza para la Prosperidad. Entre 2018 y 2020, fue la desordenada política migratoria de Trump. Y ahora, vemos la implementación de la Política Biden para construir seguridad y prosperidad en Centroamérica ( https://joebiden.com/centralamerica/).

De ahí que la receta de Washington contenga elementos de zanahoria y del garrote, como coloquialmente se conoce a la práctica de combinar el poder blando de la cooperación, apoyo y donaciones (la zanahoria), junto con herramientas de poder real, como designaciones, suspensión de visas o sanciones financieras (el garrote) para hacer efectiva su política exterior.

Mientras la afección siga siendo crónica, la mezcla de ejercicios musculares y analgésicos estará a la orden del día. Cuando la enfermedad se vuelva aguda, ahí vendrán los antibióticos y las cirugías.

Este viernes, 19 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial un giro jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad. Se trata de una sentencia dictada dentro de los expedientes acumulados 1403-2021 y 1448-2021.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) nos dice en su artículo 43 que la interpretación de normas constitucionales y de otras leyes que haga la Corte de Constitucionalidad (CC) es obligatoria para los tribunales al existir tres fallos en un mismo sentido. Obviamente la propia CC puede apartarse de su propio criterio y ello constituye un giro o innovación jurisprudencial.

En el caso que nos ocupa la CC ha revocado, en una sentencia de apelación de amparo, una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se otorgó amparo a favor de una trabajadora del Estado que fue destituida sin causa justificada de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

La trabajadora alegó que la SBS estaba emplazada y que por tanto la entidad debió acudir a la vía incidental para su remoción. La SBS argumentó que por ser personal de confianza no era necesario dicho requisito de acuerdo con los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo.

El puesto de la trabajadora en cuestión está clasificado como de confianza en el reglamento interno de la SBS. El quid de la cuestión es que la CC hasta ahora consideraba que la clasificación de personal de confianza debía figurar o bien en ley profesional (pacto colectivo) o en ley ordinaria. En esta resolución la CC se desdice de este criterio y argumenta que la clasificación de puestos de confianza puede figurar en reglamentos internos o manuales de puestos de cada entidad.

El asunto es de interés porque se entiende que los puestos de confianza son de libre designación y por tanto de libre remoción. Dentro del esquema del servicio civil guatemalteco existe el servicio exento, el servicio sin oposición y el servicio por oposición.

Sin embargo, entre el disfuncional servicio civil guatemalteco en ocasiones se designan como puestos de confianza algunos que deberían formar parte de la carrera profesional. Traigo a colación la remoción del ex titular de la FECI, cesado en agosto pasado. La terminación de su contrato se dio sin necesidad de seguir proceso disciplinario o invocar justa causa porque el Reglamento Interno del MP (artículo 8) clasifica a los fiscales de sección y de distrito como personal de confianza.

El caso del ex titular de la FECI es relevante porque llamó la atención del público. Pero no es un caso aislado. Existe una contradicción entre la carrera fiscal, reconocida en la Ley del MP a partir de las reformas del 2016 y la posibilidad de clasificar por reglamento puestos como el de agente fiscal, por ejemplo, como puestos de confianza. Esto significa que el fiscal general que venga puede remover libremente a agentes ficales, auxiliares fiscales, fiscales de sección y de distrito.

Lo propio puede ocurrir en otras entidades públicas. Esto es una ilustración de lo caótico y disfuncional que puede ser el servicio civil en Guatemala. El servicio civil gravita entre la lógica dominante del derecho laboral donde resulta casi imposible despedir empleados públicos por protecciones desproporcionales y por momentos (como el que motiva esta columna) entre la ausencia de garantías que protejan al empleado público de remociones absolutamente discrecionales. Urge una reforma integral al servicio civil.

Este viernes, 19 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial un giro jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad. Se trata de una sentencia dictada dentro de los expedientes acumulados 1403-2021 y 1448-2021.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) nos dice en su artículo 43 que la interpretación de normas constitucionales y de otras leyes que haga la Corte de Constitucionalidad (CC) es obligatoria para los tribunales al existir tres fallos en un mismo sentido. Obviamente la propia CC puede apartarse de su propio criterio y ello constituye un giro o innovación jurisprudencial.

En el caso que nos ocupa la CC ha revocado, en una sentencia de apelación de amparo, una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se otorgó amparo a favor de una trabajadora del Estado que fue destituida sin causa justificada de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

La trabajadora alegó que la SBS estaba emplazada y que por tanto la entidad debió acudir a la vía incidental para su remoción. La SBS argumentó que por ser personal de confianza no era necesario dicho requisito de acuerdo con los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo.

El puesto de la trabajadora en cuestión está clasificado como de confianza en el reglamento interno de la SBS. El quid de la cuestión es que la CC hasta ahora consideraba que la clasificación de personal de confianza debía figurar o bien en ley profesional (pacto colectivo) o en ley ordinaria. En esta resolución la CC se desdice de este criterio y argumenta que la clasificación de puestos de confianza puede figurar en reglamentos internos o manuales de puestos de cada entidad.

El asunto es de interés porque se entiende que los puestos de confianza son de libre designación y por tanto de libre remoción. Dentro del esquema del servicio civil guatemalteco existe el servicio exento, el servicio sin oposición y el servicio por oposición.

Sin embargo, entre el disfuncional servicio civil guatemalteco en ocasiones se designan como puestos de confianza algunos que deberían formar parte de la carrera profesional. Traigo a colación la remoción del ex titular de la FECI, cesado en agosto pasado. La terminación de su contrato se dio sin necesidad de seguir proceso disciplinario o invocar justa causa porque el Reglamento Interno del MP (artículo 8) clasifica a los fiscales de sección y de distrito como personal de confianza.

El caso del ex titular de la FECI es relevante porque llamó la atención del público. Pero no es un caso aislado. Existe una contradicción entre la carrera fiscal, reconocida en la Ley del MP a partir de las reformas del 2016 y la posibilidad de clasificar por reglamento puestos como el de agente fiscal, por ejemplo, como puestos de confianza. Esto significa que el fiscal general que venga puede remover libremente a agentes ficales, auxiliares fiscales, fiscales de sección y de distrito.

Lo propio puede ocurrir en otras entidades públicas. Esto es una ilustración de lo caótico y disfuncional que puede ser el servicio civil en Guatemala. El servicio civil gravita entre la lógica dominante del derecho laboral donde resulta casi imposible despedir empleados públicos por protecciones desproporcionales y por momentos (como el que motiva esta columna) entre la ausencia de garantías que protejan al empleado público de remociones absolutamente discrecionales. Urge una reforma integral al servicio civil.

Cuando el Congreso es un primero entre iguales

La teoría política moderna nos indica cuáles son las condiciones sine qua none para la existencia de una república efectiva. Uno de los elementos centrales es la existencia de balances de poderes, y mecanismos de frenos y contrapesos. Los mismos hacen posible que en el marco de un sistema político, los diferentes organismos de Estado se contrapesen a sí mismos, con el objetivo de reducir la potencial arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

En el caso guatemalteco, es evidente que existe una concentración de frenos y contrapesos en manos del Congreso de la República, institución que por diseño constituye un “Primero entre iguales” entre los poderes del Estado. Veamos.

El Congreso tiene en sus manos una serie de mecanismos para balancear y controlar al Ejecutivo. El más evidente, son las citaciones a funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones a ministros. El Legislativo tiene además la facultad de pedir el “voto de falta de confianza” contra los ministros de Estado. También, tiene en sus manos la facultad de aprobar el Presupuesto del Gobierno, y de aceptar o no la liquidación presupuestaria que anualmente elabora la Contraloría General de Cuentas. Además de lo anterior, el Legislativo tiene la competencia de los procesos de antejuicio contra ministros, el Presidente y Vicepresidente. Y, por si fuera poco, el principio de “Supremacía Legislativa” faculta al Congreso a sobreseer vetos presidenciales.

Por su parte, el Legislativo tiene tres herramientas de control hacia el Organismo Judicial: la elaboración y fiscalización del Presupuesto del Organismo Judicial; la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; y la competencia para conocer antejuicios contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De parte del Ejecutivo, éste tan sólo tiene dos herramientas de control hacia el Legislativo: el poder del veto presidencial, y la confirmación ministerial en el caso de un voto de falta de confianza. Pero ambos, quedan subordinados al principio de “supremacía legislativa”, por lo que al final del día, el Congreso puede igual sobreseer lo actuado por el Ejecutivo.

Mientras que de parte del Organismo Judicial hacia el Legislativo, este tiene la competencia de conocer los antejuicios contra diputados.

Del mapa anterior resalta entonces que el adecuado funcionamiento del sistema republicano descansa sobre los hombros del Organismo Legislativo. La mala utilización de las herramientas de control, ya sea por omisión o como recurso de bloqueo o chantaje político, no sólo genera ingobernabilidad, sino además, debilita el funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero además, dado que el sistema republicano concentra muchas de las funciones de control inter-orgánico en el Congreso, el funcionamiento de este organismo resulta de trascendental importancia para todo el aparato del poder público.

Por ello, resulta imperativo fortalecer la representatividad del aparato legislativo. Por tal razón, la discusión de cómo hacer más democráticos los partidos políticos, cómo acercar al votante con sus representantes, cómo reducir los incentivos perversos en la integración del Congreso, resulta de importancia estratégica para el buen funcionamiento de todo el sistema