Se sometió a discusión la iniciativa 5311 que contenía la “Ley de aceptación de cargos” y por arte de magia surgieron 4 enmiendas que cambiarían la historia del proyecto original. Acá he publicado un análisis para los lectores interesados en profundizar.

¿120 diputados en el hemiciclo en noviembre? Quienes siguen las noticias saben que esto no es algo que suela pasar, menos en tiempos transición. Pero este 12 de noviembre sucedió. Se preguntará el lector qué puede motivar algo así. Juzguemos por los hechos: se sometió a discusión la iniciativa 5311 que contenía la “ley de aceptación de cargos” y por arte de magia surgieron 4 enmiendas que cambiarían la historia del proyecto original (acá el decreto final). Acá he publicado un análisis para los lectores interesados en profundizar. Por ahora, vamos a comentar algunas cuestiones básicas.

El presidente del Congreso rápidamente mostró su “sorpresa” por las críticas a lo aprobado aduciendo que el decreto no es más que lo que presentó en su momento la CICIG. Eso es una verdad a medias, porque las cuatro enmiendas presentadas cambiaron completamente el sentido original de la propuesta; y es un discurso polarizante porque, si bien CICIG propuso una ley de aceptación de cargos (no esta), eso no la hace automáticamente deseable o adecuada.

¿Cuál es la crítica entonces? En concreto, son tres:

1. Quien paga, sale libre: el espíritu original de una ley de aceptación de cargos es ofrecer beneficios a aquellos acusados que reconozcan su culpa, sí. Pero esos beneficios deben ser acordes a la gravedad del delito que se persigue. Por eso la versión original de la ley decía que si un imputado aceptaba su culpa, recibía una rebaja de la pena de prisión, pero esa rebaja no era conmutable. Es decir, que en la versión original si una persona era acusada de cohecho pasivo (recibir sobornos), que tiene una pena de 5 a 10 años de prisión, podía recibir un beneficio de rebaja de la pena de prisión. Así, en el mejor de los casos, podía pedir su rebaja de 5 años de prisión con lo cual hubiera ido a prisión 2 años y medio. ¿Qué aprobaron los diputados? Que esa rebaja se puede “conmmutar”, es decir, que la pena de prisión se puede “convertir” en el pago de una suma de dinero. Siguiendo mi ejemplo anterior, una persona acusada de cohecho pasivo puede aceptar los cargos, recibir una rebaja de pena de prisión de 5 años a 2 años y medio y acto seguido pagar una suma de dinero y marcharse impune sin poner un pie en prisión. Sale más barato ser corrupto ahora, ¿no?

2. Catálogo de delitos a la carta: aprendieron su lección de 2017 y ahora no cualquier delito es sujeto de este beneficio. La ley aprobada en definitiva excluye cerca de una veintena de delitos para los cuales no se puede aplicar este beneficio tales como asesinato, violación, secuestro, etc. Esto para decir que “esta ley no provocará la salida masiva de delincuentes comunes y mareros”. Pero olvidan mencionar que esta ley sí aplicará a delitos de delincuencia organizada, por ejemplo; aplica para delitos típicos de casos de corrupción como tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo (pagar o recibir sobornos), peculado (robar fondos públicos), asociación ilícita, etc. ¿Por qué delitos se persigue a la mayoría de políticos acusados por corrupción desde 2015? Por los que acabo de enumerar y para los cuales sí aplica el beneficio de aceptación de cargos. ¿Coincidencia?

3. Aniquilar la figura del colaborador eficaz: el colaborador eficaz es aquel acusado por delitos relacionados con el crimen organizado que “delata” al líder de una estructura a cambio de un beneficio que puede ser la reducción de su pena o incluso su libertad. La generosidad del beneficio depende de la calidad de la información que el acusado dé. Si la información que da sirve para capturar a un pez gordo, el beneficio es grande; si la información es medianamente buena, el beneficio es menor. Esta ley, en cambio, dice que quien acepte cargos no puede recibir el beneficio de ser colaborador eficaz. ¿Cuál es el problema? Pues que con esta ley hay muy pocos incentivos para ser colaborador eficaz ahora que un acusado puede aceptar su culpa, recibir una reducción de la pena de prisión y luego “conmutar” esa pena de prisión y pagar una suma de dinero para salir libre. Es mejor salir libre sin los costos que lleva “delatar” alguien y por eso la figura de la colaboración eficaz pierde fuerza. Sí, ya sé, los diputados que aprobaron esta ley me dirán que “el beneficiado por aceptación de cargos está obligado a declarar como testigo si lo citan”. Pero a diferencia de la colaboración eficaz, donde la rebaja de la pena depende de la calidad de la información proporcionada, en esta ley solo se obliga a comparecer como testigo y aunque proporcione información de poco valor, recibe el beneficio. Un desastre total.

Hay muchos más problemas, pero estos tres puntos son los más relevantes para informar al ciudadano común, que tiene un día ocupado y que los temas jurídicos y políticos le son ajenos.

Por ahora, el decreto debe llegar al despacho del presidente Jimmy Morales. Morales tiene en sus manos vetar esta ley y evitar que entre en vigor o sancionarla y ordenar su publicación. ¿Hará lo correcto?

Los valores que hicieron grande a occidente, se están perdiendo. Y el resultado, podría ser desastroso para el mundo.

El mundo vive una paradoja. Nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido tan alto nivel de vida y sin embargo, las protestas, el descontento ciudadano y las crisis políticas están brotando rápidamente en diferentes partes del orbe.

Los partidos políticos de extrema derecha o extrema izquierda cada vez obtienen más votos en las urnas, lo que refleja la creciente polarización que  está permeando en nuestras sociedades.

El discurso en contra de la globalización ya no es propio de la izquierda, sino que ha sido adoptado por actores considerados de derecha que cuestionan los beneficios del libre comercio, critican el multilateralismo y culpan a los migrantes de todos los males que aquejan a sus países.

Estados Unidos por su parte, tiene la intención de replegarse en su política exterior y con ello abdica de su liderazgo mundial,  dejando vacíos de poder que son llenados rápidamente por Rusia o China, como quedó demostrado tras su retirada de Siria.

Europa atraviesa por una crisis de identidad, con el proceso del Brexit inyectando gran incertidumbre económica y política, los movimientos independentistas a flor de piel y las dudas constantes sobre los beneficios de ser parte del segundo bloque económico más grande del mundo. Y lo peor de todo, es que Europa parece ser un continente totalmente rezagado respecto a la competencia tecnológica y empresarial entre China y Estados Unidos. La capacidad de influencia global de Europa ha venido decayendo paulatinamente en las últimas décadas, y corre el riesgo de llegar a ser casi irrelevante en los próximos veinte años.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales crearon varias instituciones multilaterales para tratar de garantizar que no se repitiera la tragedia que recién acababan de experimentar. La ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OTAN fueron producto de esos acuerdos. Sin embargo, hoy se cuestiona toda esa institucionalidad, en parte porque algunas de estas organizaciones se han visto envueltas en escándalos que han mermado su credibilidad; otras simplemente han perdido efectividad, pero también se debe a que las nuevas generaciones ven muy lejanos los horrores de la Primera y la Segunda Mundial, y no perciben ninguna utilidad de las instituciones que surgieron luego de ese conflicto global.

Con el aumento del descontento social y la consolidación de las opciones extremistas en el poder, las democracias occidentales se irán debilitando y en las próximas dos décadas es posible que lleguemos a ver regímenes dictatoriales, en donde alguna vez vimos democracias prósperas.

En América Latina, tenemos ejemplos de la decadencia que pueden sufrir los países, como es el caso de Venezuela, que pasó de ser la democracia más próspera de la región a finales de los años ochenta,  a la dictadura decadente que es hoy en día. O Argentina, que era una potencia mundial a inicios del siglo XX y en las últimas décadas ha experimentado tantas crisis económicas, que han mermado seriamente la calidad de vida de sus habitantes.  ¿Tendrá Chile el mismo destino?

La desesperación, el sentimiento de injusticia y la decepción con la democracia que prevalece en los ciudadanos de muchos países occidentales, podría cambiar si se inicia un nuevo período de alto crecimiento económico como el que se vivió en los noventas y los primeros siete años del presente siglo, que benefició a una amplia clase media.  Sin embargo, con las amenazas de guerras comerciales y el agotamiento de los estímulos monetarios y fiscales de la última década, es posible que el mundo experimente una nueva recesión en los próximos dos años, lo cual exasperaría más el ánimo de las personas.

La batalla por la democracia liberal, la defensa de los derechos individuales, la libertad de expresión y de prensa, el libre comercio y en general los valores que hicieron grande a occidente, se están perdiendo. Y el resultado, podría ser desastroso para el mundo.

Lo que muchos analistas desacreditan y denominan “teorías de la conspiración”, tiene cada vez más confirmaciones de personajes con credibilidad que validan que hay un plan y una intención de desestabilizar a los gobiernos de la región

Corrían los años finales de la década de los ochentas -también llamada la “década perdida”- y la otrora democracia exitosa que en su momento fue Venezuela, comenzaba a mostrar signos inequívocos de declive. A finales de 1988, en octubre, el gobierno del saliente presidente Jaime Lusinchi (quien se encontraba fuera de Venezuela en labores diplomáticas), enfrentó una intentona de golpe cuando un tanque de Casa Militar pretendió tomar el Palacio de Miraflores mientras el Ministro de Exteriores, el Dr. Simón Alberto Consalvi, se encontraba encargado de la presidencia. A raíz de aquel suceso, la División de Inteligencia Militar venezolana alertaría al presidente Lusinchi en un informe que habían detectado un plan de “desobediencia civil” y de disturbios que ocurriría en las próximas semanas, pero lamentablemente el mensaje no preocupó ni puso en guardia al entonces presidente[1].

Recordemos que para ese momento, América Latina se hallaba enfrentando los embates de la llamada “crisis de la deuda” que afectaría a casi todos los países de la región en esa década. Además, desde 1985 una agonizante Unión Soviética había puesto en marcha la Perestroika y la Glásnost, que eran una serie de reformas económicas y políticas, que impactaron negativamente en la ayuda que desde los años sesenta suministraban a la Revolución Cubana. Estas dos circunstancias hicieron que de alguna forma Fidel Castro volviera la mirada a su vecindario, aprovechándose del caldo de cultivo de malestar en la población, generado por los ajustes y recortes que aplicaron la mayoría de los gobiernos deficitarios para poder pagar a sus acreedores. Así las cosas, en lugar de apoyarse en los partidos comunistas (como tradicionalmente lo había hecho), Castro comenzaría una cruzada anti-FMI “contra la deuda externa y por la liberación nacional”[2].

“Ya había habido algunos estallidos sociales, porque en Santo Domingo se produjo un estallido social; no un estallido catastrófico todavía para el sistema, pero se produjo un estallido social (…) Cuando el Fondo Monetario obligó al gobierno de Santo Domingo a aplicar determinadas medidas, se produjo lo que pudiéramos llamar una insurrección espontánea en República Dominicana”[3].

Estas palabras las pronunciaría Fidel Castro en 1985 en una conferencia sindical donde se trataba el tema de la deuda en América Latina.

Tanto la inteligencia militar de ese país como la inteligencia estadounidense detallaron en informes posteriores que lo que ocurrió en Santo Domingo, eran

“motines planificados por los comunistas (…) había una conexión clara con los insurgentes de Nicaragua y El Salvador, que ahora llegaban a República Dominicana para participar en disturbios, junto con cubanos y motorizados armados enfrentarían a la policía (…) los motines comenzaron simultáneamente en lugares específicos, quemando llantas y propiedades (autobuses) en Santo Domingo y sus afueras. Luego motorizados armados ingresaron en los centros comerciales usando sus armas y violentando las puertas, invitando a la gente a tomar televisores, computadoras, incluso hasta joyas y ropa, anunciando que se habían liberado todos esos bienes del capitalismo para el pueblo; luego los motorizados desaparecieron mientras la voracidad de la gente destruía todo a su paso. Cuando la policía llegaba, arrestaba a esos de los que habla Castro (hombres, mujeres, adolescentes, amas de casa, gente sencilla del pueblo) porque todo estaba concebido para que quedara en la mente de todos que había sido espontáneo”[4] 

Así lo relató el agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, el teniente coronel Dominik George Nargele.

Finalmente, el 2 de febrero de 1989, el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez tomaría posesión para un segundo mandato y entre sus primeras acciones de gobierno se encontraba también un fuerte plan de ajuste económico. A su toma de posesión asistirían varios líderes mundiales en el marco de la Cumbre Iberoamericana en Caracas, donde se tocaría precisamente el manejo de la deuda en los países latinoamericanos. Fidel Castro fue uno de los invitados.

Semanas después, el 27 de febrero, debido al anuncio de ajuste económico de Carlos Andrés Pérez, donde se eliminaba el subsidio de la gasolina (entre otras medidas), comenzaron protestas de los transportistas que derivaron una indetenible espiral de violencia, con disturbios y saqueos en toda la ciudad que se extendió por 9 días y en donde el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana salieron a las calles a controlar la situación, que terminaría arrojando el funesto saldo de 276 muertos y alrededor de 3000 desaparecidos.

El “Caracazo”, como se le llamó a este estallido, cambiaría para siempre la psiquis del venezolano y la percepción que se tenía de Venezuela en la región y buena parte del mundo. Después de ser el país “vitrina” de América Latina, con el PIB per cápita más alto, con una de las democracias más sólidas y prósperas, con una clase media pujante y un crecimiento económico sin precedentes; se experimentó un quiebre, una fractura social irreparable, que en los años siguientes llevó a los ciudadanos a sucumbir a un proyecto político que, arropándose en ese descontento hacia el sistema, enrumbó al país -precisamente- hacia el plan esbozado por Fidel Castro para América Latina, convirtiendo a la nación petrolera en el principal sostén, promotor y agente de desestabilización de la isla en la región.

Aterrizando en el presente, recordemos que a finales de julio de este año se realizó en la ciudad de Caracas el XXV Encuentro del Foro de São Paulo, y que en el mismo se emitieron varias declaraciones sobre Chile y el gobierno del presidente Sebastián Piñera[5].

Posterior a esta reunión del eje socialista, en menos de tres meses, ocurrirían en Ecuador y en Chile sendos estallidos, que si bien tienen un componente importante de malestar e indignación en la población encubado por años, hay indicios crecientes de que fueron aprovechados por los gobiernos de Cuba y Venezuela para desestabilizar esos gobiernos. Repitiendo, prácticamente al calco, la estrategia de Fidel más de treinta años atrás.

De hecho, en días recientes, Nicolás Maduro dio una señal clara de que las protestas en la región se trataban de un plan trazado en el Foro Sao Paulo y que lo estaban ejecutando “tal como lo habían planeado” y luego, el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, diría que “lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán”.

La tesis de la infiltración y la conspiración del Foro de Sao Paulo ha sido corroborada por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, cuando denunció presencia de las FARC y de colectivos paramilitares chavistas en las protestas de ese país; pero también por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mediante un comunicado, donde denunció lo que describió como un “patrón” de desestabilización de Venezuela y Cuba en Colombia, Ecuador y en Chile. También estas afirmaciones han venido de nada más y nada menos que del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en llamada telefónica con el presidente chileno Sebastián Piñera “denunció los esfuerzos extranjeros para minar las instituciones chilenas, la democracia y la sociedad”.

Es decir, que lo que muchos analistas desacreditan y denominan “teorías de la conspiración”, tiene cada vez más confirmaciones de personajes con credibilidad que validan que hay un plan y una intención de desestabilizar a los gobiernos de la región. Además, hay evidencias y testimonios que corroboran que lo que está pasando no es nada nuevo, sino una reedición de los estallidos de los años ochentas que el castrismo alentó y estimuló.

Si en aquel momento ese fue el inicio de la debacle de autodestrucción en Venezuela, no dudemos que este sea el comienzo del final para cualquiera de los países de la región cuyo sistema comience a ser cuestionado por sus propios ciudadanos y poco a poco minado en su legitimidad y alcances.

[1] Rivero, Mirtha. La rebelión de los náufragos. Caracas. Editorial Alfa. 2009. Pp. 108-109

[2] Peñalver, Thays. La conspiración de los 12 golpes. Caracas. Editorial La Hoja del Norte. 2015. Pp. 140

[3] Peñalver, Thays. Ibídem. Pp. 137-138

[4] Peñalver, Thays. Ibídem; p. 139

[5] Memoria del XXV Encuentro del Foro de São Paulo – 25 al 28 de julio de 2019 – Caracas, Venezuela. “4.4 Chile”. En http://forodesaopaulo.org/memoria-del-xxv-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-25-al-28-de-julio-de-2019-caracas-venezuela/

 ¿Puede continuar la indiferencia?  

Vivimos en un mundo en el que el crecimiento económico y el desarrollo de los pueblos tienen nuevos desafíos y obstáculos que están haciendo mucho más complejo y difícil el consenso sobre los diagnósticos y sobre las decisiones que se deben tomar.

El común denominador de estos tiempos difíciles y a veces de gran incertidumbre y pesimismo está en la política. 

El problema es que la política, los políticos y la democracia – el sistema político menos imperfecto que se conoce – están quedando en deuda el mundo.  

La mitad de los países de Centro América están cada día más cerca de convertirse en narco Estados; otro es la finca de un tirano asesino; y los otros tienen dificultades para crecer con vigor.  

En medio del silencio y la indiferencia del mundo, se acabaron las palabras para describir el daño y la destrucción que la narco dictadura madurista ha causado al pueblo venezolano y a Venezuela. 

Colombia está amenazada otra vez por una narco guerrilla y un movimiento de izquierda apoyados por Maduro.

El posible retorno de Fernández al poder en Argentina, la continuidad de Morales en Bolivia, y USA, México y Brasil gobernados por personajes extremadamente pintorescos y a veces peligrosos por decir lo menos, hacen del continente americano una ecuación explosiva, por también decir lo menos. 

Reino Unido, Israel y España tienen grandes dificultades para formar sus gobiernos y el resto de Europa tiene gobiernos debilitados y con graves problemas para gobernar con efectividad. China y Rusia con ciudadanos cada día más inquietos e insatisfechos – esto, aunque delicado y peligroso, es una buena noticia – tienen a Xi y a Putin nerviosos.

A este rompecabezas global debemos agregar dos temas complejos y sin solución a la vista.

El primero es que la economía del mundo no está generando suficientes oportunidades, las expectativas están muy por encima de la realidad; y por primera vez en la historia de la humanidad se proyecta que la siguiente generación tendrá menos ingresos y vivirá menos que la anterior.

El segundo es la discusión sobre el cambio climático, la migración ilegal y la renta universal. Desafíos que están en las mesas de discusión sin solución sencilla o económicamente viable.

Hasta aquí, no son cuestiones de optimismo o pesimismo; son datos.

Ahora bien, también es cierto que nunca en la historia de la humanidad, como en nuestra generación, se había creado tanta riqueza y se había subido tanto el bienestar de la raza humana, incluyendo la expectativa de vida. Entonces, ¿estamos en un cambio de ciclo y de era que no estamos comprendiendo y mucho menos encajando?

Somos la generación del cambio exponencial en la tecnología, con la mecanización, la robótica, la Inteligencia artificial. Se están perdiendo trabajos y la gente no está encontrando opciones para renovar conocimiento o reponer el trabajo perdido.  

También vivimos la era de la post verdad – o, mejor dicho, la era de la mentira – con las redes sociales. Todo se vale. La verdad y la mentira se confunden y nos hacen sociedades indolentes donde nadie cree en nadie.

A los empresarios no les gusta la política, aunque cada día les afecta más. Por eso, el tema es muy sencillo. El empresario no puede seguir dando la espalda a la política. Tiene que ser parte de ella; para empezar, con en el apoyo a la formación de cuadros técnicos y el apoyo a tanques de pensamiento con capacidad de propuesta de políticas públicas.   

El problema es de recursos, materiales e intelectuales. Y solo el empresario los puede reunir. Está claro que casi todos los políticos están en otras cosas.   

Al final, el gran desafío de nuestro tiempo es rescatar y fortalecer la política y los valores de occidente: la democracia liberal con división de poderes, el Estado de Derecho, la certeza jurídica para la inversión y una poderosa visión estratégica para el futuro.  

No puede haber medias tintas cuando se trata de defender las instituciones democráticas.

En nada, estaría tentado el lector a responder a la interrogante del título de esta columna. El boliviano es de izquierdas y el hondureño de derechas. O alguien podrá decir que los méritos de la gestión de Evo Morales son mayores que los de su homólogo hondureño o viceversa. Pero ese no es el punto de comparación.

Sin duda, para medirlos por los resultados de sus respectivas gestiones habría que recurrir a un arsenal de cifras y datos que no es ni el momento ni el lugar para ofrecer. En esta ocasión quiero llamar la atención a la similitud de ambos gobernantes en una cuestión: su irrespeto a las bases de un régimen democrático y del Estado de Derecho.

Evo Morales asumió por primera vez la presidencia en enero de 2006 y en diciembre de ese mismo año convocó a una asamblea nacional constituyente. Uno de los artículos de aquella nueva Constitución boliviana, concretamente el artículo 169, establece: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.” (resaltado propio)

Evo Morales recurrió a su primera trampa en 2014. Ya había cumplido dos periodos como presidente y las cortes interpretaron que bajo la “nueva constitución” solo había estado un periodo y se permitió su participación y naturalmente resultó ganador en las urnas.

En 2016 preparó un referendo para preguntar a los bolivianos si estaban de acuerdo en reformar la Constitución y permitir la reelección indefinida y los bolivianos dijeron que no. Evo perdió el referendo y nuevamente hizo trampa: el tribunal plurinacional constitucional dijo en 2017 que el artículo 169 de la Constitución boliviana era inconstitucional y que Morales podía reelegirse indefinidamente porque la reelección es un derecho humano.

No contento con ello, Evo Morales intentó robarse las elecciones el pasado 20 de octubre. El artículo 167 de la Constitución establece que gana la presidencia quien obtenga el 50% más uno de votos válidos o quien obtenga 45% de votos y saque una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto del segundo lugar. Con el 86% del escrutinio era claro que Evo no ganaba en primera vuelta así que se “suspendió” temporalmente el conteo y a su reanudación Morales resultó “ganador en primera vuelta”. Lo que sigue ustedes lo conocen: Evo Morales renunció por la ola de protestas que siguieron al fraude electoral.

¿A qué viene la comparación con Juan Orlando Hernández? Pues que Juan Orlando hizo exactamente lo mismo en Honduras. La Constitución hondureña prohíbe la reelección y la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Constitución bajo el argumento de que la reelección es un derecho humano. No contento con ello, Juan Orlando se robó las elecciones en diciembre de 2017.

Mi reflexión final es la siguiente: la izquierda que defiende a Evo Morales es cavernícola, antidemocrática y autoritaria. Los logros de Evo son indiscutibles, pero también sus fallos, como el que denuncio en esta columna. De igual forma, la derecha que defiende a Juan Orlando es rancia, antidemocrática y autoritaria. No puede haber medias tintas cuando se trata de defender las instituciones democráticas. Ambos casos deberían ser igualmente condenables.

Veamos pues, como guatemaltecos, quiénes son los que defienden a capa y espada los atropellos de Evo Morales en Bolivia pues sus ideas son una amenaza a nuestras frágiles y débiles instituciones democráticas. Veamos también a la derecha rancia que justifica a Juan Orlando Hernández o las derivas autoritarias de Jimmy Morales, sus ideas también son un peligro para nuestras frágiles instituciones democráticas y republicanas.

Un análisis sobre la situación política en Ecuador, Chile y Bolivia. 

Han pasado muchas cosas en Sudamérica en las últimas semanas. En Argentina hubo elecciones, al igual que en Uruguay, y en Ecuador y en Chile ha habido protestas contra medidas de ajuste que han tomado sus gobernantes. El caso boliviano merece una mención aparte. Quisiera hacer unas muy breves reflexiones al respecto de Ecuador, Chile y Bolivia.

Ecuador

El caso ecuatoriano ilustra bien el malestar que ha habido en torno a medidas de ajuste que afectan el bolsillo de la clase trabajadora. El presidente Lenín Moreno intentó recortar las subvenciones al combustible y eso enardeció a la población. Moreno no fue hábil para manejar la situación y acabó por declarar estado de emergencia, trasladarse a Guayaquil por temas de seguridad y lamentablemente hubo al menos 7 muertos.

La medida sorprendió a más de alguno (me incluyo). Moreno había ganado las elecciones como delfín de Correa, pero durante su gestión se ha apartado del nefasto socialismo del siglo XXI que pregonó su antecesor. La medida de recorte a los subsidios irritó a muchos, pero ciertamente un informe de junio de 2019 publicado por el BID demostró que Ecuador gasta el 7% del presupuesto nacional en subsidios a la gasolina, gas licuado y electricidad, con lo cual la medida de Moreno tenía sentido.

El mismo estudio demostraba que quitar el subsidio a la gasolina afectaría entre el 1 y 1.5% del ingreso de los ecuatorianos más pobres, con lo cual es sorprendente ver el nivel de malestar que ocasionó la medida en la población. En términos técnicos la medida propuesta por Moreno era justificada. Sin embargo, tuvo que recular. Los platos rotos los pagarán con el incremento del déficit presupuestario que acumularán. El propio Correa abonó al citado déficit.

Chile

Chile ofrece otro escenario similar. Ciertamente el aumento a la tarifa del metro generó malestar por buenas razones: según reporta la BBC, para los chilenos de bajo ingreso, el costo del transporte representa el 30% de su ingreso.

Al igual que en el caso ecuatoriano, probablemente el tacto político de Piñera falló y las protestas han durado más de doce días consecutivos. Lo que causa sorpresa es leer comentarios que pintan a Chile como un fracaso rotundo y como uno de los sistemas más desiguales e injustos cuando tal cosa no corresponde con la realidad. Muchos, incluso, han aprovechado la coyuntura para pedir una asamblea constituyente, no extraña que entre ellos el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Pero hay que recordar algunas cifras básicas de Chile: medido por paridad de poder adquisitivo (2017) Chile tiene la renta per cápita más alta de la región (US$ 24,634), la segunda tasa de pobreza más baja de la región (9%) por detrás de Uruguay (8%), el índice de desarrollo humano más alto de la región (2017). Si vamos a datos de calidad democrática la realidad es parecida: de acuerdo con el Democracy Index que publica la revista The Economist, Chile, junto a Costa Rica y Uruguay, son las tres democracias mejor calificadas de la región; si vamos al indicador de libertad del Freedom House, Chile (94/100) y Uruguay (98/100) son los mejor evaluados. Y si para remate fuéramos al Rule of Law Index, Chile ocupa el puesto número 3 en la región y el 25 del mundo.

Chile tiene problemas y sus problemas van en proporción a su nivel de renta. Muchos señalan la desigualdad como un factor, aunque si nos guiamos por el indicador sobre la materia, el coeficiente de Gini, veremos que Chile no es ni cerca el país más desigual de Latinoamérica: de hecho, de 18 países de Latinoamérica, Chile ocuparía el puesto 12. Los países más desiguales, de hecho, son Brasil (pese a años de gobiernos del PT), Guatemala y Colombia y en esos países no vemos la movilización social vista en Chile recientemente.

Bolivia

El caso boliviano es trágico. La victoria de Evo Morales es la consagración de un fraude que comenzó, al menos, desde noviembre de 2017. Evo intentó modificar la Constitución en 2016 para permitir la reelección indefinida y perdió el referendo. No contento con ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió declarar “inconstitucional la Constitución” (al más puro estilo del dictador hondureño, Juan Orlando Hernández) y esto avaló su notoriamente ilegal candidatura.

Pese a ese cúmulo de ilegalidades, el conteo de las pasadas elecciones en Bolivia se vio inexplicablemente interrumpido y cuando el sistema reanudó el conteo, apareció Evo Morales como ganador en primera vuelta. La propia OEA ha manifestado sus dudas sobre el proceso, pero eso al régimen de Morales poco le interesa.

En Bolivia también hubo protestas, pero no serán suficientes. Pocos hablan del notorio fraude boliviano, aunque los indicadores hablan por sí solos. De acuerdo con el Democracy Index de The Economist, Bolivia ocupa el puesto 14 de 20 países de Latinoamérica y de acuerdo con The Freedom House, Bolivia es “parcialmente libre” y tiene una deficiente calificación de 67/100.

Lamentablemente no vemos la misma indignación por Bolivia que la que vemos por Chile y Ecuador. Todo parece indicar que los regímenes afines al eje bolivariano son medidos con otra vara y quizás veamos un triste retorno a aquella ola de gobiernos bolivarianos tan poco amigos de la prosperidad y de las libertades y la democracia.

Fragmentado, volátil, poco representativo… entre otras cosas

Guatemala tiene un sistema de partidos políticos fallido.

Desde la apertura democrática, la tragedia de los partidos políticos guatemaltecos ha sido objeto de estudio a nivel latinoamericano, por su fragmentación, volatilidad y poca representatividad.

¿Qué significan en la realidad estas características?

La fragmentación hace referencia al número desmedido de organizaciones que han surgido a lo largo de los años. De 1985 al 2018, se han registrado 98 partidos ante el TSE. Lo que los expertos no explican es que la mayoría de esas organizaciones han sido meros cascarones electorales, diseñados para llevar a determinados personajes o grupos al poder.

La volatilidad se refiere a la poca estabilidad de los partidos políticos. En 33 años de democracia, la vida promedio de los partidos ha sido de 12.1 años. En un poco más de una década, un partido nace, crece, se reproduce y muere.

Hasta 2019, de 72 partidos que han participado en procesos electorales, más de la mitad (40), sólo lo hizo en un evento electoral. Tan sólo 19 han sobrevivido a tres o más elecciones.

Salvo algunas excepciones, llegar al poder ha sido la mayor maldición para los partidos en Guatemala. Ninguna organización ha logrado reelegirse. Y en promedio, todos los partidos que han llegado a la Presidencia han perdido alrededor de 20 puntos porcentuales de votos luego de sus desastrosas gestiones al frente del Gobierno.

De ocho partidos que han ganado a la Presidencia entre 1985 y 2015, cinco de ellos ya no existen.

La falta de representatividad se debe a la forma en que los partidos funcionan. En Guatemala, los partidos han innovado para mal en la forma de hacer política. En lugar de construir organizaciones, con cohesión ideológica, con planes de gobierno y propuestas de políticas públicas, con afiliados comprometidos con la organización y una dirigencia interesada en el país; los partidos a penas aspiran a funcionar como meros vehículos electorales para caudillos y caciques.

Por ello se dice que los partidos operan como franquicias electorales.

Esto implica que la utilización de los recursos se focaliza en la campaña electoral y no en el fortalecimiento de la organización, en la formación de cuadros o en la capacitación de afiliados.

Bajo la lógica de “quien paga para llegar, llega para robar”, en Guatemala los partidos que ganaron las elecciones de 1985 a 2011, fueron los que más dinero gastaron en campaña, quienes más tuvieron acceso a espacios en televisión y quienes más hicieron uso del clientelismo.

La necesidad de recursos obliga a los partidos a buscar financiamiento en la corrupción, o peor aún, en el mundo criminal. Esto explica por qué el 75 por ciento de los fondos utilizados durante las campañas provienen de la corrupción o del narcotráfico. Por esta razón, en los últimos años, cuatro partidos políticos han sido cancelados por anomalías en el financiamiento.

Ante esta realidad de voracidad que ha capturado a los partidos, no debe sorprendernos entonces que de la campaña 2015, dos candidatos presidenciales (Manuel Baldizón y Otto Bernal); y del 2019, dos candidatos estén guardando prisión (Mario Estrada y Sandra Torres). 

Un análisis sobre la situación política en Ecuador, Chile y Bolivia. 

Han pasado muchas cosas en Sudamérica en las últimas semanas. En Argentina hubo elecciones, al igual que en Uruguay, y en Ecuador y en Chile ha habido protestas contra medidas de ajuste que han tomado sus gobernantes. El caso boliviano merece una mención aparte. Quisiera hacer unas muy breves reflexiones al respecto de Ecuador, Chile y Bolivia.

Ecuador

El caso ecuatoriano ilustra bien el malestar que ha habido en torno a medidas de ajuste que afectan el bolsillo de la clase trabajadora. El presidente Lenín Moreno intentó recortar las subvenciones al combustible y eso enardeció a la población. Moreno no fue hábil para manejar la situación y acabó por declarar estado de emergencia, trasladarse a Guayaquil por temas de seguridad y lamentablemente hubo al menos 7 muertos.

La medida sorprendió a más de alguno (me incluyo). Moreno había ganado las elecciones como delfín de Correa, pero durante su gestión se ha apartado del nefasto socialismo del siglo XXI que pregonó su antecesor. La medida de recorte a los subsidios irritó a muchos, pero ciertamente un informe de junio de 2019 publicado por el BID demostró que Ecuador gasta el 7% del presupuesto nacional en subsidios a la gasolina, gas licuado y electricidad, con lo cual la medida de Moreno tenía sentido.

El mismo estudio demostraba que quitar el subsidio a la gasolina afectaría entre el 1 y 1.5% del ingreso de los ecuatorianos más pobres, con lo cual es sorprendente ver el nivel de malestar que ocasionó la medida en la población. En términos técnicos la medida propuesta por Moreno era justificada. Sin embargo, tuvo que recular. Los platos rotos los pagarán con el incremento del déficit presupuestario que acumularán. El propio Correa abonó al citado déficit.

Chile

Chile ofrece otro escenario similar. Ciertamente el aumento a la tarifa del metro generó malestar por buenas razones: según reporta la BBC, para los chilenos de bajo ingreso, el costo del transporte representa el 30% de su ingreso.

Al igual que en el caso ecuatoriano, probablemente el tacto político de Piñera falló y las protestas han durado más de doce días consecutivos. Lo que causa sorpresa es leer comentarios que pintan a Chile como un fracaso rotundo y como uno de los sistemas más desiguales e injustos cuando tal cosa no corresponde con la realidad. Muchos, incluso, han aprovechado la coyuntura para pedir una asamblea constituyente, no extraña que entre ellos el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Pero hay que recordar algunas cifras básicas de Chile: medido por paridad de poder adquisitivo (2017) Chile tiene la renta per cápita más alta de la región (US$ 24,634), la segunda tasa de pobreza más baja de la región (9%) por detrás de Uruguay (8%), el índice de desarrollo humano más alto de la región (2017). Si vamos a datos de calidad democrática la realidad es parecida: de acuerdo con el Democracy Index que publica la revista The Economist, Chile, junto a Costa Rica y Uruguay, son las tres democracias mejor calificadas de la región; si vamos al indicador de libertad del Freedom House, Chile (94/100) y Uruguay (98/100) son los mejor evaluados. Y si para remate fuéramos al Rule of Law Index, Chile ocupa el puesto número 3 en la región y el 25 del mundo.

Chile tiene problemas y sus problemas van en proporción a su nivel de renta. Muchos señalan la desigualdad como un factor, aunque si nos guiamos por el indicador sobre la materia, el coeficiente de Gini, veremos que Chile no es ni cerca el país más desigual de Latinoamérica: de hecho, de 18 países de Latinoamérica, Chile ocuparía el puesto 12. Los países más desiguales, de hecho, son Brasil (pese a años de gobiernos del PT), Guatemala y Colombia y en esos países no vemos la movilización social vista en Chile recientemente.

Bolivia

El caso boliviano es trágico. La victoria de Evo Morales es la consagración de un fraude que comenzó, al menos, desde noviembre de 2017. Evo intentó modificar la Constitución en 2016 para permitir la reelección indefinida y perdió el referendo. No contento con ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió declarar “inconstitucional la Constitución” (al más puro estilo del dictador hondureño, Juan Orlando Hernández) y esto avaló su notoriamente ilegal candidatura.

Pese a ese cúmulo de ilegalidades, el conteo de las pasadas elecciones en Bolivia se vio inexplicablemente interrumpido y cuando el sistema reanudó el conteo, apareció Evo Morales como ganador en primera vuelta. La propia OEA ha manifestado sus dudas sobre el proceso, pero eso al régimen de Morales poco le interesa.

En Bolivia también hubo protestas, pero no serán suficientes. Pocos hablan del notorio fraude boliviano, aunque los indicadores hablan por sí solos. De acuerdo con el Democracy Index de The Economist, Bolivia ocupa el puesto 14 de 20 países de Latinoamérica y de acuerdo con The Freedom House, Bolivia es “parcialmente libre” y tiene una deficiente calificación de 67/100.

Lamentablemente no vemos la misma indignación por Bolivia que la que vemos por Chile y Ecuador. Todo parece indicar que los regímenes afines al eje bolivariano son medidos con otra vara y quizás veamos un triste retorno a aquella ola de gobiernos bolivarianos tan poco amigos de la prosperidad y de las libertades y la democracia.

Llegó el momento de replantear el sistema de Comisiones de Postulación.

Guatemala es una República con un sistema híbrido para la elección de autoridades. Por un lado, para el Ejecutivo y Legislativo, así como el poder local, se recurre a elecciones democráticas, en las cuales los partidos políticos actúan como vehículos de representación. Por otro lado, para la designación de autoridades del poder judicial, además de otros organismos de control (como el MP, la Contraloría, el TSE y la Corte de Constitucionalidad) se utiliza un modelo de elección corporativista. En este, los cuerpos sociales intermedios (universidades, gremios, colegios profesionales, etc.) participan como postuladores de los candidatos o como electores de última instancia.

Sin embargo, luego de treinta años bajo este diseño institucional, resulta evidente que el modelo se ha agotado, o que sencillamente ya no responde a la visión original de los constituyentes.

Los últimos tres procesos de elección de Magistrados de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia han degenerado en conflictos jurídico-institucionales. En 2009, la elección de representantes del CANG ante la Comisión de Postulación mediante un sistema de representación de minorías, y la elaboración de las tablas de gradación, fueron objeto de impugnaciones. En 2014, la calificación de la “honorabilidad” e “idoneidad” por parte del el Congreso también fue objeto de impugnación. Y ahora, en 2019, la elección de representantes del Instituto de Magistrados y el incumplimiento del requerimiento de evaluar a jueces y magistrados fueron los motivos detrás de las acciones de amparo.

Tanto en 2014 como en 2019, las acciones de constitucionalidad tuvieron como consecuencia no intencionada el incumplimiento del “plazo fatal” del 13 de octubre. Cabe decir, en ninguno de los dos momentos, se generó un escenario apocalíptico de rompimiento institucional o parálisis de la justicia. Lo cierto es que para ningún sistema resulta sano que cada elección de jueces genere crisis y conflicto.

A nivel político, es indiscutible que el diseño corporativista ha servido como un instrumento para la captura del poder judicial por actores políticos o de interés. En 2009, se denunció la existencia de una “Terna X” dentro de la Postuladora para CSJ, cuyo encargo era otorgar altas calificaciones a los candidatos afines al entonces gobierno de la UNE. En 2014, se develó todo el mecanismo de incidencia paralela, de Roberto López Villatoro, para influir sobre la actuación de los comisionados y la integración de los listados de candidatos. Y recién nos enteramos, por confesión de Manuel Baldizón, que la elección final de la CSJ en 2014 fue producto de un acuerdo entre Baldetti, Sinibaldi y Baldizón, con el auspicio de Gustavo Herrera, y bajo promesa de lealtad de los jueces hacia sus electores.

El diseño original, que aspiraba a que las universidades y el Colegio de Abogados sirvieran de tamiz previo a la designación política del Congreso, hoy resulta disfuncional. Se generó el incentivo perverso para que grupos políticos y de interés buscaran tomar control de la academia, ya sea mediante proliferación de universidades de cartón o mediante intrigas políticas internas para designar a los decanos que se sentarán en las postuladoras. Mientras que las elecciones de autoridades y representantes ante postuladoras por el Colegio de Abogados, se convirtieron en un “micro-cosmos” de las elecciones nacionales (opacidad en el financiamiento, clientelismo, acarreo de votos, etc.).

La guinda al pastel es un modelo en el que el Congreso constituye el elector final de todos los magistrados de apelaciones. Sí, todos los jueces que conocen en segunda instancia todos los procesos judiciales no son designados por un proceso de carrera que invite a la meritocracia, sino por un proceso eminentemente político. De ahí no nos extrañemos que la justicia se politice.

Bajo ese contexto, es momento de reconocer que el sistema de comisiones de postulación ha caducado. Y que toca repensar el diseño institucional del sector justicia. Una reforma constitucional que reduzca la politización de la elección de autoridades judiciales, y que apueste por un sistema de carrera resulta urgente a la luz de la experiencia de esta última década.

El péndulo de la historia pareciera inclinarse hacia una nueva era de inestabilidad mundial.

Discursos polarizantes, nacionalistas y aislacionistas, fronteras que parecieran cerrarse cada vez más, autonomismo y separatismo, xenofobia, revueltas sociales violentas contra el aumento de algún rubro o la eliminación de algún subsidio, desafección hacia los sistemas democráticos, descreimiento con la clase política, etc.; son señales unívocas de malestar generalizado. ¿Pero de malestar frente a qué? ¿Qué tienen todos estos signos en común?

La izquierda aduce una vuelta al neoliberalismo debido a la reciente precarización del trabajo que ha traído consigo la incursión de nuevas y exitosas formas de provisión de bienes y servicios a través de plataformas como Uber, Lyft, Airbnb, o Freelancer.com, que constituyen la llamada gig economy (o economía de “trabajitos”) y que alejan cada vez más a los ciudadanos del siglo XXI de las confortabilidades y seguridades de ese ideal de clase media del que disfrutaron nuestros padres y abuelos durante las décadas de la posguerra.

En ese sentido, si bien desde los años ochenta estamos presenciando la crisis del Estado de bienestar; hoy en día es evidente y palpable el colapso de los Estados nacionales para proveer bienes públicos y garantizar una serie de derechos sociales. Básicamente, las demandas de estos sectores son más protección del Estado en cuanto a seguridad laboral y aumento del gasto público para transferencias sociales; frente a las amenazas transnacionales que plantea la revolución tecnológica y la transformación cada vez más vertiginosa del empleo -que cada vez pareciera ser más especializado- lo cual genera una brecha casi insalvable en términos de capital humano.

Por otra parte, la derecha también sostiene un discurso radical aislacionista y de fronteras cerradas, muchas veces anti-inmigrantes; que también rehúye de la integración económica regional ante amenazas de tipo transnacional. Escuchamos defensas a ultranza de las economías nacionales, de promoción de medidas proteccionistas a la importación de ciertos bienes y servicios del extranjero, además de un profundo rechazo a instancias multilaterales de orden político y económico.

Todo este malestar ha ido erosionando los sistemas democráticos basados en el consenso y la apertura, al exacerbar discursos polarizantes, anti-sistema y de corte populista. Las nuevas generaciones sienten cada vez más desafección hacia la democracia como forma de gobierno y a la política en general como vía para resolver problemas públicos.

Desde 2016, prestigiosos think-tanks como Brookings o revistas como The Economist, han vaticinado el fin de la segunda era de la globalización que comenzó en los años noventa. La esencia de la globalización es el movimiento de bienes y servicios, de dinero y de personas con la menor cantidad posible de fronteras o barreras internacionales.

La primera era de la globalización ocurrió hace más de cien años, entre 1870 y 1914, y terminó precisamente tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. En palabras del historiador inglés Tony Judt, “la primera era de la globalización llegó a un final estremecedor”[1]. De hecho, el período previo a la Primera Guerra Mundial es visto por historiadores y economistas como la realización más completa del paradigma de economía abierta librecambista. Para ese momento, la rápida expansión del comercio internacional, basado principalmente en el intercambio de manufacturas terminadas por parte de economías desarrolladas y de commodities en economías subdesarrolladas, permitía un flujo libre de capitales con altísimos márgenes de retorno[2].

Para ese entonces, en las décadas previas a la Gran Guerra, de industrialización vertiginosa, un conflicto internacional de las proporciones ciclópeas con las que ocurrió, parecía imposible: “Nadie creía en las guerras, las revoluciones ni las subversiones. Todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón”[3] diría el escritor austríaco Stefan Zweig en sus memorias sobre la Europa previa a 1914. Cualquier brote de barbarie o bestialidad colectiva era visto como una rémora del pasado más que superada. Sin embargo, la competencia entre potencias, el mundo multipolar que se erigía gracias a expansión del comercio internacional, de la industrialización y del desarrollo de las ventajas comparativas de cada nación europea, hizo también que se extendiera la rivalidad militar y la paranoia ante ese rápido crecimiento y que las otrora fuertes alianzas diplomáticas (incluso unidas con lazos de sangre desde la era victoriana), se vieran cada vez más mermadas e ineficaces[4].

Lo que vemos hoy, trae remembranzas de ese mismo malestar de principios del siglo pasado, donde un mundo de certezas y de viejos imperios parecía derrumbarse y en donde aparecían por primera vez la sociedad de masas y las ingentes migraciones humanas hacia las grandes ciudades industrializadas. También proliferaban los discursos nacionalistas como reacción al hecho de que los mercados internacionales habían desplazado al Estado-nación como la forma política por excelencia de organización de la vida humana[5].

Desde las postrimerías del siglo XX, las preguntas sobre el futuro del Estado-nación[6] han sido cada vez más comunes, ante una realidad de fuerzas demográficas, ambientales y tecnológicas de naturaleza transnacional que presentan retos importantes a las naciones en cuanto a sus estructuras sociales, patrones culturales y sus ventajas económicas. Por esta razón, no todos los países están preparados de igual forma para lidiar con estas transformaciones globales que necesariamente generan ganadores y perdedores. Y también es por eso que, independientemente de las ideologías detrás de estas demandas, los ciudadanos parecieran pedir cada vez más la actuación del Estado-nación para detener estas oleadas globalizadoras de penetración de nuevos mercados transnacionales que retan las políticas de pleno empleo; pero también de movilidad humana hacia los grandes centros de poder económico, que abaratan los salarios de los nacionales.

Estas actitudes remiten a comportamientos colectivos ya estudiados por la psicología social y que tienen que ver con los límites del “yo” frente al mundo exterior, bajo un proceso histórico que ha consolidado la “individuación” o de “emergencia del yo” desde los siervos de la sociedad feudal, hasta los emprendedores de la sociedad comercial. Este proceso histórico de individuación, por un lado, ha generado progreso y bienestar material, pero también aislamiento y soledad y ha llevado cada vez más al hombre contemporáneo a refugiarse en la “evasión” a la libertad[7], sin saber que ese malestar que le genera un mundo de incertidumbres, paradójicamente, es necesario para su “autorrealización”.

Esta evasión o miedo a la libertad también está estrechamente vinculada a la mentalidad anti-capitalista y el aborrecimiento al lucro[8]. Muy pocos se percatan del nivel de vida que ha alcanzado gran parte de la humanidad en los últimos dos siglos gracias al capitalismo, a las economías abiertas y a los sistemas democráticos. Logros y datos que autores como Matt Ridley[9], han intentado transmitir en sus investigaciones.

A pesar de toda esta evidencia factual de que hemos alcanzado niveles importantes de prosperidad como nunca antes en nuestra historia, los síntomas de malestar frente a las desigualdades que crea el progreso, de sublimación y represión que produce la vida civilizada, son cada vez más contundentes y el péndulo de la historia pareciera inclinarse hacia una nueva era de inestabilidad mundial.

Referencias: 

[1] Judt, Tony. Algo va mal. Barcelona. Taurus. 2010. Pp. 131

[2] Frieden, Jeffry A. Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX. Barcelona. Editorial Crítica. 2007. Pp. 11-14

[3] Zweig, Stefan. El mundo de ayer. Barcelona. Acantilado. 2009. Pp. 10

[4] Kennedy, Paul. The rise and fall of the great powers. Londres. Unwin Hyman. 1988. Pp. 249-250

[5] Judt, Tony. Ídem.

[6] Kennedy, Paul. Preparing for the twenty first century. New York. Random House. 1993

[7] Fromm, Erich. El miedo a la libertad. Buenos Aires. Paidós. 1986. Pp. 15

[8] Von Mises, Ludwig. La mentalidad anticapitalista. Madrid. Unión Editorial. 2011

[9] Ridley, Matt. The rational optimist. New York. Harper Collins. 2010