2021 constituye un año importante para los países centroamericanos. En este año se cumplen 200 años de la independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica del Reino de España. También en 2021 se conmemoran 35 años de la Firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas I que permitieron poner fin a los conflictos armados internos en la región y dar paso para la consolidación de la democracia en nuestros países, un proceso todavía en marcha. Por último, en 2021 el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) alcanza los 30 años desde que se creó a través de la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en 1991. En este observador haremos un recorrido histórico de la formación del SICA, sus órganos y funciones.
Como se planteó en otro observador sobre el Modelo de regionalismo abierto, la historia de la Integración Centroamericana puede dividirse en diferentes etapas. La de la República Federal de Centroamérica, la de la ODEC y la de SICA. Algo interesante a analizar es identificar las instituciones que fueron creadas para perseguir los propósitos y objetivos planteados en sus documentos fundacionales. Haremos un recorrido a través de las diferentes etapas para identificarlos.
La historia moderna de la integración centroamericana inició hace 70 años. Concretamente, el 14 de octubre de 1951, en la ciudad de San Salvador donde se produjo una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua donde se firmó la Carta de San Salvador que dio lugar a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Cabe destacar que el convenio quedó abierto a Panamá para adherirse y formar parte más adelante.
En la carta se establecen como órganos de la ODECA:
El alcance de la ODECA fue limitado en términos prácticos. Su enfoque fue principalmente la oportunidad de generar discusiones con la sociedad civil centroamericana respecto a los beneficios de la integración. Se planteó además la unificación de las señales de tránsito y procesos aduanales. En 1958 se logró el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de la Integración (eventualmente derogado por el protocolo de Guatemala de 1993) y el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana (13 de diciembre d 1960). Estos respondían a la estrategia escrita en la sección 1 del observador sobre regionalismo abierto sobre la base del modelo de sustitución de importaciones que buscaba un crecimiento hacia adentro y buscaba dar prioridad a las industrias locales sobre las extranjeras.
En 1960 se crea el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, al respecto hablamos en la sección 3 del observador sobre integración económica para la recesión. Este tratado es el que da vida a una institución importante en el proceso de integración que se mantiene vigente hasta nuestros días: SIECA (la Secretaría de Integración Económica Centroamericana). En 1961, se materializó la creación del Mercado Común Centroamericano, contemporáneo con otros acuerdos integracionistas en América Latina como el Grupo Andino, Caricom y ALALC.
En 1962, los gobiernos suscribieron una segunda Carta de San Salvador donde se reafirma la aspiración de la integración centroamericana. Se crean nuevos órganos para atender a los propósitos de la comunidad “político-económica”. Los nuevos órganos son los siguientes:
Muchas de las funciones de los órganos anteriores se traen a este nuevo esquema; sin embargo, también se agregan algunos otros. Este documento plantea una integración política mucho más intensa. Como se puede observar se crean órganos que responden a funciones más políticas que económicas como es el caso para el Consejo Ejecutivo, el Consejo Legislativo, la Corte de Justicia Centroamericana, El Consejo Cultural y Educativo y el Consejo de Defensa Centroamericano. Es decir, hay 7 órganos para la integración política y 1 solo para la integración económica. Quizá este es el origen de las limitaciones de este modelo. Además de plantear un crecimiento endógeno, pretende una integración “demasiado” política.
Los esfuerzos integracionistas se vieron interrumpidos durante más de dos décadas por una serie de conflictos armados desencadenados en la región. Esto trajo graves consecuencias sociales, políticas y económicas que por supuesto afectaron el desempeño de la región en materia comercial. Esto no solo puso en una posición complicada al sistema de integración, sino que estuvo cerca de provocar su desaparición.
El PIB per cápita en la mayoría de países de la región presentó caídas importantes entre 1980 y 1990. Según datos del Banco Mundial entre 1980 y 1990 el PIB per cápita de Guatemala tuvo un -17% de variación, el de El Salvador un -16%, Honduras -2%, Nicaragua -32%, Costa Rica -3% y Panamá un -8%. En términos generales, se incrementó el desempleo y por consecuencia hubo una caída del consumo privado, se redujeron las exportaciones, entre otras serias consecuencias. Los países más afectados en la década de los ochenta y con una mayor pérdida en sus ingresos de PIB per cápita fueron Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
Durante la década de los ochenta, la crisis era tan grave que la integración regional no era una prioridad. Los niveles de protección y las barreras no arancelarias se elevaron dificultando aún más el intercambio comercial. Sin embargo, hacia mediados de la década de los 80, se identificó que, para hablar de integración, primero se debía poner fin a los conflictos y alcanzar la paz. El 24 de mayo de 1986 se da la primera reunión de presidentes para la firma de los Acuerdos de Esquipulas I donde se crea además el Parlamento Centroamericano. El 7 de agosto de 1987 se da la segunda reunión de Esquipulas II donde se ratifica la paz y la integración de Centroamérica.
En la década de los noventas, aunque la concepción de la integración como se había planteado en 1961 había caducado, el esfuerzo no se había abandonado. En 1991 se firmó el Protocolo de Tegucigalpa que da vida al nuevo esfuerzo por establecer el Sistema de Integración Centroamericana. Es firmado por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el año 2000 se adhirió Belice y en 2003, la República Dominicana.
La firma del Protocolo de Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991 viene a derogar lo establecido con anterioridad con ODECA. El espíritu de los tiempos puso nuevamente de prioridad los objetivos políticos como la consolidación de la democracia y la paz en la región. Para servir a estos propósitos se crean nuevos órganos:
Tanto el Comité Ejecutivo como la Secretaría General son los órganos permanentes del Sistema de Integración Centroamericana.
Adicional forman también parte del SICA:
En el Protocolo de Tegucigalpa se sostiene que la Secretaría Permanente que nace del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) conserva las funciones establecidas desde entonces y le corresponden los aspectos económicos de la integración.
Es en esta etapa en la que nos encontramos ahora mismo en el proceso de Integración Centroamericana. A pesar de que han existido avances importantes -principalmente en materia económica- hay muchas cuestiones que nos alejan todavía de los ideales de tener una región en la que exista libertad de tránsito no solo de bienes y servicios, sino también para las personas, facilitación en los procesos aduanales, mejoramiento de la infraestructura, entre otras cosas. Hoy por hoy, mecanismos como la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras representa quizá uno de los avances más importantes de los últimos años, y sin embargo aún queda una larga hoja de ruta por continuar.
En cuanto a la estructura institucional, pareciera que nuevamente se repiten los errores del pasado. La mayoría de órganos del Sistema de Integración están orientados hacia la gestión administrativa del SICA o bien, al abordaje de temas políticos. Esta preponderancia de los asuntos políticos sobre los económicos en una región en donde existe una debilidad institucional endémica en prácticamente todos los países, con la excepción de Costa Rica y Panamá, complica la integración exitosa de Centroamérica.
Si bien los asuntos políticos son importantes, requieren de voluntad política y de proyectos de estado de largo plazo para implementarse efectivamente. Quizá merece la pena evaluar si la ruta hacia la integración centroamericana debe continuarse por esta vía que se ha intentado desde hace varias décadas y presenta resultados escuetos o si sería más exitoso abordarlo desde una visión puramente económica en donde los agentes económicos pueden tener evidencia tangible de una facilitación real de los procesos comerciales
En la década de los 80 y principios de los noventa Centroamérica tuvo un viraje de su política comercial. Este nuevo modelo proponía la apertura económica y la expansión de la participación en los mercados globales y consideraba como motores de crecimiento a las exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras. Para este propósito, los países de Centroamérica se adhirieron al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, mismo que dio paso a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A partir de entonces, los países buscaron ampliar su red de intercambio global a través de acuerdos comerciales que facilitarán las transacciones y redujeran aún más las posibles barreras que pudieran existir. En este Observador analizaremos el contexto en el cual nace el Tratado Comercial entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), su contenido en términos generales y sus resultados.
En 1994 México, Estados Unidos y Canadá implementaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este proceso (como sucede con casi todos los tratados de libre comercio), los países involucrados eliminaron los aranceles para las importaciones y exportaciones entre ellos y se permitió la libre circulación de los bienes en la zona de libre intercambio. Con los países ajenos al tratado, cada país mantuvo sus políticas comerciales diferentes. La concesión de condiciones más favorables para un competidor directo de Centroamérica (México), sobre todo en materia textil, colocó a la región en una posición de desventaja. Por esta razón, los países buscaron por mucho tiempo negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos.
Para 1998 Centroamérica había firmado ya el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana y al año siguiente, en 1999 se suscribió el tratado entre la región y Chile.
Finalmente en 2001, tiempo después de presentar las primeras solicitudes, se inició la comunicación entre los países de Centroamérica con los Estados Unidos para dar paso a la etapa preparatoria que comenzó en 2002 con una ronda de 6 talleres técnicos que definirían la negociación. En 2003, después de 9 rondas de pláticas, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. En enero de 2004 se incorporó Costa Rica y en julio de 2004 se integró también la República Dominicana. En agosto de 2004 fue firmado por los siete países y adoptó finalmente las siglas de DR-CAFTA.
El acuerdo fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en julio de 2005. La implementación en los otros países dependió de la ratificación correspondiente. Para el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala entró en vigor desde 2006. Pero para el caso de República Dominicana fue hasta 2007 y para Costa Rica fue hasta 2009. Este fue el primer acuerdo comercial que firmó Estados Unidos con un grupo de países en vías de desarrollo.
En términos generales, el DR CAFTA tiene por objetivo impulsar el desarrollo económico a través de la liberalización comercial y facilitar el acceso a uno de los mercados más importantes a nivel global, esto en compatibilidad con los principios de la OMC. Al crear este marco jurídico existe mayor claridad, transparencia y estabilidad en el largo plazo para las inversiones. En relación a esto, uno de los puntos más importantes es precisamente evitar la aplicación de medidas unilaterales y discrecionales que puedan afectar el flujo comercial.
La negociación del tratado también tiene varios objetivos específicos. En materia de acceso a mercados busca consolidar y expandir los beneficios comerciales que se habían establecido en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y del GATT del 94, eliminar las barreras no arancelarias y establecer reglas y procedimientos aduaneros que garanticen un funcionamiento adecuado de las aduanas. En cuanto a servicios e inversiones busca promover la diversificación de la oferta de servicios y fomentar el desarrollo de flujos de inversión así como establecer mecanismos de solución de diferencias para contar con un Estado de Derecho sólido que garantice el buen funcionamiento de las relaciones comerciales.
En cuanto a comercio electrónico, a pesar de que para 2004 estaba en una etapa prematura, se buscó el establecimiento de reglas y principios generales para nuevas oportunidades comerciales que faciliten la modernización y competitividad del sector productivo. Por otro lado, se establecieron también las bases en materia de contrataciones públicas para la aplicación transparente de los reglamentos y procedimientos para la compra de mercancías, servicios y obras públicas.
La propiedad intelectual también figura dentro del contenido del tratado. Los artículos al respecto responden a la protección de los derechos de propiedad intelectual tomando como base las diferencias de tamaño y desarrollo de los países involucrados. Respecto a los derechos laborales, se establecen las normas para proteger los derechos de los trabajadores utilizando la legislación laboral interna de los países. Sin embargo, se busca que esas normativas internas no obstaculicen de alguna manera las transacciones comerciales. En cuanto al medio ambiente, se busca la protección y cooperación de los países para el desarrollo de proyectos de mutuo interés en materia ambiental.
Dos puntos finales son la solución de controversias y la defensa comercial. Para el primero, se busca establecer un mecanismo eficaz para resolver las controversias que surjan de la aplicación del tratado y facilitar el uso del arbitraje u otros medios para resolver las problemáticas. Y respecto al segundo, se busca reducir o eliminar las prácticas de comercio desleal.
El acuerdo se despliega en 22 capítulos que pueden analizarse desde cinco grandes temas: asuntos institucionales y de administración, comercio de bienes, comercio de servicios e inversión, contratación pública de bienes y servicios y otros temas no comerciales pero que implican transacciones como asuntos en materia de propiedad intelectual, asuntos laborales y del medio ambiente. En estos están contenidas las normativas específicas para atender a los objetivos generales y específicos explicados con anterioridad. Además, el tratado contiene anexos y apéndices que establecen los derechos y obligaciones de los países firmantes.
Estados Unidos es el principal mercado de los países centroamericanos. Desde 1984, con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (fue en 1994 o 19984) y en el año 2000, con la Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe (que brinda preferencias a los productos textiles de la región) las exportaciones hacia el mercado estadounidense se han visto beneficiadas. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos mecanismos, contenían limitaciones por su unilateralidad y temporalidad. Con la implementación del tratado se generan derechos y obligaciones de largo plazo que generan mayores incentivos a las transacciones comerciales.
Desde la entrada en vigor el tratado en el año 2006 al 2020 las exportaciones, según datos de SIECA, pasaron de USD 6,103.2 millones de dólares a USD 11, 125 millones. Sobre el total de exportaciones, esto representa el 33%. En cuanto a las importaciones, en 2006 la cifra ascendía a 8,788.5 millones y en 2020 la cifra fue de USD 19,861.7 millones, representando el 32%. Como se puede observar, las importaciones con Estados Unidos son superiores a las exportaciones ya que es un importante proveedor de productos de consumo para los países de la región.
En 2020, Nicaragua fue el mayor exportador regional de bienes a Estados Unidos con 49% del total exportado; le siguen Costa Rica con 42%; Honduras con 36%; El Salvador con 29%; Guatemala con 22%; y Panamá con 6%. En cuanto a importaciones, Costa Rica es el país que más importa bienes de Estados Unidos con un 37%; sigue Guatemala con 36%, Honduras con 32%, El Salvador con 27%, Panamá con 26% y Nicaragua con 25%.
Algo importante que se debe mencionar es que aunque la normativa comercial es aplicable a todos los países que lo suscribieron, algunos capítulos se aplican de manera diferente en las relaciones comerciales bilaterales. Esto provoca que el tratado sea un ente jurídico diferente para cada uno de los países. Sería importante entonces evaluar la proporción en la que beneficia a cada uno de los países.
A diferencia de otros acuerdos comerciales, el DR CAFTA es de aplicación multilateral. Esto significa que se benefician tanto las relaciones comerciales con Estados Unidos pero también las relaciones comerciales a nivel interno entre los países de Centroamérica. La normativa reconoce los avances que habían tenido los países en su proceso de integración a la vez que los profundiza en temas como la propiedad intelectual, los asuntos laborales y ambientales; además de contar con su propio mecanismo de solución de diferencias. Esto es sumamente positivo puesto que brinda la oportunidad de fortalecer, profundizar y modernizar el proceso de integración económica y aduanera de Centroamérica.
En esta entrega del Observador, se identifican los diferentes momentos históricos a través de los cuáles se ha intentado consolidar la unión centroamericana y se hará una evaluación sobre el modelo de regionalismo abierto que funciona actualmente.
La integración centroamericana no es un proceso nuevo. En los más de 200 años de historia compartida que tenemos (desde que se conformó la República Federal de Centroamérica) han existido diferentes esfuerzos por construir una única unidad geográfica con los países del istmo. Sin embargo, a pesar que esos intentos han tenido algunas luces y aciertos, han resultado insuficientes para concretar un proyecto político eficiente y capaz de generar oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos.
En esta entrega del Observador, se hará un esfuerzo por identificar los diferentes momentos históricos a través de los cuáles se ha intentado consolidar la región centroamericana y se hará una evaluación sobre el modelo de regionalismo abierto que funciona actualmente.
A través de la historia, es posible identificar 3 etapas concretas en el proceso de integración centroamericana: la República Federal de Centroamérica, entre 1823 y 1839; la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), entre 1951 y 1993; y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que es en la que nos encontramos desde 1993 hasta hoy en día[1]. Cada una de estas fases alineadas al espíritu de sus tiempos, respondía a una serie de objetivos específicos y por tanto, tenía diferentes visiones de cómo concretar una unidad entre los países del Istmo. Vale la pena mencionar que a lo largo del Siglo XX hubo otros esfuerzos integradores pero para atender a los propósitos de este Observador se presenta la selección de los más relevantes.
La primera etapa es la del intento de construcción de una única unidad política a través de la República Federal de Centroamérica conformada luego de la independencia de los imperios de España y el de México en 1823. En aquel momento, se aspiraba a construir una identidad nacional para los países del istmo. Los resultados, evidentemente, no se pudieron concretar a causa de una serie de factores entre los cuales es posible enumerar: la identidad “regionalista” de las élites locales, la ineficiente estructura administrativa, entre otros.[2]
En 1949, Raúl Prebisch, economista argentino y Secretario General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó lo que más tarde Albert Hirschman denominaría como el “Manifiesto Latinoamericano”[3]. En su obra, Prebisch explica que la única forma a través de la cual los países de la región podrían expandir sus mercados es por la vía de la industrialización. Esto provocó que los países de América Latina adoptaran un modelo de sustitución de importaciones. Es decir, inversiones industriales apoyadas por el mercado interior. Esta estrategia estaba orientada al crecimiento “hacia adentro” proporcionada por los mercados locales con el objetivo de reducir la dependencia de los mercados internacionales.
Esta visión de integración a través de un exacerbado proteccionismo económico es la que inspiró la creación de la ODECA en 1951. La voluntad política de entonces consolidó, casi 10 años más tarde, el Tratado General de Integración Económica (1960). Este aspiraba al desarrollo de un mercado común centroamericano a través de instituciones de carácter intergubernamental. Es en este momento en el que nacen una serie de tratados y órganos que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Sin embargo, las limitaciones de un sistema endógeno de crecimiento, sumado a las crisis global de la Guerra Fría y los conflictos armados a nivel local generaron un impasse que llevó a esta etapa a un inevitable agotamiento dando paso así a un nuevo modelo de integración.
En la década de los ochentas, en las vísperas del fin de la Guerra Fría se impulsaron una serie de diálogos y acuerdos de paz en la región. Luego de un período de más de 20 años de conflictos armados en Centroamérica, la paz se hizo necesaria y se generó una nueva oportunidad para -a través de los efectos civilizatorios del mercado- construir un nuevo modelo de desarrollo e integración regional.
Los esfuerzos por promover la paz en la región empezaron en 1986 con la firma de los Acuerdos de Esquipulas I. Aquí, los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua apostaron por la resolución de los conflictos locales y afirmaron su compromiso para un proceso de integración.
El espíritu de globalización impulsado por el Consenso de Washington, sumado a la debastación y recesión económica en la región (provocadas por los conflictos armados internos, la crisis de deuda pública y el modelo de sustitución de importaciones) generaron la necesidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo. Esta nueva estrategia tenía por objetivo impulsar la competitividad a través del crecimiento “hacia afuera”. Se esperaba que a través de este proceso, los países pudieran desarrollar habilidad exportadoras. A este nuevo modelo se le conoce como regionalismo abierto.
Este nuevo proyecto integrador, como es posible inferir, cambió de identidad con los modelos que se habían intentado con anterioridad. Existía una visión de no solo fomentar el comercio local, sino de posicionar a la región dentro de la economía global. Esta visión promete generar un ambiente de competitividad.
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) nace con la firma del Protocolo de Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991. Con esto, también nacen una serie de instituciones como la Secretaría General del SICA, el Parlamento Centroamericano, la Reunión de Presidentes y la Corte Centroamericana de Justicia. Es a través de esta vía institucional que se intentan construir y definir los intereses económicos para los 6 países que actulamente se encuentran integrados en la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Como es posible observar, a través de la exposición de los procesos históricos que describen la integración centroamericana, la naturaleza de sus etapas ha cambiado. Hoy se espera que a través de la consolidación de una integración profunda sea posible darle un perfil internacional a la región. Esta visión de apertura “hacia fuera” le permite adaptarse al contexto de globalización que se vive en el Siglo XXI.
Con Esquipulas I y II, se proponen tres objetivos principales del proceso de integración: paz, democracia y desarrollo económico. Respecto a la paz, se logró poner fin a los conflictos armados de la región y eso contribuyó a reducir los niveles de inseguridad pero la violencia todavía es un problema pendiente en la región. En cuanto a democracia, los países cumplen con los requisitos formales de un sistema político de este tipo, pero hay todavía una serie de resagos que deben corregirse, sobretodo en materia institucional. Finalmente, para el desarrollo económico se han producido avances significativos, sin embargo, pareciera haber una suerte de paralización hacia los procesos de integración profunda que permitirían consolidar las etapas hacia un modelo de integración económica exitoso.
Hasta el día de hoy, y como se explicó en otra entrega del Observador Centroamericano, se consolidó la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras y próximamente se espera lograr también con El Salvador. Sin embargo, este fue un proceso que según los compromisos adquiridos en 1960 con el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, debío haberse consolidado en el siglo pasado. ¿Por qué entonces hasta ahora se está avanzando en este proceso?
La respuesta es compleja porque se requiere de la voluntad y ejecución de varios actores para perseguir un mismo objetivo: la Integración Económica de Centroamérica. Para darle marcha adelante a esta agenda se requiere de un compromiso real por parte de los presidentes de los 7 países. A nivel administrativo y burocrático, se espera que se le pueda dar seguimiento real a los procesos para consolidar la integración profunda. Y finalmente, corresponde también a las élites centroamericanas darle fuerza a los argumentos culturales, sociales y económicos para impulsar el modelo de desarrollo y constuir una región de oportunidades para los ciudadanos centroamericanos.
[1] Fernández Luiña, Eduardo. (2013). Poder Normativo en Acción: Europa a través de sus espejos. Relaciones Unión Europea – Sistema de la Integración Centroamericana.
[2] Fundación Libertad y Desarrollo. (2020). Centroamérica; amenazas y oportunidades compartidas; un destino común.
[3] Hirschman, Albert O. (1968). The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America. The Quarterly Journal of Economics.
4.
La importancia que tiene el tránsito aéreo en la economía es la razón por la cual se deben identificar áreas de mejora en materia de conectividad logística para asegurar una pronta recuperación económica. En este observador exploraremos la apertura de los aeropuertos en la región y revisaremos la hoja de ruta propuesta para mejorar la infraestructura aérea en Centroamérica.
En los primeros meses de 2020, cuando el coronavirus ya era noticia mundial, varios gobiernos impulsaron el cierre de sus fronteras para intentar frenar el contagio. Para Centroamérica, cuando se confirmaron los primeros casos en la región, los países también implementaron esas mismas medidas de contención y prevención para evitar la propagación del virus.
La página Flightradar24 ofrece información en tiempo real sobre vuelos en el mundo. En abril, cuando se registró la mayor cantidad de contagios globales, se identificó también una caída histórica en la cantidad de vuelos. Como se puede observar en la gráfica, el 12 de abril de 2020, hubo un total de 46mil 294 vuelos en total en todo el mundo. En la misma fecha en 2019, la cifra ascendía a 193mil 655 vuelos, lo cual representa una caída del 76.09%. Esto permite medir el fuerte impacto del Covid19 y las disposiciones de los gobiernos en el volumen de las transacciones aéreas.
Como se observa, al 23 de septiembre de 2020, hay una recuperación significativa en la cantidad de vuelos totales. Sin embargo, aún no se alcanza los niveles de 2019. La diferencia entre la cantidad de vuelos totales del año anterior, respecto a este, en el mismo día es de 65mil 723 vuelos, una caída del 33.67%. Estos datos reflejan que los vuelos se han reestablecido en 42.42 puntos porcentuales.
Según SICA, en Centroamérica el tráfico aéreo disminuyó en un 90% durante el primer semestre de 2020 en relación con el año anterior. Esto ha derivado en una serie de graves consecuencias económicas tanto a nivel directo para algunas aerolíneas, como también para los múltiples otros sectores que dependen del flujo de vuelos.
El sector de aviación tiene un fuerte impacto económico en Centroamérica. De acuerdo con un informe publicado en 2018 por Oxford Economics, 814mil 900 empleos son generados a partir de esta actividad y la utilidad bruta del sector asciende a 17.31 millardos en toda la región (sin tomar en cuenta a Belice). Cabe señalar que el 14% del PIB de Panamá tiene su origen en el transporte aéreo y el turismo que llega por este medio; mientras que para países como Guatemala o El Salvador únicamente representa el 1% y 3%, respectivamente.
Centroamérica es un territorio relativamente pequeño en donde las economías de los países dependen del comportamiento del mercado global y de su relación con terceros. Como se ha mencionado en otras entregas de este Observador, además de la integración económica del Istmo, el desarrollo de infraestructura para mejorar la capacidad y calidad en materia logística juega un factor determinante a la hora de mejorar los niveles de competitividad.
En este sentido es sumamente positivo que se reanuden las actividades de los aeropuertos en Centroamérica. La importancia que tiene este sector en la economía es la razón por la cual se deben identificar áreas de mejora en materia de conectividad logística para asegurar una pronta recuperación económica. Es por esto por lo que, en este observador exploraremos la apertura de los aeropuertos en la región y revisaremos la hoja de ruta propuesta para mejorar la infraestructura aérea en el Istmo.
Como se explicó en la sección anterior, en marzo, con la confirmación de los primeros casos de Covid19 en la región, se cerraron las fronteras de los países. Las disposiciones eran variadas de acuerdo con el país. Después de casi 6 meses, en agosto, se empezó la reapertura de fronteras y de aeropuertos para vuelos internacionales.
El primer país en decretar el cierre de sus fronteras fue Honduras el 15 de marzo. De acuerdo con la información oficial, reinició operaciones en sus 4 aeropuertos a partir del 10 de agosto para vuelos nacionales y el 17 de agosto para viajes internacionales. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) informó que los aeropuertos trabajan con horarios especiales que se actualizan semanalmente.
Guatemala fue el segundo país de la región en cerrar sus aeropuertos. El 17 de marzo se declaró un estado de calamidad pública en el que se anunció esta disposición. Se esperaba que se realizara la reapertura del aeropuerto a partir de septiembre, sin embargo, esto se concretó hasta el 18 de este mes.
El Salvador aplicó un cierre de fronteras a partir del 14 de marzo, sin embargo, se cerró el tránsito del aeropuerto hasta el 18 de marzo. La intención era que la medida únicamente durara 15 días. El 24 de agosto se anunció la adaptación de las instalaciones del aeropuerto y la reactivación de las fronteras a partir del 19 de septiembre con limitaciones. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma se podrá operar de manera regular a partir del 4 de octubre.
Costa Rica decretó el cierre de sus fronteras aéreas el 19 de marzo, 3 días después de declarar un estado de emergencia. La reactivación de vuelos nacionales e internacionales comenzó a partir del 1 de agosto para vuelos desde países de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. A partir del 1 de septiembre se admitieron turistas provenientes de Estados Unidos.
En el caso de Panamá se suspendieron los vuelos internacionales desde el 22 de marzo. Es importante mencionar que el aeropuerto de Panamá es un importante hub logístico y por esta razón recibió comunicación por parte de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para regular sus operaciones. Desde el 14 de agosto se reactivaron los vuelos a 9 destinos de América, el Caribe y Estados Unidos. Se prevee la reactivación de la aviación doméstica el próximo 28 de septiembre y el levantamiento de restricciones para vuelos internacionales hasta el 12 de octubre.
En el caso de Nicaragua no hubo un cierre oficial del aeropuerto, sin embargo, las aerolíneas decidieron suspender sus servicios. Los vuelos se reanudaron el 19 de septiembre.
La tabla siguiente presenta un resumen de la información descrita en esta sección.
En Centroamérica, actualmente hay 20 aeropuertos internacionales y 26 aeropuertos nacionales que movilizan a más de 31 millones de pasajeros anuales. La imagen a continuación pretende dar una idea al lector de la ubicación de los aeropuertos internacionales en la región.
En 2017 se presentó la Política Marco Regional de Movilidad y Logística que busca mejorar las plataformas logísticas de la región para asegurar la movilización de la población, las cadenas de suministro y desarrollar las cadenas regionales de valor. De esta forma se busca impulsar un desarrollo logístico agresivo que garantice al Istmo una mejor competitividad respecto de sus vecinos.
El documento, elaborado por SIECA con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional es un esfuerzo que reúne en solo 36 páginas información sobre el estado actual y los retos de la movilidad y logística en la región. Esta está dividida en dos secciones, una que atiende a los Ejes transversales y una que atiende a los Ejes Sectoriales.
En la sección de los Ejes Sectoriales, encontramos el apartado IV que se identifica como Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios de la región. Según lo expuesto, en Centroamérica hay un grave problema para paliar la oferta de servicios de carga y transporte de pasajeros y para responder a las exigencias del comercio exterior.
Se describen 4 retos fundamentales a los que hay que responder:
A estos retos se proponen 4 acciones e iniciativas prioritarias:
A uno de los propósitos que sirve precisamente SICA es a impulsar iniciativas que logren potenciar la conectividad en la región. En enero de 2020 se anunció el acuerdo de “Cielos Abiertos” suscrito entre Guatemala y El Salvador. Se espera que más países de la región puedan suscribir este acuerdo para mejorar el tránsito aéreo en el Istmo.
Sin lugar a duda potenciar un mejor desempeño logístico en el sector aéreo mejoraría la competitividad en la región. Una hoja de ruta que contemple la importancia de la integración económica y la necesidad de adaptar infraestructura que responda a las necesidades del mercado asegurará la generación de condiciones que encaminen a Centroamérica hacia el desarrollo.
La crisis derivada del Covid19 provocó que los gobiernos tomaran medidas drásticas como el cierre de fronteras. En este escenario es posible medir el impacto y la importancia que tiene la infraestructura en general en el desempeño económico de los países. Es por esta razón que merece la pena reflexionar sobre las acciones que se necesitan impulsar en esta materia en los próximos años con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida para los casi 50 millones de habitantes de la región.
Identificar los escenarios pesimistas y no hablar de propuestas para afrontar la crisis es un error. Es precisamente en estos momentos en los que es necesario ver en la historia casos de éxito para afrontar las grandes debacles económicas. Hablar de Integración Económica como solución para la desnutrición, pobreza, migración, inseguridad y tantos otros males que compartimos como región ya no es sólo un proyecto que se debe impulsar, sino parece la mejor opción para acelerar el proceso de recuperación económica después de la pandemia.
La integración económica tiene por objetivo eliminar de manera paulatina las barreras económicas que existen entre los países. La implementación de mecanismos de facilitación de comercio, se justifican porque en la medida en la que los procesos de intercambio entre los actores son más sencillos, se genera un ambiente económico más agradable y óptimo para la generación de empleos, inversiones, riqueza, bienestar y desarrollo.
Bela Balassa en 1964 lo definió como “un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión idónea”. Para el caso centroamericano, la definición se ajusta casi a la perfección. Somos 7 países con economías pequeñas, que probablemente lograríamos participar de mejor forma en el intercambio comercial global si fuéramos una única unidad económica.
Tomar pasos concretos para consolidar este proyecto ha sido parte de la historia de nuestros 7 pequeños países. Son incluso más antiguos que los esfuerzos que se iniciaron en el siglo XX para conformar lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Sin embargo, los avances en nuestra región aún se quedan escasos. Parece que hace falta voluntad política para completar los procesos y también hace falta socializar de mejor forma los beneficios que podrían producirse de ello. El Observatorio Centroamericano tiene por objetivo precisamente eso, identificar las áreas de oportunidad para impulsar la Unión Económica de la región.
En medio de la pandemia, es más relevante aún hablar de soluciones en el largo plazo para intentar minimizar los costos humanos que nos dejará el coronavirus. De acuerdo con un análisis presentado por la CEPAL, se pronostica una contracción regional promedio de 6.5 % en el PIB anual de los países de Centroamérica. Este golpe puede representar un retroceso de al menos 10 años en los niveles de ingreso de sus habitantes.
Elaboración propia con datos del Informe especial COVID19 de la CEPAL.
Pero el drama es tan económico como humano. Es falso el dilema entre economía y salud. Esto se pone en evidencia cuando las proyecciones económicas van de la mano con las proyecciones de pobreza y desnutrición. Según estimaciones de la CEPAL solo en el Corredor Seco se podría aumentar de 1.6 millones de personas con inseguridad alimentaria a 3 millones de seres humanos.
Los números presentados por las organizaciones internacionales hacen innegable el hecho de que estamos encaminados hacia un futuro con severas dificultades económicas y humanas. En términos económicos, se considera un periodo de recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. En esta fase del ciclo económico, se disminuye el consumo y la inversión y hay un aumento en la tasa de desempleo. Todas estas condiciones se han puesto en evidencia en los últimos meses.
Hablar de recesión económica es ya prácticamente una realidad en todos los países del mundo. Solo para el caso de Guatemala, se registraron caídas en el Índice de Actividad Económica (IMAE) durante los meses de marzo, abril y mayo. En el Reporte de Actividad Económica presentado por la Fundación Libertad y Desarrollo en julio, se hizo un análisis sobre los factores económicos que permiten hacer esta aseveración para nuestro país. Es más, parece que nos encontramos ante la peor crisis económica de los últimos 90 años.
El resto de nuestros vecinos también presentan escenarios poco optimistas. Para el caso de Panamá, estimaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura aseguran que entre 15% y 20% de la Población Económica Activa podría verse afectada, es decir más de 400mil personas podrían quedar desempleadas. En El Salvador la tasa de desempleo, podría ascender a 200mil personas.
Identificar los escenarios pesimistas y no hablar de propuestas para afrontar la crisis es un error. Es precisamente en estos momentos en los que es necesario ver en la historia casos de éxito para afrontar las grandes debacles económicas. Hablar de Integración Económica como solución para la desnutrición, pobreza, migración, inseguridad y tantos otros males que compartimos como región ya no es sólo un proyecto que se debe impulsar, sino parece la mejor opción para acelerar el proceso de recuperación económica después de la pandemia. Tomar pasos seguros hacia mejorar nuestro perfil comercial y posicionarnos como una región solidificada ya no es -o debería de ser- algo postergable sino más bien una necesidad en el corto plazo.
El tiempo es nuestro mejor maestro y la historia nos permite evaluar los éxitos y fracasos de las políticas públicas que los gobiernos han implementado para intentar mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La forma en la que se produjo e impulsó la Integración Económica en Europa fue precisamente en un periodo de recesión económica en la postguerra.
Aunque ya existían algunos esfuerzos por formar una zona geográfica con facilidades comerciales, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se impulsó de manera más agresiva la unificación que tuvo sus primeros pasos con la generación de una Unión Aduanera que con los años, evolucionó hasta consolidar lo que se conoce hoy como la Unión Europea.
Esos primeros esfuerzos por construir zonas económicas unificadas se produjeron -según Balassa- en torno a 1953 -casi 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial- cuando se conformó la unión aduanera y posterior unión económica entre los países de la región del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), Francia, la República Federal de Alemania e Italia. Es importante mencionar que desde 1944 los países miembros de la región del Benelux elaboraron una Convención de Aduanas que establecía una comunidad arancelaria entre los tres países y planteaba la posterior creación de una unión económica para fomentar las economías de escala. ¿En qué consiste entonces una unión aduanera como esfuerzo primario para consolidar una zona económica común?
Balassa, probablemente el referente por excelencia en materia de integración económica, identifica 5 etapas en el proceso de integración: zona o área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la comunidad económica o integración económica total. Para los fines de esta entrega del Observador, nos enfocaremos en las primeras dos, en otras entregas se profundizará respecto a las características de las otras etapas.
La zona o área de libre comercio es un espacio geográfico en el que se eliminan las barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones o importaciones procedentes de los estados miembros, mientras que cada uno de los países mantiene sus tarifas arancelarias con el resto de los países. En este tipo de acuerdo, se mantienen los puestos de control fronterizo con el ánimo de identificar la procedencia de las mercancías y evaluar si corresponde la ventaja arancelaria.
En el Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT 94) que tiene su base en el GATT 47 y que establece la creación de la Organización Mundial de Comercio, se estipula que:
En términos más sencillos, en una unión aduanera, los países establecen un área de libre comercio y comparten un arancel externo común con los países que no forman parte del acuerdo. Una de las características principales de estas primeras dos etapas mencionadas es que están limitadas únicamente al intercambio de mercancías.
La pregunta que ahora se pretenderá responder gira entorno al estatus de Centroamérica respecto al establecimiento de un área de libre comercio que establezca un arancel externo común con terceros países. ¿Cómo vamos con la unión aduanera centroamericana?
La implementación de una unión aduanera en Centroamérica es un objetivo establecido desde 1960 con la suscripción al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. El Capítulo I, Artículo I cita lo siguiente:
Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá́ quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre sus territorios.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciados en aquel momento, hasta la fecha las negociaciones han tenido escasos resultados. En los últimos años se han presentado una serie de avances a través de las reuniones de presidentes bajo las directrices de SICA. En 2002 se aprobó el plan de acción para la creación de la Unión Aduanera Centroamericana. En 2004 se estableció el marco para las negociaciones para la posterior aprobación del Convenio Marco para el establecimiento de la UA en 2007.
El Convenio Marco de la Unión Aduanera establece que para el desarrollo de la Unión Aduanera se implementarán tres etapas: la promoción de la libre circulación de bienes y facilitación de comercio, modernización y convergencia normativa y el desarrollo institucional. A partir de eso, se elaboró y dio seguimiento a una hoja de ruta para establecer la Unión Aduanera en el periodo comprendido de 2015 a 2024.
A partir de los antecedentes previamente mencionados, en 2015 se firmó el Marco General de los Trabajospara el Establecimiento de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras que establece el mandato, la base legal y la ruta a seguir para instalar la UA entre los dos países, este es el Anexo 1 del Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras. En estos documentos se define de manera más específica los términos para la integración de los procesos aduaneros entre ambos países.
Desde su implementación en junio de 2017, se crearon los puestos fronterizos integrados en El Corinto, El Florido y Agua Caliente. El comercio entre Honduras y Guatemala requiere un único instrumento para su tránsito, la Factura y Declaración Única Centroamericana). El 75% del comercio de esta zona está en libre circulación. De acuerdo con SICA, la integración aduanera de estos dos países permite mejorar las relaciones comerciales para el 50% de la población de la región y es equivalente al 52% del comercio intrarregional.
Fuente: Informe del Estado Actual de la Integración Económica Centroamericana. (Ver informe)
Según datos de la SIECA presentados en El Periódico, el intercambio comercial entre de Guatemala y Honduras generó USD 2.71 millardos entre 2017 y 2019. De estos, USD735.4 millones fueron operaciones realizadas a través de la Fyduca. Es decir, el 27% de las transacciones entre ambos países es producto de la facilitación de los procesos de intercambio que es posible a través de la unión aduanera.
En 2018, se oficializó el acuerdo de adhesión de El Salvador al proceso de unión aduanera. Se espera integrar mecanismos de facilitación de comercio en al menos 6 puntos fronterizos: El Amatillo, El Poy, La Hachadura, Anguitú, Las Chinamas y San Cristóbal. De acuerdo con SICA, integrar a las tres economías, permitirá unificar el 69% del comercio en la región.
La gráfica anterior pretende ilustrar el crecimiento porcentual por año entre Guatemala y Honduras del año 2000 a 2019. El comercio entre ambos países ha crecido en promedio 9.34% en los últimos 19 años. Entre 2004 y 2007 se produjo un crecimiento bastante significativo en el intercambio comercial entre ambos países, sin embargo, la crisis económica de 2008 provocó una caída severa. A partir de ahí la relación entre los países ha sido volátil. En los años 2017 y 2018 se produjo un crecimiento superior al promedio con 8.55% y 10.86% respectivamente, pero en 2019 se produjo una caída de -1.05%.
Como se puede observar, no se produce un incremento exponencial a partir de la implementación de la Unión Aduanera en junio de 2017. Es probable que se requiera de más tiempo para medir los efectos reales de este mecanismo de facilitación comercial, sin embargo, es muy probable que derivado de la reducción de los costos de transacción, el intercambio comercial entre ambos países aumente.
Reducir los costos de transacción para los actores de comercio intrarregionales y globales, contribuirá a mejorar el ambiente económico de la región. La Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, y la posterior adhesión de El Salvador es un excelente avance para consolidar el proyecto de la Integración Económica Centroamericana. La reducción de tiempos y costos en el paso fronterizo entre los países de la región, genera incentivos para promover el intercambio dentro y fuera de la región.
La pandemia es un punto de inflexión en el que es muy necesario identificar estrategias que permitirán acelerar el proceso de recuperación económica y ofrecer un futuro con oportunidades de desarrollo a los miles de centroamericanos que viven en condiciones de pobreza. La integración económica de la región ofrece beneficios tangibles en el corto plazo que son muy necesarios ante el contexto de la pandemia. Hoy más que nunca es necesario impulsar una Centroamérica unida para hacerle frente a los desafíos que se nos presentan.
El Coronavirus tendrá graves consecuencias en las relaciones comerciales entre los países. La integración centroamericana es y debe ser una opción a la hora de identificar estrategias para mejorar el ambiente económico después de la pandemia. El desarrollo de infraestructura logística tendrá un impacto directo en la competitividad de la región.
En abril de 2020, la Organización Mundial del Comercio presentó sus aproximaciones sobre el impacto del Covid-19 en el comercio mundial. Los economistas de esta organización sugieren que la caída comercial podría superar aquella ocurrida en la crisis global financiera de 2008. En este sentido, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, expresó que los gobiernos han tomado medidas drásticas y sin precedentes para intentar proteger la vida de los individuos pero que estas no deben ser ajenas a sus efectos en el largo plazo.
Las consecuencias más inmediatas del coronavirus en el comercio internacional se ven reflejados en la desaceleración en la producción global, cambios en las cadenas de suministro, reducción en la demanda de los mercados y protocolos estrictos para evitar el contagio en las transacciones transnacionales.
La duración de la pandemia, la gestión política de la crisis sanitaria, entre otras variables, influyen en las estimaciones de recuperación en 2021 realizadas por los diferentes organismos internacionales y regionales. Sobre este segundo punto, el director general de la OMC mencionó que, aunque en el corto plazo se debe controlar la pandemia, también se deben mitigar los daños económicos en el largo plazo y por esta razón se deben identificar y abordar los cambios necesarios para una pronta recuperación.
En un escenario optimista, los economistas de la OMC estiman que el impacto comercial será de una caída de 13% en 2020. Sin embargo, si los gobiernos son incapaces de coordinar una respuesta efectiva a las crisis, la caída podría ser de hasta un 32% en este año.
En el gráfico 1 se pueden observar cuatro tendencias. La línea gris punteada, muestra las proyecciones comerciales previas a la crisis financiera. La línea azul, demuestra el comportamiento real del comercio a partir de 2008 y 2009. Como se puede observar, después del decrecimiento ocurrido, el comportamiento del comercio no se logó alinear nuevamente con las proyecciones previamente existentes.
En la región, al 20 de mayo, se suman más de veinte mil personas con coronavirus y los casos fatales suman ya más de 500 muertos. Países como Guatemala apenas comienzan la fase exponencial de la epidemia. El país que más se ha visto afectado por la pandemia es sin duda Panamá, que supera en gran medida los casos presentados por el resto de los países de la región. ¿Podría tener mayores incentivos Panamá para acercarse al proyecto de la integración económica centroamericana?
En vista del contexto global, es muy probable que los términos de intercambio comercial cambien para toda la región. En el corto plazo, esto tendrá consecuencias graves en términos de empleo. El Banco Interamericano de Desarrollo, diseñó un modelo de proyección donde se evalúan diferentes características para intentar calcular las pérdidas en materia laboral.
Se prevén 3 posibles escenarios. El primero, una crisis en el corto plazo, en donde la crisis sanitaria se resuelve en el segundo semestre de 2020 y se observa la recuperación hacia el final del año. El segundo, una crisis en el mediano plazo, donde la recesión se podría extender por tres trimestres consecutivos y una leve recuperación podría percibirse a partir del cuarto trimestre. Y el tercero, una recesión de gran magnitud en la que caería en 15 puntos porcentuales el Producto Interno Bruto de los países y no se percibe una recuperación en el mediano plazo.
Como se observa en la tabla 2, de acuerdo con los diferentes escenarios que prevé el BID, en el mejor de los casos, 1.6 millones de personas podrían resultar desempleadas como consecuencia de la crisis del coronavirus. En el peor de los escenarios, la cifra alcanzaría casi los 5 millones.
Por otro lado, un informe elaborado por SIECA y la Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) presenta dos posibles escenarios sobre el impacto del Covid-19 en la región. Para el primero, se estima que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos se situe en un 0.5% al cierre del año, el precio del petróleo WTI se sitúe en USD 34.29 por barril y que las exportaciones de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenten un decrecimiento de -1.92% hacia el final de 2020. Desde esta óptica las proyecciones para la región muestran un decrecimiento del PIB de 2.9% y para 2021, se ve una contracción del PIB de 0.1% con una tasa de inflación de 2.3%.
En un segundo escenario se evalua la información recopilada al mes de abril donde se contempla una caída de -5.24% del PIB de Estados Unidos y mantiene los supuestos estimados para el precio del petróleo (WTI). Con esta visión, el decrecimiento del PIB para Centroamérica podría ser de -6.9% con una tasa de inflación estimada de 1.9%.
En una reunión virtual del Consejo General de la OMC, el pasado 15 de mayo, los países miembros coincidieron en que la mejor forma de abordar la crisis es a través de intensificar la cooperación y la coordinación entre los actores globales. El comercio históricamente ha tenido un efecto civilizatorio. Es decir, sus consecuencias llevan hacia el progreso y desarrollo. Es a través del intercambio libre, voluntario y vigoroso que se logran generar más y mejores oportunidades para los individuos de las sociedades involucradas en las transacciones. Por esto, en medio de la pandemia del Coronavirus, es importante identificar al comercio como un componente fundamental para acelerar los procesos de recuperación económica.
Aunque se espera escuchar soluciones que alivien los problemas en el corto plazo, también es en estos momentos en los que es más que conveniente pensar en las opciones a largo plazo para mejorar el desempeño económico de los países.
Aunque la idea de visualizar oportunidades en el futuro es una idea optimista, un balance con la realidad es importante para ajustar los modelos de acción. El desarrollo regional es y debe ser una opción a la hora de identificar estrategias para mejorar el ambiente económico después de la pandemia. A través de la integración económica se logrará una unidad más atractiva de intercambio comercial a nivel global.
En el estudio presentado en marzo por la Fundación Libertad y Desarrollo se explican algunas de las bondades que podría traer consigo la consolidación del proyecto de la integración centroamericana. Es importante mencionar que aunque se han logrado algunos avances en materia de facilitación de comercio, como la Declaración única centroamericana (DUCA), la Factura y declaración única centroamericana (FYDUCA) y la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, por mencionar algunos, aún nos queda un largo camino por recorrer.
En medio de una crisis sin precedentes en los últimos 100 años, es momento de plantear soluciones creativas que puedan mejorar nuestras posibilidades de generar oportunidades para los ciudadanos de los países centroamericanos. En este sentido Seynabou Sakho, directora del Banco Mundial para Centroamérica, aseveró que la crisis es una oportunidad para repensar en las reformas estructurales que permitirán un crecimiento sostenible y saludable después de la crisis. La pregunta clave es entonces, ¿qué aspectos son necesarios a mejorar para convertirse en una región más atractiva a nivel global? Aunque hay una amplia cantidad de variables que influyen en esto, una de las áreas fundamentales es el tema logístico y de infraestructura.
El Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial mide una serie de variables para evaluar los atributos y cualidades de las economías de los países que permiten un uso eficiente de los factores de producción. El IGC organiza 12 pilares de la productividad, dentro de la categoría de “ambiente apto” el pilar número 2 evalúa la infraestructura de los países.
En la tabla 3 se puede visualizar la calificación general obtenida por los países de Centroamérica. Además, se incluye la calificación correspondiente al pilar número 2 de infraestructura. Cabe mencionar que algunas de las variables que se evalúan en la medición son: conectividad y densidad vial, calidad de la infraestructura, entre otros.
En términos generales es posible observar que, con excepción de Costa Rica y Panamá, los países de la región están por debajo del promedio Centroamericano. Además, al evaluar con los países vecinos Estados Unidos, México y Colombia la cifra también es alarmantemente baja.
De acuerdo con SIECA y la CEPAL, la situación actual de la infraestructura eleva los costos logísticos para movilizar las cargas. El costo en Centroamérica puede ser hasta 4 veces mayor que en Estados Unidos o incluso la Unión Europea. Además, dentro de la estructura total de costos del exportador, puede representar hasta un 40%.
La Política Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica, tiene por objetivo hacer de la región una plataforma logística clave en el comercio internacional. A través de la modernización de infraestructura intermodal se espera que se pueda potenciar la integración regional, productividad y competitividad. El desarrollo de infraestructura productiva tiene un impacto directo en la competitividad de los países de la región para convertirse en un destino atractivo para la ubicación de actividades productivas que generen empleo.
Es oportuno mencionar que, por la crisis derivada del coronavirus, los países ya han superado su capacidad de financiamiento en proyectos destinados exclusivamente a paliar la crisis sanitaria. Es por esta razón que para el aprovisionamiento de infraestructura se deberá entonces evaluar mecanismos alternativos para lograr superar las brechas en materia logística.
Las reformas y mejoras en el desempeño logístico son fundamentales para garantizar un intercambio comercial más eficiente. Esto a su vez propiciará un ambiente económico más confiable que permitirá en el largo plazo acelerar el proceso de recuperación económica en la región.
El Coronavirus tendrá graves consecuencias en las relaciones comerciales entre los países. La integración centroamericana es y debe ser una opción a la hora de identificar estrategias para mejorar el ambiente económico después de la pandemia. El desarrollo de infraestructura logística tendrá un impacto directo en la competitividad de la región.
En abril de 2020, la Organización Mundial del Comercio presentó sus aproximaciones sobre el impacto del Covid-19 en el comercio mundial. Los economistas de esta organización sugieren que la caída comercial podría superar aquella ocurrida en la crisis global financiera de 2008. En este sentido, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, expresó que los gobiernos han tomado medidas drásticas y sin precedentes para intentar proteger la vida de los individuos pero que estas no deben ser ajenas a sus efectos en el largo plazo.
Las consecuencias más inmediatas del coronavirus en el comercio internacional se ven reflejados en la desaceleración en la producción global, cambios en las cadenas de suministro, reducción en la demanda de los mercados y protocolos estrictos para evitar el contagio en las transacciones transnacionales.
La duración de la pandemia, la gestión política de la crisis sanitaria, entre otras variables, influyen en las estimaciones de recuperación en 2021 realizadas por los diferentes organismos internacionales y regionales. Sobre este segundo punto, el director general de la OMC mencionó que, aunque en el corto plazo se debe controlar la pandemia, también se deben mitigar los daños económicos en el largo plazo y por esta razón se deben identificar y abordar los cambios necesarios para una pronta recuperación.
En un escenario optimista, los economistas de la OMC estiman que el impacto comercial será de una caída de 13% en 2020. Sin embargo, si los gobiernos son incapaces de coordinar una respuesta efectiva a las crisis, la caída podría ser de hasta un 32% en este año.
En el gráfico 1 se pueden observar cuatro tendencias. La línea gris punteada, muestra las proyecciones comerciales previas a la crisis financiera. La línea azul, demuestra el comportamiento real del comercio a partir de 2008 y 2009. Como se puede observar, después del decrecimiento ocurrido, el comportamiento del comercio no se logó alinear nuevamente con las proyecciones previamente existentes.
En la región, al 20 de mayo, se suman más de veinte mil personas con coronavirus y los casos fatales suman ya más de 500 muertos. Países como Guatemala apenas comienzan la fase exponencial de la epidemia. El país que más se ha visto afectado por la pandemia es sin duda Panamá, que supera en gran medida los casos presentados por el resto de los países de la región. ¿Podría tener mayores incentivos Panamá para acercarse al proyecto de la integración económica centroamericana?
En vista del contexto global, es muy probable que los términos de intercambio comercial cambien para toda la región. En el corto plazo, esto tendrá consecuencias graves en términos de empleo. El Banco Interamericano de Desarrollo, diseñó un modelo de proyección donde se evalúan diferentes características para intentar calcular las pérdidas en materia laboral.
Se prevén 3 posibles escenarios. El primero, una crisis en el corto plazo, en donde la crisis sanitaria se resuelve en el segundo semestre de 2020 y se observa la recuperación hacia el final del año. El segundo, una crisis en el mediano plazo, donde la recesión se podría extender por tres trimestres consecutivos y una leve recuperación podría percibirse a partir del cuarto trimestre. Y el tercero, una recesión de gran magnitud en la que caería en 15 puntos porcentuales el Producto Interno Bruto de los países y no se percibe una recuperación en el mediano plazo.
Como se observa en la tabla 2, de acuerdo con los diferentes escenarios que prevé el BID, en el mejor de los casos, 1.6 millones de personas podrían resultar desempleadas como consecuencia de la crisis del coronavirus. En el peor de los escenarios, la cifra alcanzaría casi los 5 millones.
Por otro lado, un informe elaborado por SIECA y la Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) presenta dos posibles escenarios sobre el impacto del Covid-19 en la región. Para el primero, se estima que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos se situe en un 0.5% al cierre del año, el precio del petróleo WTI se sitúe en USD 34.29 por barril y que las exportaciones de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenten un decrecimiento de -1.92% hacia el final de 2020. Desde esta óptica las proyecciones para la región muestran un decrecimiento del PIB de 2.9% y para 2021, se ve una contracción del PIB de 0.1% con una tasa de inflación de 2.3%.
En un segundo escenario se evalua la información recopilada al mes de abril donde se contempla una caída de -5.24% del PIB de Estados Unidos y mantiene los supuestos estimados para el precio del petróleo (WTI). Con esta visión, el decrecimiento del PIB para Centroamérica podría ser de -6.9% con una tasa de inflación estimada de 1.9%.
En una reunión virtual del Consejo General de la OMC, el pasado 15 de mayo, los países miembros coincidieron en que la mejor forma de abordar la crisis es a través de intensificar la cooperación y la coordinación entre los actores globales. El comercio históricamente ha tenido un efecto civilizatorio. Es decir, sus consecuencias llevan hacia el progreso y desarrollo. Es a través del intercambio libre, voluntario y vigoroso que se logran generar más y mejores oportunidades para los individuos de las sociedades involucradas en las transacciones. Por esto, en medio de la pandemia del Coronavirus, es importante identificar al comercio como un componente fundamental para acelerar los procesos de recuperación económica.
Aunque se espera escuchar soluciones que alivien los problemas en el corto plazo, también es en estos momentos en los que es más que conveniente pensar en las opciones a largo plazo para mejorar el desempeño económico de los países.
Aunque la idea de visualizar oportunidades en el futuro es una idea optimista, un balance con la realidad es importante para ajustar los modelos de acción. El desarrollo regional es y debe ser una opción a la hora de identificar estrategias para mejorar el ambiente económico después de la pandemia. A través de la integración económica se logrará una unidad más atractiva de intercambio comercial a nivel global.
En el estudio presentado en marzo por la Fundación Libertad y Desarrollo se explican algunas de las bondades que podría traer consigo la consolidación del proyecto de la integración centroamericana. Es importante mencionar que aunque se han logrado algunos avances en materia de facilitación de comercio, como la Declaración única centroamericana (DUCA), la Factura y declaración única centroamericana (FYDUCA) y la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, por mencionar algunos, aún nos queda un largo camino por recorrer.
En medio de una crisis sin precedentes en los últimos 100 años, es momento de plantear soluciones creativas que puedan mejorar nuestras posibilidades de generar oportunidades para los ciudadanos de los países centroamericanos. En este sentido Seynabou Sakho, directora del Banco Mundial para Centroamérica, aseveró que la crisis es una oportunidad para repensar en las reformas estructurales que permitirán un crecimiento sostenible y saludable después de la crisis. La pregunta clave es entonces, ¿qué aspectos son necesarios a mejorar para convertirse en una región más atractiva a nivel global? Aunque hay una amplia cantidad de variables que influyen en esto, una de las áreas fundamentales es el tema logístico y de infraestructura.
El Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial mide una serie de variables para evaluar los atributos y cualidades de las economías de los países que permiten un uso eficiente de los factores de producción. El IGC organiza 12 pilares de la productividad, dentro de la categoría de “ambiente apto” el pilar número 2 evalúa la infraestructura de los países.
En la tabla 3 se puede visualizar la calificación general obtenida por los países de Centroamérica. Además, se incluye la calificación correspondiente al pilar número 2 de infraestructura. Cabe mencionar que algunas de las variables que se evalúan en la medición son: conectividad y densidad vial, calidad de la infraestructura, entre otros.
En términos generales es posible observar que, con excepción de Costa Rica y Panamá, los países de la región están por debajo del promedio Centroamericano. Además, al evaluar con los países vecinos Estados Unidos, México y Colombia la cifra también es alarmantemente baja.
De acuerdo con SIECA y la CEPAL, la situación actual de la infraestructura eleva los costos logísticos para movilizar las cargas. El costo en Centroamérica puede ser hasta 4 veces mayor que en Estados Unidos o incluso la Unión Europea. Además, dentro de la estructura total de costos del exportador, puede representar hasta un 40%.
La Política Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica, tiene por objetivo hacer de la región una plataforma logística clave en el comercio internacional. A través de la modernización de infraestructura intermodal se espera que se pueda potenciar la integración regional, productividad y competitividad. El desarrollo de infraestructura productiva tiene un impacto directo en la competitividad de los países de la región para convertirse en un destino atractivo para la ubicación de actividades productivas que generen empleo.
Es oportuno mencionar que, por la crisis derivada del coronavirus, los países ya han superado su capacidad de financiamiento en proyectos destinados exclusivamente a paliar la crisis sanitaria. Es por esta razón que para el aprovisionamiento de infraestructura se deberá entonces evaluar mecanismos alternativos para lograr superar las brechas en materia logística.
Las reformas y mejoras en el desempeño logístico son fundamentales para garantizar un intercambio comercial más eficiente. Esto a su vez propiciará un ambiente económico más confiable que permitirá en el largo plazo acelerar el proceso de recuperación económica en la región.
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