No era nada difícil prever lo que iba a pasar.

El 2021 sería el año de la vacunación. De eso estábamos claros todos.  Superar la pandemia y generar las condiciones para retornar a la “normalidad” requiere de un masivo proceso de vacunación que permita inmunizar a porcentajes significativos de la población. Ese es el reto de todos los Estados a nivel mundial.

Para un país como Guatemala el desafío resultaba titánico. Entre las limitaciones de recursos para adquirir las vacunas, la rigidez del sistema de compras públicas, los problemas de gestión y las muy acostumbradas prácticas de amiguismos y favoritismos, era fácil prever que el Estado tendría dificultades para adquirir las dosis, distribuirlas a nivel nacional o ejecutar las diferentes fases del plan de vacunación.

Dicho y hecho. Primero fue el Congreso, que con sus altos niveles de fragmentación y disfuncionalidad tardó semanas en aprobar un marco normativo para obviar los procesos públicos de compras que permitiera incorporarnos al mecanismo COVAX. Desde ahí, ya veníamos atrasados en la carrera global por el acceso a las vacunas. En ese contexto, las donaciones de Israel e India sumaron al escarnio: Guatemala apenas logró arrancar con la vacunación solo por obra y gracia de la beneficencia internacional.

La siguiente debacle fue la serie de chambonadas en las primeras fases del proceso. Retrasos en la implementación del registro. Limitada capacidad institucional para descentralizar las vacunas. Saturación de los centros de salud por deficiencias en la planificación y comunicación de las campañas, etc.

Por si fuera poco, conforme las semanas avanzaban, afloraron los pelos en la sopa. Alcaldes que se auto-nombran como coordinadores municipales de salud para vacunarse a sí mismos. Personal administrativo del Ministerio de Salud o estudiantes universitarios que no caben dentro de la categoría de “primera línea de respuesta” siendo inmunizados. O qué decir de los más de 15,000 vacunados cuya categorización como “otros” naturalmente genera dudas sobre si hay amiguismos o favoritismos políticos en el proceso.

Estos retrasos, desaciertos, favoritismos no son accidentes aislados. Son reflejos evidentes de un sistema de salud debilitado, cooptado y sujeto a presiones políticas. Y no es por ser ave de mal agüero, pero es muy probable que conforme las semanas avancen, afloren más deslices.

El problema está en el impacto político y social de esta debacle. Para Guatemala resulta imposible si quiera compararse con un vecino como El Salvador, donde el mismo Bukele se presenta como el paladín de la inmunización. Conforme la brecha de comparación se amplíe, el descontento social también agudizará.

El siguiente capítulo de esta trama será el debate por la liberalización de las vacunas. Si bien la opción de la venta privada contribuirá a reducir la presión sobre el sistema, hay que ser realistas. Para el 90% de la población la única alternativa de acceso a vacuna pasa por la gratuidad de la salud pública o del IGSS. Y luego como obviar el efecto económico. El turismo, el comercio informal asociado a ferias y actividades socioculturales o algunos mercados de servicios requieren de la inmunización colectiva para una verdadera reactivación. A más retraso en el proceso de vacunación, más pérdidas económicas focalizadas.

La pregunta del millón es cuándo se romperá la cuerda. ¿En qué momento la falta de reactivación de sectores específicos genera focos de descontento en el sector privado? ¿En qué momento la percepción de debacle genera molestia social? ¿Será suficiente para otro estallido tipo noviembre 2020?