Los eventos sorpresivos de los últimos días permitieron descartar algunos de los escenarios políticos planteados por analistas y alteraron las premisas generales de todo el mapa nacional.

Un parteaguas en los balances de fuerza.

Hace unas semanas, cuando se valoraban las premisas generales de la coyuntura política nacional, el análisis de escenarios se encaminaba hacia alguno de estos cuatro caminos:

1) Una abierta confrontación entre el bando del MP y la CICIG, con el Gobierno de la República y sus aliados en el Congreso y en la Municipalidad de Guatemala, como consecuencia de la presentación de nuevos casos de alto impacto.

2) La continuación de una dinámica de estabilidad volátil, similar a la de los últimos meses, en la cual se profundizan las investigaciones de corrupción al tiempo en el que el Gobierno y aliados juegan a socavar el trabajo de los investigadores.

3) La posibilidad de un escenario “tipo 2015”, en el cual la presentación de casos judiciales de alto impacto generara un reacomodo de fuerzas que alterara los balances en algunas instituciones del país.

4) La posibilidad que los actores “pro-statu quo” retomaran control del Ministerio Público y, silenciosamente, condujeran una estrategia para ahogar lentamente la lucha contra la corrupción de cara al 2019.

Sin embargo, como ocurre en el ejercicio de escenarios, el devenir de los acontecimientos no solo permitió descartar algunas de las posibilidades prospectivas, sino que además, los eventos más sorpresivos de los últimos días, alteran las premisas generales de todo el mapa nacional.

Por un lado, el resultado del trabajo de la Comisión de Postulación para Fiscal General prácticamente hizo descartable el último escenario, sobre una lenta restauración del statu quo. De los candidatos seleccionados, los seis parecieran estar comprometidos con continuar y profundizar el proceso de lucha contra la corrupción 2015-2018. Por otro lado, luego del caso “Financiamiento Electoral Ilícito 2015” y la posterior declaración de “Mea Culpa” por parte de un grupo de financistas, la posición judicial del mandatario se complicó, puesto que ahora resulta bastante complejo para el Gobierno alegar motivaciones políticas o espurias detrás de la investigación.

Pero el factor de cambio se activó el viernes al final de la tarde, con la noticia del fallecimiento súbito del alcalde capitalino. Desde octubre, Arzú se convirtió en el articulador de la alianza anti-CICIG, y era quizá el caudillo detrás de las posiciones de Morales en el Ejecutivo, de su hijo Álvaro en el Congreso y algunos otros actores de reparto. Sustraer al alcalde de la ecuación implica un cambio importante en el balance de fuerzas. Aquí en este escenario, muerto el rey, no queda claro quién será el nuevo rey. Para el presidente Morales, implica quedar en mayor situación de debilidad y soledad ante la precaria situación política y judicial que enfrenta. Para el ministro Degenhart, pupilo de Arzú y materialización concreta de su influencia en el Gobierno, implica una merma importante del capital de respaldo para las acciones operativas contra la CICIG. Y en el Congreso, sin la figura del caudillo articulador, la ya debilitada alianza pro-oficialista la tendrá más difícil en su esfuerzo de alcanzar las mayorías para impulsar cualquier tipo de acción legislativa.

Sin embargo, entender las motivaciones subjetivas es más complejo. El duelo nacional durará, cuando mucho, siete días. Y en ese marco, se presentan dos alternativas. Que ante el shock político que generó el deceso del alcalde, puede que simplemente los actores en el Ejecutivo y Congreso queden en la pura inamovilidad. Y con ello, la pelota pasaría a la cancha del MP y CICIG y la posibilidad de nuevas acciones judiciales. La otra alternativa es que en una última expresión de desesperación, –muy remota debo decir– apelen a la “energía del mártir” para intentar enderezar alguna estrategia de expulsión de la CICIG. El problema para la alianza es que aún en condiciones previas al 27 de abril su gesta se veía cuesta arriba; ahora, la pendiente solo se ha agudizado. En estas condiciones, la capacidad de articular una estrategia anti-CICIG ha mermado.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

En medio de la crisis política que atraviesa el país, algunos grupos están llamando al voto nulo o al abstencionismo como una forma de manifestar nuestra inconformidad con el actual sistema político.

En medio de la crisis política que atraviesa el país, algunos grupos están llamando al voto nulo o al abstencionismo como una forma de manifestar nuestra inconformidad con el actual sistema político. El argumento principal es que cualquier gobierno que sea electo con un alto porcentaje de voto nulo o de abstencionismo, carecería de legitimidad y por tanto se le podría forzar a emprender reformas importantes en los primeros meses del próximo año. En principio, el voto nulo sería un mensaje contundente para la clase política del país que difícilmente podrán ignorar. La idea suena bastante bien a primera vista, pero al profundizar sobre la misma, resulta que tiene el efecto contrario al deseado: solo se le entrega más poder a los partidos políticos más desprestigiados, imposibilitando con ello, cualquier intento de reforma a nuestro sistema.

“Si pensamos que con el voto nulo o el abstencionismo no participamos de este sistema estamos totalmente equivocados.”

Empecemos por aclarar que el voto nulo o en blanco en Guatemala carece de validez. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2011 se emitieron un total de 5,093,230 votos. De éstos, el 12.15% fueron votos nulos o boletas en blanco. ¿Qué se hizo con estos votos? No se tomaron en cuenta y fueron desechados. Se restaron del total de votos emitidos, dejando con ello 4,474,555 votos válidos. De entre estos votos válidos, se calcularon los porcentajes que obtuvieron los candidatos. En este sentido, un voto nulo o en blanco es un voto perdido.

Pero no solo eso. Todos sabemos que el voto en Guatemala es altamente clientelar. Este tipo de voto se ubica principalmente en las áreas rurales, en donde las personas lamentablemente tienen muy poca educación y viven en condiciones sumamente precarias. Los partidos políticos más desprestigiados son los que suelen aprovecharse de esta tragedia humana y terminan captando a estos votantes. Si en estas elecciones el ciudadano urbano vota nulo, en blanco o se abstiene de votar, el voto clientelar será el que decida quiénes serán los próximos diputados, alcaldes y el presidente de la república. Es decir, los partidos que se gastaron millones de quetzales en repartir regalos para ganar votos en las áreas rurales serán los que obtengan el control total del aparato estatal.

Bajo este escenario, ¿Qué habríamos ganado con el voto nulo o el abstencionismo? Absolutamente nada. Más bien como ciudadanos habremos provocado que el partido de gobierno no tenga mayor oposición, por lo que podrán imponer su agenda fácilmente. En vez de deslegitimar el sistema, habremos facilitado la instalación de una dictadura de facto en el país.

Contra esto, hay quienes dicen que todos los partidos son iguales y que ir a votar implica validar este sistema. Es cierto que la oferta electoral no es la mejor que podamos tener. Pero hay que ser un poco más analíticos para saber que hay opciones peores que otras. Sin duda los partidos que se han gastado millones de quetzales en campañas serán mucho más voraces al momento de gobernar. Estos partidos impedirán cualquier reforma a nuestro sistema. Ya lo hemos visto en las últimas semanas con la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Si pensamos que con el voto nulo o el abstencionismo no participamos de este sistema estamos totalmente equivocados. Nuestra inacción simplemente facilita la llegada al poder de los partidos más desprestigiados. Eso no tiene ningún valor moral y tampoco tiene nada de loable. Asumamos nuestra responsabilidad. Pensemos nuestro voto y participemos este 6 de septiembre en las elecciones.

Una ruta que trascienda la acción judicial.

Guatemala vive un proceso de transformación, de un viejo sistema patrimonialista,en donde la corrupción y el tráfico de influencias constituían el combustible del sistema político, a un sistema de corte republicano donde impere el Estado de Derecho. Desde abril de 2015, el Ministerio Público y la CICIG han encaminado una ofensiva frontal de combate a la corrupción, que ha dado como resultado una depuración judicial de las elites. Ese proceso ha tenido como objetivo abrir la brecha para que la transformación política pueda echar raíz y encaminarse por la vía institucional.

Sin embargo, el país se enfrenta a un dilema. Guatemala era como una casa vieja, abandonada, con cimientos al borde del colapso, el techo destruido y las paredes podridas. Y si bien el equipo de demolición ha sido exitoso en botar los cimientos podridos del viejo sistema, no queda claro quiénes serán los ingenieros que diseñen y se encarguen de construir el nuevo sistema.

El momento histórico en el que nos encontramos nos ha hecho reconocer que el combate a la corrupción, la transformación política y la construcción de una democracia institucional requiere algo más que un esfuerzo de depuración judicial. Por ello, es importante plantear una ruta hacia una agenda institucional que permita establecer los cimientos del nuevo inmueble a construir.

Primero, se necesita una agenda de reforma del Estado que cierre las llaves de la corrupción. De cara al 2019, es urgente modificar el sistema electoral y de partidos políticos para mejorar la representatividad, a través de una revisión al sistema de distritos y los umbrales de participación. Pero además, de las experiencias recientes, surge también la necesidad de evaluar los marcos normativos relacionados con el financiamiento electoral.

Es necesario también revisar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia, para evitar que otros “reyes del tenis” tengan injerencia sobre la elección de jueces. O qué decir del funcionamiento del sistema. Los casos de alto impacto han permitido a muchos reconocer que la justicia en Guatemala no es expedita, que el sistema está colapsado y desbordado. Atender ese mal requiere de figuras como la Aceptación de Cargos, la cual permitiría a las personas vinculadas a casos ilícitos reconocer su culpa, reparar el daño causado y recibir beneficios premiales para descongestionar el sistema. Pero además, es necesario revisar también los plazos procesales, las causales de recusación de jueces, o los plazos y requisitos en la tramitación del recurso de amparo.

Es importante atender los marcos normativos relacionados con la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere de una modificación profunda, que permita al Estado atraer al talento humano más capacitado y remunerarle de acuerdo a metas de desempeño y no “en paquete” como ocurre con los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional y legal entre las compras y las contrataciones. La estructura presupuestaria también requiere de una profunda revisión. Es imposible plantear política pública cuando un Gobierno se enfrenta a que más del 70 por ciento ya está comprometido por asignaciones pétreas. El planteamiento de presupuestos abiertos, de carácter multianual, con un blindaje técnico sobre los listados de proyectos de inversión, debe pasar de ser una política de un ministro a convertirse en una norma de Estado.

En el ámbito de lo privado es importante entender los vientos de cambio. Cada día son más las empresas que adoptan políticas de compliance, códigos de ética y modelos de gobernanza corporativa para atajar y prevenir prácticas de corrupción de actores individuales dentro de las organizaciones. Las políticas de ABC (Anti-Bribery and Corruption) y la certificación ISO 37001 son ahora los referentes mundiales sobre el respeto a la ley y las prácticas correctas para prevenir la corrupción, y poco a poco, se convertirán en requisitos para hacer negocios internacionales.

Pero todo lo anterior requiere de un proceso más profundo de reflexión y cambio social. Primero, reconocer que aquí todos fuimos cómplices o responsables de la debacle del sistema, ya sea por beneficio directo, indirecto, por omisión o por simple expectativa que algún día me tocaría a mí. Si no cambian aquellas concepciones que aceptaban como válidas las prácticas corruptas, o que veían como normal utilizar la política con fines de enriquecimiento privado, poco vamos a cambiar. Al final la política no es más que un reflejo de la sociedad en su conjunto.

Columna de opinión publicada originalmente en El Periódico.

Dada la complejidad del caso de los Bitkov es necesario reflexionar acerca de algunas interpretaciones que se han hecho al respecto.

El caso de la familia Bitkov es sumamente complejo. Según se sabe, la familia se vio forzada a abandonar Rusia en 2008 ya que el Banco VTB (brazo de Putin) quería forzar a Igor Bitkov a vender acciones de su compañía. Según se dice, el banco forzaría la quiebra de la empresa al dar por anticipado el vencimiento de un crédito. Dados los precedentes del autoritario gobierno de Putin, los Bitkov abandonaron Rusia.

Más adelante, instalados en Turquía, la familia contrató a una compañía que ofrecía pasaportes guatemaltecos a cambio de un pago de US$50,000. Se hicieron de los servicios de la compañía en cuestión y recibieron pasaportes guatemaltecos y documentos de identidad guatemaltecos emitidos por las autoridades del Estado de Guatemala. Si bien los documentos eran oficiales, la información contenida en los mismos era desde luego falsa.

En 2015 detuvieron a varias personas que pertenecían a una red que se dedicaba a facilitar documentos oficiales a migrantes irregulares y a algunos usuarios de estos servicios. Los Bitkov resultaron detenidos en dicha operación. Después de un tiempo, 39 personas, entre ellos la familia rusa, fueron condenados a prisión. A Igor Bitkov se le condenó a 19 años de prisión por los delitos de supresión y alteración del estado civil, uso de documentos falsificados y usurpación del estado civil. Su esposa y a su hija fueron condenadas por uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil con una pena de 12 años de prisión.

La defensa de los Bitkov interpuso un amparo a favor de Igor que fue resuelto favorablemente por una sala de apelaciones. La resolución fue apelada y la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo, amparó a Igor Bitkov y ordenó que el proceso volviera a la fase de la acusación. La resolución de la CC refiere que el amparo procede en virtud de que la jueza contralora no tomó en cuenta el Protocolo de Palermo al momento de dictar el auto de apertura a juicio.

El Protocolo de Palermo es un instrumento diseñado para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En ese sentido, la convención refiere que los migrantes no son penalmente responsables por el mero hecho de la creación de un documento de viaje o de identidad falso. Este es el argumento que ha empleado la defensa.

La acusación, que involucra al MP y la CICIG, consideran que los Bitkov no se encuentran amparados por esta convención porque no llenan los supuestos que dicho convenio establece para estar bajo su amparo. La jueza contralora volvió a conocer el caso en virtud del amparo antes mencionado y resolvió nuevamente dictar auto de apertura a juicio. De acuerdo con la juzgadora, será en el debate oral y público donde se determine si aplica o no dicha convención.

Dentro del caso fue lamentable ver la situación del hijo menor de edad de la familia que sufrió vejaciones en un orfanato pero quien afortunadamente ya se encuentra en buen cuidado.

Dada la complejidad del caso es necesario reflexionar acerca de algunas interpretaciones que se han hecho al respecto. El caso llegó a la Comisión Helsinki del senado de los EEUU y la conclusión de algunos senadores fue que el brazo del Estado criminal ruso interfirió en Guatemala a través de la CICIG para continuar con la persecución de los Bitkov. Lo mismo sugiere el senador Marco Rubio.

De momento no existe evidencia que sugiera que el destino del caso Bitkov se debe a una interferencia del Estado ruso controlado por Putin y sus secuaces. Naturalmente la coyuntura en EEUU ha hecho que la hipótesis de una eventual interferencia rusa en Guatemala a través de una entidad que recibe financiación americana (CICIG) le dio tracción al caso con algunos senadores. David Browder, conocido como el enemigo número 1 de Putin, ha apadrinado el caso de los Bitkov por entender que se trata en efecto de una intervención del brazo del gobierno de Putin.

Por su parte, los detractores de CICIG han instrumentalizado el caso para sugerir que el mismo ofrece una evidencia contundente de los excesos de dicha comisión en nuestro país.

El caso está lleno de dificultades jurídicas que se relacionan con el, poco conocido por nuestros tribunales, Protocolo de Palermo; refleja las tragedias asociadas a nuestro sistema penitenciario, al perjuicio que causa un uso tan severo de la prisión preventiva y la lentitud de los tribunales.

Ahora bien, concluir sin más que este caso se trata de una interferencia del Kremlin en la CICIG y en nuestro país, es un salto lógico que no nos podemos permitir. Menos aun instrumentalizarlo bajo esos argumentos para intentar cortar la financiación de CICIG. Si existe una conexión perversa entre CICIG y Rusia como muchos afirman, habrá que demostrarlo con evidencia contundente que de momento no se conoce.

Esta columna fue originalmente publicada en el diario digital República.

Un poder más horizontal y fragmentado hace necesaria una agenda de alianzas.

Durante los siglos XVIII y XIX, el mundo vivió un proceso acelerado de cambio social y político. La expansión comercial de la era post-renacentista, pero sobre todo, la Revolución Industrial generaron procesos acelerados de crecimiento económico y reconversión de las relaciones socioeconómicas del momento, particularmente, el advenimiento de la burguesía como estamento políticamente relevante. Esa burguesía, participó a partir de 1776, de sendos procesos de toma del poder político, que provocaron el quiebre de las monarquías absolutas y el advenimiento de las repúblicas democráticas o las monarquías parlamentarias.

Hoy el mundo vive un proceso similar. La revolución de la información y las telecomunicaciones, desatadas ambas a partir de la última década del siglo XX han provocado una serie de cambios en las dinámicas económicas y sociales del mundo. Moisés Naim, en El Fin del Poder sintetizó en tres procesos los cambios acaecidos en el mundo del siglo XXI: “la Revolución del Más”, “la Revolución de la Movilidad” y la “Revolución de la Mentalidad”. La primera, se refiere a que sencillamente vivimos en un mundo en el que hay más de todo: más oportunidades, más opciones de bienes y servicios, más ideas, más información, etc. La segunda se refiere a la fácil movilidad de las personas, de la riqueza, de las ideas, de la información en el marco de un mundo interconectado, que prácticamente facilita la difusión de valores comunes y la eliminación de fronteras mentales y culturales. Y la última hace referencia a un cambio en la mentalidad de los individuos, que genera mayores aspiraciones y expectativas en cuanto a oportunidades de desarrollo, acceso a riqueza o búsqueda del poder.

Pero tal y como ocurrió en los siglos XVIII y XIX, los cambios económicos y sociales generan efectos sobre los sistemas políticos. Dos cambios concretos parecieran materializarse ante nuestros ojos. El primero, el empoderamiento de las clases medias y las juventudes que hoy más que nunca tienen acceso a información, y que han encontrado en las redes sociales un poderoso medio de expresión y organización. El segundo efecto ha sido la horizontalización del poder: el surgimiento de nuevos actores relevantes que compiten y desplazan a los actores tradicionales en los espacios de poder e incidencia.

Naturalmente, estas transformaciones tienen un efecto en los sistemas políticos. La Primavera Árabe fue quizá la primera probadita del fenómeno: clases medias movilizadas, organizadas a través de redes sociales, que cuestionaron el poder tradicional de dictadores militares y autocracias. Las demostraciones efectivamente lograron deponer a varias dictaduras de décadas, pero no lograron transformar sus sistemas en democracias estables. Algunos países, incluso, sucumbieron ante la inestabilidad política. No obstante, el consenso de los académicos es que la Primavera Árabe sentó las bases para un proceso de cambio político de largo plazo.

En América Latina, ocurren expresiones similares. En Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Brasil las clases medias y la difusión de información vía redes sociales han sido factores centrales en procesos de cuestionamiento al statu quo corrupto (Guatemala, Brasil y Venezuela) o a gobiernos represivos (Nicaragua y Venezuela). Sin embargo, en todos los países citados existe un claro problema: la incapacidad de los movimientos cívicos de propiciar una renovación de élites y articular una propuesta de Estado.

El riesgo es caer en una situación al estilo de la Primavera Árabe. Deponer al viejo sistema resulta insuficiente cuando no existe un consenso claro de qué desea construirse en su lugar. Y lo que es peor, dicha disyuntiva genera condiciones de inestabilidad política y enfrentamientos entre facciones. Partiendo de la premisa que hoy el poder se ha fragmentado y los actores relevantes se han multiplicado, la única salida para la imposibilidad de reconstruir el orden político es una estrategia de alianzas y coaliciones. Sin un frente social amplio, bajo el paraguas de una Agenda de Estado, las transformaciones quedarán condenadas a meras depuraciones del statu quo. Los países árabes recién han abierto los ojos sobre esta realidad. En América Latina pareciera que este proceso de interiorización todavía no ha llegado.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Los análisis técnicos se los dejo a los técnicos, esto es un desahogo ciudadano sobre la reforma fiscal.

Ya sea porque los quieren subir, se los roban o no los pagan como debieran, pareciera que todo el tiempo estamos hablando de impuestos. Sin duda, el tema provoca reacciones diversas, algunos los alaban, otros los repudian, pero al final, y usando palabras del profesor Richard Murphy (director de Tax Research en el Reino Unido[1]), los impuestos no son más que una herramienta económica. No debemos sacar de proporción su importancia.

Según el profesor Murphy, al hablar de impuestos, como hacemos al referirnos a cualquier otra herramienta, debemos preguntarnos: ¿está siendo utilizada para hacer el trabajo correcto, en la forma y en el momento correcto? La respuesta a esta pregunta debiera ser el centro de la discusión. Si la respuesta es un rotundo no, ¿Acaso no tenemos derecho los ciudadanos de oponernos a un aumento de impuestos?

El problema es que la discusión sobre los impuestos pareciera ser siempre unilateral. El ciudadano que responsablemente paga sus impuestos, está bajo constante asedio con argumentos como: no se paga lo suficiente, usted es poco solidario y por su culpa (clase media privilegiada) existe la pobreza en este país. Pero casi nunca se habla del tipo de país que se está construyendo con los impuestos de ese ciudadano. Las propuestas son usualmente reformas tributarias a medias. Casi nunca están diseñadas para facilitar el pago de los impuestos y tampoco incluyen planteamientos concretos para combatir la evasión fiscal, mejorar la calidad del gasto y el destino de los fondos.

Y es que si la discusión del por qué pagar impuestos es moral, la discusión de por qué no pagar más impuestos también lo es. Su implementación tendrá irremediablemente un efecto sobre la calidad de vida de las personas que los pagan. ¿Es correcto pedirle a la gente que deposite más dinero si no podemos asegurar que efectivamente servirá para reducir las abrumadoras brechas sociales? ¿Se piensa en algún momento cómo impactará la reforma la economía de las personas de a pie, su capacidad de ahorro y por lo tanto sus planes a futuro? ¿Es correcto hacer una reforma tributaria y afectar a muchas personas para mejorar la capacidad de endeudamiento del país?

La actitud casi predatoria de quiénes recetan más impuestos es bastante intransigente. Están todo el tiempo buscando esquinas para recortar los ingresos de los ciudadanos y pareciera que nunca piensan en cómo hacer crecer el número de contribuyentes o de empresas que pagan impuestos. Hablemos seriamente de buscar una política económica integral. Dejemos de engañarnos, no vamos a tener el desarrollo y la política social de los países nórdicos con el crecimiento económico de Guatemala.

Hemos estado dando la respuesta equivocada a la pregunta correcta: ¿Cómo alcanzamos el desarrollo? La respuesta no puede ser simplemente: busquemos más y mejores formas de cobrarles impuestos a los de siempre. En algún momento tenemos que pensar en el crecimiento económico, preocuparnos por generar suficiente empleo formal y robustecer a la clase media, no debilitarla más. Seguir postergando esta tarea solo generará más pobreza. Podríamos llegar a tener una carga fiscal del 12, 15 o 20% del PIB y seguir sin tener una idea clara de cómo invertir bien ese dinero. Aumentar la carga fiscal, solo por cumplir con un estándar internacional, no puede ser un objetivo.

Que quede claro que no me opongo a una política social fuerte y a la necesidad de contar con instituciones públicas bien financiadas, especialmente en un país como Guatemala. Pero quiero algún tipo de certeza respecto al destino del dinero, y que alguien me diga qué estamos haciendo como país para mejorar sustancialmente el crecimiento económico mediocre que tenemos desde hace más de 30 años. Quiero alguna dirección, algún mensaje de buena fe. No espero grandes cambios de este gobierno, soy realista, lo que espero son buenos mensajes.

Cierro con una reflexión para nuestros diputados: grupos organizados de izquierdas y derechas se han expresado en contra del actual paquetazo tributario, muchos ciudadanos también nos estamos expresando en contra. Si los diputados lo aprueban sin chistar y no se comienza una discusión seria que permita generar una propuesta más integral ¿A quién representan realmente los diputados?

Referencias:

[1] Murphy, R. The morality of taxation, or David Cameron got this one wrong.

Jimmy Morales ganó las elecciones de 2015 con una sola misión: no ser corrupto ni ladrón.

Su presidencia inició con pocas expectativas respecto a la capacidad que tendría para cumplir sus promesas de campaña. Dicho y hecho, los temas que había planteado como prioritarios para su gobierno fueron, poco a poco, topándose con la burocracia, la falta de capacidad de buena parte de su gabinete, la mezquindad de su bancada de tránsfugas y la usual ineficiencia de un aparato estatal, que tenía varios años de estar siendo desmantelado y saqueado. Eso enterraría las buenas intenciones y comenzaría un rápido proceso de deterioro que llevaría al gobierno a la situación de parálisis en la que se encuentra hoy.

Durante los primeros meses de su gobierno, Morales parecía determinado a enviar algunos buenos mensajes relacionados a su principal promesa de campaña, apoyar la lucha contra la corrupción. En febrero de 2016, el Ejecutivo solicitó al Congreso la colocación de bonos del tesoro por Q.1 mil 633 millones, con lo cuales haría un aporte extraordinario al Ministerio Público, a punta de endeudamiento, de Q 409.7 millones y otros Q 195 millones para el Organismo Judicial.

Sin embargo, esta luna de miel con el proceso de lucha anticorrupción duraría muy poco. En septiembre del 2016 el hijo del Presidente, fue mencionado por un testigo en el caso denominado “Botín Registro de la Propiedad”. Esto desencadenaría una investigación que llevó ante la justicia no solo al hijo del Presidente sino también a su hermano y más cercano consejero, Samuel Morales.

Este evento fue el parteaguas entre el Presidente y la dupla Ministerio Público/CICIG, pero se confunden quiénes piensan que sin el caso del Registro de la Propiedad, el Presidente seguiría siendo un aliado de la lucha contra la corrupción. Principalmente porque la crisis más importante de este gobierno la provocó el mismo presidente Morales, al momento de gestionar su campaña política.

Y es que el candidato Jimmy Morales mintió descaradamente a sus votantes. Mintió porque al mismo tiempo que aseguraba no ser corrupto, ni ladrón, fraguaba la manera de inyectar recursos a su campaña política sin registrarlos, un acto ilegal que le permitiría, según él, esconder no solo el origen de los recursos, sino también el costo real de la operación política que lo llevaría al poder. En esta acción fraudulenta está el pecado original de su gobierno.

Después de que este caso estallara en agosto del 2017, el gobierno entró en una espiral autodestructiva que les llevaría a intentar sacar a Iván Velásquez del país en una operación que fue frustrada por la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos; y a polemizar con los funcionarios que se sentían identificados con la lucha anticorrupción. El resultado de este golpe fallido contra CICIG, fue la parálisis total del Presidente Morales, el inicio de lo que parece ser una obsesión por detener la lucha anticorrupción y una actitud completamente hostil con sus críticos.

Sin embargo, los pecados del Presidente no terminan allí, Morales también ha abusado de su posición recurriendo a las viejas prácticas corruptas de la administración pública. Contrató a muchos de sus amigos para ocupar puestos claves en el gobierno, sin que estos tuvieran la experiencia y conocimiento para el puesto. Además, la prensa le descubrió recibiendo un sobresueldo de Q 50 mil mensuales provenientes del Ejército y utilizando el presupuesto de la SAAS para comprar artículos personales de lujo (esto siendo el Presidente mejor pagado de América Latina). En ambas situaciones fue obligado a devolverlo, sin mayores repercusiones y sin aceptar claramente su responsabilidad.

A estas alturas está más que claro que el momento de darle el beneficio de la duda a Jimmy Morales como Presidente quedó muy en el pasado. Morales no es un aliado de la lucha contra la corrupción y más bien se ha convertido en un enemigo del proceso.

Quienes todavía le defienden y se oponen a que enfrente la justicia, pretenden obligar a quienes le criticamos a que nos hagamos de la vista gorda ante un gobierno que fue incapaz de mantener la única promesa de campaña que tenía alguna posibilidad de cumplir: no ser corrupto, ni ladrón.

Columna originalmente publicada en República.

Centroamérica es una región de contrastes y contradicciones, con una historia llena de víctimas y dolores, pero también repleta de sueños y esperanzas.

La región tiene en su haber dictaduras, golpes de Estado, guerras, fraudes electorales, corrupción, insuficiente crecimiento económico, falta de oportunidades y pobreza. En años más recientes se ha contaminado con el narcotráfico, el crimen organizado y un aumento en la conflictividad social; a lo que se suma la incapacidad de las élites, especialmente la política, para gobernar la región con más transparencia, mejores resultados, concepto de Estado y visión de largo plazo.

Resulta confuso escuchar a economistas, analistas y empresarios, cuando dicen que las cosas van bien y celebran que el crecimiento para este año podría ser de 4,2%.Centroamérica va bien para quienes hemos resuelto nuestra vida económica y social. Lo que no queremos ver son los millones de seres humanos que viven en pobreza permanente, lo poco que hacemos para reducirla y la inestabilidad política que esto genera.

Costa Rica y Panamá lo hacen mucho mejor que los otros cuatro; crecen con más facilidad, manejan mejor sus problemas políticos y podrían salir adelante. Los otros (Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala) se la pasan entre el caos y en una peligrosa cuerda floja.

Según CEPAL, los países de América Central lograron reducir la pobreza en los últimos 17 años, a excepción de Guatemala, donde se incrementó. Sólo Panamá logró reducir la pobreza al mismo ritmo que América Latina. Para los cuatro rezagados, los números confirman la gravedad del problema. Tienen niveles de pobreza del 42 al 74% y su lentitud para reducirla amenaza lo poco que avanzan.

De acuerdo al Banco Mundial, en los últimos 17 años, Nicaragua, Costa Rica y Panamá lograron tasas de crecimiento económico relativamente altas. Por el contrario, Guatemala, El Salvador y Honduras tuvieron un crecimiento económico insuficiente. El crecimiento de Nicaragua es relevante por su bajo punto de partida: tiene el segundo ingreso per cápita más bajo de América Latina. Solo Haití es más pobre.

En 1999 éramos 35 millones. Hoy somos 46 y en 2025 seremos 52. En cuatro de los seis países centroamericanos la economía no crece suficiente para atender el crecimiento de su población. No lo ha hecho en 30 años. Llegan al mercado laboral más jóvenes que las oportunidades que se generan.

“De cara al futuro, necesitamos lograr un crecimiento de al menos 7%, en el marco de una sólida institucionalidad.”

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua continúan siendo países con un Estado de Derecho sumamente frágil. Son naciones inestables, con mucha carga ideológica, con alta conflictividad social, escaso liderazgo, con el nivel educativo más bajo del continente y seguimos siendo la región más violenta del planeta.

No se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno, o de que se deba ser optimista por cultura. Dejémosle esos ejercicios a los terapeutas. Por supuesto que hay cosas buenas en la región pero son insuficientes. El problema de Centroamérica es que en cualquier momento puede caer en peores manos de las que está. En especial los cuatro países del norte.

Nuestra institucionalidad democrática es frágil y corruptible. Tenemos “elecciones libres” cada cierto tiempo –Nicaragua es caso aparte—pero eso no garantiza nada. En cada elección, dadas las características de la oferta política y del electorado, podríamos sufrir un grave retroceso que puede durar décadas.

El futuro de Centroamérica depende de que formemos una nueva clase dirigente y rescatemos la política; de que instituyamos un verdadero Estado de Derecho, logremos la integración regional y un crecimiento de 7%. De que combatamos la pobreza con efectividad y que la educación sea de verdad. Necesitamos Estados fuertes con visión de largo plazo. Estos son los pilares para construir nuestra región. Estamos a tiempo.

El pasado miércoles, 16 de mayo, el secretario privado de la presidencia, Carlos Martínez, juramentó a la nueva fiscal general, María Consuelo Porras. Este 18 de mayo será el día que asuma oficialmente como nueva fiscal general.

No cabe duda que la gestión de Thelma Aldana ha sido notable por todo lo acontecido desde 2015. Entre la fiscal Aldana y el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, emprendieron una serie de casos de alto impacto que pusieron Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti tras las rejas. A la lista hay que sumar que se encuentran procesados por delitos relacionados con casos de corrupción cuatro funcionarios de SAT, 25 diputados, 12 alcaldes, 4 ex magistrados de la CSJ y varios ex ministros. La cantidad y envergadura de los casos antes descritos deja una tarea titánica para la futura fiscal general.

Pero no hay que olvidar que uno de los grandes retos es fortalecer el Ministerio Publico como institución. Para hacer frente a una lista de casos de tal trascendencia se necesita un ente acusador independiente y sobre todo capaz. Durante las gestiones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana hubo avances en torno al fortalecimiento del recurso humano de dicha institución. La FECI ha sido la fiscalía estrella y de no ser por los fiscales que ocuparon esos mandos medios nada de lo acontecido habría sido posible. Es de esperar que la buena gestión de esta fiscalía se replique a otras fiscalías.

No es tarea fácil para la Dra. Consuelo Porras. La presión que afrontará al frente del MP será monumental y vendrá de todos los lados del espectro ideológico y de todos los grupos de poder. Pero como guatemaltecos debemos comprender que uno de los grandes anhelos es generar instituciones sólidas. En ese sentido interesa mucho que la labor de la institución acusadora tenga éxito bajo un nuevo equipo y con una nueva fiscal. Si los logros se mantienen y se multiplican podremos decir que hemos tenido avances importantes como Estado y como país.

La fiscal general Porras tiene el respaldo de que su nombramiento fue precedido por un proceso altamente vigilado en las comisiones de postulación. La transparencia que primó dentro del proceso, gracias a la vigilancia que ejercieron varios actores de la sociedad civil, es suficiente para que veamos con optimismo el relevo en el MP. La fiscal general Porras viene de ser magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, antes fue magistrada de Sala y tuvo un cargo dentro del MP. Su trayectoria nos da indicios de que tiene la capacidad para asumir el reto y por ello la comisión de postulación la tuvo como la mejor calificada de los postulantes.

Como ciudadanía tenemos que ser maduros y exigentes. Maduros para aceptar que el relevo en los puestos es clave en el proceso de construcción de Estado y de instituciones sólidas y, por ende, parte del proceso de lucha contra la corrupción; exigentes para estar vigilantes a la nueva gestión para que los logros alcanzados se mantengan y para que podamos lograr otros objetivos que como nación debemos perseguir.

La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición del Gobierno venezolano, como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla.

El jueves 1 de septiembre de 2016 la oposición política al gobierno de Venezuela recorrió las calles de Caracas en una contundente protesta a las actuaciones del gobierno y demás instituciones del Estado. La grave situación política[1], social[2], económica[3] e institucional[4] que padece el país en todos los ámbitos, motivó a que sectores políticos objetaran sobre la persecución política, la carencia de los bienes y servicios, la falta de comida y medicina, la inseguridad, la ausencia de separación de poderes y el irrespeto a los derechos humanos.

La protesta pacífica fue bautizada como “TOMA DE CARACAS”; participaron más de medio millón de personas según estimaciones. Políticamente, la protesta tuvo por finalidad la exigencia de una convocatoria inmediata al referéndum revocatorio basándose en la previsión constitucional (art. 72) que permite revocar al Presidente de la República luego de transcurrido la mitad de su período constitucional[5]. No es una exigencia que se traduce en un golpe de estado, sino en una revocatoria de mandato prevista constitucionalmente, en una de las novedades del texto de 1999.

El referéndum solo podrá materializarse si se agilizan los procesos constitucionales y si no se obstaculizan los mismos. La “TOMA DE CARACAS”, devino en un rechazo manifiesto y multitudinario a toda la estructura del Estado cuyas actuaciones se alejan cada vez más de los principios y valores constitucionales; al punto incluso de boicotear el cumplimiento de la Constitución, haciendo más difícil el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición política como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla, pues permitiría un cambio en la dirección de los asuntos de gobierno.

Fuente: Theworld Today

Sin embargo, la negativa a la realización del referéndum revocatorio por parte del gobierno de Maduro[6] ha sido manifiesta, lo cual ha agudizado la crisis, pese a que han sido los actores y protagonistas del mismo gobierno los que más han defendido una supuesta democracia «participativa» y «protagónica».

La ruptura con las normas constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, el retiro de Venezuela del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el incumplimiento de las previsiones de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros textos, ha aislado al país de los principios y estándares internacionales en materia de democracia, de Estado de Derecho, y de derechos humanos, los cuales están previstos también en el ordenamiento jurídico nacional. De hecho, recientemente se ha discutido su condición de miembro en el Mercado Común del Sur (Mercosur), dado su constante incumplimiento al «Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático»[7].

El incumplimiento de los tratados, pactos o protocolos internacionales obligó recientemente a que la Organización de Estados Americanos (OEA) por medio de su Secretario General, sometiera al conocimiento de todos los estados miembros, conforme al artículo 20 de la Carta, «una apreciación colectiva de la situación en Venezuela» y eventualmente la posibilidad de que el Consejo Permanente de la OEA adoptara las decisiones que estimara convenientes. El informe en cuestión[8] presentado en junio de 2016, planteaba cómo en el país suramericano está en presencia de una situación atípica, evidenciada en el esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para desconocer e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto a través de "intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la complicidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia"[9].

La ruptura con los principios de la Carta Democrática Interamericana denunciada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos e incluso reiteradamente por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)[10], constituida por 36 ex Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, volvía a plantear un viejo problema bastante ignorado en la Declaración de Quebec de 2001: «Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas». Con ello, lo que se quería plantear es el hecho de que las violaciones a la Constitución y al orden democrático no son las mismas que en el pasado; aspecto que obliga a no olvidar que muchos actos del pasado son «heridas que todavía están abiertas, y que poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia, y no repetición»[11]. Por ello, cada vez adquiere más importancia en la región, el énfasis de que el único camino para impedir errores del pasado es elevar la conciencia y responsabilidad internacional sobre lo que «debemos hacer como miembros de las comunidades políticas».

De hecho, es menester recordar que la fragilidad institucional en América Latina y su subdesarrollo hacen que subsistan problemas políticos, sociales y económicos «que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos»[12], por lo que si bien hoy es Venezuela, mañana podrá ser el resto de la región, si el precedente de violaciones constantes al orden constitucional quedan impunes con la complacencia internacional. Por ello, el Secretario General de la OEA, planteaba citando a Desmond Tutu que «si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».

Referencias:

[1]http://www.rtve.es/noticias/20160531/claves-crisis-politica-venezuela/13...

[2] http://observatoriodeviolencia.org.ve/chavismo-desangra-a-venezuela-impu...

[3] http://economia.elpais.com/economia/2016/04/27/actualidad/1461768650_309...

[4] http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf

[5] Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocatoria, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

[6] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36509595

[7] http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/MERC...

[8] http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf

[9] http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-01...

[10] Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Documentos para el diálogo en Venezuela, Fundación Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas-New York, 2016.

[11] http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-01...

[12] http://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm