¿Cuáles son hoy los posibles escenarios para Venezuela?

Se cayó el velo de la dictadura chavista. La convocatoria a una constituyente “del pueblo” recuerda a las tiranías más rancias y sanguinarias. Los criminales que se creyeron dueños de la cuna de Bolívar entraron en su laberinto final.

Maduro pasará a la historia como un déspota ignorante, corrupto e incompetente. Tuvo varias oportunidades para salir del fango en que se encuentra y las desperdició. Felipe González, José María Aznar y otros líderes respetables del mundo expusieron el engaño que es la democracia en Venezuela y la falta de voluntad de quienes la tienen secuestrada. Lamentables fueron las intervenciones del Papa, que de política sabe poco, o de Zapatero, quien podría tener un poco más de vergüenza; que fueron utilizados por la dictadura para intentar seguir engañando al mundo.

El venezolano puede estar muy jodido pero no pierde el coraje para luchar. Hoy vemos cómo su creatividad y el valor le ayudan a enfrentar la dictadura.

Además de los cientos de miles de ciudadanos en las calles, hemos visto desde un hombre desnudo con una biblia en la mano, una valiente joven que se paró frente a un tanque y lo detuvo, un violinista tocando el himno y madres recibiendo de frente las bombas lacrimógenas, hasta grupos de jóvenes vaciando cloacas para llenar sus bazucas improvisadas para bañar con excrementos a policías represores.

El pueblo venezolano decidió salir a la calle a pelear por su democracia. Y en la calle encontrará la victoria pues no hay poder que pueda con un pueblo en las calles.

El venezolano es un pueblo al que la dictadura no ha logrado someter pero ya le llevó a la desesperación. Y éste momento se debe aprovechar. Ojalá los pueblos libres del mundo se unan a la lucha del valiente pueblo venezolano.

Maduro y sus socios también están desesperados, pero, porque les llegó la hora de reconocer que su adefesio político es un absoluto fracaso y que el único futuro que tiene es el oscuro basurero de la historia.

En 18 años, el chavismo destruyó uno de los países más ricos del mundo, y hoy, Maduro y su gobierno, están perdiendo el control.

Es cierto que, como otros países, Venezuela tenía, antes del chavismo, problemas sociales, corrupción y falta de Estado de Derecho. Pero los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y con más justicia, no con la instalación de una locura totalitaria que no ha sido más que la excusa de una pandilla de rateros, matones y narcotraficantes.

¿Cuáles son hoy los posibles escenarios para Venezuela?

1.- El pueblo en las calles convence al gobierno para que llame a elecciones libres y democráticas y se logra una transición pacífica del poder. Deseable pero poco probable.

2.- Los niveles insoportables de hambre, violencia y represión dividen al gobierno y el ejército decide tomar el poder y convocar a elecciones libres. Poco probable pero no imposible. El ejército está comprometido con el modelo y su corrupción, sin embargo, se habla de un número importante de oficiales jóvenes entre quienes crece el descontento y la decepción con Maduro.

3.- El pueblo enardecido arrasa con un gobierno en desbandada, el ejército se disuelve y cada uno busca salvar su pescuezo. La oposición toma el poder haciendo valer su mayoría en el Congreso, instala un gobierno provisional y convoca a elecciones. Maduro y sus cómplices son llevados a la cárcel para ser juzgados. Este escenario es más probable que los anteriores, pero sobre todo, muy deseable.

Al final, lo que veremos es una combinación con variantes de los escenarios 2 y 3, pero en los 3 escenarios hay un alto costo en vidas y sufrimiento para los venezolanos. Pero tristemente, éste es el costo de la libertad.

2017 debe ser el año de la libertad y la democracia para Venezuela.

La caída de la dictadura es imparable y Maduro es insostenible. Siempre supimos que era cuestión de tiempo y éste llegó.

¡Viva Venezuela libre!

Reflexiones sobre las condiciones de cara al evento electoral 2019.

En semanas recientes se ha activado la discusión prospectiva en relación a las dinámicas políticas que imperarán en el proceso electoral 2019.

Dos elementos deben considerarse como precondiciones de análisis. Primero, los efectos normativos y los nuevos incentivos que generará la reforma electoral (Decreto 26-2016).Y en segundo lugar, las alteraciones del mapa político generado como consecuencia del proceso 2015-2018, cuyas secuelas seguramente impactarán las dinámicas electorales.

El primer elemento a considerar es el efecto de la prohibición del transfuguismo. Dicha normativa, sujeta de cuestionamiento por más de 80 diputados, implicará un cambio sustancial en las dinámicas políticas y partidarias. El efecto más evidente será la obligada renovación del Congreso en 2019. Pero además, la normativa genera una agudización de la crisis del “partido franquicia”: al quedar excluida la participación de varios caciques territoriales, los partidos políticos pierden naturalmente un universo de potenciales franquiciados, situación que les obliga ahora a buscar nuevos franquiciados o a generar un modelo alternativo para la construcción de organización. No obstante la renovación de personas no garantiza un funcionamiento distinto de la institucional. Para muestra, la actual legislatura, que tuvo a más de la mitad de diputados novatos.

El segundo elemento a considerar es el financiamiento electoral. Derivado de los recientes casos judiciales y el marco regulatorio aprobado en 2016, resulta relativamente sencillo proyectar que la elección presidencial del año siguiente será austera. Sin embargo, a nivel local, se mantiene el mismo riesgo de la penetración de capitales ilícitos. Por ello, resulta de particular importancia que el Tribunal Supremo Electoral logre operativizar la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, la cual aparentemente constituye la única barrera frente al recurso ilícito que se cuela en la base.

El tercer elemento es el voto en el extranjero. Si bien los migrantes fueron un sector clave para la elección de Jimmy Morales en 2015, gracias a su apoyo financiero y su influencia “de boca a boca” sobre votantes locales, el reconocimiento del voto en el exterior no necesariamente implica una transformación sustantiva del mapa de poder electoral. Esto se debe a que mientras no se resuelva el problema de identificación de cientos de miles de migrantes que no tienen DPI, el voto en el extranjero será exiguo. De tal forma, seguirá pensando más la influencia indirecta que el voto directo de los connacionales.

Por último, la elección 2019 se presenta como una con excesiva judicialización. Desde ya se vislumbra que la Corte de Constitucionalidad deberá resolver acciones de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo. Mientras que potenciales candidaturas concretas, como la de Zury Ríos –por ejemplo-, podrán depender también de lo que digan las cortes. Lo mismo ocurre con la normativa relacionada a la publicidad en campaña o la publicación de encuestas, artículos que hoy están en proceso de ser impugnados en materia constitucional.

La sumatoria de todo lo anterior nos deja un escenario electoral atípico, y por ende, incierto.

Publicado originalmente en El Periódico.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2016, Chile y Costa Rica son tan desiguales como Guatemala y sin embargo, presentan un desarrollo humano muy superior al de nuestro país. ¿A qué se deben estos resultado tan diferentes?

Guatemala es el décimo octavo país más desigual del mundo, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. El informe también señala que Guatemala es el tercer país con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de América Latina, sólo por encima de Honduras y Haití. En este sentido, la relación entre desigualdad y los magros resultados en desarrollo humano parecieran muy evidentes. Sin embargo, esta relación debe examinarse a profundidad, ya que la solución simplista de aumentar impuestos, no nos conduce necesariamente a un mejor nivel de desarrollo.

Según el mismo informe, Chile y Costa Rica son tan desiguales como Guatemala y sin embargo, presentan un desarrollo humano muy superior al de nuestro país. ¿A qué se deben estos resultado tan diferentes? Las razones están en el tipo de instituciones que han desarrollado a lo largo de su historia y en su consiguiente política de educación pública.

Chile comenzó a construir una democracia relativamente estable desde inicios del siglo pasado, que se vio interrumpida temporalmente por el desastre que significó Allende y la posterior dictadura de Pinochet. Sus instituciones han sido mucho más funcionales y estables que las de Guatemala.

En el caso de Costa Rica, han tenido una democracia ininterrumpida desde los años cincuenta, mientras Guatemala atravesaba por una guerra civil totalmente inútil. Fue una guerra que no solo tuvo costos en vidas, sino además provocó un profundo daño en nuestras instituciones y en el tejido social.

La estabilidad política, en un ambiente de libertad individual, es fundamental para que la economía funcione adecuadamente; pero también lo es la transparencia. Mientras que Costa Rica y Chile se encuentran entre los tres países menos corruptos de América Latina, según el Índice de Percepción de Corrupción, Guatemala se encuentra entre los cinco más corruptos. No hay política pública que pueda funcionar adecuadamente, si las instituciones están plagadas de corrupción. El dinero público se drenará entre sindicatos mezquinos, malos funcionarios y contratistas del Estado inescrupulosos.

Otra diferencia fundamental, ha sido la apuesta por la educación. En 1900 la tasa de alfabetización en Chile era de 31.5%; en Costa Rica de 40.3% y en Guatemala solo de 14.2%. Para 1950, tanto Chile como Costa Rica habían llevado la tasa de alfabetización a 80%, mientras que en Guatemala sólo había alcanzado el 29.1%. Hoy en día, el analfabetismo es casi inexistente en Chile y Costa Rica, mientras que en Guatemala sigue afectando al 20% de la población.

En Guatemala hemos perdido tiempo en una discusión frívola sobre si la educación es fundamental o no para el desarrollo. La discusión que debemos tener es cómo lograr un sistema de educación de calidad, con mayores tasas de cobertura y libre de la influencia de un sindicato que ha resultado nefasto para la educación pública. Sin embargo, se debe pasar de la retórica a la acción.

Los casos de Chile y Costa Rica nos enseñan que el auténtico desafío que tenemos como sociedad es cómo logramos construir una institucionalidad distinta a la que hemos tenido hasta ahora. La desigualdad no es mala, si está inmersa dentro una institucionalidad adecuada y se tiene inversión en educación y salud pública que facilite la movilidad social.

El concepto simplista de que los ricos son malos y peligrosos para la democracia, puede resultar nocivo para un país. Una retórica de ese tipo solo termina dañando aún más la confianza que se tenga en una economía. La política fiscal tiene impacto en las decisiones de inversión. Lo han aprendido los países europeos en las últimas décadas y por eso han reducido consistentemente sus tasas impositivas.

Guatemala necesita fortalecer su Estado con más ingresos. Pero no es a través de mayores tasas impositivas que se logrará, sino con una mejor labor de recaudación que ponga su vista en los negocios grandes que operan en la informalidad y en el contrabando, que hasta ahora han sido ignorados.

Han pasado poco más de noventa días y el régimen de Ortega ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos.

Pocos imaginaron que lo que comenzó como un descontento a la reforma del INSS acabaría por ser la gota que derramó el vaso en Nicaragua. Al momento de escribir esta columna han pasado poco más de noventa días y el régimen ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. Naturalmente el régimen se rehúsa a reconocerse responsable de tan deleznables sucesos y, como es usual, tacha a la oposición de intentar dar un golpe de Estado y de romper el orden constitucional.

Pocas dudas deberían quedar a estas alturas que el régimen de Ortega es autoritario. Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha cercenado los vestigios de instituciones democráticas que había en Nicaragua. Ha debilitado a la oposición; ganó las elecciones de 2017 con un claro fraude electoral que fue “legitimado” por el propio tribunal electoral; y se ha encargado de coartar la libertad de asociación haciendo complicando a la sociedad civil que ha intentado organizarse por la vía de las ONG y otras figuras legales.

Pero lo peor es que el régimen de Ortega no solo fue popular entre las filas del sandinismo. También gozó de la simpatía de parte de la élite económica y de la de varios analistas autoproclamados de derechas. Siempre se hizo eco del supuesto “éxito” económico que suponía el modelo nicaragüense al tiempo que se destacaba que Nicaragua fue, junto a Panamá, el país que mayor inversión extranjera directa recibió entre 2012 y 2016. Lógicamente Nicaragua crecía en cierta parte por un factor de convergencia y en buena medida porque el régimen de Ortega centralizaba el poder en su figura y éste ofrecía una estabilidad aparente a los inversionistas. Pero esto es insostenible en el tiempo.

Como establecen Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, los sitios en los que priman las instituciones extractivas experimentan crecimiento económico. El tema es que este crecimiento suele ser altamente desigual y beneficia principalmente a la élite extractiva (Ortega y sus amigotes en este caso). Esto hace que el crecimiento sea insostenible en el tiempo porque no incentiva la innovación y la competencia, como ocurre en presencia de instituciones políticas y económicas inclusivas que dan lugar a la existencia de una economía de mercado auténtica.

Ejemplos de crecimiento económico bajo instituciones políticas extractivas abundan. La propia Unión Soviética fue admirada por su rápida industrialización. Los autores citados mencionan los casos de las islas Barbados, Cuba, Haití y Jamaica, en los siglos XVII y XVIII, que conseguían un rápido crecimiento económico con base en la mano de obra esclava en la producción de azúcar. Pero ninguno de los países citados consiguió un crecimiento sostenible bajo ese esquema.

Por eso es tan importante recalcar que el camino a la prosperidad no se consigue a través de regímenes autoritarios (extractivos) que ofrecen una aparente estabilidad. Únicamente bajo sistemas políticos inclusivos y plurales que permitan el funcionamiento de una auténtica economía de mercado, donde la innovación y la competencia sean el motor del crecimiento y puedan sacar a nuestros países del subdesarrollo. No es un invento nuevo, los países desarrollados de Occidente se han desarrollado bajo esas premisas.

El auge reciente de regímenes autoritarios, como el de Ortega y el que se desarrolla en Honduras bajo Juan Orlando Hernández, ofrecen una aparente estabilidad en el corto plazo. Ofrecen certeza en el corto plazo, pero su sostenibilidad en el tiempo no es viable y cuando la población quiere dar marcha atrás y cambiar el régimen, las consecuencias pueden ser nefastas como es el caso del asesino régimen de Ortega y Murillo.

El descuido de la poca precisión jurídica en la actuación del Estado, genera corrupción y la fragilidad de muchas instituciones.

Guatemala se encuentra en una situación de debilidad institucional como muchos países de América latina. En comparación con otros países de la región, su situación es dramática, dado que los principios del “Estado de Derecho”, si bien cuentan con normas que los proclaman, gozan de poca vigencia en la práctica real y escaso desarrollo jurídico que pueda hacerlos operativos.

El WJP Rule of Law Index 2015 sitúa a Guatemala en el ranking n° 85 de 102 países analizados, y en el número 18 de 25 países de la región latinoamericana y caribeña. De la lectura del informe se aprecia que el país cuenta con problemas estructurales, escaso compromiso por parte de determinados funcionarios con la labor de un Gobierno limitado y una administración pública, cimentada en los principios de sujeción a la ley, eficiencia, honestidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Los esfuerzos destinados a combatir el fenómeno de la corrupción[1], consecuencia de la ausencia de “Estado de Derecho”, requieren ser complementados con transformaciones en las estructuras administrativas del país. La debilidad del Derecho administrativo, tanto en su reflexión teórica como en su dimensión de ordenamiento jurídico positivo, es un problema colosal. La explicación de tal falencia puede deberse al recurrente argumento de que como el Estado es débil económicamente no se requiere precisar jurídicamente su funcionamiento, descuidando que es justamente la precisión jurídica de la actuación del Estado la que genera seguridad jurídica y crecimiento económico[2].

El resultado de este olvido, está en las funestas calificaciones que recibe el país en el ámbito institucional. Dado que la situación es reversible, urge mencionar que la debilidad institucional, en buena medida debe su causa al raquitismo del Derecho administrativo en Guatemala. De hecho, la disciplina goza de poca atención ciudadana, política y académica, que ha merecido el hecho, de que Guatemala sea uno de los pocos países de la región que no cuente ni siquiera con una legislación general de procedimientos administrativos, como ha sucedido en otros países[3].

“La arbitrariedad, la corrupción y la fragilidad del principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública tiene como causa la ausencia de legislación sobre procedimientos administrativos.”

En otras regiones, han sido estas legislaciones las que han reducido la arbitrariedad de la Administración Pública; han sido auténticos códigos que enmarcan los poderes, potestades y prerrogativas de la Administración Pública, así como los derechos, deberes, garantías y recursos con que contarían los ciudadanos, para el control de la actuación administrativa.

La importancia de una legislación sobre procedimientos administrativos, se muestra aún más, cuando se comprende en qué consiste el procedimiento administrativo. En efecto, con arreglo a la teoría general del Derecho administrativo, los procedimientos administrativos son la sucesión de operaciones-actuaciones que lleva a cabo la Administración pública, en base a determinadas formalidades y trámites que están obligados a respetar a la hora de adoptar sus actos. Los cuales deben ser publicitados (art. 30 de la Constitución), e incluso, pueden ser controlados por los jueces (art. 221 de la Constitución), si el acto se presume ilegal o inconstitucional.

Si el ciudadano no goza de una claridad previa sobre cuáles son, en rigor, los procedimientos administrativos que debe llevar a cabo el gobierno y los mismos son insuficientes o violados, sin instrumentos efectivos para ser revertido, el “Estado de Derecho” pierde todo sentido. En efecto, una legislación sobre procedimientos administrativos daría una mayor protección a los derechos y garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública, pero también mejoraría la eficacia de la actuación administrativa con arreglo a la legalidad.

De lo afirmado no se infiere que no existan “procedimientos administrativos” específicos previstos en algunas leyes administrativas, dado que allí se consagran algunos procedimientos particulares. Pero no cabe duda, de que muchas veces, la actuación general de la Administración Pública poco especializada, no cuenta con un marco legal general y moderno, que encauce la actuación administrativa, al punto que muchas veces, son los propios entes, u organismos los que se “inventan” sus propios procedimientos, en clara violación a la Constitución.

Referencias:

[1] ALVARADO ANDRADE, Jesús María, “La corrupción como problema de Estado”, Blog, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-corrupcion-como-problema-de...

[2] BOTEO, Paul, “La caída en la productividad de la economía guatemalteca”, Observador Económico, en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-caida-en-la-productividad-d...

[3] Argentina (1972), Costa Rica (1978), Venezuela (1981), Colombia (1984), Honduras (1987), Uruguay (1991), Ecuador (1993), México (1994), Brasil (1999), Panamá (2000), Perú (2001), Bolivia (2002), Chile (2003) y República Dominicana (2013).

Tenemos políticos y dirigentes sectoriales pero no tenemos líderes.

Nadie puede negar que Guatemala atraviesa una importante crisis política e institucional. Si bien la crisis es del sistema político, de instituciones y corrupción; el fondo de la crisis es eminentemente social y está íntimamente ligado a un problema de liderazgo.

Aclaro que no me refiero al tipo de liderazgo que comercializa la industria del coaching, sino al verdadero liderazgo político y social. Y es que ciertamente tenemos políticos y dirigentes sectoriales pero no tenemos líderes. No tenemos líderes porque el liderazgo exige representatividad, exige ideas, propuestas y capacidad de diálogo. Todas características que nuestros dirigentes políticos y sociales no tienen.

Una tesis relativamente aceptada sobre nuestra falta de liderazgo es que hemos sido un país descabezador, principalmente porque la política de los años de la guerra fue acabar física o políticamente con los líderes que tenían una mínima visión de país, tanto de izquierdas como de derechas.

En el contexto de la guerra se hicieron inaceptables las voces disidentes o rebeldes que podían plantear alternativas moderadas. El riesgo era que estos líderes entendieran la necesidad de diálogo y eso no fue tolerado. El resultado fue una sociedad sin disidencia de ideas en donde las facciones se atrincheraron escudándose en el miedo y en donde solo se aplaudían o escuchaban las voces más extremistas que se apegaban al discurso dominante de su sector.

El lugar de estos líderes fue ocupado por tres tipos de personas: los corruptos que se enquistaron en las instituciones públicas, los mercenarios que venden sus voces y posiciones al mejor postor y las tímidas dirigencias sectoriales que apenas se atreven a subir el volumen de su voz.

Con la firma de la paz cesó el fuego, pero no la estrategia de cortar cabezas. Hoy ya no se aniquila físicamente a quien levanta la voz, pero se le acaba moralmente. Se le ve con desconfianza, se envenena su reputación, se le ponen etiquetas y se le señala lo suficiente como para insertar dudas razonables en las personas que al menos le escuchaban. Somos una sociedad miserable empecinada en destruir a las voces que se salen del montón.

De allí que nuestra dirigencia “no corrupta” sea cobarde. ¿Cómo no van a tener miedo, si a la hora de la batalla nadie les apoyará? Son un reflejo de lo que la sociedad está dispuesta a darles. Es más fácil ejercer liderazgo tímido en pequeños espacios, que adoptar un discurso más amplio y luego enfrentarse a la ola de críticas y ataques en total soledad.

Ejemplificar el problema de liderazgo no es difícil, solo veamos el escueto respaldo que ha tenido el movimiento reformista en el país. Pocos se animan a tomar la papa caliente de las necesarias reformas institucionales y por defecto se termina depositando la confianza para mover la agenda reformista en el oportunismo político de algunos diputados. Todas las reformas planteadas parecen haberse engendrado con cierto apoyo social, pero cuando es momento de que vean la luz del día, nadie les da la paternidad y mueren huérfanas, sepultadas por el Congreso.

Cambiar esta realidad requerirá principalmente dos cosas: valentía y tolerancia. Los líderes potenciales tendrán que armarse de valor para enviar nuevos mensajes y separarse del montón. Esto requiere políticos con verdaderas ideas reformistas, diputados dispuestos a desmarcarse de sus colegas corruptos, dirigentes sociales invitando al contrario a salir públicamente de la trinchera y un verdadero esfuerzo para dejar de lado la desconfianza y buscar acercamientos.

Este país no será viable si no apoyamos y promovemos un verdadero liderazgo político. No necesitamos líderes perfectos, con quienes tengamos total coincidencia de ideas; sino disponibilidad, apertura y transparencia. El momento para ocupar nuevos espacios dentro del sistema político se está acercando y la ausencia de nuevas cabezas deja la vía libre para que los corruptos y oportunistas retomen el espacio perdido.

“¿Quién se apunta?”

Los centroamericanos no hemos sido capaces de edificar una cultura política con fundamentos democráticos sólidos, que faciliten la construcción de un modelo de desarrollo basado en una visión de Estado de largo plazo, con valores, con objetivos y con resultados.

Las élites centroamericanas están cometiendo un grave error de cálculo al pretender que desde los pocos eventos positivos que suceden en sus países pueden construir una región próspera, democrática, con crecimiento económico y respeto a la propiedad privada.

En Guatemala, El Salvador y Honduras, la pobreza, la desigualdad y el atraso social; la enorme carga ideológica y la polarización; la debilidad del sistema de partidos políticos y la falta de rumbo les mantienen en una cuerda floja desde la cual en cada proceso electoral podrían caer en un oscuro abismo del que les costaría mucho reponerse. El Salvador está ahí. Venezuela es un alarmante ejemplo.

La corrupción es el cáncer de la democracia y sumada a la incompetencia de los políticos ha provocado un comprensible y preocupante rechazo y desprestigio a la política y a la democracia.

En las élites de estos países no hay liderazgos ciudadanos de peso, su experiencia cívica es débil y la juventud no tiene interés en la política. Lo que hay es activismo en las redes sociales pero eso no construye naciones ni quita el sueño a los corruptos e incapaces que nos gobiernan.

Nicaragua es una finca privada donde las palabras democracia y libertad son una quimera. Guatemala y Honduras están asfixiadas por una clase política corrupta, rancia y enquistada en el poder. El Salvador sigue los pasos de Venezuela pero más despacio y con menos presupuesto. Por eso, no se embarca en la locura completa.

Costa Rica y Panamá pueden ser la excepción en la región pero tienen tareas pendientes para consolidar un modelo de desarrollo con la estabilidad política suficiente para diferenciarse de una vez por todas de sus patéticos vecinos.

A la corrupción, la impunidad, la incapacidad de las élites para articular un modelo de desarrollo y la incompetencia de los políticos se suman la desigualdad, la falta de certeza jurídica, la comodidad y la indiferencia de la mayor parte de la juventud y la sobrecarga ideológica que tiene contaminada a nuestras sociedades.

Este escenario tiene los elementos y los actores perfectos para hacer de la amenaza populista una obra de la vida real sobre la que ya conocemos sus consecuencias.

“Lo sorprendente es que las élites, a pesar de lo obvio del panorama, están haciendo poco o nada para prevenir y corregir.”

Los ricos alivian su conciencia dando centavos para apoyar proyectos cívicos que no pasan de ser marginales e insuficientes o realizar shows y eventos cuyos efectos duran 24 horas. Y en estos “esfuerzos” se excusan para no apoyar Proyectos de Estado serios y de largo plazo. Apuestan en cada proceso electoral a que el improvisado de turno no será tan malo y les permitirá seguir con el status quo, pues según ellos, nada sucederá. Hasta que suceda. Gravísimo error.

Es evidente que los centroamericanos no hemos sido capaces de edificar una cultura política fuerte con fundamentos democráticos sólidos que faciliten la construcción de un modelo de desarrollo basado en una visión de Estado de largo plazo, con valores, con objetivos y con resultados.

No podemos seguir inventando excusas para no asumir la responsabilidad histórica que las élites de hoy tenemos con nuestros países. Si no somos nosotros, otros lo harán. Y es muy probable que no nos guste el resultado.

“El disgusto con la política no puede seguir siendo el pretexto para estar lejos de ella.”

La política no puede ni debe seguir en manos de los peores, de los impresentables, de los ignorantes, de los corruptos o en manos de quienes tienen un proyecto ideológico desconectado de la verdadera democracia liberal y republicana, y del desarrollo.

La salvación y el futuro de Centro América dependen precisamente de que los ciudadanos de hoy, especialmente los jóvenes, tomen la decisión de involucrarse en la política para rescatarla, honrarla y hacerla el instrumento que debe ser. ¿Cuándo empezamos?

El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad.

América Latina ha sido una región de dictadores. Y lo que es peor, una región en la que la democracia ha sido muy poco valorada por los ciudadanos. Existe la percepción dentro de la población que la democracia no resuelve adecuadamente los problemas de su país y que un dictador “benevolente” sí tiene los arrestos para poner orden y tomar las decisiones que se necesitan. Es usual escuchar comentarios en los cuales se suspira por las épocas en la que los dictadores resolvían todo de forma ágil y efectiva.

Y este pensamiento es indistinto de la ideología que se profese. Cuando el chavismo tomó control de Venezuela, la izquierda latinoamericana defendió a capa y espada los “buenos resultados” que estaban registrando los programas sociales. Poco o nada les importó que Chávez estuviera destruyendo por completo la institucionalidad de ese país. Lo importante eran los supuestos resultados. Sin embargo, hoy en día es claro quesi no se basa en una democracia liberal, la reducción en la pobreza solo será temporal. Eventualmente el poder absoluto del dictador terminará destruyendo la vida de los ciudadanos, como ha sucedido en ese país.

Lo mismo ocurre en el caso de Nicaragua. Por un tiempo, muchos analistas económicos de derecha hablaron maravillas del modelo que estaba implementando Ortega. Se le colocaba como el ejemplo a seguir en Centroamérica. Pero de nuevo, obviaron por completo el hecho que estaba consolidando una dictadura al tomar el control de todas las instituciones del Estado. Al día de hoy, van más de 350 personas asesinadas por el régimen de terror de Ortega y la economía está por los suelos.

Tanto Venezuela como Nicaragua, demuestran que resulta un terrible error obviar el daño que se hace a las instituciones de un país, en busca de un resultado de corto plazo, sea éste crecimiento económico o desarrollo social. Un dictador siempre es malo, no importa si es de derecha o de izquierda, y los ciudadanos jamás debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales.

Pero nunca falta quién diga que China, Singapur y Chile se desarrollaron gracias a una dictadura y que por tanto, ese debería ser el camino a seguir. Ante este argumento, solo queda decir que tanto África, como América Latina han estado plagadas de dictaduras a lo largo de su historia y sin embargo, seguimos siendo regiones subdesarrolladas. El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad. Hay que recordar la célebre frase de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y esa ha sido la tragedia de América Latina. Hemos tenido gobiernos que han tenido poco o ningún límite y el resultado ha sido el subdesarrollo, además de un terrible saldo en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Es el peor de los mundos: sin desarrollo y sin respeto a los derechos fundamentales. No obstante, seguimos suspirando por las dictaduras.

La pregunta en todo esto es, ¿por qué razón en América Latina seguimos fascinados con los dictadores y apreciamos tan poco la democracia liberal? Posiblemente porque nos encanta pensar que podemos tomar atajos al desarrollo. La izquierda quiere desarrollo social y la derecha quiere crecimiento económico tan pronto como sea posible, sin importar el costo para lograrlo. Alcanzar fines por cualquier medio. Una visión por demás cortoplacista y mezquina.

El desarrollo de occidente está íntimamente ligado al nacimiento paulatino de las democracias liberales. Poco a poco se fue consolidando el respeto a los derechos individuales, lo que permitió que los logros económicos y sociales perduraran en el tiempo. Aún con todos sus problemas, las sociedades occidentales continúan brindando el mejor nivel de vida a sus ciudadanos, comparado con el resto del planeta.

Quizá llegó el momento que América Latina deje de fascinarse por los dictadores y comience a tomar en serio esforzase por construir auténticas democracias liberales.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Los guatemaltecos nos incomodamos por la existencia de los "cuida carros", pero olvidamos que son un efecto de la realidad en la que vivimos.

Cada vez que un guatemalteco tiene alguna diligencia en la ciudad de Guatemala, se enfrenta con varios problemas. Seguramente el primero será el tráfico, seguido por la inseguridad en las calles y el poco estacionamiento que hay en diversos sectores. Este último punto es aprovechado por varias personas que aparecen con trapos y silbatos en la vía pública, ofreciendo el servicio de “cuida carros”.

Este servicio no se encuentra regulado bajo ningún reglamento municipal. Ninguna persona está autorizada por la municipalidad para cobra u ofrecer espacio de estacionamiento en la calle (a diferencia de aquellos autorizados para brindar este servicio en propiedad privada). El problema es que los guatemaltecos hemos apoyado este tipo de transacciones informales por el miedo a que los mismos “cuida carros” nos dañen el vehículo o roben nuestras pertenencias. Incluso, hemos aceptado tarifas de hasta Q30 para reducir los daños a nuestra propiedad por la inseguridad de la zona.

Ahora bien, es importante entender la magnitud del problema de los “cuida carros”. Ellos son el efecto visible de una sociedad con una fragilidad institucional grande, que no ha podido ofrecer buenos servicios a nivel municipal y mucho menos fomentar la inversión para aumentar los empleos en Guatemala.

Por un lado, la municipalidad ha fallado en brindar calles con buena iluminación, espacios públicos dignos, seguridad y espacios para estacionarnos de manera ordenada. Y por el otro, la falta de ofertas laborales y de oportunidades hace que los “cuida carros” se refugien en la informalidad buscando una respuesta a su necesidad de ingresos.

A todo esto se le suma la ausencia de regulación sobre el uso de las vías. Es más, la única legislación en relación a la forma de cobro en las calles es el Acuerdo Municipal 46-2001[2] que regula el uso del espacio en la vía pública (especialmente aquel que tiene poca duración), en lugares autorizados, bajo el sistema de parquímetros por la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, también es un sistema que se encuentra rezagado y que sufre daños constantes por los mismos “cuida carros” o por los conductores para evitar pagar por el servicio.

Otras ciudades del mundo como Madrid y Washington han vuelto sofisticados los sistemas de parquímetros, con aplicaciones móviles que facilitan el pago al momento de estacionarse en la vía pública. Además, se implementaron políticas de seguridad para mejorar la experiencia en distintos sectores de estas ciudades; incentivando así, el uso correcto de este sistema.

En nuestro país falta mucho por alcanzar este tipo de tecnología y organización. Incluso se desconocen servicios como el marbete que ofrece la Municipalidad para parquearse frente al área de parquímetros el tiempo que se desee, pagando una cuota mensual. [3] Pero para que esto tenga el efecto esperado en la Ciudad de Guatemala, es importante que la Municipalidad tome acciones más fuertes para educar a los conductoressobre sus derechos en el espacio público, el uso del parquímetro y las áreas en donde es o no permitido parquearse. Además de brindar los servicios básicos que se necesitan en esos espacios.

Es un esfuerzo necesario para mejorar la experiencia de los conductores. Pero hasta que esto suceda, las calles seguirán teniendo las reglas del juego que conocemos: Personas sin trabajo formal, dedicadas a cuida carros, aprovechando el poco ordenamiento vehicular y la inseguridad de nuestra ciudad.

Referencias:

1. http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html

2. http://old.congreso.gob.gt/Legislacion/Ver_acuerdo.asp?id=4979

3. http://diariodigital.gt/2016/08/estacionate-frente-parquimetros-sin-nece...

Una propuesta en el combate a la corrupción.

Desde finales de los años noventa, los expertos en el combate contra la criminalidad organizada llegaron a una conclusión: para derrotar a los grupos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o de corrupción, hay que embargar los bienes y activos que hayan sido adquiridos, o utilizados por medio de actividades ilícitas. La idea es que al golpear el poder económico de las estructuras criminales, no sólo se limita su capacidad de operar, sino también, de acceder a poder de fuego, o de corromper a autoridades y operadores de justicia.

De esta filosofía, surge la legislación de extinción de dominio, como herramienta que permite a los Estados embargar y tomar control sobre los bienes de las estructuras criminales. En el caso de Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio ha estado vigente desde el año 2010, pero ha sido gracias a la ola de casos de corrupción, que se ha generado mayor atención pública a los esfuerzos por tomar control de los bienes procedentes de estructuras ilícitas y de corrupción. En los últimos años, hemos visto cómo una infinidad de propiedades, bienes inmuebles y vehículos vinculados a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y otros más han pasado a manos del Estado.

Sin embargo, se ha presentado un problema en el esquema de la lucha anticorrupción. Si bien los procesos de extinción de dominio avanzan y empiezan a arrojar resultados, existe siempre la duda de qué ocurrirá con el dinero en efectivo guardado en caletas. Y si pareciera muy hollywoodesca esta afirmación, no olvidemos que en los allanamientos de Boutique Emilio, la sede operativa de La Línea, se incautaron 1 millón 600 mil quetzales; o que en la residencia de Alfonzo Castillo –ex-Intendente Jurídico de SAT– se incautaron casi Q3 millones de quetzales en efectivo.

Agreguemos algo más. La circulación de billetes de 200 quetzales en el mercado parece estar ralentizada. Pregúntese usted, ¿qué tan frecuentemente recibe usted un billete de dicha denominación? Si elimina las transacciones bancarias, ¿qué tan frecuente ve usted la circulación de los citados billetes en transacciones ordinarias? Este fenómeno hace pensar a expertos criminalísticos y estudiosos de procesos monetarios, que muchos de dichos billetes se encuentran encaletados.

De ser así, existen dos soluciones para atajar el fenómeno. La primera, que las autoridades logren hallar las caletas por medio de las investigaciones, para luego proceder con el decomiso y extinción de dominio. Pero ante la lentitud de dicha ruta, existe una alternativa que pasa por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria: cambiar el diseño de los billetes de Q200 y dar un plazo para que los guatemaltecos cambien los billetes actuales por los nuevos, siempre bajo un registro personal, tal y como se ha implementado en el control cambiario de dólares.

Esta alternativa pondría en aprietos a los grupos criminales, que se verían obligados a cambiar con celeridad los billetes encaletados. Y al implementar el control respectivo, la Intendencia de Verificación Especial podrá levantar las alertas correspondientes cuando identifique patrones anómalos o excesivos de cambio de billetes. Y dichas alertas, a su vez, permitirían realizar investigaciones de inteligencia financiera que podrían servir como base para identificar estructuras de lavado vinculadas a los actores de la criminalidad organizada y la corrupción.