Utilizo el término pragmatismo en su sentido coloquial: como una preferencia por lo práctico. Desde el 14 de enero de 2020 tenemos un Congreso muy fragmentado en el que hay 19 partidos políticos con representación.

El partido de gobierno tenía apenas 17 diputados, lejos de los 81 votos necesarios para tomar la mayoría de las decisiones dentro del Congreso. Logró ganar el primer pulso para elegir junta directiva el 14 de enero de 2020 al sumar los votos de UCN, FCN, TODOS, Unionista, Prosperidad Ciudadana, Humanista y votos de bancadas que se fragmentaron desde el día uno como la UNE, PAN, Victoria, BIEN, entre otros.

La oposición quedó encabezada por la parte no afín a Sandra Torres de la UNE, CREO, parte de Victoria, parte de BIEN, un diputado de PAN y el bloque de partidos de izquierda: MLP, Semilla, Winaq y URNG.

Durante este tiempo, la propia alianza oficialista ha sufrido cambios: perdió a Unionista, perdió parte de TODOS y ganó algunos otros votos de la UNE que parece partida en tres grupos. Pero la última noticia más llamativa fue el anuncio que hicieran el pasado 13 de octubre cuatro bancadas: VIVA, CREO, Humanista y Unionista de que no apoyarían a la alianza oficialista para la Junta Directiva 2022.

El actual presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, ha perdido capital tras una gestión cuestionada por su unilateralismo, poca apertura y por el bochornoso espectáculo ofrecido durante la votación del último estado de calamidad donde el oficialismo sufrió un duro revés.

Aun con el desgaste de Rodríguez, es posible que el oficialismo logre reunir los 81 votos a partir de su alianza dura con partidos como FCN, UCN, parte de BIEN, parte de Victoria y logre un mayor apoyo de una UNE cuya ala sandrista sale reforzada ahora que Torres ha recuperado el control de la organización.

Otra opción es que el oficialismo sacrifique a Rodríguez y coloque al frente a otro diputado oficialista (como ya se especula) y siguiendo la misma fórmula del párrafo pasado consiga los 81 votos. Ambas opciones son altamente probables considerando que el presupuesto es una moneda de cambio muy valiosa para “convencer” a los indecisos.

Ante una Junta Directiva tan cuestionada, uno podría preguntarse, ¿por qué la oposición no logra el control? Básicamente porque la oposición está desarticulada y si estiramos los números no suman más de 60 o 65.

El principal problema es lo heterogéneo de la oposición: cuesta ver puntos comunes entre CREO y URNG y cuesta ver que Semilla y Unionista, por ejemplo, puedan estar en la misma ecuación. Y esta es su debilidad: la falta de pragmatismo.

La única fórmula para que la oposición logre mayoría es que los partidos de izquierda y de derecha de oposición se unan. Eso implica que ambos deben aceptar rebajar sus pretensiones y deben aceptar una planilla que cuente con personajes que seguramente no son del agrado de ambas facciones.

En segundo lugar, el ala de izquierda debe asumir su posición de minoría absoluta en un Congreso dominado por partidos nominalmente conservadores. No hay otra fórmula. Los números no dan, pero a veces el incentivo está en no “defraudar a la base electoral” y esto evita la única alianza posible. Todo apunta a que pronto el oficialismo se hará un año más con la Junta Directiva del Congreso.

El sistema internacional del siglo XXI ha relativizado el ejercicio de soberanía

Desde la Paz de Westfalia de 1648, la soberanía ha sido un elemento constitutivo de todo Estado. Juan Bodino, teórico del Estado moderno, la definió como “la potestad absoluta que tiene un Estado de conducirse sin estar sujeto a otro poder”. Es decir, cada unidad política tiene la autoridad de definir su ordenamiento interno, su normativa jurídica y recurrir al uso de la fuerza.

Esta conceptualización perduró durante tres siglos, período en el cual la defensa de la soberanía frente a injerencias externas era un interés de Estado. No obstante, desde mediados del siglo XX, la noción absoluta del concepto ha menguado. A raíz de la interdependencia y del surgimiento de amenazas comunes, los Estados han debido sacrificar parte de su potestad para definir su ordenamiento interno. Las organizaciones internacionales y la evolución del derecho internacional, relativizan aún más el ejercicio de soberanía. La guinda al pastel ha sido la constitución de formas de gobierno supra-nacionales, en los cuales los Estados delegan funciones soberanas, tales como el control migratorio, la política comercial, o la política exterior.

Para países pequeños como Guatemala, este fenómeno provoca dilemas constantes. Los acuerdos de libre comercio, la adhesión a organismos internacionales, la aceptación de Tratados y Convenciones o simplemente el financiamiento de deuda o la cooperación internacional, si bien generan beneficios, también imponen obligaciones y compromisos -tanto formales como informales-, que en el largo plazo, terminan sujetando a los Estados ‘soberanos’ a conducirse de acuerdo a normas, prácticas o criterios externos.

Por ejemplo, el DR-CAFTA o el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea imponían como requisito a los países firmantes promover una serie de reformas en materia regulatoria, laboral y comercial. También obliga a los Estados a someterse a revisiones sobre sus políticas laborales, portuarias, aduaneras, etc., a riesgo de perder los ‘beneficios’ comerciales. Caso similar ocurre con las calificadoras de riesgo y la evaluación sobre el desempeño macroeconómico e institucional de los países. Las conclusiones (o calificaciones) emitidas resultan determinantes para calcular tasas de interés de bonos soberanos, de instrumentos de financiamiento internacional, o incluso, inciden en el comportamiento del valor de acciones de empresas locales que cotizan en bolsa.

También están las certificaciones internacionales, como ocurre con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que años atrás puso en la mira las falencias del Aeropuerto La Aurora, llegando incluso al extremo de amenazar al país con reducir la categoría del mismo. En ambos casos, de la revisión externa depende el acceso a líneas crediticias y la venida de líneas aéreas norteamericanas. La alternativa es quedar aislado de dichos procesos de interdependencia global.

La disyuntiva para los países pequeños es clara: acoplarse a normas, revisiones y certificaciones internacionales, o enfrentar el riesgo de ser alienados del concierto de las naciones. Esta es la nueva forma de ejercer poder blando en el sistema internacional del siglo XXI: la potestad de los Estados de definir su ordenamiento interno, sus políticas y definir sus prioridades ya no es absoluta. El sistema de naciones impone ahora criterios y principios de los cuales nadie escapa. Los indicadores y calificaciones internacionales, las certificaciones, las designaciones, la supresión de derechos migratorios, o incluso, la muerte comercial, civil y financiera -tanto de individuos como de personas jurídicas-, son ahora las herramientas de poder blando que emergen en este concierto alternativo de Estados, donde la soberanía ya no es lo que era antes.

Y como dijo años atrás Mark Zuckerberg en una audiencia ante el Senado norteamericano: “you all signed up for this”.

Hace 200 años, Guatemala inició su camino hacia la independencia en medio de una crisis económica. Para 1821, las exportaciones de añil, que fueron la base de la economía colonial guatemalteca, eran apenas una fracción del máximo alcanzado en 1797, el mejor año que se tiene registro. Y es que la economía guatemalteca de ese entonces era bastante rudimentaria, mayormente de autoconsumo y muy poco interconectada con el exterior. No se contaba con los abundantes recursos minerales que tuvieron varios de los países sudamericanos, que les permitieron iniciar su vida independiente en mejores condiciones que Guatemala.

Lamentablemente ese atraso relativo se mantendría en los próximos 200 años. Mientras que en el siglo XIX los países occidentales se industrializaron y experimentaron una transformación en sus niveles de vida sin precedentes para la humanidad, Guatemala continuó siendo una economía agrícola hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Y mientras que, en los últimos 60 años, varias economías asiáticas han pasado de condiciones paupérrimas a convertirse en potencias tecnológicas mundiales, la economía guatemalteca aún sigue siendo incapaz de generar suficientes oportunidades laborales para los 200 mil jóvenes que cada año se suman a la fuerza laboral.

Esta incapacidad de la economía de generar suficiente empleo formal provoca las grandes migraciones hacia Estados Unidos. Los jóvenes costarricenses, chilenos o uruguayos no tienen necesidad de migrar. Encuentran oportunidades laborales en sus países de origen. Y eso que el PIB per cápita de Estados Unidos es mucho más alto que el de estos países. Así que es falso afirmar que la migración masiva de guatemaltecos continuará hasta que tengamos el mismo PIB per cápita de Estados Unidos. Lo que necesitamos es lograr un mínimo de desarrollo, que, hasta el día de hoy, no hemos sido capaces de alcanzar.

Por otra parte, es innegable que Guatemala ha tenido muchos avances si nos comparamos con el punto de partida de hace 200 años. Hoy tenemos una integración social más fuerte y equitativa que la que había en ese entonces. La economía guatemalteca es mucho más sofisticada y avanzada que hace 200 años. Nuestras instituciones, con todos sus defectos y desafíos, son mucho más sólidas. El último dictador longevo cayó en 1944. Eso no lo puede decir Nicaragua, por ejemplo. Negar estos avances es una falta de honestidad intelectual.

Si bien estos avances deben enfatizarse, celebrarse y consolidarse, también es cierto que no podemos permitirnos estar otros 200 años a la cola de América Latina, con índices económicos y sociales que duelen. Debemos aspirar a más, a tener un país en donde se desarrolle una clase media robusta, próspera, bien educada y con acceso a servicios de salud de calidad. Y para lograrlo es indispensable contar con un Estado más eficiente y transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía y brinde certeza jurídica. Necesitamos construir una democracia liberal, en donde el Estado de derecho prevalezca.

Sin embargo, para construir esa democracia liberal, es indispensable discutir, diseñar e implementar reformas a nuestras instituciones. ¿Por qué no lo logramos? Principalmente porque estamos en medio de una crispación política que hace que desconfiemos de todo y de todos. Las posiciones y las voces radicales son las que sobresalen. Hay muy poco espacio para la discusión racional y mesurada. Es más, algunos no quieren discutir, quieren imponer. Y mientras tanto, quienes se benefician de la falta de transparencia del Estado y no desean que el sistema cambie, se burlan de la incapacidad de la sociedad civil para lograr acuerdos.

América Latina está viviendo graves crisis políticas. En ese contexto, la radicalización y la intolerancia nos pueden pasar una factura muy grande. Es momento de retomar la mesura, tender puentes y construir una auténtica democracia liberal.

Artículo publicado originalmente en ElPeriodico por la Sociedad de Plumas. 

El 13 de octubre de 2019 debió instalarse la magistratura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2019-2024 al igual que los magistrados de Sala de Corte de Apelaciones (CdeA) para el mismo periodo. Pero varias irregularidades dentro del caduco proceso de selección de magistrados hicieron que eso no fuera posible y cumplimos este miércoles dos años sin relevo en las altas cortes.

En primer lugar, en mayo de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a Eleonora Muralles quien cuestionó la convocatoria que hiciera el Congreso a las comisiones de postulación en febrero de 2019. Finalmente, el Congreso las convocó en junio de 2019 mediante acuerdo legislativo 8-2019.

Ya instaladas las comisiones de postulación, el magistrado de CdeA, la CC otorgó un amparo provisional al magistrado Noé Ventura y a la Fundación Myrna Mack. Al primero porque hubo vicios en la forma de elegir a los representantes de magistrados de CdeA que integrarían las comisiones de postulación y a la segunda porque los magistrados pertenecientes a la carrera judicial no habían sido evaluados por el Consejo de la Carrera Judicial.

Lo primero se subsanó con facilidad, pero lo segundo motivó que quedara en suspenso el trabajo de las comisiones de postulación. Finalmente, en diciembre de 2019, la CC resolvió en sentencia dar un plazo fatal al Consejo de la Carrera Judicial para evaluar a los jueces y magistrados de carrera interesados en optar a cargos de magistrados de CdeA o CSJ.

Para febrero de 2020, cuando las comisiones de postulación terminaban de votar para integrar la lista de aspirantes que enviarían al Congreso, el Ministerio Público (MP), por conducto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentaban evidencia de que hubo reuniones entre diputados, algunos miembros de la comisión de postulación y aspirantes a ocupar las magistraturas con el procesado por varios casos de corrupción, Gustavo Alejos.

El caso dio lugar a que el propio MP interpusiera un amparo más dentro de este proceso. La CC inicialmente otorgó un amparo provisional al MP que dejó en suspenso el proceso. El 6 de mayo de 2020, la CC dictó sentencia y resolvió dar un plazo al Ministerio Público para emitir un informe al Congreso sobre la investigación.

Por otra parte, esa misma sentencia “obliga” al Congreso a que, con base a dicho informe, elija “de viva” voz a los magistrados de CdeA y CSJ y excluya a los aspirantes que no reúnan los requisitos de idoneidad, capacidad y honorabilidad que marca el artículo 113 constitucional.

El Congreso ha hecho caso omiso de su deber. En estos 16 meses apenas votaron por 1 de los 270 aspirantes a Corte de Apelaciones y por ninguno de CSJ. Han decidido deliberadamente no elegir cortes. Esto le hace un daño enorme a la justicia guatemalteca y a la certeza jurídica sea por malicia o incompetencia de varios legisladores.

Por una parte, cualquier persona que piense invertir un dólar en Guatemala lo pensará dos veces al ver que el Congreso decide no elegir cortes. Segundo, porque la calidad de la justicia sufre: sobre la CSJ recaen también funciones administrativas. Al no haber un relevo en la CSJ, no existen condiciones adecuadas para que una presidencia que pueda planificar la gestión del poder judicial y por tanto el servicio que reciben los guatemaltecos es deficiente.

El 22 de septiembre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió rechazar una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal general. El tribunal razonó que dicha denuncia “no contiene elementos de convicción por medio de los cuales se pueda establecer que la antejuiciada [fiscal general] cometió algún acto o hecho antijurídico”.

El solicitante incluyó dentro de su petición de antejuicio una declaración testimonial que rindiera un abogado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y que se filtró y fue publicada por El Periódico en julio de este año.

Lo que causa preocupación es que la CSJ resolvió: “Se certifica lo conducente al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de los ilícitos derivado de la publicidad y la utilización como medio de convicción un documento que contiene declaración testimonial dentro del expediente (…) así como cualquier otra acción relacionada con la obtención y divulgación de dicha información dentro de un expediente sumario”.

En pocas palabras, la CSJ ordena que se abra una investigación por la “obtención” y “divulgación” de la declaración testimonial del abogado. Esto tiene varios problemas. En primer lugar, significa que, entre otros, se ordena al MP investigar a El Periódico por la divulgación de esa información.

En segundo lugar, porque la redacción tan descuidada significa que cualquier persona que la “divulgue” debe ser investigada. ¿Eso incluye a las decenas de miles de personas que compartieron por WhatsApp o Twitter o Facebook la noticia? Parece locura, pero eso dice textualmente la resolución.

Pero hagamos énfasis en el primer punto. Ordenar que se investigue a El Periódico por difundir dicha declaración testimonial es un ataque frontal y directo a la libertad de expresión. De hecho, dos magistradas, María Eugenia Morales y Silvia Verónica García, razonan sus votos que son concurrentes con la decisión de fondo (rechazar el antejuicio), pero contrarios a este punto de la resolución.

No debemos olvidar que la libertad de expresión y el derecho a la información son dos caras de la misma moneda. Como lo establece el artículo 35 constitucional, es libre la emisión del pensamiento, no constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias o críticas contra funcionarios públicos y el acceso a las fuentes de información es libre.

Ciertamente en la filtración de la declaración testimonial algún funcionario pudo faltar a su deber de mantener en reserva dicha información. Pero caso completamente aparte y distinto es la divulgación que hiciera El Periódico de esa información. En ese sentido, hay que enfatizar que el secreto profesional en el ejercicio periodístico es piedra angular de la libertad de expresión y el derecho a la información.

No es tolerable en una sociedad democrática pretender que se quebrante el secreto profesional del medio y sus periodistas como lo pretende la resolución en cuestión. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Ernst y otros v. Bélgica, ha considerado improcedentes las acciones judiciales tendientes a revelar la identidad de las fuentes de los periodistas incluso cuando dicha información pudo obtenerse por medios ilegales.

Estamos ante un caso que puede marcar un precedente muy peligroso. Esta resolución dictada por la CSJ podría ser objeto de un amparo que conocería la Corte de Constitucionalidad. Debemos exigir al MP que accione contra esa disposición para que quede sin efecto. De lo contrario, nuestra libertad de expresión habrá sido golpeada.

Las raíces del conflicto político se encuentran en la Constitución del 45

La Constitución de 1945 es considerada como referente de democratización, ya que materializaba las aspiraciones de libertad de las gestas de junio y octubre del 44, y contenía una serie de garantías sociales y laborales. No obstante, la misma Constitución abrió un flanco que se convertiría en causal de inestabilidad entre 1949 y 1960.

Con el fin de minimizar la instrumentalización de la fuerza armada, los constituyentes diseñaron un modelo de dispersión de poder para el Ejército. El Presidente fungía como Comandante en Jefe y dictaba sus órdenes a través del Ministro de la Defensa. Y como balance al poder del Ejecutivo, se creó la figura de Jefe de las Fuerzas Armadas, nombrado por el Congreso.

Jacobo Árbenz, oficial de escuela y miembro de la Junta de Gobierno, fue nombrado Ministro de la Defensa; mientras Francisco Javier Arana, oficial de línea y miembro de la Junta, fue designado Jefe de las Fuerzas Armadas. El problema es evidente: se rompió la unidad de mando, y se abrió el espacio para el fraccionamiento entre aranistas y arbencistas.

El divisionismo se patentizó al buscar al sucesor de Arévalo, luego del Pacto del Barranco de 1945. El ala moderada de los revolucionarios apoyó a Arana, bajo la premisa que había que consolidar las primeras reformas de la revolución; mientras el ala reformista apoyó a Árbenz, bajo la premisa de ampliar las reformas a lo económico y social.

El resto de la historia todos la conocemos. Arana es asesinado en un confuso incidente en 1949, en el que se infiere la participación -directa o indirecta- de Árbenz. Habiendo sido castrados de su líder, los aranistas protagonizaron una serie de cuartelazos entre 1949 y 1951, uno de ellos, dirigido por Carlos Castillo Armas. Mientras que la oficialidad arbencista se consolidó en el poder tras el triunfo de Jacobo Árbenz en las elecciones de noviembre del 50.

El movimiento de la Liberación, de 1954, fue dirigido por algunos oficiales aranistas exiliados a raíz de los cuartelazos anteriores; y la inacción del Ejército ante la Liberación fue producto del pacto entre oficiales del alto mando afines a Arana y dirigentes liberacionistas. El triunfo liberacionista conllevó el desplazamiento de los arbencistas, cuya oficialidad -humillada por no haber defendido a su Presidente- protagonizaría los levantamientos de 1957, y la Conjura del Niño Jesús de noviembre de 1960, que marcaría el inicio de la insurrección armada.

Las raíces del conflicto político de la segunda mitad del siglo XX y el aborto temprano de la Revolución se encuentran en el mismo diseño del Ejército de la Revolución. Al romper la unidad de mando y politizar a la fuerza armada, la Constitución del 45 se condenó a sí misma.

Por enésima ocasión

Guatemala recién celebró su bicentenario. Y si bien a lo largo de la historia, los indicadores de desarrollo nunca han sido promisorios y la inestabilidad política ha estado a la orden del día, quizá nunca se había percibido tanto que el rumbo del país simplemente no es el correcto.

La compleja realidad nos hace vislumbrar una encrucijada severa: eventos como la designación de Fiscal General en mayo 2022, la postergada elección de cortes, o el proceso electoral 2023 podrían convertirse en puntos de quiebre. O se confirma y consolida la decadencia institucional y geopolítica del sistema, o se produce una implosión de este, ya sea por la vía de un estallido social o por la vía de la elección de un caudillo populista o anti-sistema.

Cualquiera de las dos rutas no pinta nada bien. La primera, porque implica adentrarnos en ese espiral de decadencia que conduce a escenarios como el Haití de los años 90 o la Nicaragua 2006-2021. La segunda, porque este tipo cambios políticos abruptos tienden a generar períodos de larga inestabilidad y violencia, o desembocar en nuevas formas de autocracias.

La única alternativa pareciera apelar -por enésima ocasión- a un intento de Pacto de Nación para evitar la debacle institucional. Y como esta receta ha sido propuesta, y subsecuentemente ha fracasado en varias ocasiones, la agenda estratégica no es nada nueva. Las postergadas reformas en materia electoral, sistema de justicia y funcionamiento del Estado son condiciones para detener la espiral de decadencia. Y para cada una de ellas, hay relativo consenso.

En materia electoral los ejes están claros: 1) revisar el sistema de distritos y reformar el modelo de elección de diputados; 2) mayor democratización del sistema partidos, reduciendo las barreras de ingreso y fortaleciendo los derechos de los afiliados; y 3) fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, dotándolo de autonomía y herramientas para hacer efectiva su autoridad.

En materia judicial, la ruta también queda clara. 1) Promover mayor independencia de jueces y magistrados, aumentando el período de sus cargos y reformando el sistema de elección; 2) la renovación escalonada de autoridades judiciales, para mantener la unidad de jurisprudencia y evitar la cooptación en bloque de los órganos de justicia; 3) apostar por un sistema de Carrera Judicial, que fomente la meritocracia, la idoneidad de los funcionarios y la independencia judicial; 4) revisar y modernizar las normas procesales en materia de amparo, impugnaciones civiles y penales, para agilizar el trámite de los casos dentro del Organismo Judicial.

El tercer componente debe ser la refundación de la administración pública. En materia de servicio civil se requiere de modernizar los procesos de ingreso, contratación, evaluación, ascenso, sanciones y remuneración de los servidores públicos. Se debe desarrollar el escalafón de la “Gerencia Pública” bajo su propio esquema de incentivos. A nivel de contrataciones, debe actualizarse la normativa para balancear la transparencia con la búsqueda de eficiencia. Se deben reconocer otras modalidades de contrataciones (como la subasta inversa); se deben vincular los sistemas de inversión pública y fortalecer los procesos de auditoría. A nivel presupuestario, es momento de revisar asignaciones pétreas en la legislación ordinaria y fortalecer el marco jurídico de los presupuestos multi-anuales para reducir la discrecionalidad legislativa en la elaboración del instrumento de política pública.

Todo lo anterior, coronado con una agenda de modernización institucional que incluya la reforma y actualización de la Ley Orgánica del Ejecutivo, las leyes de descentralización, además de aprobación y rápida implementación de una Política de Infraestructura, de una Política de Transparencia y Combate a la Corrupción, la continuación de las gestiones de salvataje del sistema de salud pública, por mencionar algunos ejes prioritarios.

Bien decía Einstein que locura es hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Por enésima ocasión, y quizá por última, parece que la ruta del Pacto es la única para salir de la encrucijada.

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (CELAC) en la Ciudad de México. La CELAC es un espacio fundado en 2010 en el que participan 32 países latinoamericanos. Brasil se retiró en 2020.

La CELAC nació como un foro orientado a avanzar la integración y construcción de un futuro común para la región latinoamericana. La gran diferencia con la Organización de Estados Americanos (OEA) es que Estados Unidos y Canadá no participan de este foro.

La región latinoamericana, sin embargo, se veía partida en dos grandes bloques: aquellos países que participan de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, el ALBA, y el denominado y debilitado Grupo de Lima que apareció para dar una respuesta articulada a la situación venezolana y dar apoyo a la oposición de ese país.

En el ALBA participan países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y otros países caribeños. Del Grupo de Lima participan Ecuador, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Brasil, entre otros. Perú se retiró tras la victoria de Pedro Castillo y Argentina con la victoria de Alberto Fernández.

La VI Cumbre de la CELAC mostró a un Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dispuesto a apuntalar a los gobiernos de la izquierda latinoamericana. Por una parte, invitó al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, a dar un discurso en la ceremonia militar por la conmemoración de la independencia.

Pero el plato fuerte fue la inesperada visita del dictador venezolano, Nicolás Maduro que dio lugar a un cruce de palabras. Reprocharon su presencia el presidente paraguayo, Abdo Benítez, y el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Bajo la denominada doctrina Estrada, que postula el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países, AMLO dio oxígeno a líderes antidemocráticos como Maduro, Díaz Canel y Daniel Ortega.

Por si esto fuera poco, AMLO sugirió la necesidad de reemplazar la OEA por un organismo que no sea “lacayo de nadie”. Le secundó Luis Arce, presidente boliviano, en claro malestar por el rol que jugó la OEA en la misión de observación electoral de 2019.

Hay muchas críticas que se pueden hacer al rol de la OEA en los últimos años. No ha sido el órgano decisivo en la crisis venezolana y tampoco ha sido lo suficientemente contundente con los atropellos que comete la dictadura nicaragüense. Por otra parte, hay reproches porque consideran que este organismo no midió con la misma vara la en el caso de las elecciones hondureñas de 2018 con la que midió las de Bolivia de un año más tarde.

El panorama no es alentador. Pese a los desaciertos de la OEA, no debemos olvidar que órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son instancias vitales en la tutela de los derechos humanos en nuestra región.

Los reproches que hicieran muchos mandatarios en la CELAC no son para construir un orden más garante de los derechos humanos y la democracia. Más bien parece que bajo el manto de la no intervención y la soberanía pretenden desembarazarse de instancias de la OEA, tales como la CIDH y la Corte IDH que, aunque imperfectas, suponen un freno a los excesos de poder de algunos gobiernos de la región.

Somos pasajeros de una región y de un tiempo extraordinario 

A pocos días de celebrar el bicentenario de nuestra independencia nos encontramos con que somos pasajeros de una región y de un tiempo extraordinario, de incertidumbre, de angustia y dolor. Un tiempo en que la política y el Estado perdieron sentido y propósito y dejaron de funcionar ante el asombro, la complicidad y la indiferencia de ciudadanos y sociedades que debimos actuar con más responsabilidad.

Más que una saga de héroes y villanos, que los hay, esta es la historia de este tiempo. Es el espacio de una época en la que una generación de ciudadanos decidió ser prisionera de sí misma y hoy, más que nunca, está pagando las consecuencias.

Las condiciones para la construcción de naciones exitosas son mucho trabajo, buenas ideas, valores éticos y sacrificios. Si es cierto que lograrlo toma siglos, las generaciones de ciudadanos que estamos por llegar a un bicentenario para celebrar no sé qué, debiéramos al menos discutir sobre el diseño, los cimientos y las bases sobre las que algún día estará el pedestal que abrazará el futuro que todavía debemos construir.

Como si nuestro saldo vital, ciudadano y societario no fuera cuestionable, desde aquella independencia hace 200 años, el permanente enfrentamiento del ser humano con las fuerzas de la naturaleza decidió darnos la sorpresa de  un virus nuevo para el que en especial el mundo subdesarrollado no estaba preparado para recibir.

Cada día son más personas las que están perdiendo a un conocido, a un amigo, a un conocido, a un ser querido. Así son las pandemias. Y en una región como la nuestra es poco lo que se puede hacer. Así lo decidimos y lo permitimos sus habitantes.

Solo el tiempo, los esfuerzos que se puedan realizar y la suerte, nos sacarán de este laberinto de vacíos, penas y ausencias.

A través de la historia de la humanidad el diseño de la mente, el corazón y el estómago; los tres lugares donde se sienten los miedos, las tristezas y las alegrías han demostrado tener un propósito de protección y preservación. Ese diseño tan humano es la dimensión que mejor expresa nuestra condición humana.

En las guerras, las hambrunas y las pandemias, este ha sido el seguro, el andamio que ha funcionado para que la especie humana garantice su continuidad. Menos mal.

Por eso, los latinoamericanos más que soportar, prevaleceremos porque somos parte de una especie que a pesar de todo tiene alma, mente y corazón. Pero en especial los latinos tenemos un espíritu capaz de la compasión, de sacrificio y la sobrevivencia.

Al final, se trata de que entendamos el verdadero significado de lo que es ser un ser humano en libertad, y con frecuencia practicante de la indisciplina, pero libre. Y como tal, mortal, frágil y susceptible.

Por eso, comprometernos a ser ciudadanos responsables y presentes, personas honorables, humildes y agradecidas, es un buen seguro de vida. Por eso, asumir la responsabilidad de luchar por los valores éticos que construyen naciones exitosas, es el mejor legado que podemos y debemos dejar a la siguiente generación.

Así, para el mundo hispanoamericano, en especial, para quienes hoy lo habitamos, el bicentenario, la política, nuestro subdesarrollo y una pandemia sólo deben ser oportunidades para ejercer, con responsabilidad, el valor más preciado que tenemos: nuestra libertad.

En una entrega anterior hablamos sobre el “viraje” que están dando muchos países latinoamericanos en su política exterior en los últimos meses. Este nuevo esquema emergente pareciera colocar un acento excesivo en el tema de la soberanía y abandonar los imperativos de democracia, de economías abiertas y de respeto a los Derechos Humanos, cuyo espíritu fue la inspiración del consenso democrático de otros tiempos en los que la región aspiraba articularse al mundo de la post-Guerra Fría.

El pasado sábado 18 de septiembre en Ciudad de México, y en medio de la celebración de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, congregó a los demás presidentes de la región latinoamericana en un acto que también se hallaba en el marco de una fecha patria mexicana, como lo son los 211 año del “Grito de Dolores”, que inició la independencia de México frente a España.

El eje central de la reunión giró en torno a los ataques contra la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a la presencia de las polémicas figuras de los dictadores Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro como personalidades centrales de la celebración. En una acción que se aleja muchísimo y sobrepasa en cantidades a la conocida política mexicana de “no intervención” a otros países de la región, AMLO le otorgó a Díaz-Canel el discurso de orden en el Palacio Nacional frente al Ejército en donde el tirano castrista vertió toda su acostumbrada perorata anti-imperialista. Esta invitación, además de la cobertura de prensa oficial que se le dio y las declaraciones de funcionarios del partido de gobierno, reflejan que la afinidad de AMLO por el bloque regional castro-chavista va más allá de lo diplomático y de la realpolitik, y se sitúa más bien en una afinidad ideológica y de principios.

El único momento luminoso y memorable de la jornada ha sido la elocuente intervención del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien sin ambages denunció las graves violaciones a los Derechos Humanos que existen en Cuba, Nicaragua y Venezuela y quien hasta se atrevió a recitar unas estrofas de la canción “Patria y Vida” en un acto de gallardía que pocos líderes (que, aunque se dicen de “derecha”) se atrevieron a acompañar.

La polarización en la CELAC no es extraña pues desde el acto fundacional[1] de este organismo en 2010 se evidenciaron fuertes tensiones entre presidentes y modelos políticos. Recordemos que en aquella primera cumbre hace una década ocurrió la famosa pelea entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez en donde se intercambiaron toda clase de improperios tanto a vox populi como a puerta cerrada.

Aguardaremos con atención los resultados de este viraje geopolítico, pero todo pareciera indicar que se quedará en declaraciones románticas, victimistas y soberanistas y no realmente en un esquema de integración efectivo, puesto que es evidente que los objetivos son totalmente ideológicos y no encaminados hacia la promoción de un verdadero desarrollo económico-tecnológico de la región latinoamericana.

[1] La CELAC es un organismo multilateral impulsado por los expresidentes latinoamericanos Hugo Chávez, Lula Da Silva, Evo Morales, Raúl Castro, Rafael Correa, Cristina Fernández, Michelle Bachelet, a partir de la XXI Reunión del Grupo de Río en 2010, para ser finalmente creada en 2011.