Los debates legales, políticos y militares

Veinte años después, la cita con la justicia le llegó. Khalid Sheikh Mohammed (KSM), el arquitecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre está próximo a enfrentar juicio, junto a otros cinco altos operativos de Al Qaeda. Todos, acusados de 2,973 cargos de asesinato de civiles en violación a las Leyes de la Guerra, ataque contra población civil, secuestro de aeronaves, terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo. Para los cinco, el gobierno norteamericano ha solicitado la pena de muerte.

Sin embargo, el juicio del siglo no necesariamente constituirá el punto final de la guerra contra el terrorismo y los fatídicos episodios del 11 de septiembre. Por el contrario, el proceso parece que dará lugar a uno de los debates legales más interesantes de la actualidad.

Para empezar, la mera solicitud de la pena de muerte ya plantea un conflicto entre el mundo de lo judicial y de la inteligencia. Expertos en contraterrorismo señalan que de ser condenado y ejecutado KSM (el terrorista de más alto rango capturado por Estados Unidos), se estaría creando un mártir ante los ojos de los jihadistas islámicos, lo cual podría desatar actos terroristas en un futuro próximo. De tal forma que la resolución del dilema parte de responder la siguiente pregunta: ¿cuál era el objetivo de la ofensiva contra Al-Qaeda: llevar ante la justicia a los responsables del 9/11 o evitar nuevos atentados? Para agentes judiciales, el objetivo era el primero; para los expertos en contraterrorismo, era el segundo.

Luego está el debate jurídico sobre el tipo de acusación y los posibles delitos cometidos. La tesis de la acusación se basa en que Al-Qaeda violentó las Leyes de la Guerra al atacar objetivos civiles. De ahí que los juicios se lleven a cabo por una Comisión Militar (el equivalente a la Corte Marcial) y no en un juzgado federal. El problema de la acusación en el marco de las leyes de la guerra es 1) sostener la aplicabilidad de estas a organizaciones paraestatales como Al Qaeda; y sobre todo 2) demostrar que el 11 de septiembre de 2001 existía un Estado de Guerra entre Estados Unidos y Al-Qaeda, cumpliendo con las condiciones de derecho internacional sobre Declaratoria de Guerra, identificación de beligerantes, etc.

La alternativa del juicio civil tampoco es clara. Para empezar, los acusados cumplen ya entre 17 y 19 años de detención “preventiva”. No olvidemos tampoco que algunos testimonios de otros terroristas, además de la confesión de KSM de ser el artífice detrás del 9/11, y que constituyen parte central de la acusación, se obtuvieron mediante técnicas de interrogatorio que están sujetas a un debate legal en sí mismas.

En ocasiones anteriores, diversas cortes federales resolvieron que la aplicación de Enhanced Interrogation Techniques constituye actos de tortura, por lo que cualquier testimonio obtenido de las mismas, sería inadmisible. No obstante, ese criterio no es compartido por tribunales militares, que sostienen la legalidad de los métodos de interrogación y la admisibilidad de los testimonios obtenidos, a la luz de las autorizaciones de uso de la fuerza en contra de Al-Qaeda, emanadas tanto del Congreso como de la Casa Blanca. Vale recordar que la operación para asesinar a Osama Bin Laden y los ataques de drones contra cientos de terroristas, se sustentaron jurídicamente en dichas autorizaciones para el uso de la fuerza.

De ahí entonces que más que llevar ante la justicia al autor intelectual de The Planes Operation -cómo le definió el alto mando de Al-Qaeda-, el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed dará lugar al debate más profundo sobre la legalidad, la efectividad y los resultados reales de toda la Guerra contra el Terrorismo.

Como lo explica el profesor Paul Cartelege, profesor de cultura griega en la Universidad de Cambridge, en la Antigua Grecia el sorteo (klērōsis) se consideraba un mecanismo democrático. El sorteo se utilizaba principalmente para designar al consejo y las cortes.

El pasado 3 de enero, en una entrevista para Emisoras Unidas, el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre sugirió que, para dar una muestra de buena fe y de que el próximo fiscal general sería independiente, el presidente podía seleccionar al próximo fiscal general por sorteo.

Recuerdo haber escuchado que el exmandatario sugirió que el sorteo se hiciera en presencia de los directores de los medios de comunicación. El sorteo se haría mediante una tómbola en la que habría seis papeles o pelotas con el nombre de cada uno de los seis elegibles que envíe la Comisión de Postulación. Él propone que el último nombre en salir sea el próximo fiscal general.

No es la primera vez que se propone algo similar. En 2009, ingresó al Congreso la iniciativa de ley 4028 (https://bit.ly/32XoUen) que contenía la propuesta de reforma constitucional de la Asociación Civil ProReforma. Esta sugería que tanto los magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y fiscal general fuesen elegidos por sorteo a partir de una nómina elaborada por una comisión de postulación.

Como lo explica el profesor Paul Cartelege, profesor de cultura griega en la Universidad de Cambridge, en la Antigua Grecia el sorteo (klērōsis) se consideraba un mecanismo democrático. El sorteo se utilizaba principalmente para designar al consejo y las cortes.

La participación a los cargos públicos era voluntaria. Los candidatos debían someterse a una investigación previa (dokimasia). Este proceso no evaluaba tanto su idoneidad, sino que cumpliera con los requisitos: que fuera ciudadano, si había ocupado el cargo anteriormente, etc.

Modernamente el sorteo ocupa su lugar en la cosa pública. Se utiliza en Estados Unidos para integrar los jurados, se utiliza el sorteo, en ciertos casos, para determinar el juez federal competente para conocer una disputa, entre otros.

En años recientes incluso se ha utilizado el sorteo para tomar decisiones de mayor trascendencia. En 2012, el gobierno federal de Irlanda llamó a una convención constitucional que elaboraría recomendaciones para reformar la Constitución. La convención constaba de 100 miembros, de los cuales 66 eran ciudadanos seleccionados por sorteo. Los restantes 33 miembros eran diputados al Congreso y senado (https://bit.ly/3qcFgZ2).

La idea no deja de ser interesante, aunque daría para un debate más profundo sobre las consecuencias de optar por un método así para seleccionar a un fiscal general. El primer punto que debe destacarse es que la calidad de la nómina de los seis elegibles depende en gran parte del buen o mal trabajo que haga la comisión de postulación.

Si suponemos que los seis son aptos para el cargo, el sorteo no es un mal método de selección. Si suponemos que, de los seis, solo algunos reúnen las condiciones deseables, a lo mejor no es tan buena idea.

La propuesta del expresidente Maldonado Aguirre es viable legalmente. Al fin y al cabo, el artículo 251 constitucional le otorga al presidente la discrecionalidad para elegir al fiscal general de la lista que le envíe la comisión de postulación. Él decide si lo selecciona a partir de su propio juicio o si lo hace por sorteo o de cualquier otra forma. En cualquier caso, me parece que el tema merece consideración.

A finales de 2021, la ciudad de Madrid congregó a dos excepcionales políticos hispanoamericanos: Laura Chinchilla y Felipe González, en un diálogo titulado “Rethinking Democracy - Democracia en Español”, auspiciado por el Club de Madrid. Una conversación tan deleitable como importante para la región, especialmente de cara a lo que enfrentaremos en los próximos años.

En esta ocasión, a la ex mandataria costarricense le tocó entrevistar al ex presidente del gobierno español, a propósito del estado de la democracia en Hispanoamérica. Luego de más de tres décadas de la llamada “tercera oleada democrática”, durante la cual prácticamente todo el continente latinoamericano se democratizó (con la excepción de Cuba), ambos hicieron el balance de la última década donde la región continúa retrocediendo sostenidamente en todos los índices de democracia, y en donde países como Venezuela y Nicaragua se han sumado a Cuba en el renglón de regímenes abiertamente autoritarios.

“Parte de mi proyecto vital era fomentar la democracia en América Latina. Me empeñé desde el principio en un esfuerzo coordinado con otros líderes latinoamericanos para que, una vez superada la Guerra Fría… —acabo de recordar que pasado mañana se cumplen 30 años del último encuentro entre el viejo Bush y Gorbachov y cinco semanas después desaparecería la Unión Soviética, marcando el fin de una época— … Una vez superado eso, luchamos mucho por ampliar el espacio de la democracia en América Latina y la verdad es que había un anhelo de democracia en toda la región. Después se ha producido una regresión, que es muy dramática. Empiezan a aparecer caudillismos populistas, algunos quieren darle un signo de derecha o de izquierda, pero el resultado es el mismo para la gente, que es la pérdida de libertades. Es una tentación tiránica que busca romper las reglas del juego y hacerse con el poder y esa corriente se ha producido (en parte, y eso es lo que me preocupa) porque la gente cree que la democracia ha fracasado. Pero si uno penetra en el fondo del asunto, lo que ha fracasado son los gobiernos gestionando las instituciones y haciendo política. La democracia no garantiza el buen gobierno, sólo garantiza —que no es poco— que podamos echar al gobierno que no nos gusta. No es un fracaso de la democracia, la democracia es una forma de elegir a los representantes”, explicó González.

González ha tocado un elemento toral en la discusión sobre la regresión democrática en América Latina: la diferencia entre “acceso al poder” y “ejercicio del poder”, que explica por qué el voto popular en muchos de nuestros países se inclina cada vez más por opciones radicales que no terminan resolviendo los problemas de desempeño institucional y de corrupción, sino que más bien los agravan y además terminan instalando proyectos políticos autoritarios que se eternizan en el poder.

Más adelante, hace otra precisión de una importancia tremenda y que —contrario a lo que se simplifica en varios círculos liberales— no tiene que ver con la re-distribución de la riqueza, sino con el carácter desigual de la aplicación de la ley y de lo que varios expertos han denominado instituciones excluyentes, que contribuyen a la percepción (cada vez más difundida en la región), de que el sistema sólo funciona para unos pocos. Continúa González: “las políticas no son de servicios públicos generales, sino que son mucho más clientelares”, lo cual es la raíz de por qué en América Latina ha sido tan difícil implementar Estados de bienestar exitosos.

Con respecto a la economía, el político socialdemócrata refiere: “Superar o contraponer al neoliberalismo una política de mayor justicia social, de servicios públicos, de inclusión de un mayor número de ciudadanos en la política de gobierno, sería muy razonable. Salvo que lo que uno ve es que frente al neoliberalismo, lo que proponen es el neopobrismo: aquí vamos a igualar a todo el mundo, porque el salario mínimo no va a valer nada, salvo a los que mandan”. Es un llamado de atención de González a la izquierda populista autoritaria latinoamericana que se empeña en imponer un modelo depredador fracasado, en lugar de apostar por economías abiertas que permitan el libre desarrollo de los individuos.

Luego prosigue Chinchilla, haciendo referencia al desgaste de los mecanismos multilaterales que existen en América Latina para la defensa y protección de la democracia:

“En América Latina pretendimos hacer algo muy hermoso hace 20 años y aprobamos la Carta Democrática y de hecho se ha aplicado en varios incidentes (golpes de Estado, etc.), pero ya tenemos dos de los casos más graves de deterioro democrático reciente: Venezuela y Nicaragua, en donde la Carta Democrática simplemente se desvaneció. No hubo voluntad para aplicarla y pareciera que casi todo falló. Lo que imperó fue el silencio y la inacción. Lo que estamos viendo es que esos instrumentos eran muy buenos para responder a cambios abruptos en el ejercicio del poder (golpes de Estado, fraudes electorales, etc.), pero en esta nueva modalidad de deterioro de la democracia a cámara lenta y de forma gradual, pareciera que impera la noción de que nada está mal hasta que finalmente no tiene arreglo”.

Chinchilla también toca un tema al que debemos prestar atención en los próximos años y es que pasamos de un espíritu de integración regional (tanto en el orden liberal durante los años noventas, como en el bloque socialista de comienzos de siglo), a una era donde el discurso de la soberanía cobra un auge cada vez mayor en América Latina. Sin importar el signo ideológico, el rasgo que comparten la mayoría de gobiernos latinoamericanos es que ninguno quiere que se entrometan en sus asuntos internos y de allí la pasividad deliberada frente a las debacles de Venezuela y Nicaragua. Concuerdan los dos ex presidentes en que nunca, al menos en la historia reciente, la región había estado tan desintegrada.

En conclusión, ambos líderes hacen trascendentales reflexiones para la región y ponen el dedo sobre los grandes temas que, como latinoamericanos, debemos tomar en serio en los próximos años si no queremos que nuestra casa continúe a la deriva.

Vistazo a vuelo de pájaro sobre algunos temas

La llegada de un nuevo año naturalmente invita a identificar los principales retos y desafíos en materia política e institucional. Sin duda, la gestión de la pandemia Covid-19 seguirá siendo el tema de qué hablar. En su momento, se pensó que la vacunación masiva constituiría la llave para retornar a la normalidad. Sin embargo, la experiencia Omicron y las medidas adoptadas por algunos gobiernos hacen pensar que a esta trama distópica aún le restan algunos capítulos más. El embate de Omicron en Europa abrió la puerta para una serie de debates más grises y complejos que el tradicional “apertura vs encierros” que imperó durante los primeros dieciocho meses de pandemia. Concretamente, los gobiernos occidentales adoptaron dos grandes líneas de política sanitaria. Por un lado, se planteó la necesidad de apostar por dosis de refuerzo; y por otro lado, se adoptaron medidas más estrictas respecto de la población no-vacunada.

Eventualmente, estas tendencias empezarán a replicarse en otras latitudes. Esto implica que, para el Ministerio de Salud, en 2022 no sólo deberá continuar con la titánica tarea de la vacunación, sino además, deberá incorporar también medidas para asegurar que la población ya vacunada pueda acceder a dosis de refuerzo en intervalos semestrales. Por otro lado, tarde o temprano llegará a nuestras latitudes el debate sobre las políticas diferenciadas respecto de población vacunada frente a la no vacunada.

Mientras Estados Unidos ha establecido como requisito de ingreso contar con esquema completo de vacunación, en las latitudes europeas, varios gobiernos han establecido normativas más restrictivas en función a su propio modelo de alertas sanitarias. En otras palabras, cuando el número de contagios se ha disparado, la principal medida de contención han sido las restricciones para población no-vacunada. Es decir, en lugar de retornar a las cuarentenas, los gobiernos han optado por limitar el acceso de los no-vacunados a comercios no esenciales, actividades sociales, culturales, deportivas, etc. Y naturalmente, detrás de ello, viene toda una discusión más profunda sobre los alcances éticos y constitucionales de las mismas. Tarde o temprano, este debate llegará a América Latina y a Guatemala.

Otro tema de la agenda 2022 serán los procesos de elección institucional. En mayo está programado el recambio de autoridades en el Ministerio Público; y en diciembre, en la Contraloría General de Cuentas. En el caso del primero, el proceso constituirá un capítulo más de la trama del conflicto político que ha imperado en el país desde 2017. La variable exógena de la ecuación será la actitud de Washington respecto del proceso de elección de nuevo fiscal. ¿Será esta la oportunidad para una desescalada en el enfriamiento de las relaciones bilaterales del país? ¿Apostarán los actores tradicionales por personajes oscuros como mecanismo para salvaguardar la agenda reaccionaria? ¿Se encontrará un escenario de consenso? Todas estas preguntas estarán a la orden del día entre febrero y mayo 2022.

Y luego como olvidarse de las alegres elecciones. Como si nada, estamos ya a menos de 18 meses del proceso electoral 2023. Y ante los plazos del calendario electoral, veremos cómo a partir del segundo semestre 2022, empiezan los movimientos de los partidos y candidatos que buscarán posicionarse de cara al proceso electoral. Aquí se presentan varios escenarios interesantes. Por ejemplo, ¿cómo culminará el conflicto por el control de la UNE? ¿Qué futuro político le depara a Sandra Torres? ¿Seguirá siendo la hace-presidentes de Guatemala? ¿Qué ocurrirá con candidaturas que en 2019 fueron rechazadas dado el cambio en las correlaciones de poder en el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad?

Y así, la culminación del descanso de fin de año trae consigo el retorno a la normalidad política.

En el 2022 habrá que seguir de cerca tres temas: la designación de fiscal general, la pandemia y el movimiento de alianzas de cara al año electoral 2023.

En las próximas semanas se juramentará la comisión de postulación que debe elaborar una nómina de seis candidatos de la cual el presidente de la república nombrará al fiscal general para el periodo 2022-2026.

Esta comisión de postulación estará integrada por 15 miembros: 12 decanos de las facultades de derecho, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados.

Las decisiones en la Comisión de Postulación se toman por dos tercios, con lo cual serán necesarios 10 votos para tomar cualquier decisión relevante. En otra columna espero abordar el tema con mayor detalle, pero basta decir que el trabajo de esta comisión es crucial.

Se especula si la actual fiscal general optará o no a la reelección. Lo cierto es que, de ser el caso, primero tendría que quedar seleccionada dentro de la nómina de seis elegibles.

Si bien la Ley de Comisiones de Postulación marca ciertos parámetros de evaluación, cada comisión tiene cierto margen para materializar esos parámetros y la “nota” no es vinculante. Recordemos, por ejemplo, que en 2014 la comisión no incluyó a la entonces fiscal general, Claudia Paz y Paz dentro de la nómina de seis elegibles.

El segundo tema clave, como no puede ser de otro modo, es la pandemia. Aun se desconocen los riesgos de la variante ómicron. Algunos datos sugieren que es más contagiosa, pero menos letal que las variantes anteriores.

Si bien los expertos sugieren que los virus que se transmiten por vía aérea tienden a mutar hacia variantes más contagiosas, pero menos letales, no se descarta que pueda aparecer una variante que complique las cosas.

Aún así, parece ser que la vacunación es la única ruta para sortear la pandemia. En la medida que mayor parte de la población adquiera cierto nivel de inmuniad, será más fácil vivir con el virus.

Guatemala aún exhibe tasas de vacunación sorprendentemente bajas para la región: de acuerdo con el portal Our World In Data, solo el 36% de la población ha recibido al menos una dosis y apenas el 26% ha recibido el esquema completo. Cifras que nos ponen a la cola de la región latinoamericana.

Por último, habrá que prestar atención hacia dónde se mueven las alianzas electorales. Hasta el momento el oficialismo goza de una sólida alianza en el Congreso que le ha permitido gobernar con comodidad. Se espera que esto siga así.

Sin embargo, dado que no hay reelección presidencial en Guatemala, es común ver que algunas facciones empiecen a mover sus fichas con miras a las elecciones siguientes.

Habrá que seguir el destino del partido UNE ahora que Sandra Torres ha ganado la partida a quienes le plantaron oposición interna. Si el partido no sobrevive a una cancelación, queda por ver si Torres logra conseguir otro vehículo electoral.

También ver con qué celeridad se aclare el proceso penal en su contra. De momento, la jurisprudencia le favorece pues ya existen varios fallos que han decretado que no se puede montar persecución penal por delito de financiamiento electoral irregular por el principio de irretroactividad de la ley derivado de que este delito se reformó en 2018.

Habrá que prestar atención también al futuro que pueda tener el “Frente Nacional de Oposición” que ha encabezado el diputado Carlos Barreda. Hasta ahora la oposición ha sido débil y dispersa. Y por supuesto habrá que poner los ojos en los virtuales candidatos favoritos como Zury Ríos y Edmond Mulet.

Es un mal endémico del sistema legal guatemalteco que está diseñado para cumplir procedimientos, no para hacer justicia o resolver conflictos. 

 

Hace pocos días se dieron a conocer dos noticias relevantes. Por una parte, que se culminaba el proceso de cancelación del partido UCN por infracción a normas de financiación electoral. Por otra parte, que se iniciaría el proceso de cancelación del partido UNE.

Quizás el lector suponga, razonablemente, que la cancelación de ambos partidos obedece a las múltiples acusaciones de financiamiento irregular de las que han sido objeto ambas organizaciones políticas. El excandidato presidencial de UCN fue condenado a prisión por conspiración para traficar drogas en EE. UU. y la excandidata presidencial de la UNE enfrenta proceso penal por financiamiento electoral irregular.

Sin embargo, la historia es un poco distinta. Por ejemplo, de acuerdo con una nota de prensa, el partido UCN sería cancelado porque “realizó gastos con fondos de financiamiento público entre 2014 y 2015, sin documentos de respaldo” y porque además “se identificaron cuentas por pagar no registradas y la emisión de cheques a nombre de ejecutivos del partido que no fueron documentados”.

Es decir, la cancelación de UCN nada tiene que ver con la escandalosa noticia de 2019. Más bien es resultado de un incumplimiento a las formas de rendir cuentas ante la autoridad electoral.

El caso de la UNE es aún más ilustrativo del punto que quiero hacer en esta columna. El anuncio que hiciera el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que iniciaría el proceso de cancelación de la UNE se debía a que esta organización política no tiene integrado su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ya que el número mínimo de integrantes es de 15 y no tiene suficientes miembros para integrarlo.

La razón es que varios miembros afines a Sandra Torres renunciaron al CEN en algún punto por desacuerdos con el partido. Algunos especulan que procuraron intencionalmente desintegrar el CEN para paralizar el funcionamiento del partido. Al fin y al cabo, el CEN es el órgano ejecutivo del partido y sin él no es posible tomar algunas decisiones clave.

Pues resulta ser que a la UNE le corresponde integrar nuevo CEN y para ello debe celebrar una asamblea nacional. Sin embargo, la literal “c” del artículo 29 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que es el CEN quien debe convocar a asamblea nacional. Pero como hemos dicho en el párrafo anterior: no existe un CEN conformado porque no tiene los 15 miembros que la LEPP exige como mínimo para su integración.

¿Qué nos ilustran el caso de UNE y UCN? Que el sistema legal guatemalteco descansa enteramente en el culto a las formas. Las graves acusaciones de financiación irregular o de vínculos con actividades criminales jamás han sido objeto de discusión en los expedientes que tienen abiertos ambas organizaciones políticas. Pero han incurrido en infracciones a obligaciones formales y esa es la única razón por la cual el aparato se ha activado y pone en jaque la existencia jurídica de ambas agrupaciones políticas.

Esto va más allá del actual TSE. Es un mal endémico del sistema legal guatemalteco que está diseñado para cumplir procedimientos, no para hacer justicia o resolver conflictos. En este sistema es bastante probable financiar campañas ilegalmente con dinero del crimen organizado, hacer dinero de la corrupción y no ser descubierto, pero no vaya a ser que escriba Pérez sin tilde que el registro equis rechaza su solicitud.

Desde luego que las formas importan. Pero importan en la medida que las formas han sido concebidas como mecanismos para garantizar la tutela de los derechos. Aquí funciona al revés: las formas son un fin en sí mismo.

Desconozco cómo se resuelvan finalmente lo casos de UNE y UCN, pero algún formalismo decantará la balanza en un sentido u otro. Mientras tanto el fondo quedará relegado a un segundo plano y el sistema no resolverá los problemas de fondo de financiación y de transparencia de los partidos político.

Romper el monopolio de liderazgos y de ideas dentro de los partidos

De acuerdo con la teoría sobre procesos de institucionalización, dos características esenciales de aquellas organizaciones que alcanzan el nivel de “institución” es haber desarrollado mecanismos para resolver disputas internas y que logran sobrevivir procesos de circulación de liderazgos.

Esas dos características han estado tradicionalmente ausentes en el sistema de partidos políticos luego de la transición democrática. La mayoría de los partidos han mostrado una incapacidad sistémica para atender la disidencia interna, fomentar la competencia de liderazgos y generar transiciones de poder de forma institucionalizada.

Por ejemplos, a principios del nuevo milenio, el Partido de Avanzada Nacional vivió una escisión entre sus principales liderazgos, lo que a la postre llevó a que cada una de las facciones en disputa fundaran sus propias organizaciones políticas: el Partido Unionista y el Partido Solidaridad Nacional.

Caso similar ocurrió con la UNE, de cuyo seno emergieron los partidos Líder y Todos, ambos vinculados con liderazgos alternos (Manuel Baldizón y Roberto Alejos) que, al no encontrar espacios de disidencia dentro del partido, optaron por crear sus propias organizaciones.

Y así podríamos reseñar incontables historias dentro del mundo político-partidista de las últimas dos décadas. Y en todos casos la historia parece ser la misma: cuando surgen liderazgos alternos o grupos disidentes dentro de la organización madre, al no existir mecanismos formales de disputabilidad o de competencia para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Atender este problema implica redefinir algunas de las reglas internas del funcionamiento de los partidos políticos, pero además, implica un cambio de patrones culturales de comportamiento.

A nivel de normativa, la utilización de mecanismos como elecciones primarias, voto secreto en las asambleas partidarias, la obligatoriedad para que se postulen dos o más planillas en las elecciones internas de los partidos, o que deba utilizarse alguna fórmula proporcional de minorías, permite que distintas facciones accedan a espacios de poder dentro de los partidos.

Pero luego, también se requiere de un cambio de patrones culturales. En Guatemala la disidencia se considera traición. Cuando la competencia de ideas o planteamientos dentro de una organización es parte fundamental del enriquecimiento programático. También se asume que los “platos sucios se lavan en casa”, cuando en algunas ocasiones publicitar la existencia de visiones encontradas dentro de una institución ayuda -precisamente- a mostrar la amplitud de visiones que coexisten.

O qué decir cuando se ´sanciona´ a un legislador, alcalde o activista por adaptar una postura distinta a la del partido. Al final, dentro de los partidos políticos institucionalizados, siempre existen facciones y distintas corrientes. Dentro de los republicanos -por ejemplo- hay un ala libertaria (Rand Paul), otra más tradicionalista (Mitt Romney) y otra más populista (Donald Trump). Como también dentro de los demócratas no es lo mismo comparar a personajes como Joe Biden con las Pelosis y las AOCs.

Reconocer el valor del debate político interno, desarrollar mecanismos que permitan visibilizar las disputas internas, además de fortalecer los órganos encargados de dirimir conflictos (tales como el Tribunal de Honor o el Órgano de Control y Fiscalización) resultan necesarios para fomentar la disputabilidad en el marco de la institución partidaria.

Con esas rutas, quizá resulte posible pensar en partidos donde coexistan facciones con distintas ideas programáticas, en donde haya realmente competencia por los espacios de toma de decisiones, y en donde se respete a las minorías disidentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia de fecha 6 de octubre de 2021 del caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala. La Corte IDH encontró responsable al Estado de Guatemala por violar los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en le vida cultural.

En resumen, los hechos se relacionan con la falta de legislación sobre radios comunitarias. La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) estableció un novedoso proceso para otorgar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico a través de Títulos de Usufructo (TUF) que se asignan mediante un sistema de subastas.

Sin embargo, este mecanismo no es adecuado para las radios comunitarias que no tienen los medios para acceder al recurso mediante una subasta. Cabe decir que ya la Corte de Constitucionalidad (CC) en sentencia de 14 de marzo de 2021, expediente 4238-2011, dentro de una acción de inconstitucionalidad contra la LGT resolvió:

“(…) se exhorta al Congreso de la República para que, de acuerdo a lo considerado en el presente fallo, emita la normativa correspondiente en virtud de la cual se regule la posibilidad y acceso de los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para promover la defensa, desarrollo y difusión de sus idiomas, tradiciones, espiritualidad y cualesquiera expresiones culturales.” (Resaltado propio)

La Corte IDH considera que existe “(…) un derecho de los pueblos indígenas de verse representados en los distintos medios de comunicación” y que “(…) esta obligación estatal se materializa mediante la adopción de medidas que permitan el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias, especialmente a las comunidades indígenas”

Considero importante mostrar cómo es que la decidida omisión del Congreso de atender las exhortativas que hace la CC tienen consecuencias graves. El Congreso solo ha atendido una exhortativa de la CC y se trató de la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, naturalmente porque afectaba a los propios políticos. Luego, las demás exhortativas han caído en saco roto.

Por otra parte, la Corte IDH ha establecido que el vacío legislativo antes enunciado da lugar a la violación del artículo 24 de la CADH referente al derecho a la igualdad. Considera al Corte IDH que “(…) el derecho a la igualdad ante la ley también implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva(…)”.

Por último, la Corte IDH considera que el Estado guatemalteco ha violado derechos humanos con la manera en que ha procedido la persecución penal contra personas que operaban radios comunitarias sin licencia.

Particularmente, porque considera que en los allanamientos se confiscó el equipo de las radios comunitarias y porque la persecución no ha cumplido con los criterios de proporcionalidad. Pero, por otra parte, porque el Ministerio Público utilizó la figura del hurto para perseguir a estas personas bajo el supuesto de que de acuerdo con el Código Civil “son bienes muebles las fuerzas naturales susceptibles de apropiación” (las frecuencias en este caso) y que por tanto al utilizar las frecuencias (bien mueble) sin licencia, se incurre en hurto.

La Corte IDH ha dicho sobre esto que: “la aplicación del tipo de hurto para la persecución penal de las personas que operan las radios comunitarias indígenas resulta inadecuada, toda vez que parece confundir el uso del espectro radioeléctrico con la apropiación” y que dado que “(…) no existe una “tipificación clara y precisa de la conducta”, es decir, de utilizar una frecuencia radioeléctrica sin licencia de las autoridades estatales, la Corte encuentra que en el presente caso no se cumple el requisito de estricta legalidad.

Mucho ojo sobre este punto porque en Guatemala se abusa del derecho penal. Hay demasiados temas para reflexionar, pero poco espacio para ahondar más.

El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo.

En los países avanzados, los partidos políticos tienen ideología, que luego es plasmada en los planes de gobierno que, a su vez, se convierten en el marco de referencia de sus acciones y el signo distintivo de su gestión, una vez alcanzan el poder. Y como resulta lógico, el presupuesto público es el instrumento para implementar el contenido de estos planes de gobierno. Dependiendo del signo ideológico, los planes de gobierno pueden estar centrados en crecimiento económico, infraestructura, renovación de la matriz energética, expansión de la política social, seguridad pública, etc. El punto es que se tiene un norte claramente definido y el presupuesto público se adapta en función de estos grandes objetivos.

En el caso de Guatemala, los partidos políticos se han vaciado de contenido con el paso de las décadas y eso se ha reflejado en los Presupuestos Públicos. Las diferentes instituciones del Estado han crecido de forma inercial, tanto en presupuesto, como en el número de trabajadores sin cuestionarnos la efectividad o la conveniencia de estas. Los distintos programas de gobierno no se evalúan con regularidad, por lo que los recursos de los contribuyentes se malgastan o bien se pierden en corrupción.

El presupuesto aprobado para el 2022 adolece de las mismas falencias de siempre. Lamentablemente no se parte de una visión de Estado, de un plan de gobierno o de una política pública innovadora para elaborarlo. Simplemente se alimenta un Estado que a todas luces es anacrónico y es incapaz de brindar las condiciones para el desarrollo económico y social.

Por ejemplo, el presupuesto en Educación se encuentra alrededor de Q 20,600 millones para 2022, un incremento de casi Q 4,800 millones respecto de lo ejecutado en 2019, el último año que el Congreso aprobó un presupuesto nuevo. No sólo es un aumento en términos nominales, sino también relativo al tamaño de la economía, al pasar de representar 2.7% a 3% del PIB. La pregunta relevante es ¿Tendremos mayor cobertura y mejor calidad en la educación pública? La respuesta dolorosa es que no. La mayor parte de los incrementos al presupuesto de Educación en los últimos cinco años han servido para pagar los incrementos salariales negociados en Pactos Colectivos, mientras que el bienestar de los niños y de los jóvenes quedó relegado a un segundo plano.

Lo mismo puede cuestionarse de otros rubros del presupuesto, como las secretarias del ejecutivo, que de 2011 a 2020 se gastaron más de Q 13,000 millones. ¿Para que sirvió ese dinero? ¿Cuáles son los resultados tangibles? O que decir de los Consejos de Desarrollo, que se pensó como un mecanismo democratizador de planificar y ejecutar la obra pública, pero terminó siendo un mecanismo sumamente opaco y cuestionado. O peor aún, del dinero público que se les da a ONGs de una forma totalmente arbitraria y que deja espacio para favoritismos y pago de favores.

Es cierto que los presupuestos públicos deben guardar cierta inercia. No se puede hacer “borrón y cuenta nueva” de la noche a la mañana. Hay gastos operativos que se repiten cada año y que se incrementan inercialmente. También es cierto que, en el caso de Guatemala, existen enormes rigideces en el presupuesto que dejan muy poco espacio para políticas públicas “innovadoras”. Pero la percepción del guatemalteco común es que los recursos de los contribuyentes son malgastados y que existe un deterioro significativo en los servicios públicos. Por esa razón, es indispensable que, en algún momento, se cuestione a fondo cada uno de los rubros del presupuesto y que los guatemaltecos perciban que los fondos públicos se gastan de forma eficiente, transparente y alcanzado resultados tangibles. En ese sentido, el presupuesto aprobado para 2022 es una nueva oportunidad perdida.

Por último, es preocupante que no se haga un mayor esfuerzo por controlar el déficit fiscal. Es cierto que la pandemia ha representado desafíos extraordinarios, pero la mejora en las perspectivas de la recaudación fiscal debió aprovecharse para reducir el déficit y no para expandir el gasto público. El pago de intereses por la deuda pública sigue creciendo y, por tanto, debe regresarse cuanto antes a un déficit fiscal inferior al 2% del PIB para preservar nuestra estabilidad macroeconómica; que es uno de los mejores activos que tenemos y no debe ponerse en riesgo.

Lea la publicación original en Prensa Libre haciendo click aquí. 

Cuando los poderes intermedios dejan de importar

Desde la transición democrática, diversos autores (Sussane Jones, Rachel McLeary, entre otros) exploraron la relación que imperaba entre los actores políticos y las élites económicas tradicionales en Guatemala. La simbiosis del poder mediático con el económico, la concentración del financiamiento partidario, junto al poder de veto de la patronal, constituían las pruebas de los términos de subordinación de los políticos hacia el poder privado.

Sin embargo, con la llegada al poder de Alfonso Portillo y el FRG, pero particularmente a partir de las elecciones 2011, esa relación ha venido en un proceso de reconversión. Cada día, los actores políticos tienen más independencia respecto de las élites y los capitales tradicionales del país.

En el ámbito económico, el patrimonialismo y la rentabilización de los negocios públicos han generado un modelo autosostenible de financiamiento. Los contratos de obra gris con empresas propias o afines, el listado geográfico de obras, la intermediación en la proveeduría del Estado, las plazas fantasmas o las comisiones por tráfico de influencias, han generado un ‘capital semilla’ que permitiría a los partidos afrentar los costos de la campaña. Ese ‘capital semilla’ minimiza la dependencia de los candidatos frente financiamiento proveniente del capital tradicional y algunas formas de capital emergente lícito.

La muestra de lo anterior es la conclusión del informe de CICIG sobre el financiamiento de la política, en el que se cuantificaba que el aporte empresarial “a penas” representaba el 25%; mientras que la corrupción y el crimen organizado representaban el 75% de los fondos de campaña. Seguramente hace 30 años la proporción entre uno y otro segmento era muy distinta.

En otras palabras, hoy los partidos prefieren capitalizarse vía la repartición del patrimonio del Estado o reclutar financistas locales de dudosa procedencia, a recurrir a la tradicional práctica de “pasar el sombrero”. Primero, porque la porosidad del gasto público permite acceder a mayores recursos a un menor costo político. Y segundo, porque esta receta le otorga a los partidos mayor margen de maniobra frente a los financistas de antaño, sus demandas y agenda política.

En el ámbito mediático ocurre algo similar. La romería ante el Ángel de la Democracia ya no tiene la trascendencia de antaño. La proliferación de cables locales, de emisoras de corte regional, la consolidación de nuevas opciones en el mercado, y ahora, el advenimiento masivo de la publicidad en redes sociales, genera mayor nivel de independencia de los políticos frente a los poderes tradicionales de la comunicación. Esa dinámica también provoca menor respeto a la prensa. Hoy tener ´mala cobertura mediática´ acarrea un menor costo que hace diez o veinte años. O qué decir de aquel experimento -fallido por cierto- de Manuel Baldizón de construir un consorcio mediático precisamente con fines político-partidario. Al final, su aspiración era ganar aún más autonomía.

En lo social, los partidos prefieren recurrir al clientelismo que pactar con organizaciones de base. Salvo algunos casos concretos, como los sindicatos de maestros y salubristas, o alguna que otra organización campesina, los partidos carecen de incentivos para establecer alianzas con organizaciones de base local, territorial o de amplio espectro social. Por el contrario, resulta más eficiente -en términos políticos más que financieros- recurrir al clientelismo o al reclutamiento de caciques, como estrategia para construir organización y acarrear votantes el día de la elección. Los primeros piden acciones de política pública, los segundos sólo sirven el propósito electoral.

Con estas condiciones, el futuro del país se presenta como un enfrentamiento al desnudo -como diría Huntington- de fuerzas políticas, sin mayores ataduras a otras expresiones del poder. La autonomía de lo político finalmente se alcanzó, gracias a fenómenos tan diversos como el patrimonialismo, el clientelismo, la criminalidad organizada, e incluso, la revolución tecnológica y de las comunicaciones. El efecto es sencillo: las demandas de unos y otros, simplemente tienen menos peso hoy que hace unas décadas.