Ucrania es hoy el escenario de la peor crisis geopolítica desde la Guerra Fría.

En las últimas semanas, Rusia y Occidente se han enfrascado en una riña por el control de la mayor, más próspera y más rebelde de las exrepúblicas soviéticas.

Partamos de algunos datos básicos. Para Moscú, uno de sus imperativos geoestratégicos desde los años noventa ha sido mantener a todas las exrepúblicas soviéticas bajo su esfera de influencia, promoviendo la deferencia de sus gobiernos, o -en el peor de los casos- asegurando su neutralidad.

Ucrania, en cambio, ha tenido una suerte muy particular. Desde su independencia en 1991, resintieron el tutelaje de Moscú, apostaron por los valores de la democracia liberal y estrecharon sus lazos económicos con Europa. Incluso, en el 2014, los ucranianos defenestraron a su entonces presidente, Viktor Yanukovych, por resistirse a suscribir un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Desde entonces, los gobiernos de Kiev han sido cada vez más pro-Occidentales y más anti-Kremlin.

Ante la rebeldía de sus vecinos ucranianos, el Kremlin ha recurrido a una amplia variedad de trucos y bromas. Hostigamiento político, presión económica y militar, ciberterrorismo, apoyo a grupos insurgentes dentro de Ucrania, etc, etc., etc. Incluso, en 2014, recurrieron a la acción militar para anexar la región de Crimea, argumentando que la población de dicho territorio manifestaba abiertamente incorporarse a Rusia. En respuesta, Ucrania ha buscado unirse a la OTAN, la alianza militar de los países occidentales.

De tal manera, durante la última década, la frontera geoestratégica entre Rusia y Occidente ha sido Ucrania y por ello ha sido foco de tensiones de alta política. Para muestra, el primer impeachment contra Donald Trump estuvo relacionado precisamente con su manejo de la política respecto de Ucrania.

En el verano de 2021, Vladimir Putin publicó una carta en la que indicaba que “la soberanía de Ucrania sólo es posible si mantiene una línea cercana a Moscú”. Inmediatamente, fortalecieron su apoyo a grupos separatistas de la región de Donbas y enviaron soldados a la frontera -replicando la misma estrategia utilizada en 2014 con Crimea. La respuesta ucraniana fue movilizar tropas a la frontera con Rusia.

Frente a ello, la posición de Occidente ha sido ambivalente. Biden ha dicho que la OTAN no toleraría una agresión militar a gran escala. Pero dejó a interpretación si la alianza respondería ante cualquier acción de menor envergadura, como el apoyo a grupos separatistas o acciones militares limitadas.

El problema de la OTAN es complejo. A lo interno no existe consenso sobre qué tan dispuestos estarían a enfrentar a Moscú en un escenario de agresión limitada contra Ucrania. Para los países industriales del centro de Europa, el costo de perder los suministros de gas proveniente de Rusia es muy alto.

La alternativa intermedia han sido las sanciones económicas contra Rusia, las cuales no le sacan más que unas cuantas carcajadas a Putin y su séquito. Estados Unidos ha amenazado con sacar a Rusia del sistema SWIFT (que permite las transacciones financieras internacionales), pero esto implicaría la ruptura económica de Europa con Moscú, lo que hace temblar a los países dependientes del gas ruso.

La demanda pública del Kremlin es sencilla: el compromiso de la neutralidad ucraniana, asegurando que Kiev nunca se integrará a la OTAN. Sin consensos a lo interno de la OTAN y ante el costo de perder el gas ruso, la pelota está hoy en la cancha de Moscú.

Es importante que la ciudadanía fiscalice el proceso. Pero no debemos perder de vista que es difícil alcanzar buenos resultados cuando los procesos no son los óptimos.

Sin duda uno de los eventos más importantes del 2022 es la designación del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). La Constitución, desde la reforma de 1993, prevé que la designación la haga el presidente de la República a partir de una nómina de seis nombres que le remite una Comisión de Postulación.

Esta comisión de postulación está conformada por los decanos de las facultades de derecho en el país (en este caso 12), el presidente del Tribunal de Honor y el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La comisión ya se encuentra en labores y ya ha trazado su cronograma de trabajo. Mañana, martes, aprobaran el formulario de solicitud para los interesados y del 11 al 21 de febrero estará abierta la recepción de expedientes. Después de un periodo de depuración de papelería, del 7 al 10 de marzo la comisión deberá determinar qué aspirantes reúnen los requisitos para optar al cargo.

Acto seguido publicará la lista de los aspirantes en el Diario Oficial y se abrirá un periodo para que quienes conozcan de algún impedimento puedan hacerlo saber a la comisión de postulación. Se prevé un periodo para que los interesados que sean señalados ofrezcan sus pruebas de descargo.

Luego, a comienzos de abril comienza la fase más complicada. La comisión de postulación debe entrevistar a los aspirantes y ponderar y definir una nota que va de 0 a 100 de acuerdo con los parámetros que prevé la Ley de Comisiones de Postulación y los requisitos que la comisión establezca.

Es importante que la ciudadanía fiscalice el proceso. Pero no debemos perder de vista que es difícil alcanzar buenos resultados cuando los procesos no son los óptimos. Algunos ponen mucho énfasis en el peligro que existe por parte de fuerzas oscuras que pretendan influir en el proceso. Y sin duda que será el caso.

Pero a diferencia de otras comisiones de postulación, en esta ocasión los decanos de las universidades son mayoría. Tengo la mejor impresión en cuanto a la decencia y capacidad de varios integrantes de la comisión y la ley exige que todas las decisiones se adopten por mayoría de dos tercios, es decir, 10 votos de 15. Este no es un detalle menor.

Sin embargo, por muy buena voluntad y empeño que cualquier persona ponga al proceso los resultados no pueden ser nunca los óptimos. El proceso no está regulado como un mecanismo de ascenso por oposición, por ejemplo. Más bien la dinámica que genera el marco legal es la de una evaluación de méritos muy poco profunda.

La experiencia nos ha demostrado que decenas de abogados desconocidos ingresan sus expedientes adjuntando una constelación de diplomas, títulos de posgrado y participaciones en cualquier suerte de conferencias o talleres.

La comisión de postulación destina largas horas a revisar documentación y a depurar expedientes, tiene poco de donde escoger y menos tiempo para entrevistar a los candidatos. Finalmente, la sociedad civil aspira a identificar a los pocos nombres que reconoce y a señalar algunas tachas.

El resultado de este burocrático proceso es el mismo siempre. No dejo escapar la ocasión para recordar que los líderes políticos de este país han desperdiciado las ocasiones para hacer una reforma integral al sistema de justicia que necesariamente pasa por una quirúrgica reforma constitucional.

La competencia entre las mismas facciones dentro de un cartel por la repartición de las utilidades, terminará acabando con el cartel mismo.

En economía, el concepto del cartel hace referencia al acuerdo colusorio entre dos o más unidades económicas independientes dentro de un mismo sector para reducir o eliminar la competencia, con el fin de incrementar precios, aumentar utilidades y dominar el mercado. La idea es uniformar y restringir la producción, oferta y/o distribución con aras de maximizar rentas y utilidades.

El concepto bien puede extrapolarse a la práctica de la homogenización ideológica que silenciosamente se ha apoderado del sistema de partidos en Guatemala. Desde 2017 a la fecha, los partidos de derecha han caído presa de una suerte de cartelización ideológica y discursiva, con poca competencia entre sí.

En términos generales, ideas como la vinculación de la política con valores religiosos, la defensa a ultranza de la soberanía ante una supuesta agenda globalista o la generación de una “narrativa común” sobre lo ocurrido en Guatemala entre 2015 y 2019, se han convertido en la carta común de presentación de prácticamente todos los movimientos de derecha. Pero atrás de ello, se ha producido también una suerte de censura a la disidencia. Aquellos partidos, facciones, grupos o liderazgos que han matizado alguna de las posturas anteriores o que no se alinean con la totalidad de ideas del cartel, han sufrido de sanciones sociales, ostracismo o burdo hostigamiento. El calificativo “chairo” ha sido la expresión más usada como correctivo ideológico entre la derecha chapina en tiempos recientes.

De ahí, por ejemplo, que la mayor parte de los bloques parlamentarios que han dominado la agenda legislativa desde 2017 a la fecha, mantienen un discurso, agenda y prioridades casi uniforme. O qué decir del sistema de partidos políticos, en donde prácticamente resulta imposible diferenciar entre agrupaciones con ideología conservadora, liberal o demócrata-cristiana entre la oferta de “derecha”. Peor aún durante los procesos electorales, cuando raramente se diferencian líneas ideológicas, escuelas económicas o distintas líneas de política pública en el debate político.

Quizá una de las pocas variables para distinguir entre la oferta de derecha, es el nivel de cercanía o lejanía respecto de las élites y el capital tradicional. A modo de ejemplo, al contrastar partidos como VALOR y UCN, resulta muy difícil diferenciarlos por su discurso. En cambio, sí podemos hacer una distinción respecto del relacionamiento con élites y tipos de capital de cada uno de ambos proyectos.

De ahí se desprende que la única ruptura del cartel se produjo entre agosto y septiembre 2021, cuando aquellos partidos de derecha con una línea más pro-empresarial rechazaron el Estado de Calamidad propuesto por el Gobierno, frente a la postura de los partidos de derecha más autónomos frente a las élites, que terminaron votando en favor medidas restrictivas por el incremento de casos de Covid.

Dentro del mismo liberalismo, el tema de los carteles siempre ha sido objeto de apasionados debates. Sin embargo, siempre he coincidido con la conclusión de James Buchanan y la Escuela de Public Choice sobre que tarde o temprano “la competencia entre las mismas facciones dentro de un cartel por la repartición de las utilidades, terminará acabando con el cartel mismo”.

En esta analogía del cartel político-ideológico, la principal competencia interna por la repartición de las utilidades será el proceso electoral 2023. Las encuestas claramente nos indican que para el votante la falta de empleo, el alto costo de vida, el precio de los servicios públicos, la inseguridad y la corrupción son los temas sensibles. De ahí vemos ya a un Roberto Arzú -por ejemplo- hablar de energía eléctrica gratuita y subsidios universitarios. Tarde o temprano, veremos a otros disidentes hablar de corrupción.

La pregunta del millón es si la competencia por votos en 2023 (y por ende, por las utilidades ulteriores) terminará rompiendo al cartel. O si el interés de maximizar utilidad y cerrar espacios de competencia, consolida al cartel frente a los intereses facciosos. Poporopos en mano, observemos a ver qué pasa.

El hecho de que en El Salvador se considere a bitcoin como moneda de curso legal no tiene implicaciones para Guatemala.

La respuesta corta es que se trata de una cuestión que no cuenta con regulación específica. Al solicitar información a la Junta Monetaria sobre la existencia de alguna normativa o resolución que regule el uso de criptomonedas en Guatemala, hicieron ver que “En la actualidad no se tiene conocimiento que esté trabajando en alguna iniciativa de ley o normativa para regular el uso de las criptomonedas en Guatemala”.

Previamente señalaban que, de acuerdo con la Ley Monetaria, artículo 1 y 2, el quetzal es la unidad monetaria del país y el Banguat su único emisor. Sin embargo, esto no aclara si se le da estatus de moneda o no a las denominadas criptomonedas para considerarlas en todo caso divisas.

El uso cada vez más generalizado de las criptomonedas ha traído respuestas de los distintos entes reguladores de cada país. A veces las respuestas son contradictorias entre agencias. Por ejemplo, En Estados Unidos, algunos reguladores financieros de algunos estados consideran a las criptomonedas como monedas. Por lo tanto, en los Estados que así lo consideran se hace necesario obtener una licencia para operar como money transmitter mientras que en otros Estados no.

Por ser un país federal esto trae otra serie de complicaciones en casos en que operan money transmitters entre un Estado que no requiere licencia para transar con criptomonedas y otro que sí.

A nivel federal, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), encargada de hacer cumplir la Bank Secrecy Act, considera a las criptomonedas como dinero y por tanto establece que los “operadores” de criptomonedas están sujetos a su vigilancia. Plataformas como Coinbase, por ejemplo, deben registrarse como “Money Services Business” ante la FinCEN.

Por otra parte, otras agencias como la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) consideran al bitcoin como una commodity y no como un título valor (security). Pero la autoridad tributaria, el IRS, trata a las criptomonedas como propiedad. Es decir, que al momento en que una persona mantiene criptomonedas bajo su propiedad y las vende a un precio y obtiene una ganancia, dicho monto se considera la base para cobrar un impuesto sobre ganancias de capital.

En Guatemala no existen ni legislación ni directrices normativas (que yo conozca) para el caso de las criptomonedas. Seguramente, al igual que en otros países, eventualmente surgirán respuestas normativas a casos concretos. Interesante será cómo la SAT considerará a las criptomonedas en caso de obtener ganancias por la venta de criptomonedas.

Diferente es el caso de El Salvador que ha decidido considerar al bitcion como moneda de curso legal. Esto quiere decir que los salvadoreños están obligados a aceptar bitcoin (además del dólar estadounidense) como medio de pago para liberar deudas. La ley salvadoreña garantiza que el precio del bitcoin se fija por mecanismos de mercado así que cada vendedor y comprador deciden a qué tasa de conversión convienen la liquidación de la deuda.

El hecho de que en El Salvador se considere a bitcoin como moneda de curso legal no tiene implicaciones para Guatemala. No se consideraría por ello una divisa porque no es una moneda emitida por El Salvador. El Salvador simplemente la trata como moneda de curso legal.

La estrategia de represión, de defender el statu quo y hacer cambios cosméticos no funcionará

Las revoluciones políticas ocurren cuando las instituciones que le han dado estabilidad al sistema, quedan obsoletas y no son capaces de responder o adaptarse a los cambios sociales y económicos que han sucedido o están sucediendo. Las monarquías funcionaron por siglos en Europa, pero con el surgimiento de una nueva clase social entre los siglos XVII y XIX, que exigía mayores derechos y cuotas de poder, pronto llegaron a su fin.

El descontento de la población con el statu quo, es el origen de las revoluciones. En muchos casos, existen “señales” que indican que el descontento es creciente y sin embargo, quienes ostentan el poder se niegan a realizar cambios para adaptar el sistema a las nuevas realidades. Manifestaciones y protestas han sido el preludio de las revoluciones en el pasado, las cuales fueron inicialmente minimizadas por quienes luego fueron defenestrados.

En la actualidad vemos un enorme descontento en varios países de América Latina. Chile y Colombia son los casos recientes más emblemáticos, pero en Honduras también hubo manifestaciones significativas en los años recientes. En el caso de Chile estas manifestaciones multitudinarias no se detuvieron hasta que lograron el objetivo de convocar una Asamblea Constituyente para   modificar por completo el sistema. Y unos meses después, los electores chilenos eligieron a un candidato que ofreció  un cambio radical del modelo. ¿Se consolidará una revolución en Chile? Es decir, ¿Cambiará radicalmente política y económicamente ese país en los próximos años? Todavía es muy temprano para decirlo, pero por el momento, todo indica que Chile no será el mismo luego de la constituyente y el gobierno de Gabriel Boric. 

Y es que los “revolucionarios” no llegan hoy en día al poder por las armas, sino que utilizan los medios democráticos. Por ejemplo, es difícil pensar que regresen los movimientos guerrilleros a América Latina, pero sí estamos presenciado el surgimiento de movimientos políticos con discursos antisistema que están logrando llegar al poder y en  algunos casos, realizarán transformaciones profundas en sus países.

No cabe duda que los países latinoamericanos deben hacer cambios institucionales que le permitan construir auténticas democracias liberales, en donde reine el Estado de Derecho, con economías modernas y bienes públicos de alta calidad, que reduzcan la pobreza y fomenten la movilidad social. El problema es que los sistemas políticos de la región se resisten al cambio, con lo cual se profundizan los problemas sociales, en un contexto de fácil acceso a la información a través de las redes sociales, que agudiza el descontento de los ciudadanos. Esto es el campo fértil para que surjan las opciones radicales.

Al final, América Latina se encuentra entre quienes defienden la inamovilidad y quiénes desean hacer una revolución. El problema es que esas revoluciones no necesariamente mejoran los países. Las revoluciones de Rusia, Cuba y Venezuela sólo trajeron más miseria a sus ciudadanos. Porque en cierto sentido, puede hablarse que en Venezuela hubo una revolución, al haberse cambiado por completo su sistema político y económico.

Si los países de la región quieren evitar el trauma de una revolución, es indispensable que realicen los cambios hacia la construcción de democracias liberales. Las instituciones políticas y de gobernanza de la región, en donde abunda la corrupción y los derechos individuales no están garantizados, quedaron obsoletas ante la nueva realidad del siglo XXI. Las personas hoy tienen fácil acceso a la información, que les hace más demandantes y menos conformes con su precaria situación.

La estrategia de represión, de defender el statu quo y hacer cambios cosméticos no funcionará.  El ejemplo de Honduras, en donde existe un alto descontento con el sistema, demuestra que las personas tarde o temprano harán valer su voto y elegirán al verdugo del statu quo, aun cuando ello signifique mayor miseria para todos.

Es innegable que en estos momentos, cualquier paso que dé la OTAN en Ucrania en los próximos días, tendrá una respuesta fuerte por parte de Rusia y posiblemente veamos en el futuro cercano un apoyo más activo de Putin a Maduro en la crisis de la frontera colombo-venezolana.

Con varias excepciones en donde las relaciones han sido muy cordiales, desde tiempos históricos Venezuela y Colombia han tenido relaciones tensas y se han percibido como competidores. En las últimas décadas de este siglo, su antagonismo se resume en tener modelos contrapuestos: mientras uno ha optado por una revolución socialista y por alianzas anti-occidentales con Rusia, China, Irán y Turquía; el otro ha mantenido una democracia liberal con una gran cercanía a los Estados Unidos.

La última vez que se vivió una tensión como la del presente entre los dos países vecinos, se remonta al año 2008 cuando en medio de la llamada “Operación Fénix”, el territorio de Angostura fue bombardeado por el ejército colombiano, resultando en uno de los golpes definitivos a las FARC con la muerte del guerrillero Raúl Reyes y otros 22 irregulares más. En aquel momento, como daño colateral, los efectivos colombianos traspasaron ilegalmente la frontera ecuatoriana, violando la soberanía de aquel país y provocando una crisis diplomática de impacto regional que involucró a varios países y motivó en su momento a que el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenara movilizar diez batallones de tropas venezolanas a la frontera, retirar a todos los funcionarios venezolanos que se encontraban en Bogotá y enviar aviones Sukhoi a sobrevolar la frontera con el vecino país.

Regresando al presente, a comienzos de 2022, y a raíz de las polémicas declaraciones del viceministro de asuntos exteriores de la República Federal Rusa, Serguei Riabkov, en donde habló de un posible despliegue de bases militares en Venezuela debido al avance de la OTAN en sus fronteras con Ucrania, ha aumentado considerablemente la preocupación en el hemisferio occidental porque continúan escalando las tensiones entre el gigante euroasiático y Estados Unidos y parecieran reavivarse los tiempos de la Guerra Fría, que se creían superados desde hace décadas. Ante estas declaraciones del diplomático ruso, el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que si Rusia daba un paso en esa dirección, el país del norte “actuaría de manera decisiva”.

Al otro lado del Atlántico, al norte de América del Sur, estas declaraciones han generado tensión ya que hace varios días, el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, manifestó que aumentará la presencia de la fuerza pública colombiana y de ejercicios de comando en la frontera con Venezuela. Y asimismo, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha declarado que Colombia es el “peón” de la OTAN en América Latina.

Más allá del discurso inflamatorio entre ambos funcionarios, recordemos que desde el año 2009 existen varios acuerdos de cooperación y asistencia militar entre Estados Unidos y Colombia para combatir en la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos terroristas en ese país, lo cual incluye la presencia de oficiales norteamericanos en varias bases militares colombianas.

Ante el recrudecimiento de la violencia en los últimos días en la frontera de los dos países suramericanos por el conflicto en el área del Arauca entre los grupos disidentes de las FARC y el ELN; el representante de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy planteó la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas para solventar esta problemática, a lo que el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que “no caerían ante ese chantaje” y no cederían frente a las presiones de Rusia de regularizar relaciones con Venezuela ya que el régimen de Nicolás Maduro protege a grupos terroristas como el ELN que afectan la seguridad de Colombia, y además, el ministro Molano denunció la presencia militar rusa en territorio venezolano. Información que ya fue ratificada por el propio Padrino López, a través de su cuenta de Twitter en la que afirmó: “Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen”.

¿Será el Caribe el escenario de una nueva Guerra Fría, como sucedió en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba? En aquel momento la amenaza atómica fue el gran disuasor que evitó que el conflicto escalara a mayores. Pero es innegable que en estos momentos, cualquier paso que dé la OTAN en Ucrania en los próximos días, tendrá una respuesta fuerte por parte de Rusia y posiblemente veamos en el futuro cercano un apoyo más activo de Putin a Maduro en la crisis de la frontera colombo-venezolana.

Mayorías artificialmente engrandecidas

No hay sistema electoral perfecto. La anterior es una premisa que debemos aceptar como válida en toda discusión de reformas institucionales. Todos los sistemas de representación y elección padecen de alguna debilidad, falla, distorsión o costo asociado. La clave del debate político está en identificar esas distorsiones y evaluar si una sociedad está dispuesta a tolerarlas o no.

Dado que, en el caso de Guatemala, la discusión sobre una reforma electoral se ha enfocado en el modelo de integración del Congreso, conviene realizar una breve reflexión sobre el diseño del sistema y las distorsiones que éste acarrea consigo.

La Constitución, en su artículo 157, establece que la elección de diputados se realiza por medio del sistema de distritos electorales (cada departamento más la ciudad capital) y lista nacional, para un período de cuatro años, con posibilidad de reelección. Por su parte, el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece el número de diputados que corresponden a cada distrito y a la Lista Nacional (determinación que no es más que un simple redondeo del número de diputados establecido luego de la realización del Censo 2002).

Una rápida revisión de este artículo permite identificar que en Guatemala coexisten muchos distritos de magnitud pequeña (Baja Verapaz, El Progreso o Zacapa que eligen 2 diputados; Izabal, Jutiapa, Chiquimula o Santa Rosa que eligen 3) junto con distritos de gran magnitud (Guatemala elige 19 diputados, el distrito central o capital elige 11, Huehuetenango 10, San Marcos 9). Todo ello sin obviar que la Lista Nacional elige a un total de 32 diputados.

La literatura sobre sistemas electorales nos dice que los distritos de menor magnitud favorecen a los partidos más grandes (dado que pocos tienen posibilidades de alcanzar representación), mientras que los distritos de mayor magnitud aumentan la posibilidad para que partidos pequeños alcancen representación.

Por su parte, el artículo 203 de la LEPP define que la elección de diputados se basa en el principio de representación proporcional de minorías y desarrolla el procedimiento a utilizar para calcular el número de escaños que corresponde a cada partido en función al resultado electoral. Vale decir que dicho procedimiento no es más que la aplicación de la fórmula matemática del jurista Víctor D’Hondt, la cual es una de muchas fórmulas que pueden utilizarse para aplicar la representación de minorías.

Nuevamente la literatura sobre sistemas electorales nos dice que la aplicación de la Fórmula D’Hondt tiende a favorecer -aún más- a los partidos mayoritarios. En este sentido, la aplicación de la citada fórmula junto a un modelo de distritos de pequeña magnitud, generará como distorsión la construcción de bloques legislativos artificialmente grandes.

En gran medida, lo anterior explica por qué en 2019 el Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo un 17.86% de los votos válidos totales para el Congreso (dato que sale de la sumatoria de los listados distritales y la Lista Nacional). Sin embargo, obtuvo 52 de 160 escaños, que equivale a un 32.50% del total de integrantes del Congreso. Caso similar ocurrió en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo 44 de 158 diputados, a pesar de haber obtenido menos del 15% del total de votos de diputados, sin contar la implosión de la candidatura presidencial de Manuel Baldizón.

Tanto Líder del 2015 como la UNE de 2019 fueron beneficiarios de la distorsión “pro-mayoritaria” del sistema electoral.

Fijar un seguro obligatorio tendrá un costo para los dueños de transporte colectivo, pero no tenerlo tiene un costo para las potenciales víctimas.

En los últimos días ha sido noticia el descontento que ha generado entre taxistas y agremiados del transporte urbano la entrada en vigor de la obligación de contratar seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.

Justo en su último día de presidencia, Jimmy Morales promulgó el acuerdo gubernativo 17-2020 donde establecía que un mes después de su publicación (febrero 2020) sería obligatorio para el transporte colectivo urbano y de carga un seguro de responsabilidad contra terceros y pasajeros.

El presidente Giammattei primero emitió el acuerdo gubernativo 174-2020 donde pospuso la vigencia un año (febrero 2021), luego promulgó el acuerdo gubernativo 38-2021 donde estableció que sería un año y medio después de la vigencia del acuerdo original (agosto 2021), luego promulgó el acuerdo gubernativo 156-2021 que aplazaba la vigencia para febrero de 2022 y el pasado viernes, 21 de enero de 2022, promulgó el acuerdo gubernativo 9-2022 dando seis meses más para (agosto 2022) de prórroga.

Lo anterior refleja la presión que ejercen los transportistas urbanos, bien organizados, porque deben asumir el costo de la prima del seguro con las características que manda el acuerdo.

La exigencia del seguro obligatorio, sin embargo, es consecuencia del artículo 29 de la Ley de Tránsito (decreto 132-96) que establece que “Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública, deberá contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley.” (Resaltado propio).

Más adelante el mismo texto legal establece que corresponde al Ministerio de Gobernación indicar qué tipo de seguro corresponde para el transporte urbano y extraurbano. De hecho, el transporte extraurbano fue el primero en verse obligado a contratar seguro contra terceros como consecuencia del acuerdo gubernativo 265-2001 promulgado por el entonces presidente, Alfonso Portillo.

La constitucionalidad, tanto del seguro obligatorio para el transporte extraurbano, como el mencionado seguro obligatorio para transporte urbano y de carga han sido cuestionados por la vía de la inconstitucionalidad, aunque sin éxito. Tanto las acciones de inconstitucionalidad del primero (expediente 694-2002) como el segundo (expediente 1496-2020) fueron declaradas sin lugar porque no lograron presentar un argumento claro que demostrara qué derechos constitucionales se violaban con la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad contra terceros y ocupantes.

Este es uno de los temas donde se cruzan derecho y economía. Lógicamente fijar un seguro obligatorio tendrá un costo para los dueños de transporte colectivo, pero no tenerlo tiene un costo para las potenciales víctimas.

Si el seguro no fuese obligatorio, quiere decir que cada vez que se produce un accidente las partes afectadas deberían acudir por la vía judicial a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En un país que cuenta con un sistema judicial deficiente (no hablo ya de la corrupción) y lento, esto significa que las potenciales víctimas cargarían en gran proporción los daños que puedan causar los pilotos por accidentes.

Si, en cambio, se hace efectiva la obligación de contratar un seguro de responsabilidad para terceros y ocupantes, entonces el costo de pagar el seguro se reflejará en el precio del transporte, pero eso tendría al menos dos efectos: mejorar la situación de las potenciales víctimas de accidentes de tránsito y teóricamente incentivar a los dueños del transporte y pilotos a ser más prudentes para evitar pagar mayores primas.

Por supuesto, hay también una serie de consecuencias no deseadas a considerar. Pero creo que parece claro que en la balanza exigir el seguro obligatorio reporta más beneficios sociales que costos y por tanto debe ser el objetivo.

Un país con una población desnutrida difícilmente puede plantearse un modelo de desarrollo que sea exitoso.

En términos muy generales la historia social y política de Guatemala no es muy distinta a la de sus pares en América Central y Latinoamérica; sin embargo, al hablar de indicadores socioeconómicos, particularmente en su historia reciente, hay algunos temas que separan a Guatemala del resto de países en la región, la desnutrición es uno de ellos. 

Actualmente, Guatemala es un país de ingreso medio que tiene la tasa de desnutrición infantil más alta de América Latina y la sexta a nivel mundial. La desnutrición es una de las tragedias más vergonzosas del país. Este es un tema que se discute públicamente, aunque no con suficiente frecuencia, los políticos hablan de resolverla, la incluyen en sus discursos de campaña y de toma de posesión, pero pasan los años y las cifras cambian muy poco.

La desnutrición es una tragedia humana que impacta en la vida de las personas que la padecen pues además de afectar su salud, limita su capacidad de tener educación y de construir su propio destino. La desnutrición también impacta en las posibilidades de desarrollo de los países en el corto y largo plazo; por ejemplo, entidades como la calificadora de riesgo Moody´s señalan los altos niveles de desnutrición de países como Guatemala como limitantes clave, que se suman a otras variables como la pobreza y la debilidad institucional para convertir al país en un lugar hostil para la inversión de las grandes empresas del mundo.

Un país con una población desnutrida difícilmente puede plantearse un modelo de desarrollo que sea exitoso

¿Qué es la desnutrición?

La desnutrición es más que solo la falta de alimentos y el hambre. El niño desnutrido no es solo el que está extremadamente delgado, sin fuerzas y al que se le marcan las costillas. Esta desnutrición que es más visible se llama desnutrición aguda y usualmente se encuentra en casos de emergencias nutricionales como ocurre en el área del corredor seco en Guatemala o en algunos países africanos.

Según UNICEF, un niño con desnutrición aguda tiene 9 veces más probabilidades de morir que un niño con un estado de salud normal. Guatemala reportó en 2020 26,959 casos y en 2021 22,416 casos de desnutrición aguda, estos dos años de emergencia sanitaria el país experimentó un incremento de casos respecto a los años prepandemia. En 2021 se registraron 61 fallecimientos de niños por desnutrición aguda, el doble de lo reportado en 2020.

Según la OMS, malnutrición es el término más amplio para referirse a las diferentes formas de carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta calórica y nutrientes de una persona. La malnutrición tiene al menos tres grandes grupos de afecciones: la primera es la desnutrición, la cual se caracteriza por personas que presentan un peso insuficiente respecto a su talla, el retraso del crecimiento y el peso insuficiente para la edad; la segunda es la malnutrición relacionada a la carencia de micronutrientes o falta de vitaminas y minerales esenciales; la tercera es el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles que tienen relación con la mala alimentación.

La malnutrición tiene causas sociales, la mayoría están asociadas a la pobreza, la desigualdad de oportunidades, el escaso acceso a alimentos adecuados, la falta de servicios básicos como agua potable, la falta de educación y de servicios de salud adecuados. Por otro lado, factores externos como el cambio climático, un desastre natural o un conflicto social pueden provocar situaciones de emergencia nutricional.

Según la FAO, entre 2016 y 2018, el 43.6% de la población de Guatemala se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada, esos son 7.4 millones de personas. El único país que superaba a Guatemala era Honduras en donde el 49.3% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. El promedio para América Latina es de 31.7% y para el mundo es de 25.4%.

Según UNICEF, en 2015 el 51% de todos los niños menores de 5 años en Guatemala presentaba algún problema relacionado a la malnutrición como retraso en el crecimiento, emaciación (adelgazamiento patológico) o sobrepeso. Como dato comparativo, el país que sigue a Guatemala es Ecuador con el 31% de los niños menores de 5 años con problemas relacionados a la malnutrición, luego Honduras con 28%, Haití con 27%, Bolivia con 26%, Nicaragua con 25% y Belice con 24%.

¿Qué explica la diferencia de Guatemala con el resto de países que tienen condiciones socioeconómicas similares?

Resolver el problema de desnutrición

La pandemia y los problemas asociados a esta situación de emergencia sanitaria extraordinaria como los cierres de las economías, las cuarentenas, el aumento generalizado del costo de vida y la pérdida de empleos e ingresos, representan un nuevo reto para países que quieren luchar contra la malnutrición en todas sus formas.

Se debe tener claro que la malnutrición no es un tema que pueda analizarse de forma aislada pues tiene relación estrecha con problemas de tipo estructural como la pobreza y la desigualdad de oportunidades. Es posible implementar acciones y políticas para mitigar el problema directamente, pero la evidencia indica que, si no se atienden las causas estructurales, será imposible erradicar el problema.

Muchas de las intervenciones que se pueden implementar para mitigar el problema están dirigidas a la llamada “Ventana de los mil días”, que se refiere al período crítico de crecimiento y desarrollo que ocurre desde el momento de la concepción hasta el segundo cumpleaños. Algunas de estas intervenciones son la medición constante de peso y talla, el acceso a servicios sanitarios básicos, la suplementación de micronutrientes, la promoción de la lactancia materna, la alimentación complementaria y el empoderamiento de la mujer, entendido como todas aquellas medidas que permitan a las mujeres procurar una alimentación adecuada para sus hijos.

Todas estas intervenciones han sido parte de las políticas implementadas por el gobierno de Guatemala a lo largo de al menos una década, sin embargo, los resultados han sido muy pobres debido a la falta de consistencia en la implementación de la política. En papel se dice que es un tema prioritario pero las acciones y resultados cuentan otra historia.

Bangladesh es un buen ejemplo de un país que ha experimentado importantes avances en la reducción de la desnutrición. Este logro se debe en parte a intervenciones puntuales como la provisión de alimentos variados, la mejora en los servicios sanitarios y el mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres. Es importante anotar también que Bangladesh se ha convertido en la segunda economía que más rápido crece en el sur de Asia, lo cual es un dato importante a considerar dado que este crecimiento económico ha alterando, para bien, las condiciones estructurales del país. El país ha invertido dinero en políticas que tienen efectos sobre la desnutrición como la educación, la salud y el acceso a servicios sanitarios básicos.

Reflexiones sobre criminalidad y condenas judiciales

No. No pretendo abordar la discusión sobre criminalidad y condenas desde la perspectiva moral, utilitaria o de derechos humanos. Para eso están los seminarios de ética, las clases de historia y de derecho internacional humanitario. O más sencillo aún, las anodinas discusiones en Twitter.

El plan hoy es remembrar las enseñanzas de Emile Durkheim y analizar su aplicabilidad a la discusión sobre la pena capital. Recordemos. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en estudiar comportamientos criminales, patologías que rompen la integración social y algunos mecanismos para contener dichos comportamientos.

El francés esbozó una sencilla teoría para entender las tres razones por las que una persona cumple con una norma social: 1) Utilitarismo; 2) Miedo al castigo; o 3) por pura ética individual

Quizá el mejor ejemplo es aplicarlo al tránsito vehicular. ¿Por qué respeto yo el alto mientras estoy manejando? Sencillo. Durkheim diría que es por una de estas tres razones: 1) Respetar el alto trae consigo un valor utilitario; si no lo hago, es posible que sufra de un accidente con consecuencias materiales y humanas. 2) Si no respeto el alto, y la policía de tránsito o una cámara me descubre, tendré una multa de tránsito que generará un costo económico. O 3) Respetar el alto simplemente es lo “correcto”.

Apliquemos esas enseñanzas a un caso extremo: la pena de muerte. Asumamos que la misma se aplicará a aquellas personas que cometan delitos peligrosos, como asesinato, violación, secuestro, con agravantes particulares por razones de edad, uso de la fuerza, etc. Eso automáticamente invalida la tercera taxonomía del modelo Durkheim. El asesino simplemente no ve el valor ético-moral de “no matar”.

Una lógica similar aplica con la primera clasificación. Al final el asesino, violador o secuestrador calcula su utilidad en función a los beneficios potenciales de cometer el crimen.

El único desincentivo para no cometer el delito entonces es el “miedo al castigo”. Y ojo, aquí las dos variables en juego son la probabilidad de ser castigado junto con la severidad de este. De aquí entonces que la dureza de la pena tenga poco impacto si el sistema resulta incapaz de procesar al delincuente.

El paradigma de lo anterior son los grandes casos de corrupción del último sexenio. Pérez Molina, Baldetti, y compañía enfrentan -cada uno- acusaciones que en caso de ser declarados culpables, conllevan penas de varias décadas en prisión. Sin embargo, por falencias propias del sistema (retardos maliciosos, sobrecarga de fiscalías y juzgados, uso excesivo del amparo, mal diligenciamiento de la prueba, amedrentamiento de denunciantes y testigos, etc.) los casos no llegan a su debida conclusión.

Y ojo. Muchas pensarán que es un mal propio de los casos vinculados con delitos de cuello blanco. Sin embargo, hagamos un repaso rápido a casos vinculados con pandilleros, que a pesar de tener decenas de ingresos a los penales del país, incluso varios homicidios en su historial, los procesos eventualmente caen presa de los males del sistema.

Dicho esta la conclusión es evidente: sin una mejora en el sistema de justicia. Sin una mejoría sustantiva en los procesos de investigación, procesos judiciales y dinámicas procesales, que permitan aumentar la posibilidad de castigo, la gravedad de la pena -por sí sola- no es suficiente para desincentivar conductas delictivas. La respuesta no es penas altas, condenas o pena de muerte en sí mismo; sino la reforma judicial.