Estas posturas radicales falsean la historia y buscan hacer encajar los hechos por la fuerza a las miradas presentistas del momento.

El tema del 12 de octubre se vuelve cada vez más espinoso de analizar para los historiadores, probablemente porque es una fecha que, en los últimos años, se ha salido de los linderos de la historia y ha entrado al terreno de la política y de la ideología, atravesando a todo el continente americano y también a España.

Mientras que del otro lado del Atlántico, la fecha es un festejo de ribetes nacionalistas y de reafirmación de la identidad hispana como imperio civilizador e instrumento de unidad nacional; de este lado vemos discursos por parte de jefes de Estado y grupos indigenistas que derriban estatuas de los conquistadores y alegan que aquello se trató de un genocidio. Ambos extremos se declaran como enemigos del otro, lo que dificulta el diálogo entre las partes y el entendimiento de nuestro pasado histórico común.

Todos recordamos hace un par de años cuando el presidente de México, declaró que el rey de España y el Papa tenían que “pedir disculpas” por la conquista de los pueblos originarios americanos. Y también, en respuesta a AMLO, las declaraciones de la alcaldesa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que “el indigenismo es el nuevo comunismo”. Si bien ambas posiciones se hallan en las antípodas de la otra, parecieran ser realmente dos gemelos especulares, dos reacciones extremas del mismo discurso refractario frente al hecho incontrovertible que representa la conquista de América. La constatación es que, en efecto, el tema del 12 de octubre dejó de ser un debate académico para pasar a tener un uso político al servicio de todo tipo de agendas ideológicas nacionalistas e identitarias.

De forma preocupante, la caricaturización del 12 de octubre y la conquista de América ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los políticos, pues también la academia se ha salido del carril de la objetividad y del abordaje serio y riguroso del objeto de estudio. De hecho, muchas veces los intelectuales/activistas, en lugar de aplacar estas furias nacionalistas e identitarias, parecieran más bien echarle más leña al fuego de los extremos políticos.

Por un lado, hay una corriente de hispanofílicos[1] e hispanomaníacos[2] y toda suerte de propagandistas (de ningún modo hispanistas, una corriente académica de larga data y gran prestigio) que buscan re-semantizar conceptos como “conquista” y “colonia”, pues afirman que fueron implantados en la historiografía oficial con el fin de perpetuar la "Leyenda Negra". De tal suerte, argumentan que el 12 de octubre de 1492 no comenzó una "conquista", sino una "asimilación", ni tampoco los territorios de la América española fueron "colonias", sino que se trataban de una "extensión de los dominios de la Corona". A pesar de la jergonza que se busca imponer, la verdad es que los reyes, virreyes y gobernadores, e incluso, los propios cronistas de las Indias usaban esos términos (hoy casi vetados) al calor de los propios hechos, para describir y relatar lo que sucedía en el Nuevo Mundo. 

Igualmente sucede del lado de sus contrapartes, pues los indigenistas post-coloniales y decoloniales también tienen problemas con la terminología que se ha utilizado en la historiografía tradicional sobre el tema, ya que aducen que muchos términos no encajan con su propuesta desde la teoría crítica frente a la "modernidad eurocéntrica y europeizante" implantada por los imperialismos.

Ambas posiciones hispanofílicas e indigenistas, por cierto, tienen en común su animadversión (y muchas veces odio rotundo) al criollo pues los ven como los artífices del fracaso de los proyectos nacionales republicanos desde el siglo XIX hasta el presente. También tienen en común la añoranza a un pasado idílico perdido que es necesario “restaurar”, bien sea que se trate del viejo Imperio Español o de los extintos imperios prehispánicos.

En lugar de profundizar en el entendimiento de nuestra conformación histórica como hispanoamericanos (no como europeos ni indígenas), estas posturas radicales falsean la historia y buscan hacer encajar los hechos por la fuerza a las miradas presentistas[3] del momento.

Dirá el celebérrimo escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, a modo de zanjar la estéril discusión entre las viejas leyenda negra y leyenda dorada: «Ambas leyendas son, por descontado, falsas. Lo que pasó en América es bastante más complejo que una leyenda negra o que una leyenda dorada, es la complejidad del alma humana y de los hechos».

[1] Más allá del «Hispanismo», que es una corriente intelectual y académica interesada en el estudio de la cultura española; la hispanofilia es más bien la admiración, propagandística y justificadora, de lo español en su vertiente más nacionalista.

[2] La Hispanomanía es el relato, usualmente de los extranjeros curiosos y fascinados con la cultura española, que perpetúa estereotipos y tópicos sobre España.

[3] El presentismo es un vicio historiográfico que plantea juzgar el pasado bajo la óptica y los valores del presente sin tomar en cuenta el contexto y el momento del fenómeno histórico que se estudia.

Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar.

Los eventos naturales extremos no pueden evitarse, pero las tragedias humanas sí pueden reducirse. 

Según la CONRED, “Guatemala es un territorio sometido a múltiples amenazas de origen natural como huracanes, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, sismos, debido a su posición geográfica, geológica y tectónica. Es un territorio bioceánico, ubicado en el istmo centroamericano entre los océanos Pacífico y Atlántico, precisamente en la ruta de los huracanes y tormentas tropicales del Caribe de la zona de convergencia intertropical y en la zona de influencia de los fenómenos del Niño y de la Niña, lo que contribuye a la presencia de eventos extremos, tanto en términos de inundaciones, como de sequías y de variaciones extremas de temperatura.” 

Según el Foro Económico Mundial en su Global Risk Report 2022, las 6 amenazas actuales más importantes para Guatemala son: la proliferación de la actividad económica ilícita, el colapso del Estado como resultado de conflictos internos, la destrucción del Estado de Derecho, el deterioro institucional o la inestabilidad política; los eventos climáticos extremos, el fallo de la infraestructura pública, la erosión social provocada principalmente por las desigualdades, el aumento de la polarización y el resentimiento dentro de las sociedades; y el daño ambiental provocado por el ser humano. 

Todas estas condiciones físicas, sociales y políticas pintan un panorama complejo para un país de ingreso medio como Guatemala que parece no contar con las capacidades institucionales, políticas y económicas para plantearse una estrategia de gestión del riesgo seria. 

Muchos de los problemas anteriormente mencionados parecen no tener relación entre sí, o no tener relación con la gestión del riesgo y la prevención de tragedias humanitarias como producto de los eventos climáticos extremos pero la evidencia demuestra lo contrario. Si bien no es posible evitar la llegada de los eventos climáticos extremos, sí se pueden reducir sus efectos destructivos sobre la vida y la propiedad. 

Los expertos en gestión de riesgo señalan al crecimiento poblacional desordenado como una las principales causas de los llamados desastres naturales, refiriéndose a la escasa planificación urbana que existe en la mayor parte del país, una responsabilidad que tanto las municipalidades como el gobierno central eluden o apenas logran cubrir; también la formación de viviendas precarias o asentamientos alrededor de los urbanizaciones de mayor tamaño, particularmente la Ciudad de Guatemala, son un potencial foco de tragedias humanitarias ante las lluvias fuertes en ciertos meses del año o un eventual sismo de gran magnitud. 

La deforestación es otro problema serio para la prevención de desastres, todos los años miles de hectáreas de bosques se pierden en Guatemala por culpa de la tala ilegal de árboles y el uso de leña como combustible. Este problema ha sido incluso señalado en publicaciones como el Washington Post, denunciando a complejas mafias que extraen y exportan maderas de lujo como el granadillo, poniendo en riesgo la viabilidad de llamado corredor verde y la biodiversidad de la Selva Maya, corredor que atraviesa México, Guatemala y Belice. La deforestación deja secuelas irreparables en el medioambiente pues pone en peligro las fuentes de recarga hídrica, aumenta la temperatura, afecta a la fauna y provoca erosión en montañas y barrancos, lo que provoca peligrosos deslizamientos de tierra en temporadas de lluvias intensas. 

También la precaria inversión en infraestructura se ha convertido en un riesgo para los guatemaltecos. El estado de las carreteras, puentes y calles en todo el país ya no es solo un obstáculo para el transporte y el comercio, sino que también ha provocado la pérdida de vidas por falta de mantenimiento y obras mal construidas. Según datos de FUNDESA, el Estado de Guatemala invierte cerca del 1.5% del PIB en infraestructura vial, siendo una de las cifras de inversión más bajas de Latinoamérica, una cifra que además ha venido a la baja en los últimos 10 años. Actualmente Guatemala construye alrededor de 216 kms de infraestructura vial nueva al año, a esta velocidad la brecha actual de red vial sería cubierta en un período de 134 años. Esta es una responsabilidad que eluden tanto las municipalidades como el gobierno central, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La solución para estos problemas no es sencilla, se necesita resolver muchas de las condiciones estructurales del sistema político y la administración pública para comenzar a dar algunos pasos en la dirección correcta. La corrupción, la debilidad institucional y la falta de capacidades técnicas en el sector público provocan que el país no pueda gestionar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta y el costo humano y económico que esto tiene difícilmente puede calcularse.

 A pesar de los grandes problemas que derivan de la falta de prevención y la incapacidad de gestionar adecuadamente los riesgos, estos temas no generen interés en los políticos y los votantes. 

Resolver problemas como la tala ilegal de árboles o la corrupción que afecta la construcción de obra pública, pasan por reformar la institucionalidad del sistema de justicia y las instituciones de seguridad. También se necesitaría un servicio civil profesional y especializado para la tarea. La construcción de infraestructura es un enorme botín para políticos de distintos niveles del sistema y eso explica en parte la mala calidad de las obras que se licitan y construyen. Los trabajos de mantenimiento que se hacen bajo tierra, no son vistosos para los vecinos como una cancha de fútbol y por lo tanto no suelen ser de interés para los alcaldes que buscan la reelección. Así podemos nombrar uno por uno los problemas que no son atendidos y las carencias de un país que, además, es particularmente propenso a los eventos naturales extremos.

De ahí que los presupuestos asignados para estas necesidades difícilmente cubren lo mínimo necesario y los políticos no hablan de esto hasta que ya es demasiado tarde. Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar. De momento solo queda seguir exaltando la inagotable solidaridad del guatemalteco que siempre está dispuesto a ayudar cuando golpea la tragedia y la valentía de los rescatistas, que, contra viento y marea, realizan su labor sin mayor recompensa. Esto es importante, pero no suficiente.

Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar.

Los eventos naturales extremos no pueden evitarse, pero las tragedias humanas sí pueden reducirse. 

Según la CONRED, “Guatemala es un territorio sometido a múltiples amenazas de origen natural como huracanes, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, sismos, debido a su posición geográfica, geológica y tectónica. Es un territorio bioceánico, ubicado en el istmo centroamericano entre los océanos Pacífico y Atlántico, precisamente en la ruta de los huracanes y tormentas tropicales del Caribe de la zona de convergencia intertropical y en la zona de influencia de los fenómenos del Niño y de la Niña, lo que contribuye a la presencia de eventos extremos, tanto en términos de inundaciones, como de sequías y de variaciones extremas de temperatura.” 

Según el Foro Económico Mundial en su Global Risk Report 2022, las 6 amenazas actuales más importantes para Guatemala son: la proliferación de la actividad económica ilícita, el colapso del Estado como resultado de conflictos internos, la destrucción del Estado de Derecho, el deterioro institucional o la inestabilidad política; los eventos climáticos extremos, el fallo de la infraestructura pública, la erosión social provocada principalmente por las desigualdades, el aumento de la polarización y el resentimiento dentro de las sociedades; y el daño ambiental provocado por el ser humano. 

Todas estas condiciones físicas, sociales y políticas pintan un panorama complejo para un país de ingreso medio como Guatemala que parece no contar con las capacidades institucionales, políticas y económicas para plantearse una estrategia de gestión del riesgo seria. 

Muchos de los problemas anteriormente mencionados parecen no tener relación entre sí, o no tener relación con la gestión del riesgo y la prevención de tragedias humanitarias como producto de los eventos climáticos extremos pero la evidencia demuestra lo contrario. Si bien no es posible evitar la llegada de los eventos climáticos extremos, sí se pueden reducir sus efectos destructivos sobre la vida y la propiedad. 

Los expertos en gestión de riesgo señalan al crecimiento poblacional desordenado como una las principales causas de los llamados desastres naturales, refiriéndose a la escasa planificación urbana que existe en la mayor parte del país, una responsabilidad que tanto las municipalidades como el gobierno central eluden o apenas logran cubrir; también la formación de viviendas precarias o asentamientos alrededor de los urbanizaciones de mayor tamaño, particularmente la Ciudad de Guatemala, son un potencial foco de tragedias humanitarias ante las lluvias fuertes en ciertos meses del año o un eventual sismo de gran magnitud. 

La deforestación es otro problema serio para la prevención de desastres, todos los años miles de hectáreas de bosques se pierden en Guatemala por culpa de la tala ilegal de árboles y el uso de leña como combustible. Este problema ha sido incluso señalado en publicaciones como el Washington Post, denunciando a complejas mafias que extraen y exportan maderas de lujo como el granadillo, poniendo en riesgo la viabilidad de llamado corredor verde y la biodiversidad de la Selva Maya, corredor que atraviesa México, Guatemala y Belice. La deforestación deja secuelas irreparables en el medioambiente pues pone en peligro las fuentes de recarga hídrica, aumenta la temperatura, afecta a la fauna y provoca erosión en montañas y barrancos, lo que provoca peligrosos deslizamientos de tierra en temporadas de lluvias intensas. 

También la precaria inversión en infraestructura se ha convertido en un riesgo para los guatemaltecos. El estado de las carreteras, puentes y calles en todo el país ya no es solo un obstáculo para el transporte y el comercio, sino que también ha provocado la pérdida de vidas por falta de mantenimiento y obras mal construidas. Según datos de FUNDESA, el Estado de Guatemala invierte cerca del 1.5% del PIB en infraestructura vial, siendo una de las cifras de inversión más bajas de Latinoamérica, una cifra que además ha venido a la baja en los últimos 10 años. Actualmente Guatemala construye alrededor de 216 kms de infraestructura vial nueva al año, a esta velocidad la brecha actual de red vial sería cubierta en un período de 134 años. Esta es una responsabilidad que eluden tanto las municipalidades como el gobierno central, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La solución para estos problemas no es sencilla, se necesita resolver muchas de las condiciones estructurales del sistema político y la administración pública para comenzar a dar algunos pasos en la dirección correcta. La corrupción, la debilidad institucional y la falta de capacidades técnicas en el sector público provocan que el país no pueda gestionar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta y el costo humano y económico que esto tiene difícilmente puede calcularse.

 A pesar de los grandes problemas que derivan de la falta de prevención y la incapacidad de gestionar adecuadamente los riesgos, estos temas no generen interés en los políticos y los votantes. 

Resolver problemas como la tala ilegal de árboles o la corrupción que afecta la construcción de obra pública, pasan por reformar la institucionalidad del sistema de justicia y las instituciones de seguridad. También se necesitaría un servicio civil profesional y especializado para la tarea. La construcción de infraestructura es un enorme botín para políticos de distintos niveles del sistema y eso explica en parte la mala calidad de las obras que se licitan y construyen. Los trabajos de mantenimiento que se hacen bajo tierra, no son vistosos para los vecinos como una cancha de fútbol y por lo tanto no suelen ser de interés para los alcaldes que buscan la reelección. Así podemos nombrar uno por uno los problemas que no son atendidos y las carencias de un país que, además, es particularmente propenso a los eventos naturales extremos.

De ahí que los presupuestos asignados para estas necesidades difícilmente cubren lo mínimo necesario y los políticos no hablan de esto hasta que ya es demasiado tarde. Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar. De momento solo queda seguir exaltando la inagotable solidaridad del guatemalteco que siempre está dispuesto a ayudar cuando golpea la tragedia y la valentía de los rescatistas, que, contra viento y marea, realizan su labor sin mayor recompensa. Esto es importante, pero no suficiente.

Es inaceptable que una ley de semejante calibre e importancia haya recibido un dictamen en tan corto tiempo.

En el Congreso avanza a velocidad supersónica la iniciativa 6141, Ley de Adquisiciones del Estado. Se presentó al pleno el pasado 21 de septiembre y el pasado 5 de octubre pasó en “segunda lectura” sin discusión alguna. El proyecto busca sustituir a la actual Ley de Contrataciones del Estado (decreto 57-92).

No cabe duda de que la reforma al sistema de contrataciones públicas es uno de los cambios más importantes y urgentes. Pero la iniciativa en cuestión no es la respuesta. Esencialmente porque no cambia sustancialmente el modelo actual ni nos acerca a los estándares internacionales ni mejores prácticas.

Un sistema de contrataciones públicas debe garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones para los oferentes y la eficiencia del gasto público. Está claro que bajo el esquema actual estas condiciones no se cumplen.

Sabemos que hoy el 40% de las contrataciones se hacen en modalidad de compra directa y baja cuantía, modalidades que no cuentan, en nuestro sistema, con mecanismos adecuados de transparencia ni garantizan la eficiencia del gasto. Vicios que no se corrigen con la ley propuesta.

Por otra parte, la 6141 prácticamente lo único que hace es modificar los montos de las modalidades de compra. Para compra de baja cuantía pasa de Q25,000 a Q35,000, la compra directa (ahora compra simplificada) pasa de Q25,000 a Q90,000 al rango de Q35,000 a Q125,000, la adquisición por proveedor único queda prácticamente igual y se agrega un esquema especial de adquisición de alimentos. 

Lo mismo ocurre con la cotización. Simplemente se cambia el rango de montos que hoy son los que exceden de Q90,000, pero alcanzan un máximo de Q900,000 y se modifica a un rango de Q125,000 y Q2,000,000. Todo esto es una versión light de lo establecido en el decreto 4-2021 que fue vetado en abril de 2021.

Hay otros aspectos que se han mencionado en varios pronunciamientos públicos que es importante reiterar. Por ejemplo, desaparece la exigencia del certificado de disponibilidad presupuestaria (hoy en artículo 3) y el arbitraje. 

Se trata de una ley compleja y sobre todo altamente técnica. La iniciativa de ley llegó al pleno el jueves, 21 de septiembre y para el martes, 26 de septiembre este cuerpo legal de 139 artículos ya había recibido un dictamen favorable de la comisión de finanzas públicas y moneda.

Es inaceptable que una ley de semejante calibre e importancia haya recibido un dictamen en tan corto tiempo. Aún peor es que en su segundo “debate” no haya recibido un solo comentario y discusión en el pleno. Se debe exigir al Congreso que tenga una discusión técnica y que no apruebe este texto a la carrera.

Es inaceptable que una ley de semejante calibre e importancia haya recibido un dictamen en tan corto tiempo.

En el Congreso avanza a velocidad supersónica la iniciativa 6141, Ley de Adquisiciones del Estado. Se presentó al pleno el pasado 21 de septiembre y el pasado 5 de octubre pasó en “segunda lectura” sin discusión alguna. El proyecto busca sustituir a la actual Ley de Contrataciones del Estado (decreto 57-92).

No cabe duda de que la reforma al sistema de contrataciones públicas es uno de los cambios más importantes y urgentes. Pero la iniciativa en cuestión no es la respuesta. Esencialmente porque no cambia sustancialmente el modelo actual ni nos acerca a los estándares internacionales ni mejores prácticas.

Un sistema de contrataciones públicas debe garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones para los oferentes y la eficiencia del gasto público. Está claro que bajo el esquema actual estas condiciones no se cumplen.

Sabemos que hoy el 40% de las contrataciones se hacen en modalidad de compra directa y baja cuantía, modalidades que no cuentan, en nuestro sistema, con mecanismos adecuados de transparencia ni garantizan la eficiencia del gasto. Vicios que no se corrigen con la ley propuesta.

Por otra parte, la 6141 prácticamente lo único que hace es modificar los montos de las modalidades de compra. Para compra de baja cuantía pasa de Q25,000 a Q35,000, la compra directa (ahora compra simplificada) pasa de Q25,000 a Q90,000 al rango de Q35,000 a Q125,000, la adquisición por proveedor único queda prácticamente igual y se agrega un esquema especial de adquisición de alimentos. 

Lo mismo ocurre con la cotización. Simplemente se cambia el rango de montos que hoy son los que exceden de Q90,000, pero alcanzan un máximo de Q900,000 y se modifica a un rango de Q125,000 y Q2,000,000. Todo esto es una versión light de lo establecido en el decreto 4-2021 que fue vetado en abril de 2021.

Hay otros aspectos que se han mencionado en varios pronunciamientos públicos que es importante reiterar. Por ejemplo, desaparece la exigencia del certificado de disponibilidad presupuestaria (hoy en artículo 3) y el arbitraje. 

Se trata de una ley compleja y sobre todo altamente técnica. La iniciativa de ley llegó al pleno el jueves, 21 de septiembre y para el martes, 26 de septiembre este cuerpo legal de 139 artículos ya había recibido un dictamen favorable de la comisión de finanzas públicas y moneda.

Es inaceptable que una ley de semejante calibre e importancia haya recibido un dictamen en tan corto tiempo. Aún peor es que en su segundo “debate” no haya recibido un solo comentario y discusión en el pleno. Se debe exigir al Congreso que tenga una discusión técnica y que no apruebe este texto a la carrera.

Por un lado, el mundo está en una recesión económica y por el otro, por primera vez en la historia más de dos tercios del subcontinente estarán gobernados por la izquierda radical.

Las elecciones presidenciales en Brasil son el culmen de un ciclo electoral en la región latinoamericana que comenzó en 2021 y que se caracterizó principalmente por el enfrentamiento entre los extremos del espectro político y la fragmentación en las cuotas de poder que estas opciones lograron alcanzar en sus resultados.

Los contendores en esta elección son los máximos representantes de los extremos políticos polarizados. Por un lado, el presidente en funciones Jair Bolsonaro, ex militar que llega al poder con un discurso de “mano dura” y de anti-corrupción, quien además ha expresado públicamente sus simpatías por líderes como Vladimir Putin, se ubica dentro de la derecha conservadora. También, el ex presidente Luis Inácio “Lula” Da Silva, fundador del Foro de Sao Paulo en los años noventas y quien fue destituido al final de su segundo mandato y encarcelado por el caso de corrupción de sobornos de la empresa Oderbretch denominado “Lava Jato”, considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia.

Para la sociedad brasilera votación se ha visto como un conflicto existencial entre dos extremos. Los  episodios de violencia entre los simpatizantes de ambos candidatos han crispado y enrarecido el ambiente electoral en el contexto de la campaña. Para colmo, la ventaja arrolladora de hasta 10 puntos, que vaticinaban las encuestas a favor de Lula, resultó realmente en un margen bastante cerrado entre ambos candidatos de apenas 5 puntos y ninguno logró cruzar el umbral del 50% de votos para ganar en primera vuelta. Y además, la derecha conservadora logró la mayoría en el Congreso con 96 escaños. 

¿Qué escenarios plantean los resultados tan cerrados de la derecha ante la posibilidad de que el lulismo no logre tan fácil la victoria en el balotaje?

Luego de la primera vuelta y de la solidez que arrojaron los resultados de la derecha conservadora, que ha tenido un discurso a favor de las privatizaciones y de replantear el rol del Estado en la economía, los mercados brasileros han despertado en la mañana del 3 de octubre con perspectivas favorables. La moneda brasilera, el Real, se apreció en un 3% con respecto al dólar. También, las acciones de Banco do Brasil y de la petrolera Petrobras subieron ambas un 7,8%. En el último trimestre, la economía brasilera se encuentra en un proceso de recuperación, de hecho, así lo perciben cerca del 50% de los brasileros. Todo apunta a que 2022 cerrará con un crecimiento del PIB de 2,5% o más, cuando en el primer semestre se proyectaba un 1%. Y la inflación está bajando entre 7 y 8% luego de alcanzara entre el 10% y 11%. Recordemos que Brasil representa alrededor del 40% de PIB de América Latina y es la economía más grande de la región.

Por su parte, Lula apela a un deseo o añoranza en el electorado brasilero por un pasado en el que hubo crecimiento económico gracias al llamado “boom” de los commodities, lo que permitió grandes transferencias y subsidios a la población y varias reivindicaciones sociales. En lo económico, Lula promete proveer de combustible barato a la población brasilera con subsidios. Esto perjudicaría severamente a la industria energética brasilera, luego de que durante el gobierno de Bolsonaro la petrolera calificara según ciertas entidades como la undécima empresa más rentable del mundo y que aumentara sus utilidades en un 27%.

En términos regionales, esta segunda oleada de la llamada “marea rosada” de simpatizantes del “socialismo del siglo XXI” y del viejo Foro de Sao Paulo promete ser más devastadora económicamente que la primera de comienzos del milenio. Por un lado, el mundo está en una recesión económica y por el otro, por primera vez en la historia más de dos tercios del subcontinente estarán gobernados por la izquierda radical.

Por un lado, el mundo está en una recesión económica y por el otro, por primera vez en la historia más de dos tercios del subcontinente estarán gobernados por la izquierda radical.

Las elecciones presidenciales en Brasil son el culmen de un ciclo electoral en la región latinoamericana que comenzó en 2021 y que se caracterizó principalmente por el enfrentamiento entre los extremos del espectro político y la fragmentación en las cuotas de poder que estas opciones lograron alcanzar en sus resultados.

Los contendores en esta elección son los máximos representantes de los extremos políticos polarizados. Por un lado, el presidente en funciones Jair Bolsonaro, ex militar que llega al poder con un discurso de “mano dura” y de anti-corrupción, quien además ha expresado públicamente sus simpatías por líderes como Vladimir Putin, se ubica dentro de la derecha conservadora. También, el ex presidente Luis Inácio “Lula” Da Silva, fundador del Foro de Sao Paulo en los años noventas y quien fue destituido al final de su segundo mandato y encarcelado por el caso de corrupción de sobornos de la empresa Oderbretch denominado “Lava Jato”, considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia.

Para la sociedad brasilera votación se ha visto como un conflicto existencial entre dos extremos. Los  episodios de violencia entre los simpatizantes de ambos candidatos han crispado y enrarecido el ambiente electoral en el contexto de la campaña. Para colmo, la ventaja arrolladora de hasta 10 puntos, que vaticinaban las encuestas a favor de Lula, resultó realmente en un margen bastante cerrado entre ambos candidatos de apenas 5 puntos y ninguno logró cruzar el umbral del 50% de votos para ganar en primera vuelta. Y además, la derecha conservadora logró la mayoría en el Congreso con 96 escaños. 

¿Qué escenarios plantean los resultados tan cerrados de la derecha ante la posibilidad de que el lulismo no logre tan fácil la victoria en el balotaje?

Luego de la primera vuelta y de la solidez que arrojaron los resultados de la derecha conservadora, que ha tenido un discurso a favor de las privatizaciones y de replantear el rol del Estado en la economía, los mercados brasileros han despertado en la mañana del 3 de octubre con perspectivas favorables. La moneda brasilera, el Real, se apreció en un 3% con respecto al dólar. También, las acciones de Banco do Brasil y de la petrolera Petrobras subieron ambas un 7,8%. En el último trimestre, la economía brasilera se encuentra en un proceso de recuperación, de hecho, así lo perciben cerca del 50% de los brasileros. Todo apunta a que 2022 cerrará con un crecimiento del PIB de 2,5% o más, cuando en el primer semestre se proyectaba un 1%. Y la inflación está bajando entre 7 y 8% luego de alcanzara entre el 10% y 11%. Recordemos que Brasil representa alrededor del 40% de PIB de América Latina y es la economía más grande de la región.

Por su parte, Lula apela a un deseo o añoranza en el electorado brasilero por un pasado en el que hubo crecimiento económico gracias al llamado “boom” de los commodities, lo que permitió grandes transferencias y subsidios a la población y varias reivindicaciones sociales. En lo económico, Lula promete proveer de combustible barato a la población brasilera con subsidios. Esto perjudicaría severamente a la industria energética brasilera, luego de que durante el gobierno de Bolsonaro la petrolera calificara según ciertas entidades como la undécima empresa más rentable del mundo y que aumentara sus utilidades en un 27%.

En términos regionales, esta segunda oleada de la llamada “marea rosada” de simpatizantes del “socialismo del siglo XXI” y del viejo Foro de Sao Paulo promete ser más devastadora económicamente que la primera de comienzos del milenio. Por un lado, el mundo está en una recesión económica y por el otro, por primera vez en la historia más de dos tercios del subcontinente estarán gobernados por la izquierda radical.

Lo que queda claro después de este discurso es que si en épocas de la presidencia de Juan Manuel Santos, los cultivos ilegales de coca alcanzaron cifra récord casi llegando a las 300 mil hectáreas, en la de Petro, los números prometen ser astronómicos.

Lleno de florituras rebuscadas, recursos retóricos y todo tipo de sensiblerías propias más bien de un escritor amateur y no de un jefe de Estado (lo que debió haber sido un dolor de cabeza para los traductores en simultáneo), Gustavo Petro ofreció su primer discurso como presidente de Colombia en la Asamblea de Naciones Unidas este martes 20 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

Más allá de la apoteosis con la que esta intervención está siendo reseñada en los medios de comunicación internacionales, lo cual recuerda al tristemente célebre “Huele a azufre” de Hugo Chávez en el mismo reciento en el año 2006; la perorata de Petro está llena de los mismos lugares comunes ideológicos de siempre y de una ignorancia profunda de los principios más básicos de la economía.

Los temas que tocó el mandatario en su discurso fueron básicamente: el fracaso de la guerra contra las drogas en EEUU y la protección de la selva amazónica y para ambos ofreció una serie de argumentos disparatados y carentes de datos duros, que revistió con una apelación a la emocionalidad y al tremendismo. 

Dice por ejemplo, que el culpable de la tragedia del narcotráfico es el mercado, una economía orientada al consumismo y la búsqueda de la obtención de ganancias por encima de la vida humana. Este punto es tan irracional que ni siquiera vale la pena tomarse el tiempo en refutarlo, pero quizás algo más inteligente y coherente hubiese sido argumentar que se debe atacar el problema del narcotráfico también por el lado de la demanda y no solamente por el de la oferta, tesis que por demás, ya ha sido planteada abundantemente en muchas ocasiones por expertos en el tema. 

También, invocando un argumento ambientalista, solicita que los Estados Unidos deje de fumigar con glifosato ese pulmón natural para el mundo como lo es la selva amazónica para eliminar los cultivos ilegales de coca porque la culpable de la drogadicción en los jóvenes norteamericanos, no es una planta mística y ancestral de épocas precolombinas, sino una profunda “falla moral” en la sociedad estadounidense, a quienes por cierto en un punto del discurso incluso acusa de nazis. 

Se olvida Petro de comentar en tan distinguido podio que quienes llenan de coca y de violencia la selva son los grupos armados criminales y terroristas, que asesinan, masacran, secuestran y extorsionan a personas inocentes, causan desplazamientos forzados, y que además sobornan y corrompen instituciones y gobiernos. Lo que queda claro después de este discurso es que si en épocas de la presidencia del premio nobel de la paz Juan Manuel Santos, los cultivos ilegales de coca alcanzaron cifra récord casi llegando a las 300 mil hectáreas, en la de Petro, los números prometen ser astronómicos. 

Tampoco debemos apartar la vista de otra variable en este análisis y es que este discurso de Petro se da en medio de las conversaciones con la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela para restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países. No olvidemos que hace apenas unas semanas el nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, sostuvo reuniones de alto nivel por separado con cuatro personajes que han sido designados por la DEA como los cuatro capos de la droga del llamado Cartel de los Soles y sobre quienes pesa una recompensa de varios millones de dólares por su captura ante las autoridades norteamericanas: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck ElAissami y Vladimir Padrino López. Sin contar que está prevista la reapertura de la frontera entre los dos países para el día 26 de septiembre en un acto protocolar en donde estarán presentes tanto Petro como Maduro. Que cada quien saque sus conclusiones. 

De manera que más allá de la poesía y la prosopopeya del mandatario, las implicaciones de este discurso en el mediano plazo para la seguridad hemisférica, y en el largo plazo, para la gobernanza y el fortalecimiento institucional de la región, van a ser funestas.

Lo que queda claro después de este discurso es que si en épocas de la presidencia de Juan Manuel Santos, los cultivos ilegales de coca alcanzaron cifra récord casi llegando a las 300 mil hectáreas, en la de Petro, los números prometen ser astronómicos.

Lleno de florituras rebuscadas, recursos retóricos y todo tipo de sensiblerías propias más bien de un escritor amateur y no de un jefe de Estado (lo que debió haber sido un dolor de cabeza para los traductores en simultáneo), Gustavo Petro ofreció su primer discurso como presidente de Colombia en la Asamblea de Naciones Unidas este martes 20 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

Más allá de la apoteosis con la que esta intervención está siendo reseñada en los medios de comunicación internacionales, lo cual recuerda al tristemente célebre “Huele a azufre” de Hugo Chávez en el mismo reciento en el año 2006; la perorata de Petro está llena de los mismos lugares comunes ideológicos de siempre y de una ignorancia profunda de los principios más básicos de la economía.

Los temas que tocó el mandatario en su discurso fueron básicamente: el fracaso de la guerra contra las drogas en EEUU y la protección de la selva amazónica y para ambos ofreció una serie de argumentos disparatados y carentes de datos duros, que revistió con una apelación a la emocionalidad y al tremendismo. 

Dice por ejemplo, que el culpable de la tragedia del narcotráfico es el mercado, una economía orientada al consumismo y la búsqueda de la obtención de ganancias por encima de la vida humana. Este punto es tan irracional que ni siquiera vale la pena tomarse el tiempo en refutarlo, pero quizás algo más inteligente y coherente hubiese sido argumentar que se debe atacar el problema del narcotráfico también por el lado de la demanda y no solamente por el de la oferta, tesis que por demás, ya ha sido planteada abundantemente en muchas ocasiones por expertos en el tema. 

También, invocando un argumento ambientalista, solicita que los Estados Unidos deje de fumigar con glifosato ese pulmón natural para el mundo como lo es la selva amazónica para eliminar los cultivos ilegales de coca porque la culpable de la drogadicción en los jóvenes norteamericanos, no es una planta mística y ancestral de épocas precolombinas, sino una profunda “falla moral” en la sociedad estadounidense, a quienes por cierto en un punto del discurso incluso acusa de nazis. 

Se olvida Petro de comentar en tan distinguido podio que quienes llenan de coca y de violencia la selva son los grupos armados criminales y terroristas, que asesinan, masacran, secuestran y extorsionan a personas inocentes, causan desplazamientos forzados, y que además sobornan y corrompen instituciones y gobiernos. Lo que queda claro después de este discurso es que si en épocas de la presidencia del premio nobel de la paz Juan Manuel Santos, los cultivos ilegales de coca alcanzaron cifra récord casi llegando a las 300 mil hectáreas, en la de Petro, los números prometen ser astronómicos. 

Tampoco debemos apartar la vista de otra variable en este análisis y es que este discurso de Petro se da en medio de las conversaciones con la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela para restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países. No olvidemos que hace apenas unas semanas el nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, sostuvo reuniones de alto nivel por separado con cuatro personajes que han sido designados por la DEA como los cuatro capos de la droga del llamado Cartel de los Soles y sobre quienes pesa una recompensa de varios millones de dólares por su captura ante las autoridades norteamericanas: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck ElAissami y Vladimir Padrino López. Sin contar que está prevista la reapertura de la frontera entre los dos países para el día 26 de septiembre en un acto protocolar en donde estarán presentes tanto Petro como Maduro. Que cada quien saque sus conclusiones. 

De manera que más allá de la poesía y la prosopopeya del mandatario, las implicaciones de este discurso en el mediano plazo para la seguridad hemisférica, y en el largo plazo, para la gobernanza y el fortalecimiento institucional de la región, van a ser funestas.

La consulta es legal, muestra la voluntad del municipio, pero no tiene carácter vinculante. La decisión está en la cancha de las carteras ministeriales respectivas.

El pasado 18 de septiembre de 2022, los vecinos del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, acudieron a una consulta municipal a efectos de pronunciarse sobre la “instalación y operación de proyectos de minería metálica”.

De acuerdo con lo reportado por los medios de comunicación, el 87.98% de los vecinos que acudieron a las urnas votaron en contra. La corporación municipal de Asunción Mita convocó a esta consulta a solicitud de los vecinos.

Lo que cabe preguntarse es: ¿es legal la consulta? Y ¿qué efectos puede tener? Sobre el primer punto, vale visitar el artículo 63 del Código Municipal establece:

“Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las modalidades indicadas en los artículos siguientes.”

En principio es válido que las municipalidades puedan efectuar consultas de acuerdo con el marco normativo. Los artículos subsiguientes regulan lo relativo a los umbrales para su validez (donde por cierto hay una antinomia entre el artículo 66 y el 64). Ahora bien, ¿qué efectos puede tener esta consulta? Si vamos al artículo 20 del Reglamento de Consulta Municipal se establece que, una vez concluida la consulta, el concejo municipal deberá:

“a) Emitir las resoluciones municipales en el marco de su competencia que haga valer la voluntad de la población del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa; y, b) Remitir los resultados de la consulta de vecinos al Presidente de la República de Guatemala, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Congreso de la República de Guatemala. Procuraduría de los Derechos Humanos, para que (…), los mismos sirvan de indicativos al momento de emitir resoluciones de su competencia en torno al asunto consultado en el territorio municipal de Asunción Mita, departamento de Jutiapa.”

Está claro que la explotación de minerales no es competencia municipal, sino del Estado. En tal sentido, la consulta no tiene carácter vinculante en lo que respecta al otorgamiento de licencias de exploración o explotación minera. De hecho, no es la primera vez que algo así ocurre.

En sentencia de fecha 21 de enero de 2015 de la Corte de Constitucionalidad, dictada dentro del expediente 5229 2013, la Corte conoció una acción de inconstitucionalidad en contra de un reglamento de consulta en el municipio de Jalapa referente a explotación minera. El apartado referente a la remisión de los resultados a las autoridades competentes era idéntico.

La Corte resolvió que el resultado de la consulta solo sería útil para las entidades mencionadas “a fin de que sirvan a estas como indicativos, para emitir resoluciones de su competencia relativas al asunto consultado en el municipio sin que con esto se atente contra el orden constitucional, es decir que lo consultado no equivale a una prerrogativa de veto sobre las acciones a realizar por los órganos gubernamentales; sin embargo, estos deberán tomar las medidas necesarias para poder llegar a acuerdos que sean de beneficio social.”

Dicho de otra forma: la consulta es legal, muestra la voluntad del municipio, pero no tiene carácter vinculante. La decisión está en la cancha de las carteras ministeriales respectivas. Es de notar que quizás el marco normativo administrativo debería prever mejores mecanismos de participación previo a la emisión de resoluciones, pero eso sería materia para otra columna.