Fijar un seguro obligatorio tendrá un costo para los dueños de transporte colectivo, pero no tenerlo tiene un costo para las potenciales víctimas.

En los últimos días ha sido noticia el descontento que ha generado entre taxistas y agremiados del transporte urbano la entrada en vigor de la obligación de contratar seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.

Justo en su último día de presidencia, Jimmy Morales promulgó el acuerdo gubernativo 17-2020 donde establecía que un mes después de su publicación (febrero 2020) sería obligatorio para el transporte colectivo urbano y de carga un seguro de responsabilidad contra terceros y pasajeros.

El presidente Giammattei primero emitió el acuerdo gubernativo 174-2020 donde pospuso la vigencia un año (febrero 2021), luego promulgó el acuerdo gubernativo 38-2021 donde estableció que sería un año y medio después de la vigencia del acuerdo original (agosto 2021), luego promulgó el acuerdo gubernativo 156-2021 que aplazaba la vigencia para febrero de 2022 y el pasado viernes, 21 de enero de 2022, promulgó el acuerdo gubernativo 9-2022 dando seis meses más para (agosto 2022) de prórroga.

Lo anterior refleja la presión que ejercen los transportistas urbanos, bien organizados, porque deben asumir el costo de la prima del seguro con las características que manda el acuerdo.

La exigencia del seguro obligatorio, sin embargo, es consecuencia del artículo 29 de la Ley de Tránsito (decreto 132-96) que establece que “Todo propietario de un vehículo autorizado para circular por la vía pública, deberá contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley.” (Resaltado propio).

Más adelante el mismo texto legal establece que corresponde al Ministerio de Gobernación indicar qué tipo de seguro corresponde para el transporte urbano y extraurbano. De hecho, el transporte extraurbano fue el primero en verse obligado a contratar seguro contra terceros como consecuencia del acuerdo gubernativo 265-2001 promulgado por el entonces presidente, Alfonso Portillo.

La constitucionalidad, tanto del seguro obligatorio para el transporte extraurbano, como el mencionado seguro obligatorio para transporte urbano y de carga han sido cuestionados por la vía de la inconstitucionalidad, aunque sin éxito. Tanto las acciones de inconstitucionalidad del primero (expediente 694-2002) como el segundo (expediente 1496-2020) fueron declaradas sin lugar porque no lograron presentar un argumento claro que demostrara qué derechos constitucionales se violaban con la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad contra terceros y ocupantes.

Este es uno de los temas donde se cruzan derecho y economía. Lógicamente fijar un seguro obligatorio tendrá un costo para los dueños de transporte colectivo, pero no tenerlo tiene un costo para las potenciales víctimas.

Si el seguro no fuese obligatorio, quiere decir que cada vez que se produce un accidente las partes afectadas deberían acudir por la vía judicial a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En un país que cuenta con un sistema judicial deficiente (no hablo ya de la corrupción) y lento, esto significa que las potenciales víctimas cargarían en gran proporción los daños que puedan causar los pilotos por accidentes.

Si, en cambio, se hace efectiva la obligación de contratar un seguro de responsabilidad para terceros y ocupantes, entonces el costo de pagar el seguro se reflejará en el precio del transporte, pero eso tendría al menos dos efectos: mejorar la situación de las potenciales víctimas de accidentes de tránsito y teóricamente incentivar a los dueños del transporte y pilotos a ser más prudentes para evitar pagar mayores primas.

Por supuesto, hay también una serie de consecuencias no deseadas a considerar. Pero creo que parece claro que en la balanza exigir el seguro obligatorio reporta más beneficios sociales que costos y por tanto debe ser el objetivo.

Un país con una población desnutrida difícilmente puede plantearse un modelo de desarrollo que sea exitoso.

En términos muy generales la historia social y política de Guatemala no es muy distinta a la de sus pares en América Central y Latinoamérica; sin embargo, al hablar de indicadores socioeconómicos, particularmente en su historia reciente, hay algunos temas que separan a Guatemala del resto de países en la región, la desnutrición es uno de ellos. 

Actualmente, Guatemala es un país de ingreso medio que tiene la tasa de desnutrición infantil más alta de América Latina y la sexta a nivel mundial. La desnutrición es una de las tragedias más vergonzosas del país. Este es un tema que se discute públicamente, aunque no con suficiente frecuencia, los políticos hablan de resolverla, la incluyen en sus discursos de campaña y de toma de posesión, pero pasan los años y las cifras cambian muy poco.

La desnutrición es una tragedia humana que impacta en la vida de las personas que la padecen pues además de afectar su salud, limita su capacidad de tener educación y de construir su propio destino. La desnutrición también impacta en las posibilidades de desarrollo de los países en el corto y largo plazo; por ejemplo, entidades como la calificadora de riesgo Moody´s señalan los altos niveles de desnutrición de países como Guatemala como limitantes clave, que se suman a otras variables como la pobreza y la debilidad institucional para convertir al país en un lugar hostil para la inversión de las grandes empresas del mundo.

Un país con una población desnutrida difícilmente puede plantearse un modelo de desarrollo que sea exitoso

¿Qué es la desnutrición?

La desnutrición es más que solo la falta de alimentos y el hambre. El niño desnutrido no es solo el que está extremadamente delgado, sin fuerzas y al que se le marcan las costillas. Esta desnutrición que es más visible se llama desnutrición aguda y usualmente se encuentra en casos de emergencias nutricionales como ocurre en el área del corredor seco en Guatemala o en algunos países africanos.

Según UNICEF, un niño con desnutrición aguda tiene 9 veces más probabilidades de morir que un niño con un estado de salud normal. Guatemala reportó en 2020 26,959 casos y en 2021 22,416 casos de desnutrición aguda, estos dos años de emergencia sanitaria el país experimentó un incremento de casos respecto a los años prepandemia. En 2021 se registraron 61 fallecimientos de niños por desnutrición aguda, el doble de lo reportado en 2020.

Según la OMS, malnutrición es el término más amplio para referirse a las diferentes formas de carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta calórica y nutrientes de una persona. La malnutrición tiene al menos tres grandes grupos de afecciones: la primera es la desnutrición, la cual se caracteriza por personas que presentan un peso insuficiente respecto a su talla, el retraso del crecimiento y el peso insuficiente para la edad; la segunda es la malnutrición relacionada a la carencia de micronutrientes o falta de vitaminas y minerales esenciales; la tercera es el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles que tienen relación con la mala alimentación.

La malnutrición tiene causas sociales, la mayoría están asociadas a la pobreza, la desigualdad de oportunidades, el escaso acceso a alimentos adecuados, la falta de servicios básicos como agua potable, la falta de educación y de servicios de salud adecuados. Por otro lado, factores externos como el cambio climático, un desastre natural o un conflicto social pueden provocar situaciones de emergencia nutricional.

Según la FAO, entre 2016 y 2018, el 43.6% de la población de Guatemala se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada, esos son 7.4 millones de personas. El único país que superaba a Guatemala era Honduras en donde el 49.3% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. El promedio para América Latina es de 31.7% y para el mundo es de 25.4%.

Según UNICEF, en 2015 el 51% de todos los niños menores de 5 años en Guatemala presentaba algún problema relacionado a la malnutrición como retraso en el crecimiento, emaciación (adelgazamiento patológico) o sobrepeso. Como dato comparativo, el país que sigue a Guatemala es Ecuador con el 31% de los niños menores de 5 años con problemas relacionados a la malnutrición, luego Honduras con 28%, Haití con 27%, Bolivia con 26%, Nicaragua con 25% y Belice con 24%.

¿Qué explica la diferencia de Guatemala con el resto de países que tienen condiciones socioeconómicas similares?

Resolver el problema de desnutrición

La pandemia y los problemas asociados a esta situación de emergencia sanitaria extraordinaria como los cierres de las economías, las cuarentenas, el aumento generalizado del costo de vida y la pérdida de empleos e ingresos, representan un nuevo reto para países que quieren luchar contra la malnutrición en todas sus formas.

Se debe tener claro que la malnutrición no es un tema que pueda analizarse de forma aislada pues tiene relación estrecha con problemas de tipo estructural como la pobreza y la desigualdad de oportunidades. Es posible implementar acciones y políticas para mitigar el problema directamente, pero la evidencia indica que, si no se atienden las causas estructurales, será imposible erradicar el problema.

Muchas de las intervenciones que se pueden implementar para mitigar el problema están dirigidas a la llamada “Ventana de los mil días”, que se refiere al período crítico de crecimiento y desarrollo que ocurre desde el momento de la concepción hasta el segundo cumpleaños. Algunas de estas intervenciones son la medición constante de peso y talla, el acceso a servicios sanitarios básicos, la suplementación de micronutrientes, la promoción de la lactancia materna, la alimentación complementaria y el empoderamiento de la mujer, entendido como todas aquellas medidas que permitan a las mujeres procurar una alimentación adecuada para sus hijos.

Todas estas intervenciones han sido parte de las políticas implementadas por el gobierno de Guatemala a lo largo de al menos una década, sin embargo, los resultados han sido muy pobres debido a la falta de consistencia en la implementación de la política. En papel se dice que es un tema prioritario pero las acciones y resultados cuentan otra historia.

Bangladesh es un buen ejemplo de un país que ha experimentado importantes avances en la reducción de la desnutrición. Este logro se debe en parte a intervenciones puntuales como la provisión de alimentos variados, la mejora en los servicios sanitarios y el mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres. Es importante anotar también que Bangladesh se ha convertido en la segunda economía que más rápido crece en el sur de Asia, lo cual es un dato importante a considerar dado que este crecimiento económico ha alterando, para bien, las condiciones estructurales del país. El país ha invertido dinero en políticas que tienen efectos sobre la desnutrición como la educación, la salud y el acceso a servicios sanitarios básicos.

Reflexiones sobre criminalidad y condenas judiciales

No. No pretendo abordar la discusión sobre criminalidad y condenas desde la perspectiva moral, utilitaria o de derechos humanos. Para eso están los seminarios de ética, las clases de historia y de derecho internacional humanitario. O más sencillo aún, las anodinas discusiones en Twitter.

El plan hoy es remembrar las enseñanzas de Emile Durkheim y analizar su aplicabilidad a la discusión sobre la pena capital. Recordemos. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en estudiar comportamientos criminales, patologías que rompen la integración social y algunos mecanismos para contener dichos comportamientos.

El francés esbozó una sencilla teoría para entender las tres razones por las que una persona cumple con una norma social: 1) Utilitarismo; 2) Miedo al castigo; o 3) por pura ética individual

Quizá el mejor ejemplo es aplicarlo al tránsito vehicular. ¿Por qué respeto yo el alto mientras estoy manejando? Sencillo. Durkheim diría que es por una de estas tres razones: 1) Respetar el alto trae consigo un valor utilitario; si no lo hago, es posible que sufra de un accidente con consecuencias materiales y humanas. 2) Si no respeto el alto, y la policía de tránsito o una cámara me descubre, tendré una multa de tránsito que generará un costo económico. O 3) Respetar el alto simplemente es lo “correcto”.

Apliquemos esas enseñanzas a un caso extremo: la pena de muerte. Asumamos que la misma se aplicará a aquellas personas que cometan delitos peligrosos, como asesinato, violación, secuestro, con agravantes particulares por razones de edad, uso de la fuerza, etc. Eso automáticamente invalida la tercera taxonomía del modelo Durkheim. El asesino simplemente no ve el valor ético-moral de “no matar”.

Una lógica similar aplica con la primera clasificación. Al final el asesino, violador o secuestrador calcula su utilidad en función a los beneficios potenciales de cometer el crimen.

El único desincentivo para no cometer el delito entonces es el “miedo al castigo”. Y ojo, aquí las dos variables en juego son la probabilidad de ser castigado junto con la severidad de este. De aquí entonces que la dureza de la pena tenga poco impacto si el sistema resulta incapaz de procesar al delincuente.

El paradigma de lo anterior son los grandes casos de corrupción del último sexenio. Pérez Molina, Baldetti, y compañía enfrentan -cada uno- acusaciones que en caso de ser declarados culpables, conllevan penas de varias décadas en prisión. Sin embargo, por falencias propias del sistema (retardos maliciosos, sobrecarga de fiscalías y juzgados, uso excesivo del amparo, mal diligenciamiento de la prueba, amedrentamiento de denunciantes y testigos, etc.) los casos no llegan a su debida conclusión.

Y ojo. Muchas pensarán que es un mal propio de los casos vinculados con delitos de cuello blanco. Sin embargo, hagamos un repaso rápido a casos vinculados con pandilleros, que a pesar de tener decenas de ingresos a los penales del país, incluso varios homicidios en su historial, los procesos eventualmente caen presa de los males del sistema.

Dicho esta la conclusión es evidente: sin una mejora en el sistema de justicia. Sin una mejoría sustantiva en los procesos de investigación, procesos judiciales y dinámicas procesales, que permitan aumentar la posibilidad de castigo, la gravedad de la pena -por sí sola- no es suficiente para desincentivar conductas delictivas. La respuesta no es penas altas, condenas o pena de muerte en sí mismo; sino la reforma judicial.

Los debates legales, políticos y militares

Veinte años después, la cita con la justicia le llegó. Khalid Sheikh Mohammed (KSM), el arquitecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre está próximo a enfrentar juicio, junto a otros cinco altos operativos de Al Qaeda. Todos, acusados de 2,973 cargos de asesinato de civiles en violación a las Leyes de la Guerra, ataque contra población civil, secuestro de aeronaves, terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo. Para los cinco, el gobierno norteamericano ha solicitado la pena de muerte.

Sin embargo, el juicio del siglo no necesariamente constituirá el punto final de la guerra contra el terrorismo y los fatídicos episodios del 11 de septiembre. Por el contrario, el proceso parece que dará lugar a uno de los debates legales más interesantes de la actualidad.

Para empezar, la mera solicitud de la pena de muerte ya plantea un conflicto entre el mundo de lo judicial y de la inteligencia. Expertos en contraterrorismo señalan que de ser condenado y ejecutado KSM (el terrorista de más alto rango capturado por Estados Unidos), se estaría creando un mártir ante los ojos de los jihadistas islámicos, lo cual podría desatar actos terroristas en un futuro próximo. De tal forma que la resolución del dilema parte de responder la siguiente pregunta: ¿cuál era el objetivo de la ofensiva contra Al-Qaeda: llevar ante la justicia a los responsables del 9/11 o evitar nuevos atentados? Para agentes judiciales, el objetivo era el primero; para los expertos en contraterrorismo, era el segundo.

Luego está el debate jurídico sobre el tipo de acusación y los posibles delitos cometidos. La tesis de la acusación se basa en que Al-Qaeda violentó las Leyes de la Guerra al atacar objetivos civiles. De ahí que los juicios se lleven a cabo por una Comisión Militar (el equivalente a la Corte Marcial) y no en un juzgado federal. El problema de la acusación en el marco de las leyes de la guerra es 1) sostener la aplicabilidad de estas a organizaciones paraestatales como Al Qaeda; y sobre todo 2) demostrar que el 11 de septiembre de 2001 existía un Estado de Guerra entre Estados Unidos y Al-Qaeda, cumpliendo con las condiciones de derecho internacional sobre Declaratoria de Guerra, identificación de beligerantes, etc.

La alternativa del juicio civil tampoco es clara. Para empezar, los acusados cumplen ya entre 17 y 19 años de detención “preventiva”. No olvidemos tampoco que algunos testimonios de otros terroristas, además de la confesión de KSM de ser el artífice detrás del 9/11, y que constituyen parte central de la acusación, se obtuvieron mediante técnicas de interrogatorio que están sujetas a un debate legal en sí mismas.

En ocasiones anteriores, diversas cortes federales resolvieron que la aplicación de Enhanced Interrogation Techniques constituye actos de tortura, por lo que cualquier testimonio obtenido de las mismas, sería inadmisible. No obstante, ese criterio no es compartido por tribunales militares, que sostienen la legalidad de los métodos de interrogación y la admisibilidad de los testimonios obtenidos, a la luz de las autorizaciones de uso de la fuerza en contra de Al-Qaeda, emanadas tanto del Congreso como de la Casa Blanca. Vale recordar que la operación para asesinar a Osama Bin Laden y los ataques de drones contra cientos de terroristas, se sustentaron jurídicamente en dichas autorizaciones para el uso de la fuerza.

De ahí entonces que más que llevar ante la justicia al autor intelectual de The Planes Operation -cómo le definió el alto mando de Al-Qaeda-, el juicio contra Khalid Sheikh Mohammed dará lugar al debate más profundo sobre la legalidad, la efectividad y los resultados reales de toda la Guerra contra el Terrorismo.

Como lo explica el profesor Paul Cartelege, profesor de cultura griega en la Universidad de Cambridge, en la Antigua Grecia el sorteo (klērōsis) se consideraba un mecanismo democrático. El sorteo se utilizaba principalmente para designar al consejo y las cortes.

El pasado 3 de enero, en una entrevista para Emisoras Unidas, el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre sugirió que, para dar una muestra de buena fe y de que el próximo fiscal general sería independiente, el presidente podía seleccionar al próximo fiscal general por sorteo.

Recuerdo haber escuchado que el exmandatario sugirió que el sorteo se hiciera en presencia de los directores de los medios de comunicación. El sorteo se haría mediante una tómbola en la que habría seis papeles o pelotas con el nombre de cada uno de los seis elegibles que envíe la Comisión de Postulación. Él propone que el último nombre en salir sea el próximo fiscal general.

No es la primera vez que se propone algo similar. En 2009, ingresó al Congreso la iniciativa de ley 4028 (https://bit.ly/32XoUen) que contenía la propuesta de reforma constitucional de la Asociación Civil ProReforma. Esta sugería que tanto los magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y fiscal general fuesen elegidos por sorteo a partir de una nómina elaborada por una comisión de postulación.

Como lo explica el profesor Paul Cartelege, profesor de cultura griega en la Universidad de Cambridge, en la Antigua Grecia el sorteo (klērōsis) se consideraba un mecanismo democrático. El sorteo se utilizaba principalmente para designar al consejo y las cortes.

La participación a los cargos públicos era voluntaria. Los candidatos debían someterse a una investigación previa (dokimasia). Este proceso no evaluaba tanto su idoneidad, sino que cumpliera con los requisitos: que fuera ciudadano, si había ocupado el cargo anteriormente, etc.

Modernamente el sorteo ocupa su lugar en la cosa pública. Se utiliza en Estados Unidos para integrar los jurados, se utiliza el sorteo, en ciertos casos, para determinar el juez federal competente para conocer una disputa, entre otros.

En años recientes incluso se ha utilizado el sorteo para tomar decisiones de mayor trascendencia. En 2012, el gobierno federal de Irlanda llamó a una convención constitucional que elaboraría recomendaciones para reformar la Constitución. La convención constaba de 100 miembros, de los cuales 66 eran ciudadanos seleccionados por sorteo. Los restantes 33 miembros eran diputados al Congreso y senado (https://bit.ly/3qcFgZ2).

La idea no deja de ser interesante, aunque daría para un debate más profundo sobre las consecuencias de optar por un método así para seleccionar a un fiscal general. El primer punto que debe destacarse es que la calidad de la nómina de los seis elegibles depende en gran parte del buen o mal trabajo que haga la comisión de postulación.

Si suponemos que los seis son aptos para el cargo, el sorteo no es un mal método de selección. Si suponemos que, de los seis, solo algunos reúnen las condiciones deseables, a lo mejor no es tan buena idea.

La propuesta del expresidente Maldonado Aguirre es viable legalmente. Al fin y al cabo, el artículo 251 constitucional le otorga al presidente la discrecionalidad para elegir al fiscal general de la lista que le envíe la comisión de postulación. Él decide si lo selecciona a partir de su propio juicio o si lo hace por sorteo o de cualquier otra forma. En cualquier caso, me parece que el tema merece consideración.

A finales de 2021, la ciudad de Madrid congregó a dos excepcionales políticos hispanoamericanos: Laura Chinchilla y Felipe González, en un diálogo titulado “Rethinking Democracy - Democracia en Español”, auspiciado por el Club de Madrid. Una conversación tan deleitable como importante para la región, especialmente de cara a lo que enfrentaremos en los próximos años.

En esta ocasión, a la ex mandataria costarricense le tocó entrevistar al ex presidente del gobierno español, a propósito del estado de la democracia en Hispanoamérica. Luego de más de tres décadas de la llamada “tercera oleada democrática”, durante la cual prácticamente todo el continente latinoamericano se democratizó (con la excepción de Cuba), ambos hicieron el balance de la última década donde la región continúa retrocediendo sostenidamente en todos los índices de democracia, y en donde países como Venezuela y Nicaragua se han sumado a Cuba en el renglón de regímenes abiertamente autoritarios.

“Parte de mi proyecto vital era fomentar la democracia en América Latina. Me empeñé desde el principio en un esfuerzo coordinado con otros líderes latinoamericanos para que, una vez superada la Guerra Fría… —acabo de recordar que pasado mañana se cumplen 30 años del último encuentro entre el viejo Bush y Gorbachov y cinco semanas después desaparecería la Unión Soviética, marcando el fin de una época— … Una vez superado eso, luchamos mucho por ampliar el espacio de la democracia en América Latina y la verdad es que había un anhelo de democracia en toda la región. Después se ha producido una regresión, que es muy dramática. Empiezan a aparecer caudillismos populistas, algunos quieren darle un signo de derecha o de izquierda, pero el resultado es el mismo para la gente, que es la pérdida de libertades. Es una tentación tiránica que busca romper las reglas del juego y hacerse con el poder y esa corriente se ha producido (en parte, y eso es lo que me preocupa) porque la gente cree que la democracia ha fracasado. Pero si uno penetra en el fondo del asunto, lo que ha fracasado son los gobiernos gestionando las instituciones y haciendo política. La democracia no garantiza el buen gobierno, sólo garantiza —que no es poco— que podamos echar al gobierno que no nos gusta. No es un fracaso de la democracia, la democracia es una forma de elegir a los representantes”, explicó González.

González ha tocado un elemento toral en la discusión sobre la regresión democrática en América Latina: la diferencia entre “acceso al poder” y “ejercicio del poder”, que explica por qué el voto popular en muchos de nuestros países se inclina cada vez más por opciones radicales que no terminan resolviendo los problemas de desempeño institucional y de corrupción, sino que más bien los agravan y además terminan instalando proyectos políticos autoritarios que se eternizan en el poder.

Más adelante, hace otra precisión de una importancia tremenda y que —contrario a lo que se simplifica en varios círculos liberales— no tiene que ver con la re-distribución de la riqueza, sino con el carácter desigual de la aplicación de la ley y de lo que varios expertos han denominado instituciones excluyentes, que contribuyen a la percepción (cada vez más difundida en la región), de que el sistema sólo funciona para unos pocos. Continúa González: “las políticas no son de servicios públicos generales, sino que son mucho más clientelares”, lo cual es la raíz de por qué en América Latina ha sido tan difícil implementar Estados de bienestar exitosos.

Con respecto a la economía, el político socialdemócrata refiere: “Superar o contraponer al neoliberalismo una política de mayor justicia social, de servicios públicos, de inclusión de un mayor número de ciudadanos en la política de gobierno, sería muy razonable. Salvo que lo que uno ve es que frente al neoliberalismo, lo que proponen es el neopobrismo: aquí vamos a igualar a todo el mundo, porque el salario mínimo no va a valer nada, salvo a los que mandan”. Es un llamado de atención de González a la izquierda populista autoritaria latinoamericana que se empeña en imponer un modelo depredador fracasado, en lugar de apostar por economías abiertas que permitan el libre desarrollo de los individuos.

Luego prosigue Chinchilla, haciendo referencia al desgaste de los mecanismos multilaterales que existen en América Latina para la defensa y protección de la democracia:

“En América Latina pretendimos hacer algo muy hermoso hace 20 años y aprobamos la Carta Democrática y de hecho se ha aplicado en varios incidentes (golpes de Estado, etc.), pero ya tenemos dos de los casos más graves de deterioro democrático reciente: Venezuela y Nicaragua, en donde la Carta Democrática simplemente se desvaneció. No hubo voluntad para aplicarla y pareciera que casi todo falló. Lo que imperó fue el silencio y la inacción. Lo que estamos viendo es que esos instrumentos eran muy buenos para responder a cambios abruptos en el ejercicio del poder (golpes de Estado, fraudes electorales, etc.), pero en esta nueva modalidad de deterioro de la democracia a cámara lenta y de forma gradual, pareciera que impera la noción de que nada está mal hasta que finalmente no tiene arreglo”.

Chinchilla también toca un tema al que debemos prestar atención en los próximos años y es que pasamos de un espíritu de integración regional (tanto en el orden liberal durante los años noventas, como en el bloque socialista de comienzos de siglo), a una era donde el discurso de la soberanía cobra un auge cada vez mayor en América Latina. Sin importar el signo ideológico, el rasgo que comparten la mayoría de gobiernos latinoamericanos es que ninguno quiere que se entrometan en sus asuntos internos y de allí la pasividad deliberada frente a las debacles de Venezuela y Nicaragua. Concuerdan los dos ex presidentes en que nunca, al menos en la historia reciente, la región había estado tan desintegrada.

En conclusión, ambos líderes hacen trascendentales reflexiones para la región y ponen el dedo sobre los grandes temas que, como latinoamericanos, debemos tomar en serio en los próximos años si no queremos que nuestra casa continúe a la deriva.

Vistazo a vuelo de pájaro sobre algunos temas

La llegada de un nuevo año naturalmente invita a identificar los principales retos y desafíos en materia política e institucional. Sin duda, la gestión de la pandemia Covid-19 seguirá siendo el tema de qué hablar. En su momento, se pensó que la vacunación masiva constituiría la llave para retornar a la normalidad. Sin embargo, la experiencia Omicron y las medidas adoptadas por algunos gobiernos hacen pensar que a esta trama distópica aún le restan algunos capítulos más. El embate de Omicron en Europa abrió la puerta para una serie de debates más grises y complejos que el tradicional “apertura vs encierros” que imperó durante los primeros dieciocho meses de pandemia. Concretamente, los gobiernos occidentales adoptaron dos grandes líneas de política sanitaria. Por un lado, se planteó la necesidad de apostar por dosis de refuerzo; y por otro lado, se adoptaron medidas más estrictas respecto de la población no-vacunada.

Eventualmente, estas tendencias empezarán a replicarse en otras latitudes. Esto implica que, para el Ministerio de Salud, en 2022 no sólo deberá continuar con la titánica tarea de la vacunación, sino además, deberá incorporar también medidas para asegurar que la población ya vacunada pueda acceder a dosis de refuerzo en intervalos semestrales. Por otro lado, tarde o temprano llegará a nuestras latitudes el debate sobre las políticas diferenciadas respecto de población vacunada frente a la no vacunada.

Mientras Estados Unidos ha establecido como requisito de ingreso contar con esquema completo de vacunación, en las latitudes europeas, varios gobiernos han establecido normativas más restrictivas en función a su propio modelo de alertas sanitarias. En otras palabras, cuando el número de contagios se ha disparado, la principal medida de contención han sido las restricciones para población no-vacunada. Es decir, en lugar de retornar a las cuarentenas, los gobiernos han optado por limitar el acceso de los no-vacunados a comercios no esenciales, actividades sociales, culturales, deportivas, etc. Y naturalmente, detrás de ello, viene toda una discusión más profunda sobre los alcances éticos y constitucionales de las mismas. Tarde o temprano, este debate llegará a América Latina y a Guatemala.

Otro tema de la agenda 2022 serán los procesos de elección institucional. En mayo está programado el recambio de autoridades en el Ministerio Público; y en diciembre, en la Contraloría General de Cuentas. En el caso del primero, el proceso constituirá un capítulo más de la trama del conflicto político que ha imperado en el país desde 2017. La variable exógena de la ecuación será la actitud de Washington respecto del proceso de elección de nuevo fiscal. ¿Será esta la oportunidad para una desescalada en el enfriamiento de las relaciones bilaterales del país? ¿Apostarán los actores tradicionales por personajes oscuros como mecanismo para salvaguardar la agenda reaccionaria? ¿Se encontrará un escenario de consenso? Todas estas preguntas estarán a la orden del día entre febrero y mayo 2022.

Y luego como olvidarse de las alegres elecciones. Como si nada, estamos ya a menos de 18 meses del proceso electoral 2023. Y ante los plazos del calendario electoral, veremos cómo a partir del segundo semestre 2022, empiezan los movimientos de los partidos y candidatos que buscarán posicionarse de cara al proceso electoral. Aquí se presentan varios escenarios interesantes. Por ejemplo, ¿cómo culminará el conflicto por el control de la UNE? ¿Qué futuro político le depara a Sandra Torres? ¿Seguirá siendo la hace-presidentes de Guatemala? ¿Qué ocurrirá con candidaturas que en 2019 fueron rechazadas dado el cambio en las correlaciones de poder en el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad?

Y así, la culminación del descanso de fin de año trae consigo el retorno a la normalidad política.

En el 2022 habrá que seguir de cerca tres temas: la designación de fiscal general, la pandemia y el movimiento de alianzas de cara al año electoral 2023.

En las próximas semanas se juramentará la comisión de postulación que debe elaborar una nómina de seis candidatos de la cual el presidente de la república nombrará al fiscal general para el periodo 2022-2026.

Esta comisión de postulación estará integrada por 15 miembros: 12 decanos de las facultades de derecho, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados.

Las decisiones en la Comisión de Postulación se toman por dos tercios, con lo cual serán necesarios 10 votos para tomar cualquier decisión relevante. En otra columna espero abordar el tema con mayor detalle, pero basta decir que el trabajo de esta comisión es crucial.

Se especula si la actual fiscal general optará o no a la reelección. Lo cierto es que, de ser el caso, primero tendría que quedar seleccionada dentro de la nómina de seis elegibles.

Si bien la Ley de Comisiones de Postulación marca ciertos parámetros de evaluación, cada comisión tiene cierto margen para materializar esos parámetros y la “nota” no es vinculante. Recordemos, por ejemplo, que en 2014 la comisión no incluyó a la entonces fiscal general, Claudia Paz y Paz dentro de la nómina de seis elegibles.

El segundo tema clave, como no puede ser de otro modo, es la pandemia. Aun se desconocen los riesgos de la variante ómicron. Algunos datos sugieren que es más contagiosa, pero menos letal que las variantes anteriores.

Si bien los expertos sugieren que los virus que se transmiten por vía aérea tienden a mutar hacia variantes más contagiosas, pero menos letales, no se descarta que pueda aparecer una variante que complique las cosas.

Aún así, parece ser que la vacunación es la única ruta para sortear la pandemia. En la medida que mayor parte de la población adquiera cierto nivel de inmuniad, será más fácil vivir con el virus.

Guatemala aún exhibe tasas de vacunación sorprendentemente bajas para la región: de acuerdo con el portal Our World In Data, solo el 36% de la población ha recibido al menos una dosis y apenas el 26% ha recibido el esquema completo. Cifras que nos ponen a la cola de la región latinoamericana.

Por último, habrá que prestar atención hacia dónde se mueven las alianzas electorales. Hasta el momento el oficialismo goza de una sólida alianza en el Congreso que le ha permitido gobernar con comodidad. Se espera que esto siga así.

Sin embargo, dado que no hay reelección presidencial en Guatemala, es común ver que algunas facciones empiecen a mover sus fichas con miras a las elecciones siguientes.

Habrá que seguir el destino del partido UNE ahora que Sandra Torres ha ganado la partida a quienes le plantaron oposición interna. Si el partido no sobrevive a una cancelación, queda por ver si Torres logra conseguir otro vehículo electoral.

También ver con qué celeridad se aclare el proceso penal en su contra. De momento, la jurisprudencia le favorece pues ya existen varios fallos que han decretado que no se puede montar persecución penal por delito de financiamiento electoral irregular por el principio de irretroactividad de la ley derivado de que este delito se reformó en 2018.

Habrá que prestar atención también al futuro que pueda tener el “Frente Nacional de Oposición” que ha encabezado el diputado Carlos Barreda. Hasta ahora la oposición ha sido débil y dispersa. Y por supuesto habrá que poner los ojos en los virtuales candidatos favoritos como Zury Ríos y Edmond Mulet.

Es un mal endémico del sistema legal guatemalteco que está diseñado para cumplir procedimientos, no para hacer justicia o resolver conflictos. 

 

Hace pocos días se dieron a conocer dos noticias relevantes. Por una parte, que se culminaba el proceso de cancelación del partido UCN por infracción a normas de financiación electoral. Por otra parte, que se iniciaría el proceso de cancelación del partido UNE.

Quizás el lector suponga, razonablemente, que la cancelación de ambos partidos obedece a las múltiples acusaciones de financiamiento irregular de las que han sido objeto ambas organizaciones políticas. El excandidato presidencial de UCN fue condenado a prisión por conspiración para traficar drogas en EE. UU. y la excandidata presidencial de la UNE enfrenta proceso penal por financiamiento electoral irregular.

Sin embargo, la historia es un poco distinta. Por ejemplo, de acuerdo con una nota de prensa, el partido UCN sería cancelado porque “realizó gastos con fondos de financiamiento público entre 2014 y 2015, sin documentos de respaldo” y porque además “se identificaron cuentas por pagar no registradas y la emisión de cheques a nombre de ejecutivos del partido que no fueron documentados”.

Es decir, la cancelación de UCN nada tiene que ver con la escandalosa noticia de 2019. Más bien es resultado de un incumplimiento a las formas de rendir cuentas ante la autoridad electoral.

El caso de la UNE es aún más ilustrativo del punto que quiero hacer en esta columna. El anuncio que hiciera el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que iniciaría el proceso de cancelación de la UNE se debía a que esta organización política no tiene integrado su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ya que el número mínimo de integrantes es de 15 y no tiene suficientes miembros para integrarlo.

La razón es que varios miembros afines a Sandra Torres renunciaron al CEN en algún punto por desacuerdos con el partido. Algunos especulan que procuraron intencionalmente desintegrar el CEN para paralizar el funcionamiento del partido. Al fin y al cabo, el CEN es el órgano ejecutivo del partido y sin él no es posible tomar algunas decisiones clave.

Pues resulta ser que a la UNE le corresponde integrar nuevo CEN y para ello debe celebrar una asamblea nacional. Sin embargo, la literal “c” del artículo 29 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que es el CEN quien debe convocar a asamblea nacional. Pero como hemos dicho en el párrafo anterior: no existe un CEN conformado porque no tiene los 15 miembros que la LEPP exige como mínimo para su integración.

¿Qué nos ilustran el caso de UNE y UCN? Que el sistema legal guatemalteco descansa enteramente en el culto a las formas. Las graves acusaciones de financiación irregular o de vínculos con actividades criminales jamás han sido objeto de discusión en los expedientes que tienen abiertos ambas organizaciones políticas. Pero han incurrido en infracciones a obligaciones formales y esa es la única razón por la cual el aparato se ha activado y pone en jaque la existencia jurídica de ambas agrupaciones políticas.

Esto va más allá del actual TSE. Es un mal endémico del sistema legal guatemalteco que está diseñado para cumplir procedimientos, no para hacer justicia o resolver conflictos. En este sistema es bastante probable financiar campañas ilegalmente con dinero del crimen organizado, hacer dinero de la corrupción y no ser descubierto, pero no vaya a ser que escriba Pérez sin tilde que el registro equis rechaza su solicitud.

Desde luego que las formas importan. Pero importan en la medida que las formas han sido concebidas como mecanismos para garantizar la tutela de los derechos. Aquí funciona al revés: las formas son un fin en sí mismo.

Desconozco cómo se resuelvan finalmente lo casos de UNE y UCN, pero algún formalismo decantará la balanza en un sentido u otro. Mientras tanto el fondo quedará relegado a un segundo plano y el sistema no resolverá los problemas de fondo de financiación y de transparencia de los partidos político.

Romper el monopolio de liderazgos y de ideas dentro de los partidos

De acuerdo con la teoría sobre procesos de institucionalización, dos características esenciales de aquellas organizaciones que alcanzan el nivel de “institución” es haber desarrollado mecanismos para resolver disputas internas y que logran sobrevivir procesos de circulación de liderazgos.

Esas dos características han estado tradicionalmente ausentes en el sistema de partidos políticos luego de la transición democrática. La mayoría de los partidos han mostrado una incapacidad sistémica para atender la disidencia interna, fomentar la competencia de liderazgos y generar transiciones de poder de forma institucionalizada.

Por ejemplos, a principios del nuevo milenio, el Partido de Avanzada Nacional vivió una escisión entre sus principales liderazgos, lo que a la postre llevó a que cada una de las facciones en disputa fundaran sus propias organizaciones políticas: el Partido Unionista y el Partido Solidaridad Nacional.

Caso similar ocurrió con la UNE, de cuyo seno emergieron los partidos Líder y Todos, ambos vinculados con liderazgos alternos (Manuel Baldizón y Roberto Alejos) que, al no encontrar espacios de disidencia dentro del partido, optaron por crear sus propias organizaciones.

Y así podríamos reseñar incontables historias dentro del mundo político-partidista de las últimas dos décadas. Y en todos casos la historia parece ser la misma: cuando surgen liderazgos alternos o grupos disidentes dentro de la organización madre, al no existir mecanismos formales de disputabilidad o de competencia para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Atender este problema implica redefinir algunas de las reglas internas del funcionamiento de los partidos políticos, pero además, implica un cambio de patrones culturales de comportamiento.

A nivel de normativa, la utilización de mecanismos como elecciones primarias, voto secreto en las asambleas partidarias, la obligatoriedad para que se postulen dos o más planillas en las elecciones internas de los partidos, o que deba utilizarse alguna fórmula proporcional de minorías, permite que distintas facciones accedan a espacios de poder dentro de los partidos.

Pero luego, también se requiere de un cambio de patrones culturales. En Guatemala la disidencia se considera traición. Cuando la competencia de ideas o planteamientos dentro de una organización es parte fundamental del enriquecimiento programático. También se asume que los “platos sucios se lavan en casa”, cuando en algunas ocasiones publicitar la existencia de visiones encontradas dentro de una institución ayuda -precisamente- a mostrar la amplitud de visiones que coexisten.

O qué decir cuando se ´sanciona´ a un legislador, alcalde o activista por adaptar una postura distinta a la del partido. Al final, dentro de los partidos políticos institucionalizados, siempre existen facciones y distintas corrientes. Dentro de los republicanos -por ejemplo- hay un ala libertaria (Rand Paul), otra más tradicionalista (Mitt Romney) y otra más populista (Donald Trump). Como también dentro de los demócratas no es lo mismo comparar a personajes como Joe Biden con las Pelosis y las AOCs.

Reconocer el valor del debate político interno, desarrollar mecanismos que permitan visibilizar las disputas internas, además de fortalecer los órganos encargados de dirimir conflictos (tales como el Tribunal de Honor o el Órgano de Control y Fiscalización) resultan necesarios para fomentar la disputabilidad en el marco de la institución partidaria.

Con esas rutas, quizá resulte posible pensar en partidos donde coexistan facciones con distintas ideas programáticas, en donde haya realmente competencia por los espacios de toma de decisiones, y en donde se respete a las minorías disidentes.