Las elecciones 2023 batirán récord de descalificación de candidatos. Esto, lesionaría el proceso democrático de manera importante.

Recientemente el Tribunal Supremo Electora (TSE) comunicó que notificó a Roberto Arzú, Edmond Mulet y Neto Bran por cometer actos de “propaganda ilegal de personas individuales”, lo que llamamos coloquialmente campaña anticipada.

El artículo 84bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece: “No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento.”

Vale la pena abordar dos elementos cruciales de esta norma. En primer lugar, que la sanción por hacer “campaña a título individual a cargos de elección popular” antes de la convocatoria oficial a elecciones no parece ser una guía suficiente para entender qué acciones en concreto se consideran “campaña” y cuáles son en ejercicio de la libre expresión. En segundo lugar, la consecuencia por incurrir en tal conducta es “no ser inscrito como candidato”, es decir, la descalificación de esa persona en un proceso electoral.

Sobre el primer punto se interpusieron acciones de inconstitucionalidad en su momento. La Corte de Constitucionalidad (CC) discrepó y consideró que las actuaciones que configuran campaña están claramente establecidas en la LEPP y sus reglamentos. No obstante, dentro del expediente 5280-2018 desarrolló que debía entenderse por campaña anticipada lo siguiente 

“… las acciones que buscan colocar a un partido político o a un potencial candidato en las preferencias electorales de los votantes -o que tengan por objeto influir en el voto del electorado- las que pueden estimarse proscritas.”

Y más adelante agrega que no pueden asumirse como tales ni merecedoras de sanciones lo que haga:

“… la persona -aunque tenga afiliación política conocida- que participa en un medio de comunicación social, expresando sus puntos de vista sobre los problemas nacionales o sobre cualquier otro tópico, aportando propuestas respecto del correcto ejercicio de la gestión pública. Encenderlo de esa manera, entrañaría anular el debate de ideas, el cual es necesario en una sociedad democrática”

Sería importante que el TSE se explayará en las razones por las cuales considera que estos tres sujetos han infringido la norma citada. Pero si suponemos que al señor Mulet se le sanciona por la publicación de su libro y al señor Bran por tener un podcast, no parece razonable lo resuelto por la autoridad electoral.

En cualquier caso, voy al segundo ingrediente de la norma: infringirla lleva como castigo la descalificación del candidato. ¿Es esto compatible con el ejercicio de los derechos políticos? ¿es compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En otras legislaciones donde se castiga la campaña electoral extemporánea, la sanción suelen ser multas, no la descalificación de un candidato.

No olvidemos que en 2019 la justicia constitucional jugó un rol negativo en descalificar a tres candidatos presidenciales. Vaticino que: a) de no existir modificación a ciertas normas electorales y b) de no existir un giro jurisprudencial respecto de la nefasta jurisprudencia relacionada con el mal llamado “finiquito” y la “idoneidad”, las elecciones 2023 batirán récord de descalificación de candidatos. Esto, de más está decir, lesionaría el proceso democrático de manera importante.

Ninguna situación es estática ni mucho menos eterna, los escenarios son cambiantes y más en el volátil contexto geopolítico mundial que estamos viviendo desde las últimas semanas.

En las últimas semanas han ocurrido varios eventos sorpresivos en América Latina que no necesariamente tenemos que analizar en aislado sino como parte del cambio en la correlación de fuerzas en la región por causas tanto internas como externas.

El primero, y tal vez el más insospechado e insólito de todos, es el acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hace dos semanas, debido al impacto en el precio del barril de petróleo por las sanciones de Estados Unidos a Rusia luego de la invasión a Ucrania. Luego de que el dictador Nicolás Maduro vociferara su apoyo a Putin y a la política imperialista del Kremlin y recibiera al vicecanciller ruso en Caracas pocos días antes de la invasión; ahora se refiere a los Estados Unidos de la siguiente manera: “[hicimos la reunión] en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las dos banderas bonitas, unidas como deben estar las banderas de Estados Unidos y Venezuela…”. Lo interesante es que desde enero de 2019, los Estados Unidos no reconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, e incluso, en 2020 sus agencias de seguridad ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura por implicaciones de narcotráfico. Más allá de la realpolitik, este viraje dice cosas sobre la credibilidad de Estados Unidos ante el mundo en estos momentos.

Paralelamente a estos acontecimientos, dentro y fuera de Colombia estaban ocurriendo cosas: justo mientras la delegación de Biden conversaba con Maduro en el Palacio de Miraflores, el presidente Iván Duque y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se encontraban en la Casa Blanca, por el nombramiento de Colombia como “aliado estratégico” fuera de la OTAN. Al ser increpado Duque sobre el acercamiento entre Washington y Caracas, contestó que su postura se mantiene igual con respecto a Venezuela y que “para nosotros Nicolás Maduro es un dictador”.

Una semana después de esto, el 13 de marzo, se realizaron las primarias para formar la coalición de centro e izquierda que competirá frente a la derecha de Óscar Iván Zuloaga, del Centro Democrático, en las presidenciales de este 29 de mayo. Salió victorioso, y por un margen bastante amplio, el líder de extrema izquierda Gustavo Petro. Hasta ahora Petro está liderando la intención de voto en las encuestas, pero necesariamente tendrá que pactar con otros partidos y garantizarse una mayoría para obtener una victoria en la primera vuelta de las presidenciales.

Ahora cambiamos de geografía y nos trasladamos a Perú, donde el Congreso aprobó la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral para ejercer el cargo”. La medida se decidirá el próximo 28 de marzo. El Congreso necesita 87 votos para aprobar la destitución de Castillo y de aprobarse la destitución, se abriría la puerta a otra crisis política como la que se vivió en 2020, cuando el presidente Martín Vizcarra fue depuesto y sustituido por una seguidilla de tres presidentes más. A esto, debemos recordar varias cosas que dan cuenta de la profunda crisis peruana: en sus casi nueve meses de gobierno, por el gabinete de Castillo han pasado más de 50 ministros. Y también recordemos que desde 2016, ningún presidente ha podido terminar su mandato.

Nos vamos más al sur, en Argentina, donde la inflación alcanzó una cifra récord y se disparó a 4,7% en el mes de febrero, incluso superando a la inflación mensual de Venezuela, y con un acumulado del 52,3% de inflación interanual. Ante esta crisis, el presidente Alberto Fernández declaró la guerra a la inflación y anunció medidas para contenerla. Sin embargo, en lugar de aplicar una mínima racionalidad económica, Fernández continúa en la senda populista y anunció controles de precios de la canasta.

Luego de este vuelo rasante por los principales eventos de la región nos queda claro que ninguna situación es estática ni mucho menos eterna, los escenarios son cambiantes y más en el volátil contexto geopolítico mundial que estamos viviendo desde las últimas semanas.

Ninguna situación es estática ni mucho menos eterna, los escenarios son cambiantes y más en el volátil contexto geopolítico mundial que estamos viviendo desde las últimas semanas.

En las últimas semanas han ocurrido varios eventos sorpresivos en América Latina que no necesariamente tenemos que analizar en aislado sino como parte del cambio en la correlación de fuerzas en la región por causas tanto internas como externas.

El primero, y tal vez el más insospechado e insólito de todos, es el acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hace dos semanas, debido al impacto en el precio del barril de petróleo por las sanciones de Estados Unidos a Rusia luego de la invasión a Ucrania. Luego de que el dictador Nicolás Maduro vociferara su apoyo a Putin y a la política imperialista del Kremlin y recibiera al vicecanciller ruso en Caracas pocos días antes de la invasión; ahora se refiere a los Estados Unidos de la siguiente manera: “[hicimos la reunión] en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las dos banderas bonitas, unidas como deben estar las banderas de Estados Unidos y Venezuela…”. Lo interesante es que desde enero de 2019, los Estados Unidos no reconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, e incluso, en 2020 sus agencias de seguridad ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura por implicaciones de narcotráfico. Más allá de la realpolitik, este viraje dice cosas sobre la credibilidad de Estados Unidos ante el mundo en estos momentos.

Paralelamente a estos acontecimientos, dentro y fuera de Colombia estaban ocurriendo cosas: justo mientras la delegación de Biden conversaba con Maduro en el Palacio de Miraflores, el presidente Iván Duque y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se encontraban en la Casa Blanca, por el nombramiento de Colombia como “aliado estratégico” fuera de la OTAN. Al ser increpado Duque sobre el acercamiento entre Washington y Caracas, contestó que su postura se mantiene igual con respecto a Venezuela y que “para nosotros Nicolás Maduro es un dictador”.

Una semana después de esto, el 13 de marzo, se realizaron las primarias para formar la coalición de centro e izquierda que competirá frente a la derecha de Óscar Iván Zuloaga, del Centro Democrático, en las presidenciales de este 29 de mayo. Salió victorioso, y por un margen bastante amplio, el líder de extrema izquierda Gustavo Petro. Hasta ahora Petro está liderando la intención de voto en las encuestas, pero necesariamente tendrá que pactar con otros partidos y garantizarse una mayoría para obtener una victoria en la primera vuelta de las presidenciales.

Ahora cambiamos de geografía y nos trasladamos a Perú, donde el Congreso aprobó la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral para ejercer el cargo”. La medida se decidirá el próximo 28 de marzo. El Congreso necesita 87 votos para aprobar la destitución de Castillo y de aprobarse la destitución, se abriría la puerta a otra crisis política como la que se vivió en 2020, cuando el presidente Martín Vizcarra fue depuesto y sustituido por una seguidilla de tres presidentes más. A esto, debemos recordar varias cosas que dan cuenta de la profunda crisis peruana: en sus casi nueve meses de gobierno, por el gabinete de Castillo han pasado más de 50 ministros. Y también recordemos que desde 2016, ningún presidente ha podido terminar su mandato.

Nos vamos más al sur, en Argentina, donde la inflación alcanzó una cifra récord y se disparó a 4,7% en el mes de febrero, incluso superando a la inflación mensual de Venezuela, y con un acumulado del 52,3% de inflación interanual. Ante esta crisis, el presidente Alberto Fernández declaró la guerra a la inflación y anunció medidas para contenerla. Sin embargo, en lugar de aplicar una mínima racionalidad económica, Fernández continúa en la senda populista y anunció controles de precios de la canasta.

Luego de este vuelo rasante por los principales eventos de la región nos queda claro que ninguna situación es estática ni mucho menos eterna, los escenarios son cambiantes y más en el volátil contexto geopolítico mundial que estamos viviendo desde las últimas semanas.

Las élites entendieron que ese tren había partido sin ellos a bordo

En las entregas anteriores, reseñé la evolución del rol de las élites económicas dentro del sistema político nacional y la amenaza en términos de poder que para ellos representaba el advenimiento de una élite emergente, cuyo capital estaría vinculado al patrimonialismo de Estado. En esta trama, también hemos hablado cómo el 2015 representó un parteaguas en la historia. La ofensiva judicial abría las puertas para combatir precisamente el modelo de acumulación basado en la corrupción, al tiempo en que quitaba del camino las aspiraciones presidenciales de Manuel Baldizón, un referente de esa élite emergente.

Hemos reseñado también cómo la lectura de las élites sobre los acontecimientos del 2015 era ambivalente y tardía, pero aún así, se alineaba con el zeitgest del momento. Aunque muy tarde y a regañadientes, la dirigencia empresarial se sumó a pedir la renuncia de Pérez Molina, demandó la profundización de las investigaciones judiciales mientras mostraban su lado chairo, acompañando las demandas de reforma institucional en materia electoral, justicia, servicio civil y contrataciones públicas. Sin embargo, la realidad es que las élites reaccionaban a un evento que no entendían y les superaba en alcance y magnitud.

Quizá la muestra más fehaciente de lo anterior se manifestó el 27 de agosto de 2015, día que pasó a la historia como el “Paro Nacional”. Originalmente, la cúpula empresarial decidió no acuerpar el movimiento ciudadano, bajo la teoría que dicha convocatoria provenía de organizaciones civiles “de izquierda” (por cierto, esta es la primera vez que el supuesto discurso ideológico aparece en esta trama).

No obstante, el día del paro, se sucedieron varios acontecimientos que literalmente obligaron a la patronal a sumarse al movimiento. Primero, fue la rebelión interna: a pesar de que el mensaje era que las Cámaras no apoyarían el paro, decenas de empresas en lo individual decidieron suspender actividades. Segundo, cuando las masivas columnas de estudiantes pasaron frente a la ruta seis, las élites entendieron que ese tren había partido sin ellos a bordo. Y, dado que aún en ese momento importaba mantener la legitimidad discursiva como herramienta de poder blando, pues no les quedó más que sumarse -a medio día- al paro.

Paralelo a lo anterior, justamente en esos días se gestaban los acontecimientos que en 2018 terminarían por enfrentar a la élite con el proceso anti-corrupción. En guerra anunciada no muere soldado, reza aquel viejo adagio. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, dicha frase no aplica en esta telenovela.

Un mes antes, el 16 de julio de 2015, se había publicado el informe sobre el Financiamiento de la Política, el cual cuantificaba el secreto a soto voce: el 50% de las campañas en Guatemala se financian con recursos de la corrupción, 25% con dinero vinculado al crimen organizado, y tan sólo un 25% con recursos legítimos provenientes de simpatizantes, afiliados, donantes individuales o financistas privados. Eso sí, ese último 25% de dinero legítimo no estaba libre de culpa. La opacidad y el incumplimiento sistemático a las normas sobre financiamiento electoral, vigentes desde 2004 (y tipificadas como delito desde 2010), eran la norma.

Muy al estilo de la política inaugurada por Teddy Roosevelt de combinar garrote con zanahoria, el regaño venía acompañado de un chocolate. El citado informe se publicó exactamente un día después de la presentación de un antejuicio contra del entonces compañero de fórmula de Manuel Baldizón, en un caso precisamente de financiamiento electoral ilícito de Chico Dólar. Por cierto, ese antejuicio y las subsiguientes reacciones del petenero, probarían ser determinantes en la implosión de su candidatura.

Y aún a pesar de las alertas, y de que en el país se respiraban vientos de cambio y de hacer las cosas de forma distinta a como se habían hecho siempre, entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre tuvieron lugar los eventos que más adelante darían lugar al caso de financiamiento electoral ilícito de FCN. (Continuará…)

Las élites entendieron que ese tren había partido sin ellos a bordo

En las entregas anteriores, reseñé la evolución del rol de las élites económicas dentro del sistema político nacional y la amenaza en términos de poder que para ellos representaba el advenimiento de una élite emergente, cuyo capital estaría vinculado al patrimonialismo de Estado. En esta trama, también hemos hablado cómo el 2015 representó un parteaguas en la historia. La ofensiva judicial abría las puertas para combatir precisamente el modelo de acumulación basado en la corrupción, al tiempo en que quitaba del camino las aspiraciones presidenciales de Manuel Baldizón, un referente de esa élite emergente.

Hemos reseñado también cómo la lectura de las élites sobre los acontecimientos del 2015 era ambivalente y tardía, pero aún así, se alineaba con el zeitgest del momento. Aunque muy tarde y a regañadientes, la dirigencia empresarial se sumó a pedir la renuncia de Pérez Molina, demandó la profundización de las investigaciones judiciales mientras mostraban su lado chairo, acompañando las demandas de reforma institucional en materia electoral, justicia, servicio civil y contrataciones públicas. Sin embargo, la realidad es que las élites reaccionaban a un evento que no entendían y les superaba en alcance y magnitud.

Quizá la muestra más fehaciente de lo anterior se manifestó el 27 de agosto de 2015, día que pasó a la historia como el “Paro Nacional”. Originalmente, la cúpula empresarial decidió no acuerpar el movimiento ciudadano, bajo la teoría que dicha convocatoria provenía de organizaciones civiles “de izquierda” (por cierto, esta es la primera vez que el supuesto discurso ideológico aparece en esta trama).

No obstante, el día del paro, se sucedieron varios acontecimientos que literalmente obligaron a la patronal a sumarse al movimiento. Primero, fue la rebelión interna: a pesar de que el mensaje era que las Cámaras no apoyarían el paro, decenas de empresas en lo individual decidieron suspender actividades. Segundo, cuando las masivas columnas de estudiantes pasaron frente a la ruta seis, las élites entendieron que ese tren había partido sin ellos a bordo. Y, dado que aún en ese momento importaba mantener la legitimidad discursiva como herramienta de poder blando, pues no les quedó más que sumarse -a medio día- al paro.

Paralelo a lo anterior, justamente en esos días se gestaban los acontecimientos que en 2018 terminarían por enfrentar a la élite con el proceso anti-corrupción. En guerra anunciada no muere soldado, reza aquel viejo adagio. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, dicha frase no aplica en esta telenovela.

Un mes antes, el 16 de julio de 2015, se había publicado el informe sobre el Financiamiento de la Política, el cual cuantificaba el secreto a soto voce: el 50% de las campañas en Guatemala se financian con recursos de la corrupción, 25% con dinero vinculado al crimen organizado, y tan sólo un 25% con recursos legítimos provenientes de simpatizantes, afiliados, donantes individuales o financistas privados. Eso sí, ese último 25% de dinero legítimo no estaba libre de culpa. La opacidad y el incumplimiento sistemático a las normas sobre financiamiento electoral, vigentes desde 2004 (y tipificadas como delito desde 2010), eran la norma.

Muy al estilo de la política inaugurada por Teddy Roosevelt de combinar garrote con zanahoria, el regaño venía acompañado de un chocolate. El citado informe se publicó exactamente un día después de la presentación de un antejuicio contra del entonces compañero de fórmula de Manuel Baldizón, en un caso precisamente de financiamiento electoral ilícito de Chico Dólar. Por cierto, ese antejuicio y las subsiguientes reacciones del petenero, probarían ser determinantes en la implosión de su candidatura.

Y aún a pesar de las alertas, y de que en el país se respiraban vientos de cambio y de hacer las cosas de forma distinta a como se habían hecho siempre, entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre tuvieron lugar los eventos que más adelante darían lugar al caso de financiamiento electoral ilícito de FCN. (Continuará…)

El modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura.

El pasado 15 de marzo el Congreso aprobó dos decretos: el 20-2022 mediante el cual establecen un subsidio por dos meses de Q5.00 por galón de diésel y Q2.50 por galón de gasolina regular. Por otra parte, aprobaron el decreto 21-2022 mediante el cual ampliaron en Q3 mil 191 millones 243 mil 500 el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) para que teóricamente se inviertan en infraestructura.

El primer elemento para considerar de ambos decretos es que prácticamente no existió discusión parlamentaria. El decreto 20-2022 fue producto de la iniciativa de ley 6047 promovida por el Ejecutivo. La iniciativa, hoy, ni siquiera está disponible en el portal del Congreso para su consulta.

Había al menos otras dos iniciativas de ley sobre la materia que habían entrado antes al Congreso. Por una parte, la iniciativa 6037 que proponía un subsidio más oneroso que el aprobado. Por otra parte, la iniciativa 6040 que proponía cambiar el tipo impositivo del impuesto específico al combustible que actualmente es un monto fijo por galón según el tipo de combustible: Q4.70 a la gasolina superior, Q4.60 a la gasolina regular, Q4.70 a la gasolina de aviación y Q1.30 al diésel.

La 6040 proponía un valor variable para el impuesto específico a los combustibles con base a los precios internacionales del petróleo tomando como base el promedio de precios publicados en el Global Alert de Platts u otro medio similar. De este modo, el impuesto podría llegar a cero si el precio de los combustibles sobre pasa cierto nivel o quedar al nivel actual si los precios caen. La propuesta era al menos digna de discusión. Tal cosa no ocurrió.

El subsidio a los combustibles costará un total de Q745 millones y se financiará con saldos de caja. El decreto 21-2022 que asignará más de Q3 millardos a infraestructura también se financiará con reducciones de saldos de caja.

Las críticas a este decreto van por tres vías. Por una parte, la falta de debate vuelve a ser un elemento importante. La iniciativa que dio lugar a esta ley ingresó al Congreso el 1 de marzo y en dos semanas ya era una realidad sin mayor análisis de viabilidad, conveniencia, etc. ¿Cuáles obras deben priorizarse? ¿son las correctas? ¿por qué? ¿no hay otros usos más urgentes que se pueden dar a esos fondos? No se discutieron estos aspectos.

En segundo lugar, se entiende que existe una clara lógica preelectoral considerando que habrá obras en distritos locales que podrían ser capitalizadas por diputados distritales pensando en la elección del 2023.

Por último, se ha discutido de sobra que el modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura. Algunos expertos cuestionaron que había malicia al asignar parte considerable de los Q3 millardos a gastos de funcionamiento y no de inversión. Refieren que, al ser presupuestados como gastos de inversión, no deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por ejemplo.

El modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura.

El pasado 15 de marzo el Congreso aprobó dos decretos: el 20-2022 mediante el cual establecen un subsidio por dos meses de Q5.00 por galón de diésel y Q2.50 por galón de gasolina regular. Por otra parte, aprobaron el decreto 21-2022 mediante el cual ampliaron en Q3 mil 191 millones 243 mil 500 el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) para que teóricamente se inviertan en infraestructura.

El primer elemento para considerar de ambos decretos es que prácticamente no existió discusión parlamentaria. El decreto 20-2022 fue producto de la iniciativa de ley 6047 promovida por el Ejecutivo. La iniciativa, hoy, ni siquiera está disponible en el portal del Congreso para su consulta.

Había al menos otras dos iniciativas de ley sobre la materia que habían entrado antes al Congreso. Por una parte, la iniciativa 6037 que proponía un subsidio más oneroso que el aprobado. Por otra parte, la iniciativa 6040 que proponía cambiar el tipo impositivo del impuesto específico al combustible que actualmente es un monto fijo por galón según el tipo de combustible: Q4.70 a la gasolina superior, Q4.60 a la gasolina regular, Q4.70 a la gasolina de aviación y Q1.30 al diésel.

La 6040 proponía un valor variable para el impuesto específico a los combustibles con base a los precios internacionales del petróleo tomando como base el promedio de precios publicados en el Global Alert de Platts u otro medio similar. De este modo, el impuesto podría llegar a cero si el precio de los combustibles sobre pasa cierto nivel o quedar al nivel actual si los precios caen. La propuesta era al menos digna de discusión. Tal cosa no ocurrió.

El subsidio a los combustibles costará un total de Q745 millones y se financiará con saldos de caja. El decreto 21-2022 que asignará más de Q3 millardos a infraestructura también se financiará con reducciones de saldos de caja.

Las críticas a este decreto van por tres vías. Por una parte, la falta de debate vuelve a ser un elemento importante. La iniciativa que dio lugar a esta ley ingresó al Congreso el 1 de marzo y en dos semanas ya era una realidad sin mayor análisis de viabilidad, conveniencia, etc. ¿Cuáles obras deben priorizarse? ¿son las correctas? ¿por qué? ¿no hay otros usos más urgentes que se pueden dar a esos fondos? No se discutieron estos aspectos.

En segundo lugar, se entiende que existe una clara lógica preelectoral considerando que habrá obras en distritos locales que podrían ser capitalizadas por diputados distritales pensando en la elección del 2023.

Por último, se ha discutido de sobra que el modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura. Algunos expertos cuestionaron que había malicia al asignar parte considerable de los Q3 millardos a gastos de funcionamiento y no de inversión. Refieren que, al ser presupuestados como gastos de inversión, no deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por ejemplo.

Mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema.

En semanas recientes, he querido esbozar un marco explicativo sobre la evolución del poder económico y el rol de las élites tradicionales dentro del sistema político. Una premisa básica es que desde el cambio de milenio y conforme se ha consolidado el sistema patrimonialista y el ciclo autosostenible de “financiamiento de campañas – acceso a oportunidad de riqueza”, ha surgido una élite emergente, cuyo capital estaría vinculado con negocios públicos, dígase construcción de infraestructura, proveeduría del Estado, tráfico de influencias judicial y un largo etcétera.

Para 2015, era evidente el asalto de esa élite emergente sobre el sistema político. Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, el Rey del Tenis, ex oficiales del círculo de Otto Pérez, Baldetti y su rosca, diputados, decenas de constructoras de reciente creación y dudosa procedencia, centenares de nuevos proveedores del Estado, etc. Para entonces, algunos visionarios dentro de las élites reconocían el riesgo que este capital emergente representaba para su propio poder político. Veamos algunos ejemplos concretos, válidos en ese entonces:

A inicios de 2015, un Congreso controlado por una alianza de diputados de Patriota y Líder, aprobó de forma inconsulta impuestos a la telefonía, al cemento y a la actividad minera, pasando por encima del documentado y habitual veto empresarial sobre la política fiscal. Meses después, el aumento impositivo sería suspendido por la VI Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (vamos a ver un patrón aquí). A nivel legislativo la realidad era peor: mientras el aumento tributario y el presupuesto para el saqueo se aprobaba con toda celeridad, las iniciativas provenientes de la élite dormían el sueño de los justos.

A nivel del sector justicia, la pérdida de poder era evidente. Previo al cambio de milenio, los principales espacios del sistema judicial y de la gremialidad jurídica estaban en manos de una élite tradicional de abogados, muy vinculada a bufetes corporativos y a universidades privadas, a quienes se les denominaba “las vacas sagradas”. No obstante, desde el FRG, el Rey del Tenis, el Gato Herrera y otros más desarrollaron redes encaminadas a permitir que otros personajes -no vinculados a la élite- llegaran a la cúspide del poder judicial. Podemos hacer el ejercicio de ver cómo en la integración de la CSJ de 1999, por lo menos 9 de los 13 magistrados eran personajes vinculados a la élite tradicional; en cambio, en la CSJ del 2014, absolutamente ninguno de los magistrados electos provino de la “short list” empresarial. Lo interesante es que el mismo fenómeno ocurría de forma sistemática en casi todos los espacios de poder: SAT, contraloría, alcaldías, diputaciones, el sistema de consejos de desarrollo, etc.

Durante los primeros meses de la ofensiva de 2015, la postura de las élites tradicionales era de un respaldo absoluto al proceso. Al final del día, los actores que les competían espacios de poder, tenían precisamente en la corrupción la fuente primigenia de su poder y su autonomía. Por eso, mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema. Es más, incluso cuando un expresidente del Congreso proveniente del seno de las élites se vio involucrado en un caso de corrupción, el abandono de sus pares fue evidente.

“Que cada quien pague los elotes que se comió” era la frase que más se repetía en directivas y comités, dando a entender que el corporativismo y el tribalismo -aparentemente- estaban dando paso a un sentido de modernidad y un muy necesario individualismo liberal. Incluso, ofrecían expulsar a los empresarios implicados en “La Línea”. Obviamente esta promesa caería en saco roto, puesto que meses después -en la segunda temporada de El Mecanismo- se revelaría que uno de los operadores centrales de la Línea era también un codiciado tramitador, contratado por diversas empresas tradicionales para agilizar la devolución de crédito fiscal. Bueno, en su conocido estilo de apelar a lo barroco y al formalismo para defender lo indefendible, hay quien dirá que el ofrecimiento se circunscribía a expulsar a implicados en La Línea, no así a los implicados en “Impunidad y Defraudación” o “Traficantes de Influencias”, aún si la raíz de los casos era la misma. Continuará…

Mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema.

En semanas recientes, he querido esbozar un marco explicativo sobre la evolución del poder económico y el rol de las élites tradicionales dentro del sistema político. Una premisa básica es que desde el cambio de milenio y conforme se ha consolidado el sistema patrimonialista y el ciclo autosostenible de “financiamiento de campañas – acceso a oportunidad de riqueza”, ha surgido una élite emergente, cuyo capital estaría vinculado con negocios públicos, dígase construcción de infraestructura, proveeduría del Estado, tráfico de influencias judicial y un largo etcétera.

Para 2015, era evidente el asalto de esa élite emergente sobre el sistema político. Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, el Rey del Tenis, ex oficiales del círculo de Otto Pérez, Baldetti y su rosca, diputados, decenas de constructoras de reciente creación y dudosa procedencia, centenares de nuevos proveedores del Estado, etc. Para entonces, algunos visionarios dentro de las élites reconocían el riesgo que este capital emergente representaba para su propio poder político. Veamos algunos ejemplos concretos, válidos en ese entonces:

A inicios de 2015, un Congreso controlado por una alianza de diputados de Patriota y Líder, aprobó de forma inconsulta impuestos a la telefonía, al cemento y a la actividad minera, pasando por encima del documentado y habitual veto empresarial sobre la política fiscal. Meses después, el aumento impositivo sería suspendido por la VI Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (vamos a ver un patrón aquí). A nivel legislativo la realidad era peor: mientras el aumento tributario y el presupuesto para el saqueo se aprobaba con toda celeridad, las iniciativas provenientes de la élite dormían el sueño de los justos.

A nivel del sector justicia, la pérdida de poder era evidente. Previo al cambio de milenio, los principales espacios del sistema judicial y de la gremialidad jurídica estaban en manos de una élite tradicional de abogados, muy vinculada a bufetes corporativos y a universidades privadas, a quienes se les denominaba “las vacas sagradas”. No obstante, desde el FRG, el Rey del Tenis, el Gato Herrera y otros más desarrollaron redes encaminadas a permitir que otros personajes -no vinculados a la élite- llegaran a la cúspide del poder judicial. Podemos hacer el ejercicio de ver cómo en la integración de la CSJ de 1999, por lo menos 9 de los 13 magistrados eran personajes vinculados a la élite tradicional; en cambio, en la CSJ del 2014, absolutamente ninguno de los magistrados electos provino de la “short list” empresarial. Lo interesante es que el mismo fenómeno ocurría de forma sistemática en casi todos los espacios de poder: SAT, contraloría, alcaldías, diputaciones, el sistema de consejos de desarrollo, etc.

Durante los primeros meses de la ofensiva de 2015, la postura de las élites tradicionales era de un respaldo absoluto al proceso. Al final del día, los actores que les competían espacios de poder, tenían precisamente en la corrupción la fuente primigenia de su poder y su autonomía. Por eso, mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema. Es más, incluso cuando un expresidente del Congreso proveniente del seno de las élites se vio involucrado en un caso de corrupción, el abandono de sus pares fue evidente.

“Que cada quien pague los elotes que se comió” era la frase que más se repetía en directivas y comités, dando a entender que el corporativismo y el tribalismo -aparentemente- estaban dando paso a un sentido de modernidad y un muy necesario individualismo liberal. Incluso, ofrecían expulsar a los empresarios implicados en “La Línea”. Obviamente esta promesa caería en saco roto, puesto que meses después -en la segunda temporada de El Mecanismo- se revelaría que uno de los operadores centrales de la Línea era también un codiciado tramitador, contratado por diversas empresas tradicionales para agilizar la devolución de crédito fiscal. Bueno, en su conocido estilo de apelar a lo barroco y al formalismo para defender lo indefendible, hay quien dirá que el ofrecimiento se circunscribía a expulsar a implicados en La Línea, no así a los implicados en “Impunidad y Defraudación” o “Traficantes de Influencias”, aún si la raíz de los casos era la misma. Continuará…

No pretendo hacer un examen exhaustivo de la iniciativa, pero sí exponer algunos problemas fundamentales que trae esta normativa.

El 8 de marzo el Congreso aprobó con 102 votos la iniciativa 5272, Ley para la Protección de la Vida y la Familia y se convirtió en el decreto 18-2022. No pretendo hacer un examen exhaustivo de la iniciativa, pero sí exponer algunos problemas fundamentales que trae esta normativa.

En síntesis, el ahora decreto 18-2022, aumenta las penas de prisión para los delitos relacionados con el aborto, prohíbe que tanto en la educación pública como privada se enseñe cualquier idea distinta a la familia entendida como unión exclusivamente de hombre y mujer, prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (aunque no estaba permitido), crea un delito de “promoción” y “facilitación” del aborto y obliga a los médicos a rendir un informe en caso de que muera un embrión o feto sea por causas naturales o provocadas (abortos espontáneos incluidos).

Desde el punto de vista jurídico hay muchísimo que decir. Me permito señalar brevemente algunos problemas. El primero, una violación flagrante al derecho a la igualdad. Como la propia Corte de Constitucionalidad (CC) ha reconocido en una sentencia de enero de 2021 (expediente 3319-2020), el derecho a la igualdad (artículo 4 constitucional) prohíbe el trato discriminatorio a cualquier persona. Además, la Corte cita una opinión consultiva de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos donde se establece que el principio fundamental de igualdad y no discriminación ya forma parte del dominio del ius cogens.

Esta ley básicamente institucionaliza la discriminación en especial para personas que no son heterosexuales, pero también hacia personas heterosexuales que viven en unidades familiares distintas de las definidas en esta ley. De acuerdo con el censo de 2018, el 25% de los hogares guatemaltecos tienen a una mujer como cabeza de hogar.

En segundo lugar, viola abiertamente el principio de proporcionalidad y razonabilidad que la CC ha reconocido en materia penal especialmente en los expedientes 2951-2017 y 4099-2020. La Corte ha establecido que el derecho penal es mecanismo último para la protección de derechos fundamentales. También que “no pueden existir normas que tipifiquen delitos sin fundamento alguno, ni penas excesivas que resulten innecesarias”. El aborto ya estaba penalizado y las penas que esta ley proponen son desproporcionales.

En tercer lugar, se viola el derecho a la educación. Se obliga a todas las instituciones educativas a enseñar un determinado modelo de familia y se prohíbe enseñar otras ideas “incompatibles” con esa visión. Los niños no tendrían acceso a distintas fuentes de información ni podrían siquiera contrastar ideas porque la ley ordena y proscribe ciertas ideas incluso para la educación privada.

En cuarto lugar, se viola la libertad de expresión y la seguridad jurídica. Se crea un delito que penaliza la “promoción” del aborto. ¿Qué significa promocionar el aborto? ¿hablar de ello? ¿proponer que se despenalice en el ejercicio de la libertad de expresión? La norma penal no es taxativa, no es precisa. Esto viola la seguridad jurídica reconocida en la jurisprudencia de la propia corte constitucional. También afecta la libre emisión del pensamiento porque limita desproporcionalmente el ejercicio de la libre expresión.

El presidente Giammattei en un breve mensaje sugirió al Congreso “archivar” el decreto. Adelantó que, si el Congreso no lo archiva y se lo remite, lo vetaría. De acuerdo con el mandatario, lo haría porque “adolece de deficiencias técnicas en su redacción”, viola la Constitución e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Al momento de escribir estas líneas, el Congreso aun no ha decidido sobre el particular. La petición de “archivar” el decreto ya aprobado se debe a una fórmula adoptada por el Congreso en dos episodios donde se vieron obligados a dar marcha atrás. Es el caso de las polémicas reformas al Código Penal en septiembre de 2017 y la aprobación exprés del presupuesto en noviembre de 2020.

Técnicamente el proceso legislativo termina sus etapas en el Congreso con la aprobación final de un decreto. Pero en 2017, el Congreso decidió aprobar el precedente 2-2017 mediante el cual dispuso que, si recibía objeciones sobre la constitucionalidad o conveniencia una vez aprobado un decreto, lo pondría a conocimiento del pleno y si el pleno lo aprueba por mayoría absoluta, se archivaría y no se remitiría al Ejecutivo.

Es una salida poco ortodoxa, pero que ya ha sido utilizada. Lo más preocupante es que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) en su artículo 117 establece que, dentro del proceso de formación de ley: “En los dos primeros debates de un proyecto de ley, éste será discutido en términos generales, deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, conveniencia y oportunidad del proyecto”.

De modo que la ocasión para darse cuenta de estos problemas era en los primeros dos debates en el pleno. Y por supuesto, sin olvidar que la iniciativa tuvo un dictamen favorable precisamente de la comisión de legislación y puntos constitucionales.