El paradigma histórico del conflicto árabe-israelí cambia poco a poco. Entre 1948 y 2020, sólo Egipto y Jordania establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Pero en este 2020, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán se han sumado al proceso de normalización árabe-israelí. Recientemente, el último episodio ha sido el establecimiento de las relaciones entre Marruecos e Israel.

Marruecos, la monarquía más añeja de la región MENA, es un país que se caracteriza por su modernidad. De la primavera árabe, fue el país que mejor salió parado en términos de gobernabilidad, gracias a las concesiones realizadas por la misma monarquía en materia constitucional y parlamentaria. Esas concesiones impidieron que facciones fundamentalistas pro-iraníes o pro-Hermanos musulmanes ganasen terreno en la arena política marroquí.

También es el país árabe en donde mejor conviven grupos sociales de diversa denominación religiosa. Desde el 2004, Marruecos reformó sus políticas religiosas y educativas para limitar la expansión del fundamentalismo y la radicalización islámica. Para muestra, a finales de marzo 2019, el Papa Francisco visitó al país norafricano precisamente para promover el diálogo interreligioso entre musulmanes y católicos y para la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas globales como la discriminación religiosa, el extremismo y el terrorismo.

La relación entre Marruecos e Israel también es profunda. El país árabe del norte de África es uno de los centros donde prospera la herencia judío-marroquí. Asimismo, ambos países comparten una relación comercial de más de $30 millones de dólares.

Sin embargo, resulta importante entender el acuerdo a la luz de la geopolítica regional. El apoyo de la administración Trump ha sido clave para incentivar a los países árabes a restituir la relación con el tradicional aliado de Washington en Oriente Medio. La fórmula para promover la normalización de relaciones es la nueva política transaccional norteamericana en la región: “a cambio de las relaciones con Israel, los países árabes obtendrían algo de Estados Unidos.”

Por su parte, Estados Unidos manifestará su reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio formal del Reino de Marruecos, lo cual constituye un paso más para buscar la paz y estabilidad en la zona. Este reconocimiento importante, por ser EEUU quien es en el escenario mundial, permitirá, sin duda, avanzar en los esfuerzos que despliega Marruecos en coordinación con las Naciones Unidas para superar el problema del Sahara marroquí y garantizar una solución realista a este conflicto.

El paradigma histórico del conflicto árabe-israelí cambia poco a poco. Entre 1948 y 2020, sólo Egipto y Jordania establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Pero en este 2020, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán se han sumado al proceso de normalización árabe-israelí. Recientemente, el último episodio ha sido el establecimiento de las relaciones entre Marruecos e Israel.

Marruecos, la monarquía más añeja de la región MENA, es un país que se caracteriza por su modernidad. De la primavera árabe, fue el país que mejor salió parado en términos de gobernabilidad, gracias a las concesiones realizadas por la misma monarquía en materia constitucional y parlamentaria. Esas concesiones impidieron que facciones fundamentalistas pro-iraníes o pro-Hermanos musulmanes ganasen terreno en la arena política marroquí.

También es el país árabe en donde mejor conviven grupos sociales de diversa denominación religiosa. Desde el 2004, Marruecos reformó sus políticas religiosas y educativas para limitar la expansión del fundamentalismo y la radicalización islámica. Para muestra, a finales de marzo 2019, el Papa Francisco visitó al país norafricano precisamente para promover el diálogo interreligioso entre musulmanes y católicos y para la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas globales como la discriminación religiosa, el extremismo y el terrorismo.

La relación entre Marruecos e Israel también es profunda. El país árabe del norte de África es uno de los centros donde prospera la herencia judío-marroquí. Asimismo, ambos países comparten una relación comercial de más de $30 millones de dólares.

Sin embargo, resulta importante entender el acuerdo a la luz de la geopolítica regional. El apoyo de la administración Trump ha sido clave para incentivar a los países árabes a restituir la relación con el tradicional aliado de Washington en Oriente Medio. La fórmula para promover la normalización de relaciones es la nueva política transaccional norteamericana en la región: “a cambio de las relaciones con Israel, los países árabes obtendrían algo de Estados Unidos.”

Por su parte, Estados Unidos manifestará su reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio formal del Reino de Marruecos, lo cual constituye un paso más para buscar la paz y estabilidad en la zona. Este reconocimiento importante, por ser EEUU quien es en el escenario mundial, permitirá, sin duda, avanzar en los esfuerzos que despliega Marruecos en coordinación con las Naciones Unidas para superar el problema del Sahara marroquí y garantizar una solución realista a este conflicto.

*Este artículo fue originalmente publicado en el Instituto Fé y Libertad: https://feylibertad.org/2020/12/el-inmovilismo-no-es-opcion/

En el 2015 los guatemaltecos salieron masivamente a manifestar a las plazas del país pidiendo que se terminara con los altos índices de corrupción e impunidad. Los ciudadanos expresaron  su cansancio  de ver cómo, de forma cínica y descarada, los políticos de aquel entonces se robaban nuestros impuestos y se hacían millonarios de la noche a la mañana. Fue un momento histórico para el país que nos colocó en las portadas de todo el mundo.

Pero aquel descontento ciudadano descarriló en una fuerte polarización social y el sistema quedó intacto, para que estuviera de nuevo al servicio de la corrupción.

En las últimas semanas fuimos testigos de nuevas protestas que rechazaron el mal manejo de los recursos públicos. Aun cuando no hay estimaciones del número  de asistentes, en la primera y más “exitosa” manifestación, la plaza central se llenó al 50%, y también hubo manifestaciones en ciertas cabeceras departamentales como Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Huehuetenango, algo que no veíamos desde hacía cinco años. Eso tomando en cuenta que la pandemia pudo desanimar a muchos ciudadanos a asistir a estas manifestaciones.

La mayor parte de la protesta del 21 de noviembre fue pacífica y transcurrió sin incidentes. Pero en esta ocasión, vimos dos elementos que no sucedieron en 2015. Por una parte, un grupo minoritario de manifestantes violentos que prendieron fuego al Congreso y provocaron caos; y por otra, un grupo de policías que se dedicaron a golpear y reprimir a algunos manifestantes pacíficos que no tuvieron nada que ver con la quema del Congreso. La contradicción de la policía es que dejaron quemar el Congreso, pero luego atacaron a manifestantes pacíficos. Del total de 33 personas detenidas por la PNC en la primera protesta, 32 fueron dejadas libres por falta de mérito. Se debe investigar lo sucedido ese día y deducir responsabilidades, tanto para los manifestantes violentos, como para los policías que actuaron con brutalidad.

Estos eventos deben hacernos reflexionar profundamente sobre el sistema que impera en este país. Guatemala se encuentra entre los seis países con peor Estado de Derecho en América Latina, junto con México, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. ¿Qué tienen en común estos países? Son países con altos niveles de pobreza, poco desarrollo humano y democracias corroídas.  Según el Democracy Index de  The Economist, Venezuela y Nicaragua son regímenes autoritarios; Guatemala, Honduras y Bolivia son regímenes híbridos (entre democracia y autoritarismo) y México es considerado una democracia defectuosa (aunque con una calificación que lo acerca al régimen híbrido). Además, todos estos países tienen alta penetración del narcotráfico. ¿Podría caer Guatemala en la situación de Nicaragua o Venezuela, y convertirse en un régimen abiertamente autoritario?

Estar en este club de países en donde básicamente impera la ley del más fuerte y el poder político tiene una alta discrecionalidad para cometer actos de corrupción nos aleja más del sueño preciado del crecimiento económico y la prosperidad.  La inversión extranjera se aleja de países en donde el Estado de Derecho es precario y en Guatemala, cada vez vienen menos recursos del exterior a invertir por la falta de institucionalidad (y también por décadas de políticas públicas erróneas). En 2013 se recibieron $1,479.3 millones en inversión extranjera y en 2019 apenas se recibieron $998 millones.

Guatemala no puede apostar por seguir con el actual Sistema de Justicia y de partidos políticos. Nuestro subdesarrollo económico y social se debe a que hemos sido incapaces de construir una institucionalidad fuerte, que brinde certeza jurídica, respecto a la propiedad privada y a los derechos individuales, y que ponga límites al ejercicio de poder, a través de un Sistema de Justicia independiente (aislado de cualquier presión criminal, política o ideológica) que castigue los actos de corrupción.

Continuar con el sistema actual solo tiene dos destinos. El primero es continuar un proceso de decadencia institucional que abrirá más espacios de poder a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Esto significará que las empresas serias querrán dejar el país y vendrá menos inversión extranjera. O bien, la desesperación de las personas y la indignación por el sistema político darán paso a movimientos populistas extremos, que podrían conducirnos a escenarios caóticos.

¿Cómo lograr cambios institucionales en un escenario tan complejo? A través de la presión ciudadana responsable, que de forma pacífica, pero constante y contundente, le recuerde a la clase política que debe asumir su responsabilidad. Los tanques de pensamiento y las organizaciones de sociedad civil deben proponer y discutir cambios estratégicos al sistema. No se trata de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o querer cambiar por completo la Constitución. Ese planteamiento no nos llevará a puerto seguro. Los cambios deben ir concentrados en  el Sistema Justicia, para garantizar la independencia de las Cortes del país. Un cambio fundamental, por ejemplo, es que no se renueven las cortes por completo cada cuatro años. Deben elegirse de forma escalonada y por un período más largo, para evitar que un grupo político tome control absoluto.

Pero la discusión debe ser madura y responsable. Hay grupos que quieren promover agendas que no tienen nada que ver con el tema de corrupción o impunidad, sino con temas ideológicos que claramente traerán discordia y división. No está en discusión si debemos nacionalizar la energía eléctrica, subir impuestos o hacer una reforma agraria. El tema fundamental es cómo construir un Sistema de Justicia independiente que nos brinde un Estado  con funcionarios públicos que estén sujetos a sistemas de control más efectivos, con lo cual se reduciría la corrupción y la impunidad.

El reto que tenemos es muy grande. Hay sectores interesados en sacar provecho del descontento ciudadano para promover sus propias agendas. Pero también es cierto que jugar a la estrategia del inmovilismo tiene grandes riesgos para el país. Debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde como sociedad en estos momentos. El inmovilismo no es opción.

En el 2015 los guatemaltecos salieron masivamente a manifestar a las plazas del país pidiendo que se terminara con los altos índices de corrupción e impunidad. Los ciudadanos expresaron  su cansancio  de ver cómo, de forma cínica y descarada, los políticos de aquel entonces se robaban nuestros impuestos y se hacían millonarios de la noche a la mañana. Fue un momento histórico para el país que nos colocó en las portadas de todo el mundo.

Pero aquel descontento ciudadano descarriló en una fuerte polarización social y el sistema quedó intacto, para que estuviera de nuevo al servicio de la corrupción.

En las últimas semanas fuimos testigos de nuevas protestas que rechazaron el mal manejo de los recursos públicos. Aun cuando no hay estimaciones del número  de asistentes, en la primera y más “exitosa” manifestación, la plaza central se llenó al 50%, y también hubo manifestaciones en ciertas cabeceras departamentales como Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Huehuetenango, algo que no veíamos desde hacía cinco años. Eso tomando en cuenta que la pandemia pudo desanimar a muchos ciudadanos a asistir a estas manifestaciones.

La mayor parte de la protesta del 21 de noviembre fue pacífica y transcurrió sin incidentes. Pero en esta ocasión, vimos dos elementos que no sucedieron en 2015. Por una parte, un grupo minoritario de manifestantes violentos que prendieron fuego al Congreso y provocaron caos; y por otra, un grupo de policías que se dedicaron a golpear y reprimir a algunos manifestantes pacíficos que no tuvieron nada que ver con la quema del Congreso. La contradicción de la policía es que dejaron quemar el Congreso, pero luego atacaron a manifestantes pacíficos. Del total de 33 personas detenidas por la PNC en la primera protesta, 32 fueron dejadas libres por falta de mérito. Se debe investigar lo sucedido ese día y deducir responsabilidades, tanto para los manifestantes violentos, como para los policías que actuaron con brutalidad.

Estos eventos deben hacernos reflexionar profundamente sobre el sistema que impera en este país. Guatemala se encuentra entre los seis países con peor Estado de Derecho en América Latina, junto con México, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. ¿Qué tienen en común estos países? Son países con altos niveles de pobreza, poco desarrollo humano y democracias corroídas.  Según el Democracy Index de  The Economist, Venezuela y Nicaragua son regímenes autoritarios; Guatemala, Honduras y Bolivia son regímenes híbridos (entre democracia y autoritarismo) y México es considerado una democracia defectuosa (aunque con una calificación que lo acerca al régimen híbrido). Además, todos estos países tienen alta penetración del narcotráfico. ¿Podría caer Guatemala en la situación de Nicaragua o Venezuela, y convertirse en un régimen abiertamente autoritario?

Estar en este club de países en donde básicamente impera la ley del más fuerte y el poder político tiene una alta discrecionalidad para cometer actos de corrupción nos aleja más del sueño preciado del crecimiento económico y la prosperidad.  La inversión extranjera se aleja de países en donde el Estado de Derecho es precario y en Guatemala, cada vez vienen menos recursos del exterior a invertir por la falta de institucionalidad (y también por décadas de políticas públicas erróneas). En 2013 se recibieron $1,479.3 millones en inversión extranjera y en 2019 apenas se recibieron $998 millones.

Guatemala no puede apostar por seguir con el actual Sistema de Justicia y de partidos políticos. Nuestro subdesarrollo económico y social se debe a que hemos sido incapaces de construir una institucionalidad fuerte, que brinde certeza jurídica, respecto a la propiedad privada y a los derechos individuales, y que ponga límites al ejercicio de poder, a través de un Sistema de Justicia independiente (aislado de cualquier presión criminal, política o ideológica) que castigue los actos de corrupción.

Continuar con el sistema actual solo tiene dos destinos. El primero es continuar un proceso de decadencia institucional que abrirá más espacios de poder a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Esto significará que las empresas serias querrán dejar el país y vendrá menos inversión extranjera. O bien, la desesperación de las personas y la indignación por el sistema político darán paso a movimientos populistas extremos, que podrían conducirnos a escenarios caóticos.

¿Cómo lograr cambios institucionales en un escenario tan complejo? A través de la presión ciudadana responsable, que de forma pacífica, pero constante y contundente, le recuerde a la clase política que debe asumir su responsabilidad. Los tanques de pensamiento y las organizaciones de sociedad civil deben proponer y discutir cambios estratégicos al sistema. No se trata de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o querer cambiar por completo la Constitución. Ese planteamiento no nos llevará a puerto seguro. Los cambios deben ir concentrados en  el Sistema Justicia, para garantizar la independencia de las Cortes del país. Un cambio fundamental, por ejemplo, es que no se renueven las cortes por completo cada cuatro años. Deben elegirse de forma escalonada y por un período más largo, para evitar que un grupo político tome control absoluto.

Pero la discusión debe ser madura y responsable. Hay grupos que quieren promover agendas que no tienen nada que ver con el tema de corrupción o impunidad, sino con temas ideológicos que claramente traerán discordia y división. No está en discusión si debemos nacionalizar la energía eléctrica, subir impuestos o hacer una reforma agraria. El tema fundamental es cómo construir un Sistema de Justicia independiente que nos brinde un Estado  con funcionarios públicos que estén sujetos a sistemas de control más efectivos, con lo cual se reduciría la corrupción y la impunidad.

El reto que tenemos es muy grande. Hay sectores interesados en sacar provecho del descontento ciudadano para promover sus propias agendas. Pero también es cierto que jugar a la estrategia del inmovilismo tiene grandes riesgos para el país. Debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde como sociedad en estos momentos. El inmovilismo no es opción.

*Este artículo fue originalmente publicado en el Instituto Fé y Libertad: https://feylibertad.org/2020/12/el-inmovilismo-no-es-opcion/

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

A principios de agosto pasado, Guatemala enfrentaba el quinto mes de la pandemia. Estaba vigente el toque de queda a las 9:00 pm; y salvo algunos sectores particulares, el proceso de reapertura había iniciado con la publicación del tablero de alertas sanitarias o “semáforo” por parte de la Coprecovid.

Para entonces, la devastación económica ya era de conocimiento popular. El Ministerio de Economía reportaba más de 170,000 trabajadores cuyos contratos habían sido suspendidos. El número de afiliados al seguro social presentaba una caída de más de 50,000 trabajadores menos en comparación con 2019. Los análisis macroeconómicos nos revelaban como el IMAE había caído entre 8 y 10% en el segundo trimestre 2019; mientras la recaudación tributaria había caído a niveles históricos en mayo y junio.

La conclusión era sencilla de extraer: la economía guatemalteca había sufrido significativamente por culpa de la pandemia y las medidas de contención sanitaria.

Las voces más agudas señalaban que el fenómeno económico escondía realidades más preocupantes: el incremento en el desempleo traería consigo un aumento en los niveles de pobreza urbana. La contracción económica afectaría a sectores vulnerables y el porcentaje de pobreza en el país habría de aumentar.

El llamado a la acción era claro. Las políticas de apertura y retorno a la normalidad debían facilitar la reactivación del sector privado. Pero como cualquier sociedad luego de un desastre, se necesitarían acciones extraordinarias para generar condiciones propicias para una rápida reactivación.

Gobierno, CACIF y tanques de pensamiento presentaron sus propuestas ideas para acelerar la reactivación. En caso todas las propuestas, había un elemento en común: la necesidad de impulsar una agenda legislativa que favoreciera medidas tendientes a la reactivación.

El Congreso empezaba el segundo período ordinario de sesiones, y con una mayoría que en el papel era afín al oficialismo, todo parecía indicar que la “agenda económica” habría de caminar.

La Ley de Leasing, la reforma a la Ley de Zonas Francas, la regulación del empleo a tiempo parcial, la ratificación de la Alianza Público-Privado para la Carretera a Puerto Quetzal, o la Ley de Tasa de Interés para facilitar el acceso a vivienda aparecían al frente de la lista. Medidas, todas, que contribuirían a estimular la inversión privada, a flexibilizar el mercado laboral o a hacer más competitivo a Guatemala.

Sin embargo, los meses pasaron y el Congreso quedó a deber. Atorado en discusiones anodinas o utilizando la justificación que no se quería elegir cortes, la legislatura pasó cuatro meses sin generar mayores resultados. Eso sí, el día que hubo que aprobar el Presupuesto 2021, los diputados alcanzaron consensos y suficientes votos para aprobar el paquete de urgencia nacional.

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

A principios de agosto pasado, Guatemala enfrentaba el quinto mes de la pandemia. Estaba vigente el toque de queda a las 9:00 pm; y salvo algunos sectores particulares, el proceso de reapertura había iniciado con la publicación del tablero de alertas sanitarias o “semáforo” por parte de la Coprecovid.

Para entonces, la devastación económica ya era de conocimiento popular. El Ministerio de Economía reportaba más de 170,000 trabajadores cuyos contratos habían sido suspendidos. El número de afiliados al seguro social presentaba una caída de más de 50,000 trabajadores menos en comparación con 2019. Los análisis macroeconómicos nos revelaban como el IMAE había caído entre 8 y 10% en el segundo trimestre 2019; mientras la recaudación tributaria había caído a niveles históricos en mayo y junio.

La conclusión era sencilla de extraer: la economía guatemalteca había sufrido significativamente por culpa de la pandemia y las medidas de contención sanitaria.

Las voces más agudas señalaban que el fenómeno económico escondía realidades más preocupantes: el incremento en el desempleo traería consigo un aumento en los niveles de pobreza urbana. La contracción económica afectaría a sectores vulnerables y el porcentaje de pobreza en el país habría de aumentar.

El llamado a la acción era claro. Las políticas de apertura y retorno a la normalidad debían facilitar la reactivación del sector privado. Pero como cualquier sociedad luego de un desastre, se necesitarían acciones extraordinarias para generar condiciones propicias para una rápida reactivación.

Gobierno, CACIF y tanques de pensamiento presentaron sus propuestas ideas para acelerar la reactivación. En caso todas las propuestas, había un elemento en común: la necesidad de impulsar una agenda legislativa que favoreciera medidas tendientes a la reactivación.

El Congreso empezaba el segundo período ordinario de sesiones, y con una mayoría que en el papel era afín al oficialismo, todo parecía indicar que la “agenda económica” habría de caminar.

La Ley de Leasing, la reforma a la Ley de Zonas Francas, la regulación del empleo a tiempo parcial, la ratificación de la Alianza Público-Privado para la Carretera a Puerto Quetzal, o la Ley de Tasa de Interés para facilitar el acceso a vivienda aparecían al frente de la lista. Medidas, todas, que contribuirían a estimular la inversión privada, a flexibilizar el mercado laboral o a hacer más competitivo a Guatemala.

Sin embargo, los meses pasaron y el Congreso quedó a deber. Atorado en discusiones anodinas o utilizando la justificación que no se quería elegir cortes, la legislatura pasó cuatro meses sin generar mayores resultados. Eso sí, el día que hubo que aprobar el Presupuesto 2021, los diputados alcanzaron consensos y suficientes votos para aprobar el paquete de urgencia nacional.

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

El descontento ciudadano se ha hecho escuchar en estas últimas semanas. La forma oscura en que se aprobó un presupuesto deficitario y opaco fueron el detonante de algunas manifestaciones.

Las consignas de las manifestaciones son diversas, pero hay una que merece especial atención: la petición de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para muchas personas la consigna tiene sentido, pero vale la pena detenerse un momento a reflexionar qué implicaciones tiene tal petición.

Permítaseme abordar el tema en un lenguaje menos técnico del que acostumbramos a utilizar los abogados para que el público general comprenda mejor el asunto (bajo el inevitable riesgo de perder precisión y rigor). La Constitución se puede modificar. Sin embargo, cambiarla requiere de un proceso más complejo del que es habitual para modificar una ley ordinaria como la ley del presupuesto o el Código Penal.

Nuestra Constitución prevé dos mecanismos para su modificación. El primero, la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para cambiar lo relativo a los derechos individuales. Es decir, la constituyente podrá modificar cuestiones relacionadas con el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la libre locomoción, entre otros.

¿Es eso lo que necesitamos? Claramente no. Los derechos individuales reconocidos en la Constitución son fruto de los consensos del momento y ese apartado tiene avances importantes como el reconocimiento de que los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. El problema real es que no existe un aparato institucional que garantice esos derechos. Eso nos lleva al segundo mecanismo para reformar la Constitución.

Pero además hay un aspecto práctico que es vital. ¿Cómo se elige a la constituyente? Al final del día la constituyente es un cuerpo legislativo muy parecido al Congreso de la República con la gran diferencia que técnicamente se reúne exclusivamente para reformar los puntos que se acordaron someter a reforma en el decreto de convocatoria a la misma. (Es el Congreso quien debe convocar a la constituyente por mayoría de 2/3 de votos)

Los diputados constituyentes se elegirían de la misma forma como elegimos a los diputados al Congreso de la República. (Si no recuerda cómo se eligen acá les dejo un artículo donde lo explico y acá un video). Eso quiere decir que saldríamos a votar por candidatos a diputados constituyentes postulados por los partidos que ya tienen mayoría en el Congreso y precisamente quienes generan el rechazo ciudadano. A decir, partidos como TODOS de Felipe Alejos, UCN de Mario Estrada (en prisión en EE.UU.), FCN, etc.

Ahora bien, no todo son malas noticias. El segundo mecanismo para reformar la Constitución nos permite reformar los artículos relacionados con el funcionamiento del Estado. Y ese procedimiento consiste en reformas a la Constitución hechas por una mayoría calificada en el Congreso (2/3 del total de diputados) y con una posterior ratificación en una consulta popular donde se preguntará a los ciudadanos guatemaltecos si aceptan o no los cambios a la Constitución.

¿Qué cambios concretos se deben hacer? Es impostergable una reforma al sistema de justicia que cambie ciertos aspectos que generan malos incentivos tales como el periodo de duración de los jueces, la renovación total y cada 5 años de las altas cortes, las comisiones de postulación, etc. También cambios relacionados a las bases del sistema de distritos electorales para elegir diputados para permitir fórmulas electorales más representativas.

Estas reformas no son suficientes. Debe haber otros cambios a nivel de leyes ordinarias. Pero si nos enfocamos en exigir a los diputados reformas concretas será más fácil que consigamos nuestro objetivo.

Una constituyente, primero, tiene capacidad limitada de hacer modificaciones y no tiene potestades (al menos sin poner fin a la actual Constitución) de redactar una nueva Constitución. Y aunque esto fuera posible, no cabe duda de que es el peor momento político para algo así. Tampoco cabe duda de que no hay peor idea que ceder a los actuales “partidos políticos” dominantes semejante tarea.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

El descontento ciudadano se ha hecho escuchar en estas últimas semanas. La forma oscura en que se aprobó un presupuesto deficitario y opaco fueron el detonante de algunas manifestaciones.

Las consignas de las manifestaciones son diversas, pero hay una que merece especial atención: la petición de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para muchas personas la consigna tiene sentido, pero vale la pena detenerse un momento a reflexionar qué implicaciones tiene tal petición.

Permítaseme abordar el tema en un lenguaje menos técnico del que acostumbramos a utilizar los abogados para que el público general comprenda mejor el asunto (bajo el inevitable riesgo de perder precisión y rigor). La Constitución se puede modificar. Sin embargo, cambiarla requiere de un proceso más complejo del que es habitual para modificar una ley ordinaria como la ley del presupuesto o el Código Penal.

Nuestra Constitución prevé dos mecanismos para su modificación. El primero, la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para cambiar lo relativo a los derechos individuales. Es decir, la constituyente podrá modificar cuestiones relacionadas con el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la libre locomoción, entre otros.

¿Es eso lo que necesitamos? Claramente no. Los derechos individuales reconocidos en la Constitución son fruto de los consensos del momento y ese apartado tiene avances importantes como el reconocimiento de que los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. El problema real es que no existe un aparato institucional que garantice esos derechos. Eso nos lleva al segundo mecanismo para reformar la Constitución.

Pero además hay un aspecto práctico que es vital. ¿Cómo se elige a la constituyente? Al final del día la constituyente es un cuerpo legislativo muy parecido al Congreso de la República con la gran diferencia que técnicamente se reúne exclusivamente para reformar los puntos que se acordaron someter a reforma en el decreto de convocatoria a la misma. (Es el Congreso quien debe convocar a la constituyente por mayoría de 2/3 de votos)

Los diputados constituyentes se elegirían de la misma forma como elegimos a los diputados al Congreso de la República. (Si no recuerda cómo se eligen acá les dejo un artículo donde lo explico y acá un video). Eso quiere decir que saldríamos a votar por candidatos a diputados constituyentes postulados por los partidos que ya tienen mayoría en el Congreso y precisamente quienes generan el rechazo ciudadano. A decir, partidos como TODOS de Felipe Alejos, UCN de Mario Estrada (en prisión en EE.UU.), FCN, etc.

Ahora bien, no todo son malas noticias. El segundo mecanismo para reformar la Constitución nos permite reformar los artículos relacionados con el funcionamiento del Estado. Y ese procedimiento consiste en reformas a la Constitución hechas por una mayoría calificada en el Congreso (2/3 del total de diputados) y con una posterior ratificación en una consulta popular donde se preguntará a los ciudadanos guatemaltecos si aceptan o no los cambios a la Constitución.

¿Qué cambios concretos se deben hacer? Es impostergable una reforma al sistema de justicia que cambie ciertos aspectos que generan malos incentivos tales como el periodo de duración de los jueces, la renovación total y cada 5 años de las altas cortes, las comisiones de postulación, etc. También cambios relacionados a las bases del sistema de distritos electorales para elegir diputados para permitir fórmulas electorales más representativas.

Estas reformas no son suficientes. Debe haber otros cambios a nivel de leyes ordinarias. Pero si nos enfocamos en exigir a los diputados reformas concretas será más fácil que consigamos nuestro objetivo.

Una constituyente, primero, tiene capacidad limitada de hacer modificaciones y no tiene potestades (al menos sin poner fin a la actual Constitución) de redactar una nueva Constitución. Y aunque esto fuera posible, no cabe duda de que es el peor momento político para algo así. Tampoco cabe duda de que no hay peor idea que ceder a los actuales “partidos políticos” dominantes semejante tarea.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.

El descontento con el sistema político ha estado ahí, desde hace mucho tiempo. Encontrar los orígenes es difícil; casi tanto como acordarse de cómo empieza un sueño. Quizá todo arrancó cuando la corrupción empezó a afectar directamente al ciudadano. Pudo ser entre 2013 y 2014, cuando la corrupción en el Programa de Extensión de Cobertura o la compra sobrevalorada de medicamentos llevó al colapso del sistema de salud pública. O entre 2014 y 2015, cuando empezó a sentirse el colapso de la infraestructura vial, como consecuencia de la corrupción crónica que durante décadas caracterizó al MICIVI.  

Cuando en 2015 MP y CICIG evidenciaron la podredumbre del sistema, se confirmó una realidad a sotto voce. Un sistema donde el que paga campañas multiplica su inversión vía negocios con el Estado. Donde la obra gris, la salud, las aduanas, los servicios públicos son las joyas de la corona. Donde la contratación de personal es foco de saqueos. Y donde la justicia es la guinda que corona con impunidad la corrupción. 

El efecto directo de la corrupción y los obscenos niveles de riqueza acumulados por los Baldettis y Baldizones, hizo despertar a una ciudadanía adormecida. Miles salieron a las calles y así nació la plaza. Una plaza esperanzada en que la justicia le llegaría al corrupto y que los cambios estaban por llegar.

Sin embargo, la esperanza poco a poco languideció. Jimmy Morales, el outsider que debía representar la alternativa a la vieja política, se convirtió en el principal operador del sistema. Los últimos dos Congresos, con renovaciones de más de la mitad de sus integrantes, evidenciaron que el problema no son las personas, sino el sistema. La realidad mitológica de hidra echa política en Guatemala: un monstruo al que se le corta la cabeza, sólo para que se le regeneren dos más.

Si bien el despertar ciudadano también decayó como consecuencia de la aparición de los viejos fantasmas de las “derechas e izquierdas”, la decapitación de la lucha contra la corrupción ahogó una de las pocas válvulas de escape de esa olla de presión, que es el rechazo social al sistema político.

La señal de alerta se hizo sentir en junio 2019, cuando el Movimiento de Liberación de los Pueblos alcanzó 10% de votos. En un país donde la izquierda nunca había obtenido más de 3%, ese resultado reflejaba que el discurso “anti-sistema” ganaba terreno. Y no, el caudal del MLP no provino de las zonas donde opera CODECA, sino de territorios rur-urbanos a lo largo del eje de la Carretera Interamericana.

El 2020 trajo un ingrediente nuevo. El descontento económico y social. La pandemia Covid-19 trajo consigo la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas. Más de 170,000 trabajadores suspendidos; otros 70,000 perdieron sus empleos. Un estimado de 25% de la población perdió parte de sus ingresos, y con ello, decayó su nivel de vida. A diferencia de la pobreza tradicional, que se concentra particularmente en áreas rurales, la crisis económica de Covid-19 afectó con severidad a las clases medias urbanas.

La mecha que encendió el fuego provino de un suceso insospechado. La aprobación del Presupuesto 2021. Extraño la verdad, dado que la discusión presupuestaria es compleja y pasa relativamente desapercibida. El carácter atípico de este fosforazo hace pensar que el evento particular fue lo de menos. Los ingredientes de la crisis ya se habían cocinado, y el Presupuesto fue la excusa que hizo estallar el descontento social.

De ser así, la perspectiva es compleja. Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.

Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.

El descontento con el sistema político ha estado ahí, desde hace mucho tiempo. Encontrar los orígenes es difícil; casi tanto como acordarse de cómo empieza un sueño. Quizá todo arrancó cuando la corrupción empezó a afectar directamente al ciudadano. Pudo ser entre 2013 y 2014, cuando la corrupción en el Programa de Extensión de Cobertura o la compra sobrevalorada de medicamentos llevó al colapso del sistema de salud pública. O entre 2014 y 2015, cuando empezó a sentirse el colapso de la infraestructura vial, como consecuencia de la corrupción crónica que durante décadas caracterizó al MICIVI.  

Cuando en 2015 MP y CICIG evidenciaron la podredumbre del sistema, se confirmó una realidad a sotto voce. Un sistema donde el que paga campañas multiplica su inversión vía negocios con el Estado. Donde la obra gris, la salud, las aduanas, los servicios públicos son las joyas de la corona. Donde la contratación de personal es foco de saqueos. Y donde la justicia es la guinda que corona con impunidad la corrupción. 

El efecto directo de la corrupción y los obscenos niveles de riqueza acumulados por los Baldettis y Baldizones, hizo despertar a una ciudadanía adormecida. Miles salieron a las calles y así nació la plaza. Una plaza esperanzada en que la justicia le llegaría al corrupto y que los cambios estaban por llegar.

Sin embargo, la esperanza poco a poco languideció. Jimmy Morales, el outsider que debía representar la alternativa a la vieja política, se convirtió en el principal operador del sistema. Los últimos dos Congresos, con renovaciones de más de la mitad de sus integrantes, evidenciaron que el problema no son las personas, sino el sistema. La realidad mitológica de hidra echa política en Guatemala: un monstruo al que se le corta la cabeza, sólo para que se le regeneren dos más.

Si bien el despertar ciudadano también decayó como consecuencia de la aparición de los viejos fantasmas de las “derechas e izquierdas”, la decapitación de la lucha contra la corrupción ahogó una de las pocas válvulas de escape de esa olla de presión, que es el rechazo social al sistema político.

La señal de alerta se hizo sentir en junio 2019, cuando el Movimiento de Liberación de los Pueblos alcanzó 10% de votos. En un país donde la izquierda nunca había obtenido más de 3%, ese resultado reflejaba que el discurso “anti-sistema” ganaba terreno. Y no, el caudal del MLP no provino de las zonas donde opera CODECA, sino de territorios rur-urbanos a lo largo del eje de la Carretera Interamericana.

El 2020 trajo un ingrediente nuevo. El descontento económico y social. La pandemia Covid-19 trajo consigo la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas. Más de 170,000 trabajadores suspendidos; otros 70,000 perdieron sus empleos. Un estimado de 25% de la población perdió parte de sus ingresos, y con ello, decayó su nivel de vida. A diferencia de la pobreza tradicional, que se concentra particularmente en áreas rurales, la crisis económica de Covid-19 afectó con severidad a las clases medias urbanas.

La mecha que encendió el fuego provino de un suceso insospechado. La aprobación del Presupuesto 2021. Extraño la verdad, dado que la discusión presupuestaria es compleja y pasa relativamente desapercibida. El carácter atípico de este fosforazo hace pensar que el evento particular fue lo de menos. Los ingredientes de la crisis ya se habían cocinado, y el Presupuesto fue la excusa que hizo estallar el descontento social.

De ser así, la perspectiva es compleja. Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.