Falta poco para que se marche la CICIG y el caso Botín Registro de la Propiedad ilustra bien uno de los eventos que más se han instrumentalizado para atacar el trabajo de la Comisión.

Al conocerse que el tribunal de sentencia absolvió al hijo y al hermano del presidente Morales, hay dos voces que se hacen escuchar: quienes aseguran que la sentencia es muestra de un tribunal servil y que ante la salida inminente de la Comisión se han plegado a los intereses más oscuros y la otra, la de quienes afirman que es un triunfo para el estado de Derecho debido a que el problema del hijo y del hermano del presidente fue una persecución política y que el caso era, en el peor de los casos, una “cuestión administrativa”.

Creo que ambas visiones son erróneas. Los primeros por hacer caso omiso del poco tino que tuvo la Comisión en cuanto a la proporcionalidad con la que abordó el caso en contra del hijo y hermano del mandatario. Era claro que de haber sospechas de comisión de un delito, solicitar prisión preventiva e incluso imputar a Samuel Morales por lavado de dinero, parecía un sinsentido.

Pero, por otra parte, los segundos, se equivocan al tratar de minimizar las conductas de los parientes del presidente en el caso que analizamos. No era una simple “cuestión administrativa”.

Aún no conozco la sentencia para emitir una opinión más responsable, pero lo cierto es que el día que se leyó la sentencia se dio a entender que los hechos que la fiscalía y la comisión utilizaron para imputar a los acusados, fueron probados. El asunto fue que, a criterio del tribunal, éstos no constituían delito.

¿De qué hechos hablamos? Concretamente de dos hechos: el primero, que el hijo del presidente presentó una cotización falsa de una empresa que no existía con el objetivo de cumplir con el manual de compras de la institución. El segundo, que el hermano del presidente facilitó las facturas para simular que era su entidad la que prestaba un servicio al Estado.

Claro está: no se trata de un “pecado capital”, pero al menos se les pudo sancionar por falsificación de documentos privados (una pena de uno a tres años) por los hechos antes señalados. El tribunal bien pudo hacer valer el artículo 388 del Código Procesal Penal que establece: “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público.” (Y además conforme a expediente 3875-2015 de CC o expediente de casación 937-2017 de CSJ) He ahí el yerro del tribunal.

¿El fallo de la fiscalía y la Comisión? Seamos serios, los hechos imputados tenían una pena tan baja y el impacto social de la conducta cuestionada era de poca importancia que lo mejor era proceder de forma más razonable. Se pudo hacer uso de un mecanismo de desjudicialización que ahorrara tiempo y dinero al Estado y que buscara dar un castigo ejemplar tal como la imposición de una sanción económica por una conducta inapropiada. Era lo suyo.

Todas las instancias tuvieron su cuota de responsabilidad. Lo cierto es que la CICIG se marcha en unos días y nuestros tribunales no dan muestras de ser capaces de resolver de manera imparcial los casos que están en curso.

Si nos quedamos con la discusión “política” en casos como el Botín Registro de la Propiedad, perderemos de vista lo importante. No olvidemos que la cabeza de la estructura de este caso (la señora de León) recibió una irrisoria pena de Q5 mil por cometer supuestamente peculado culposo.

Guatemala y El Salvador tienen una nueva oportunidad. Costa Rica y Panamá la siguen peleando. Honduras en transición. Nicaragua perdida.    

Centro América está formada por un grupo de países con historias y testimonios fuertes, polémicos, con épocas de enormes frustraciones y con años de grandes esperanzas. En los últimos 80 años hemos vivido dictaduras militares, momentos de democracia, autocracias contagiadas con el Socialismo del Siglo XXI y bandas criminales organizadas como partidos políticos que buscan el poder para convertir gobiernos en botín y países en narco Estados o Estados criminales. 

Somos una región de países pequeños sin visión de países grandes y con élites provincianas y acomodadas. Nuestras economías no crecen suficiente y nuestros dramas sociales y políticos desbordan nuestra capacidad para encontrar consensos y tomar las decisiones que logren resolver nuestros problemas desde la raíz. 

Alcanzar el éxito en la región pasa por la creación de la Comunidad Económica de Centro América. Formar un mercado grande con economías de escala y buena infraestructura. Hacer de nuestros países un territorio libre y sin fronteras de ninguna clase, con gobiernos democráticos y republicanos, y con Estados de Derechos potentes e inquebrantables.

La clave sigue siendo la misma: Democracia, libertad, respeto a la ley y capacidad gerencial y política para gobernarnos. Y con la masa crítica para lograr tracción y crecimiento.

El Salvador tiene un nuevo gobierno que intenta construir una nueva cultura política. Si respeta las reglas de la democracia y toma decisiones estratégicas, puede recuperarse y dar la sorpresa. 

Después de varios meses de un proceso electoral viciado e inventado para favorecer a un partido político cuestionado, que finalmente perdió la elección; y contra toda expectativa, Guatemala tiene hoy presidente electo y una nueva oportunidad. 

En cuatro países de la región necesitamos rescatar y consolidar nuestras democracias. Nos toca aprender a practicar la política desde los principios y los valores, no de los intereses y la ambición; y desde el respeto y el consenso, no de la trampa y el conflicto.

Este proceso de aprendizaje debe ser profundo; y de renovación y cambio político.

Los ciudadanos, en especial los jóvenes de la región deben rescatar una ilusión entusiasta por la política y por la democracia. Pues, a pesar de todo; a pesar de las decepciones, de las faltas, los vacíos y las traiciones; y como lo confirman la historia y la estadística, el desarrollo y el éxito de los pueblos tiene nombre y apellido; y es Democracia liberal y republicana con Estado de Derecho.

Estas palabras han costado siglos, generaciones, sacrificios, dolores y sangre a quienes las han hecho realidad. Por eso, no podemos claudicar, no debemos desmayar. 

Construir una región civilizada, democrática, republicana y moderna necesita carácter, determinación y constancia.    

Por eso es tan importante el compromiso decidido de los ciudadanos para participar en los cimientos de nuevos países; naciones donde la corrupción y la impunidad sean cosa del pasado. Países donde la justicia y el Estado de Derecho tienen la preeminencia indispensable y el respeto indiscutible. Naciones en las que somos capaces de alcanzar acuerdos suficientes que nos permitan avanzar y resolver. 

Para nadie es secreto la devastación institucional acumulada y creciente que viven nuestras democracias, y la amenaza que esto representa para el Estado de Derecho y para la libertad de la región. En Nicaragua, por el momento, hay una dictadura. 

Estados sin libertad, sin democracia y sin Estado de Derecho son Estados fracasados y condenados a la oscuridad. 

Los ciudadanos de Centro América tienen la palabra.

Lo visto, visto está

La cercanía del 3 de septiembre invita a reflexionar sobre las lecciones que dejó esta experiencia tan sui géneris que nos ha tocado vivir a los guatemaltecos.  

Lo que inició como un experimento de cooperación multilateral se ha convertido en un referente mundial de apoyo a países con débil institucionalidad. Hoy en día, los gobiernos de El Salvador y Ecuador buscan incorporar modelos de cooperación multilateral para combatir la corrupción. Años atrás, Moldova y algunos países del occidente africano también han considerado la idea.

Pero el mensaje para el multilateralismo quizá sea mayor: en un contexto mundial en el que los conflictos armados tradicionales se hacen menos frecuentes, y en que las nuevas amenazas (corrupción, narcotráfico, terrorismo) germinan en Estados débiles, llegó el momento que Naciones Unidas considere incorporar una especie de “misiones técnicas de apoyo” dentro de sus ámbitos de intervención. Una suerte de “maletines azules” en lugar de los tradicionales cascos y boinas.

Para Guatemala, la experiencia fue traumática. El cuatrienio 2015-2019 trajo consigo un proceso sin precedente de lucha contra la corrupción. Ni las experiencias de Italia en los noventa (las manos limpias), Rumania en 2010-2012 o Brasil del último quinquenio es comparable en volumen, magnitud e intensidad a lo vivido en nuestro país. Más de 70 casos judiciales de alto impacto. Más de 900 imputados por delitos de corrupción.  Expresidentes, exvicepresidentes, candidatos presidenciales, ministros de estado, secretarios de la Presidencia, diputados, magistrados, jueces, superintendentes de SAT, empresarios, contratistas, medios de comunicación, abogados.

Los ámbitos de la corrupción desnudada también son diversos. La construcción de obra gris, los servicios de salud pública, las aduanas, la administración de los puertos, el pago de deuda de arrastre, la proveeduría de la seguridad social, la devolución del crédito fiscal, las obras en las municipalidades, leyes a la medida, en general, casi todo ámbito de la administración pública queda sujeto a una mera transacción: un soborno asegura el ansiado contrato o gestión en el Estado.

Pero el botín no sólo es la proveeduría o la gestión. También la contratación de personal. Diputados que influyen en ministros para contratar a sus huestes; plazas fantasmas para amigos y correligionarios para conseguirles un “ingreso” con fondos públicos. O la búsqueda de sobresueldos con los fondos de esas plazas fantasma.

Las campañas políticas manchadas por la corrupción. Dinero del crimen organizado utilizado para pagar asambleas. Fondos provenientes de sobornos o de recursos sustraídos del Estado que sirven para pagar futuras campañas y así perpetuar el ciclo de poder-corrupción. Dinero de campaña que al manejarse sin transparencia únicamente nutre el peculio de candidatos y autoridades partidarias.

Enemigos políticos, adversarios y partidos que se mataron entre sí por el poder, vinculados por una misma línea de relaciones de corrupción, por los mismos financistas o las mismas prácticas corruptas.

Y todo este sistema de saqueo se corona con un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Magistrados de altas cortes que influyen en juzgados de menor grado. Comisiones de Postulación en el que grupos de interés determinan quiénes serán los candidatos a las altas cortes a cambio de beneficios para los operadores. Intermediarios que se jactan de “controlar” cortes y juzgados para beneficiar a una determinada parte procesal. La impunidad es el hermano gemelo de la corrupción.

Esa es la realidad de un Estado capturado. Donde lo público está al servicio de la corrupción, para la corrupción y por la corrupción. Quizá en un futuro próximo veamos la reacción. Y los avances de estos años caigan uno por uno. Pero la verdad de un sistema patrimonialista en su perfección, con sus protagonistas y cómplices, ha quedado revelada. Y quizá lo que en algunos círculos no gustó fue que por primera vez alguien se atrevió a gritar que “el rey camina desnudo”.

La experiencia reciente también permitió encender la luz en medio de ese jolgorio sombrío, y permitió que todos se vieran - sin máscaras- los unos a los otros.  Pero quizá más importante, este cuatrienio generó una segmentación silenciosa esta sociedad: entre quienes durmieron tranquilos todos estos años, y aquellos que -a contrario sensu- temían la llegada del amanecer.

Y la relación entre participación y posibles resultados electorales.

A tres semanas de la segunda vuelta electoral, la encuesta de opinión pública de la Fundación Libertad y Desarrollo, realizada por CID-Gallup, arroja algunas luces sobre el escenario político.

Vale siempre recordar que las encuestas son fotografías del momento, y no son instrumentos “predictivos”. En este caso, la fotografía corresponde al período del 9 al 14 de julio, fechas en las que se procedió a levantar los datos de la medición.

La encuesta arroja un resultado que pareció sorpresivo para algunos: si la segunda vuelta fuera hoy, Alejandro Giammattei obtendría 40.6% de los votos válidos; Sandra Torres obtendría 33.4% de los votos; mientras que un 6.5% votaría nulo y 19.4% dejaría su voto en blanco.

Esta tendencia no es muy diferente a lo que las encuestas mostraban en junio pasado, previo a la primera vuelta, cuando se corrían escenarios de posibles segundas vueltas. Por ejemplo, la encuesta de CID-Gallup y Fundación Libertad y Desarrollo señalaba que en caso de producirse un balotaje entre Giammattei y Torres, el candidato del partido Vamos obtendría 38% de votos válidos, mientras la candidata de la UNE obtendría 34%. Tendencia similar arrojó la medición de Prensa Libre y ProDatos, que ubicaban a Giammattei con 54% frente a un 34% de Torres en una eventual segunda vuelta.

El resultado genera disonancia cognitiva, puesto que la intuición parecería indicar que Torres y la UNE poseen una estructura partidaria mucho más sólida y con mayor penetración territorial. Además, que el resultado de los verdes en Primera Vuelta, fue muy superior al desempeño de Giammattei y Vamos.

Sin embargo, el enemigo de Torres -y la razón de por qué en el balotaje Giammattei  le supera en intención de voto- es la opinión negativa de la candidata. La encuesta reciente de FLD y CID-Gallup muestran que un 25.2% de personas tiene una “mala” opinión de Sandra Torres; mientras un 12.1% tiene una opinión “muy mala” de ella. Es decir, 37% de negativos. Frente a ello, Giammattei tiene 11.7% de negativos (10.9% de opinión “mala” y 0.82% de opinión “muy mala”).

Esos negativos dan lugar a lo que se conoce como el “anti-voto”, el cual se refiere al rechazo que genera un candidato entre el electorado. La teoría indica que en casos de balotaje, cuando la motivación del elector es votar por el “menos malo”, el anti-voto se convierte en una motivación para votar al candidato menos rechazado. Y la encuesta arroja entonces que los negativos de Torres son tan altos, que esto invita a un porcentaje importante del electorado a votar por Giammattei.

¿Implica esto que Giammattei es el favorito entonces para ganar la Presidencia?

No necesariamente. Un dato que también evidencia la encuesta es la certeza potencial del voto. Mientras la mayor parte del electorado de Torres asegura es casi 100% seguro que irá a votar, el votante de Giammattei no es tan sólido, ya que un segmento relevante de su electorado no está 100% seguro de ir a votar.

Lo anterior se corrobora con el desglose demográfico de los votantes. Mientras Torres tiene su fortaleza entre mujeres, del área rural, de mayor rango de edad y menor nivel educativo y de ingresos; Giammattei tiene su fortaleza entre electorado urbano (tanto metropolitano como de ciudades intermedias), así como jóvenes y personas con mayor nivel educativo. Estos segmentos tienen también una característica de votación: las mujeres rurales, pobres y menos educadas tienden a ser más leales y disciplinadas en su voto. Mientras el votante joven, urbano y de más nivel de estudios tienden a ser más volátiles en su participación.

Lo anterior permite plantear una hipótesis sobre la relación entre participación y resultados electorales. Si hay alta participación en la segunda vuelta, esto favorecería a Giammattei, ya que implicaría que un porcentaje de sus votantes “volátiles” asistieron a las urnas. En cambio, si la participación es baja, la beneficiaria sería Sandra Torres, puesto que esto implicaría que de los “pocos” votantes, la proporción de electores leales de Torres es más alta.

En pocas palabras, pareciera que el resultado de la segunda vuelta dependerá entonces del nivel de participación, y particularmente, de cómo se comporta ese segmento que hoy se muestra más volátil.

El tráfico de drogas y la narcopolítica afectan a nuestra región con violencia, corrupción y la captura criminal del Estado; y lejos de ser un problema que se vaya a resolver, está empeorando.

El narcotráfico es una amenaza para la democracia y sus instituciones. Colombia fue el caso crítico de América Latina en los 90s por el Cartel de Medellín, con Pablo Escobar, y el Cartel de Cali. 

Para entonces, se calculaba que el narcotráfico representaba entre el 3% y el 5% del Producto Nacional Bruto de Colombia. Fue la época del presidente Ernesto Samper, a quien se acusó de recibir dinero del narcotráfico. 

Colombia fue ejemplo en la lucha contra el narcotráfico durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Pero la herencia del Gobierno de Santos deja un saldo negativo pues recibió la presidencia en 2010 con 60,000 hectáreas sembradas de cocaína y el año pasado rebasó las 200,000.

En Bolivia también hay aumento en la siembra de coca. Se calcula que en 2016 los cultivos incrementaron un 14% respecto de 2015; y aunque aún no hay cifras oficiales para 2017, se estima que la siembra sigue creciendo.

México lleva décadas de ser víctima del narcotráfico y la narcopolítica. Se calcula que cada año entran entre 30,000 y 40,000 millones de dólares por narco; cifra que casi duplica los 20,000 millones que ingresan en concepto de remesas. Para el año 2010, se afirmaba que el 72% de municipios estaban infiltrados con dinero criminal.

Guatemala padece de los mismos males. Informes serios sobre financiamiento de campañas electorales dejan claro que un 25% de fondos de las campañas tiene origen en el narcotráfico. Y un 50% de la corrupción. 

El tráfico de drogas y la narcopolítica afectan a nuestra región con violencia, corrupción y la captura criminal del Estado; y lejos de ser un problema que se vaya a resolver, está empeorando. 

Hoy en día, grandes sectores ciudadanos sienten que la política es una actividad sucia y mediocre; y que no es un lugar para los ciudadanos honestos y capaces.

El desprestigio de la política no conoce fronteras y se debe en gran medida a que ésta se alejó del ciudadano, de la ley y de la justicia; y la percepción es que a la política se acercan, en su mayoría, pícaros y oportunistas con bajo nivel moral, profesional e intelectual. 

El narcotráfico se convirtió en el cáncer de la política, el sicario de la democracia y el causante principal de la implosión del Estado de Derecho. La devastación más evidente que éste provoca está marcada por la violencia, la pérdida de vidas, la corrupción y un Estado capturado y criminal. Pero, en especial, las drogas destruyen al ser humano, quebrantan la familia y desvalorizan la sociedad.

El narcotráfico dio vida a la narcopolítica, que gobierna en algunas naciones; y por eso, están condenadas al sufrimiento y al fracaso.   

El caso más grave hoy en América Latina es Venezuela, el centro de tráfico de drogas más grande del mundo, manejado por una narcodictadura criminal que está provocando la crisis humanitaria más severa en la historia de América Latina.  

Las drogas, con su poder corruptor y su violencia, son el gran combustible para que el ciudadano pierda interés y desprecie la vida pública, le provoque desapego a la ley y le incite a no respetarla. Así se han debilitado la confianza en la democracia y la esperanza en el futuro.

El camino a la salvación pasa por la revaluación de la política y por poderes del Estado que respondan a las necesidades de nuestro tiempo; y pasa también por el rescate del respeto a la ley y por la reivindicación de la democracia.  

La política debe ser el lugar al que van los mejores; y la vida cívica, una responsabilidad ineludible para todos. 

Si Centroamérica quiere alcanzar altos niveles de desarrollo y bienestar tendremos que empezar a hablar con seriedad y compromiso de legislación intachable y efectiva, de un sistema electoral funcional y transparente y de un Estado de Derecho a prueba de fuego. 

Si Centroamérica quiere ser una región respetable y respetada, los centroamericanos debemos actuar como ciudadanos de naciones de verdad.   

Columna publicada originalmente en Estrategia y Negocios. 

Una cronología de las vinculaciones existentes en un Estado capturado.

Corría el año 2014. FECI y CICIG le seguían la pista a una red dedicada a la defraudación aduanera. Mediante interceptaciones telefónicas, armaban un rompecabezas sobre la integración de una compleja estructura criminal. Desde tramitadores, vistas de aduanas, pasando por supervisores, gerentes, intendentes, hasta el mismo superintendente. Todos, coordinados en un esfuerzo para generar riquezas ilícitas, facilitando la defraudación de impuestos en importaciones aduaneras.

La investigación determinó también que existía una estructura externa, integrada por particulares que, desde fuera del poder público, incidían en el nombramiento de funcionarios de SAT para servir los intereses de la red. El personaje que actuaba como enlace entre funcionarios y los particulares era Giovanni Marroquín Navas, cuya línea telefónica fue interceptada a partir de noviembre 2014.

Las escuchas de Marroquín permitieron identificar la trama para nombrar a Omar Franco como Superintendente de SAT, o los esfuerzos por conseguir el apoyo de Pérez Molina para nombrar un Gerente de Recursos Humanos afín a la red. Dichos episodios sustentaron la judicialización del Caso La Línea, aquel 16 de abril de 2015, y la captura de Marroquín y una veintena de personas más. Y meses más adelante, llevaría también a la captura de Roxana Baldetti y la caída de Otto Pérez Molina.

Pero eso no se quedó ahí. El análisis de las interceptaciones de Marroquín Navas evidenció que este también se dedicaba a realizar otros “trámites” tributarios. Concretamente, a entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación, además de agilizar devoluciones de crédito fiscal. Todo ello, mediante un proceso corrupto de pago de sobornos y cobro de comisiones ilícitas.

Esta línea de investigación permitió presentar el Caso Aceros de Guatemala en febrero 2016.

Pero esto tampoco se quedó ahí. La información recabada en los allanamientos de La Línea y del Caso Aceros, el examen financiero sobre los movimientos bancarios de Marroquín, y el análisis de más interceptaciones telefónicas de su línea, permitió identificar que la red dedicada a la tramitación de expedientes de crédito fiscal era de mayores dimensiones.

Esta ampliación de la investigación permitió que en febrero 2018 se presentara el Caso Traficantes de Influencias, en el cual se descubrió que personajes como el ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y el diputado Felipe Alejos, captaban clientes que luego eran referidos con la estructura de Marroquín Navas. Este último mantenía el mismo rol de siempre: ser el enlace con la SAT, cobrar comisiones y trasladar los beneficios económicos indebidos a los funcionarios públicos.

El análisis financiero dentro del Caso Traficantes de Influencias permitió identificar un grupo de sociedades utilizadas por Giovanni Marroquín para captar las comisiones y pagar los sobornos. Una de ellas era “Ingeniería Integral S.A.”, administrada por su hijo, Marlon. El análisis de los movimientos financieros reveló que dicha empresa transfirió recursos a otra sociedad anónima en 2015: Maariv S.A. Dichas transferencias ocurrían a pesar de que ambas carecían de relación comercial alguna.

Una búsqueda en Google de Maariv S.A. arroja varios resultados de la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque Maariv S.A. aparece registrada como financista de la campaña UNE de 2015. 

La investigación sobre financiamiento de la campaña UNE 2015, que se conducía paralelamente a la trama anterior, permitió entender por qué Maariv recibía fondos de una sociedad vinculada a Marroquín Navas. Sencillo. Era una empresa de fachada utilizada para captar fondos e inyectarlos al partido. Igual que Promotora de Recursos Habitacionales (PROHABSA), vinculada al vice presidenciable Leal, o el Grupo Inmobiliario San Felipe, vinculado al diputado Julio Ixcamey.

Maariv, Prohabsa y San Felipe son típicos ejemplos de sociedades de cartón utilizadas para captar recursos -tanto lícitos aportados de forma anónima, o fondos provenientes de corrupción- con el fin de financiar campañas. Similar a lo que ocurría con el Grupo Estrella y el financiamiento del Patriota; o el conglomerado de empresas de fachada de Manuel Baldizón utilizadas para la campaña de Líder.

Giovanni Marroquín es el centro neurálgico que permite en una misma red de relaciones, conectar La Línea, a Pérez Molina y Baldetti, algunos empresarios, con Felipe Alejos y la UNE. Personajes como este, alrededor de quienes se configuran nodos de relaciones de negocios que trascienden partidos y sectores, sobran. Algunos ya están en prisión, pero otros muchos, siguen operando en la impunidad.

Y así, quien diría que tirando de la misma cuerda que permitió dar con La Línea y que llevaría a la caída de Pérez Molina y Baldetti en 2015, permitiría dar con el financiamiento de quienes en el papel eran sus némesis políticos: la UNE y Sandra Torres. Todo un script digno de una novela best seller, una serie de Netflix, o una de esas historias enredadas propias de Quentin Tarantino o Christopher Nolan.

Pero en realidad, ese hilo conductor es el fiel reflejo de la captura del Estado. Un sistema político que sirve para satisfacer intereses de grupos criminales sin importar banderas o ideologías. Y la lógica que, para participar de esa juerga de negocios corruptos, hay que invertir en campañas electorales.

Esta es precisamente la razón por la que creo que la FECI y CICIG se les debe permitir seguir operando, incluso más allá de septiembre 2019. Porque aún hay muchas cuerdas pendientes de las cuales hay que tirar. Pero esa es la misma razón por la que muchos quieren evitarlo a toda costa: si de la misma cuerda de la que cayó el Patriota, hoy sale golpeada la UNE, ¿qué no habrá en los otros extremos de esas cuerdas aún pendientes de tirar?

Columna originalmente publicada en El Periódico. 

Reflexiones sobre las condiciones de cara al evento electoral 2019.

En semanas recientes se ha activado la discusión prospectiva en relación a las dinámicas políticas que imperarán en el proceso electoral 2019.

Dos elementos deben considerarse como precondiciones de análisis. Primero, los efectos normativos y los nuevos incentivos que generará la reforma electoral (Decreto 26-2016).Y en segundo lugar, las alteraciones del mapa político generado como consecuencia del proceso 2015-2018, cuyas secuelas seguramente impactarán las dinámicas electorales.

El primer elemento a considerar es el efecto de la prohibición del transfuguismo. Dicha normativa, sujeta de cuestionamiento por más de 80 diputados, implicará un cambio sustancial en las dinámicas políticas y partidarias. El efecto más evidente será la obligada renovación del Congreso en 2019. Pero además, la normativa genera una agudización de la crisis del “partido franquicia”: al quedar excluida la participación de varios caciques territoriales, los partidos políticos pierden naturalmente un universo de potenciales franquiciados, situación que les obliga ahora a buscar nuevos franquiciados o a generar un modelo alternativo para la construcción de organización. No obstante la renovación de personas no garantiza un funcionamiento distinto de la institucional. Para muestra, la actual legislatura, que tuvo a más de la mitad de diputados novatos.

El segundo elemento a considerar es el financiamiento electoral. Derivado de los recientes casos judiciales y el marco regulatorio aprobado en 2016, resulta relativamente sencillo proyectar que la elección presidencial del año siguiente será austera. Sin embargo, a nivel local, se mantiene el mismo riesgo de la penetración de capitales ilícitos. Por ello, resulta de particular importancia que el Tribunal Supremo Electoral logre operativizar la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, la cual aparentemente constituye la única barrera frente al recurso ilícito que se cuela en la base.

El tercer elemento es el voto en el extranjero. Si bien los migrantes fueron un sector clave para la elección de Jimmy Morales en 2015, gracias a su apoyo financiero y su influencia “de boca a boca” sobre votantes locales, el reconocimiento del voto en el exterior no necesariamente implica una transformación sustantiva del mapa de poder electoral. Esto se debe a que mientras no se resuelva el problema de identificación de cientos de miles de migrantes que no tienen DPI, el voto en el extranjero será exiguo. De tal forma, seguirá pensando más la influencia indirecta que el voto directo de los connacionales.

Por último, la elección 2019 se presenta como una con excesiva judicialización. Desde ya se vislumbra que la Corte de Constitucionalidad deberá resolver acciones de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo. Mientras que potenciales candidaturas concretas, como la de Zury Ríos –por ejemplo-, podrán depender también de lo que digan las cortes. Lo mismo ocurre con la normativa relacionada a la publicidad en campaña o la publicación de encuestas, artículos que hoy están en proceso de ser impugnados en materia constitucional.

La sumatoria de todo lo anterior nos deja un escenario electoral atípico, y por ende, incierto.

Publicado originalmente en El Periódico.

Una receta para la estabilidad social.

Durante el siglo XVII, James Harrington, uno de los ideólogos del republicanismo, esbozó una receta para alcanzar la estabilidad política: el buen funcionamiento de la Res pública depende de la difusión de la riqueza y propiedad. Para Harrington, el concepto de difusión de la riqueza implicaba que una gran mayoría de ciudadanos alcanzara la condición de “propietarios”, situación que les facilitaría el acceso a oportunidades, a un nivel de vida más digno, y generaba incentivos para que más personas participaran activamente en la discusión pública.

La receta de Harrington bien podría servir como un faro para construir desarrollo y estabilidad política en Guatemala. Para nadie es un secreto que los guatemaltecos tenemos una vocación natural hacia el emprendimiento, tal y como ha demostrado durante años las encuestas del Global Entrepreneurship Monitor. Dichos estudios también han perfilado el empeño que el guatemalteco le pone al trabajo. Sin embargo, ni la vocación emprendedora, ni el espíritu trabajador ha sido suficiente para generar condiciones de desarrollo económico y estabilidad política en el país.

Por lo anterior, se requiere de un esfuerzo institucional y de política pública para generar un país de propietarios. Esto implica la adopción de marcos normativos y políticas que permitan generar certeza sobre la propiedad privada. Propuestas como la regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resultan estratégicas para facilitar que miles de pequeños propietarios puedan regularizar sus activos, y con ello, acceder a mecanismos de financiamiento.

La generación de certeza de la propiedad puede complementarse mediante políticas para incentivar la integración vertical de productores con cadenas productivas y encadenamientos para la exportación. En otras palabras, permitir que los pequeños propietarios encuentren mercados internos y externos para sus productos.

A esto debe agregarse la modernización de los sistemas de crédito, para facilitar a los propietarios y emprendedores el acceso a financiamiento, a capital semilla y capital de trabajo. Para ello se debe apostar por la flexibilización del mercado financiero, además de promover modalidades de financiamiento más horizontal. Figuras como el factoraje, el leasing, las garantías mobiliarias o las microfinanzas deben fortalecerse en nuestro marco normativo. Debemos considerar también la participación de más guatemaltecos en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valoresque favorezca el ahorro y la inversión.

Asimismo, debe fomentarse otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos deben potenciarse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

El complemento a todo lo anterior es vigorizar a las capas medias. Esto implicadifundir la presencia y promover más opciones para la enseñanza técnica y la educación universitaria, puesto que ambas constituyen los pilares modernos para la movilidad social. En este sentido, la inversión educativa a nivel técnico y superior debe apostar por establecer institutos de capacitación y centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural.

El objetivo es construir un sistema en el que la mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad política.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Se repiten verdades y se descalifican personas. El debate de ideas, no existe.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida sólo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el status quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominen (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vende-patrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores;reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Columna publicada en El Periódico.

El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La democracia nació en el Siglo VI antes de Cristo como un pacto entre clases para expulsar a los tiranos del poder en la antigua Grecia.

Hace 2,500 años se sentaron las bases de una batalla que se sigue peleando hasta el día de hoy en naciones donde a los pueblos se les priva de su libertad, se les niega la justicia y se violan sus derechos fundamentales.

En aquellos días, los antiguos griegos inventaron la idea del ciudadano, con la aspiración de que, sobre una base de igualdad política, los ciudadanos tomarían decisiones en asuntos de interés común.

A través de la historia, desde aquel lejano Siglo VI, la victoria de los griegos sobre los persas, la caída del imperio romano, la Toma de la Bastilla, el manifiesto comunista, la revolución industrial, el Tratado de Versalles y el fin del nazismo, entre otros, fueron momentos estelares de la humanidad que provocaron los contrastes que marcaron el desarrollo y la construcción de una cultura que ha dado, en especial, al occidente civilizado, niveles extraordinarios de desarrollo y bienestar. Una forma de vida que se puede resumir gracias a tres palabras: La Democracia Liberal.

Hoy, esas 3 palabras se ven amenazadas por los nacionalismos, el populismo, la corrupción, la desigualdad, el insuficiente crecimiento económico, la falta de oportunidades y la ausencia de líderes y estadistas capaces y honestos, dispuestos a servir. Y, por si fuera poco, a esto se suman gigantes desafíos como la era exponencial en la tecnología y el cambio climático.

Las generaciones del Siglo XXI debemos hacer esfuerzos extraordinarios para ajustarnos a las nuevas realidades y a la velocidad que las circunstancias imponen. Pero, en especial, debemos vigilar y proteger los valores más importantes de la civilización, como lo son, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.

La represión y el sufrimiento en las más de 50 dictaduras que todavía hay el mundo, y la imperfección y el subdesarrollo que persisten en las democracias; en especial, las de América Latina, obliga preguntarse si aquel invento de los griegos, que fue el ciudadano, necesita una mirada más profunda para replantear su esencia y su identidad, para que, además de esperar y exigir derechos y libertades, el ciudadano, también se comprometa a tener obligaciones y deberes fundamentales.

EL CIUDADANO es el epicentro de la democracia, la razón de ser del Estado, el punto de partida de la política y el responsable de construir verdaderos partidos políticos. El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La política es pasión. Y las emociones superan a la razón y a la lógica; pero La Política debe volver a ser la profesión más digna y más respetada; y el ciudadano valiente, honesto y capaz su protagonista.

Eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores.

Como los griegos, hace 2,500 años, debemos reinventar la idea del ciudadano y hacer los sacrificios que sean necesarios para que ÉSTE resurja como una fuerza cívica que sabe defender sus libertades pero que, sobre todo, sabe participar y cumplir con sus deberes ciudadanos.

Como los griegos en su día le dieron vida a la democracia para echar a los tiranos; en pleno Siglo XXI, además de vencer y desterrar a las más de 50 dictaduras que oprimen a millones, debemos entender que las democracias de mentira, la incompetencia de los gobiernos, la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las élites son otras formas de tiranía que castigan de igual manera, con el agravante que con su actuar falso y oportunista, desprestigian y debilitan los valores de la democracia, la justicia y la libertad.

PS: Rindo un homenaje al valiente pueblo nicaragüense por enfrentar la dictadura y luchar por su libertad. Después de Nicaragua sigue Venezuela. Vivan Nicaragua y Venezuela libres.