Durante cuatro meses de una supuesta cuarentena estricta, el Congreso aprobó al Ejecutivo recursos por más de catorce mil millones de quetzales, solo para el manejo de la pandemia. Además extendió, seis veces y sin mayores reparos, un estado de calamidad que permitirían al gobierno restringir libertades civiles como la locomoción, el comercio y la economía, mientras disponía de forma expedita de los recursos aprobados para tratar la crisis ¿Qué hizo el gobierno con esto?

Guatemala registró oficialmente el primer caso de Coronavirus el 13 de marzo de 2020 y las medidas de contención para la pandemia entraron en vigencia el 17 de marzo. Desde ese día hasta el 27 de julio, el país implementó, las medidas de restricción más severas del continente, junto con Honduras y Argentina, según el Government Response Stringency Index realizado por la Universidad de Oxford. Al menos en papel…

Durante esos cuatro meses de una supuesta cuarentena estricta, el Congreso aprobó al Ejecutivo recursos por más de catorce mil millones de quetzales, solo para el manejo de la pandemia. Además extendió, seis veces y sin mayores reparos, un estado de calamidad que permitirían al gobierno restringir libertades civiles como la locomoción, el comercio y la economía, mientras disponía de forma expedita de los recursos aprobados para tratar la crisis.

¿Qué hizo el gobierno con esto?

Es cierto que no se puede atribuir toda la crisis al presidente Giammattei y sus funcionarios, pues es iluso pedir milagros a una institucionalidad que por años ha sido desmantelada por la mafia.

Pero ante la inminente crisis multisistémica que viene con una pandemia, había ciertas tareas indispensables y posibles en las que el gobierno debía haber volcado todos sus esfuerzos; pero no lo hizo, o no lo hizo con la eficiencia necesaria. Y allí radica la gran falta de responsabilidad de este gobierno.

Un ejemplo de esto, son los vergonzosos porcentajes de ejecución de los tres Decretos aprobados por el Congreso para atención a la pandemia. El Decreto 12-2020 tiene un porcentaje de ejecución de apenas 17%, el del Decreto 13-2020 de 39% y el del Decreto 20-2020 es de un mísero 8%.

Desglosando los rubros de los programas específicos de cada Decreto, la falta de ejecución en temas relacionados a los servicios de salud es preocupante.

En el Decreto 20-2020, el rubro de infraestructura en salud presenta un 0% de ejecución, en el rubro de adquisición de ventiladores, pruebas y equipo de protección personal la ejecución es de apenas un 4%. Esto probablemente explica los problemas que se han ventilado en los medios sobre falta de insumos y de falta de pago de salarios al personal de salud en hospitales temporales. En el Decreto 12-2020, el programa de remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud presenta una ejecución de apenas 16%.

Por otra parte, en el Decreto 13-2020, el bono familia y el fondo de protección al empleo, programas clave para paliar temporalmente la crisis económica, tienen una ejecución de 33% y 40%; mientras que en el Decreto 20-2020, el proyecto para la reactivación económica tiene una ejecución del 0%. Esto cuando estamos a las puertas de la oficial e inminente reactivación de la actividad económica.

Por su parte, los hospitales temporales para COVID-19 en el Parque de la Industria, Villa Nueva, Quetzaltenango, Petén, Zacapa y Escuintla han ejecutado un 15.41% del presupuesto que tiene asignado.

El Ministerio de Salud, ente clave para la gestión de la crisis sanitaria, apenas ha ejecutado un 11.85% del presupuesto que le fue asignado para el 2020; esto cuando estamos a punto de terminar el séptimo mes del año y en medio de las constantes quejas del personal de salud por falta de insumos y sobrecarga de trabajo.

La falta de ejecución presupuestaria, a estas alturas del año y de la pandemia, es una muestra de la mediocridad y la burocracia formada por años; pero también una muestra de la mediocridad de este gobierno, que, entre otras cosas, mantuvo en el cargo muchísimo más tiempo del que debía, a un ministro de salud que claramente no tenía las calificaciones para ocupar el puesto. También es una muestra terrible de arrogancia de parte de un gobierno que fue incapaz de asesorarse adecuadamente para lograr ejecutar los fondos que tenían disponibles.

Esta semana el presidente Giammattei anunció un enredado proceso de reactivación económica, mientras goza de muy poca popularidad y credibilidad; de hecho, se encuentra en el décimo sexto lugar de 19 mandatarios de América medidos por la firma Mitofsky, con una caída de 26 puntos respecto de la última medición.

Muy por arriba del presidente Giammattei se encuentran Nayib Bukele de El Salvador en el primer lugar, Martín Vizcarra de Perú en el segundo lugar, Alberto Fernández de Argentina en el cuarto lugar y Juan Orlando Hernández de Honduras en el sexto lugar; todos presidentes seriamente cuestionados de países que han tomado medidas de cierre similares en severidad a las de Guatemala y con resultados sobre el manejo de la pandemia igual de negativos.

Difícil explicar en este momento por qué el presidente Giammattei es mucho más impopular que sus pares, en países que enfrentan similares a la de Guatemala durante la pandemia. Especulando un poco, es probable que los múltiples errores en la estrategia de comunicación del gobierno, la poca firmeza que transmitió cuando hablaba de implementar las medidas de contención y la percepción generada de ser errático en sus decisiones, han afectado la imagen del Presidente. Esto a tan solo seis meses de haber iniciado su período presidencial.

Cualquiera pensaría, con algo de razón, que es atrevido criticar desde la comodidad de un artículo de opinión, a un gobierno que atraviesa una pandemia; sin embargo, viendo la obvia inoperancia y la experiencia de otros países, no es tan difícil considerar que ni siquiera las pocas cosas que un gobierno puede hacer para atender una pandemia se hicieron.

El primer caso de Coronavirus en Estados Unidos fue detectado en Seattle el 15 de enero y para América Latina, el primer caso fue detectado en Brasil el 26 de febrero. Guatemala tuvo al menos un mes antes de su primer caso y luego cuatro meses de paralización del país para ponerse en alerta y comenzar a preparar el terreno para intentar gestionar de mejor manera la crisis. Detener una pandemia es muy difícil (imposible dirían algunos) pero navegarla con dignidad era lo correcto.

Como mínimo, era necesario comprar suficientes pruebas en el complicado mercado internacional, instalar un sistema eficiente de testeo para detección y seguimiento de los casos, implementar un sistema eficiente de procesamiento de datos, equipar oportuna y adecuadamente los hospitales temporales y servicios de salud prexistentes, comprar equipo e insumos para el personal de salud y para los hospitales, contratar personal de salud específicamente para la pandemia e implementar una campaña masiva de información para que la gente aprendiera a cuidarse.

La experiencia de Guatemala y de América Latina con el Coronavirus, nos demostrará nuevamente que el tercer mundo no se llama así solo por la falta de desarrollo económico, sino también por la falta de desarrollo institucional.

Perdimos miserablemente cuatro meses de supuesto encierro, un tiempo en el que debimos prepararnos física y mentalmente para lo que se viene. Hoy, el encierro es insostenible y nos enfrentamos más desamparados que nunca a un proceso de apertura gradual de la economía, de aumento de los contagios y probablemente de las muertes.

¡Sálvese quien pueda!

En mayo, América Latina fue declarada el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19. Ya somos la región del mundo con más nuevos contagios.

En la última semana de mayo, América Latina fue declarada el epicentro mundial de la pandemia del Covid-19. Esta alarmante declaración se hizo porque ya somos la región del mundo con más nuevos contagios; y porque los datos reales de contagio y muertes son mucho más altos que los datos oficiales.

En Brasil y en México la pandemia está fuera de control. En Venezuela y Nicaragua también; aunque esas dictaduras escondan y nieguen los datos. En Argentina el gobierno miente y abusa; y en Bolivia el ministro de salud se dedicaba a la corrupción. Ecuador y Perú luchan con gran dificultad para controlar el contagio.

En Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, aunque tomaron medidas drásticas desde el principio, el contagio avanza a una velocidad que preocupa a sus gobiernos.

Lo grave de esta crisis es que apenas estamos en los primeros minutos del primer tiempo y ya son evidentes las desgracias en la salud y la catástrofe en la economía. Estas son las consecuencias de una pandemia.

Al tiempo en que la ciencia y la medicina aprenden sobre el virus, algunos gobiernos abandonaron a sus pueblos a su suerte; otros, para evitar el colapso hospitalario, están haciendo largos encierros y deprimiendo las economías para bajarlas a los niveles en que están sus hospitales; arruinados e inservibles.

Los gobiernos que están aterrados con la pandemia y la impopularidad escogen poner candado a sus economías sin darse cuenta que provocarán más muertes por hambre que por fiebre.

Los encierros en la primera etapa de la pandemia fueron indispensables y salvaron a millones del contagio; pero esto es más cierto en países desarrollados, donde tienen los recursos y el espacio fiscal para subsidiar a su gente.

En América Latina más de la mitad de los adultos trabajan en la informalidad. Con el fruto de su trabajo por la mañana comen por la tarde. Esos 150 millones de seres humanos no han hecho un solo día de cuarentena; y si les imponen limitaciones para comer, las consecuencias son impredecibles.

En el campo y en las ciudades del interior de los países de nuestro continente son pequeños grupos los que practican algunas medidas de protección. Las grandes mayorías no lo hacen porque no tienen recursos. Se ven obligados a trabajar, asumiendo riesgos, para alimentar a sus familias.

Muchos gobiernos están imponiendo medidas severas en los centros urbanos y a la economía formal; donde están la mayor parte de la producción nacional pero la menor parte de la población trabajadora. No se enteran que están destruyendo sus economías, empobreciendo a sus pueblos; poniendo en riesgo la estabilidad democrática.

América Latina no tiene los recursos para mantener a su gente encerrada y mucho menos hará rescates de empresas privadas. La región esta obligada a encontrar la forma de enfrentar la pandemia sin matar de hambre a su gente. Cada día está más claro que los países que están destruyendo sus economías por malas decisiones de gobierno enfrentarán dos catástrofes a la vez. Solo hay que ver que en estos primeros minutos de la pandemia ya nos encontramos en medio de economías devastadas, con el desempleo y la pobreza aumentando de forma exponencial; y la pandemia no se detiene.

Las economías y la situación financiera de América Latina estaban débiles antes la crisis. Si no encontramos un equilibrio aceptable para convivir con el virus, vamos a terminar con empresas, bancos y Estados quebrados; y con el mismo número de contagios.

La pandemia ha dado a los gobiernos poderes extraordinarios; y en general, los pueblos, por miedo, ignorancia o represión, lo están soportando; pero la devastación económica y la catástrofe social que provocará seguir asfixiando las fuentes de sustento diario no tienen precedente en la historia de América Latina.

Ahora bien, aunque las economías estén abiertas, el temor al contagio las limita y las golpea. Tomará tiempo recuperar la confianza; pero que sea la gente quien lo decida. La opción realista e inteligente para los gobiernos es confiar en los ciudadanos, respetar sus libertades, apelar a su responsabilidad y compartir las consecuencias de la fuerza destructiva de una pandemia que es más grande que nosotros.

Hay suficiente consenso entre expertos del mundo respecto a que en países subdesarrollados es imposible detener el contagio. Seguirá aumentando, aunque impongan severos encierros. Con la reapertura de las economías el contagio subirá aún más y los gobiernos tendrán la tentación de volver a cerrar, cayendo en un juego peligroso y hasta mortal pues la devastación económica que esto provocaría sería catastrófica.

Los gobiernos no deben tratar a los pueblos como laboratorios de prueba y error. Estamos hablando de seres humanos, en medio de una pandemia. Es cierto que tener las economías abiertas presenta riesgos para la salud, pero cerrarlas es una condena a muerte segura; por eso, después de más de 3 meses, las cuarentenas deben ser voluntarias y los toques de queda se deben eliminar. Provocan más daño del que pretenden evitar.

Tal vez nunca sabremos cual es el camino ideal para enfrentar esta pandemia; pero los 4.500 millones de años de vida humana nos dicen que siempre fueron la iniciativa personal, la responsabilidad , la libertad individual y el instinto por sobrevivir los valores que salvaron al ser humano. Una de las lecciones que, me parece, debemos aprender de esta crisis, es que nuestra soberbia nos hizo creer que teníamos dominada la naturaleza; esta plaga nos hizo ver que la naturaleza tiene secretos que nos pueden destruir.

Con la misma humildad que la especie humana puede superar esta pandemia, los gobiernos deben aceptar sus limitaciones y reconocer la necesidad imperiosa de tener a los ciudadanos como sus mejores aliados y no como privados de libertad a los que de todas formas no pueden proteger.

Por eso es tan importante un liderazgo ejemplar por parte de los gobiernos. Un liderazgo que conecte con la gente y comunique, con claridad y efectividad, el plan que responde a la estrategia para cuidar nuestra salud y resolver nuestro diario vivir. América Latina necesita hoy, más que nunca, gobiernos que confían en sus ciudadanos, que conocen y entienden sus necesidades; y, sobre todo, gobiernos que respetan sus libertades

Cuando en el futuro se escriba la historia de esta pandemia, las naciones que la contarán con pérdidas más bajas y menos dolor serán aquellas en las que los gobiernos dejaron a sus ciudadanos en libertad para decidir, aquellas en las que los ciudadanos lucharon al lado de sus gobiernos para cuidar la salud y el sustento de su gente; serán aquellas en las que privó la confianza , el respeto y la solidaridad entre hermanos.

La métrica del éxito es aprender a cuidarnos y evitar al máximo las muertes.

A la mayoría de naciones de América Latina, la pandemia les cayó con democracias fatigadas, sin recursos y sin líderes que den la talla para enfrentar una crisis  de a magnitud que está provocando el Covid-19; un virus al que algunos presidentes le suman rasgos autoritarios y medidas que están causando más daño que la misma pandemia.

Por eso, pensar que la salud de la gente y la economía estén en manos de políticos; como el virus, es motivo de pánico.

Los gobiernos sienten la responsabilidad y toman las medidas que creen convenientes. Se equivocan con frecuencia y más en países sin recursos y con sistemas de salud que estaban destrozados antes de la crisis por los mismos políticos y sus mafias.

Pero en una pandemia, aunque no queramos, el Estado debe recuperar de inmediato su relevancia, subir el estándar, estar a la altura y asumir la responsabilidad; al lado de los ciudadanos y con los ciudadanos. Confiando en ellos, respetando sus derechos y libertades.

Por eso, con más razón, los ciudadanos responsables y libres somos la parte importante de la defensa y la solución a la crisis; y los mejores aliados de los gobiernos.

Después de varios meses de pandemia, seguimos buscando razones y sentido a esta locura; un esfuerzo en el que no estamos solos, pues, científicos de todas las ciencias y artes están en lo mismo y siguen con las mismas dudas que todos tenemos: ¿qué tan contagioso es el virus realmente?, ¿por qué a algunos les hace tanto daño, o incluso los mata?, ¿qué medicinas funcionan?, ¿cuándo estará la vacuna?, ¿por qué tanta gente no tiene síntomas?, ¿hay inmunidad después del contagio?

La falta de respuestas claras y convincentes genera miedo; otro virus malo para la salud. En todas las pandemias de la historia, hasta que pasan, los contagios suben y bajan en gradas, pero los números siempre van para arriba. Cuando se controlan, después de un tiempo,  vienen  la  segunda y la tercera ola de contagios; y no queda alternativa que enfrentarlas hasta que llegue la inmunidad. Por contagio superado o por vacuna.

Se entiende que los gobiernos de países subdesarrollados quieran evitar que los hospitales colapsen; pero las pandemias no perdonan y los encierros son condenas a muerte por hambre. La gente saldrá a buscarse la vida y deberá defenderla contra el virus. Por eso, la métrica con que los gobiernos miden el éxito no puede ser la tendencia del contagio porque ésta siempre va para arriba; y si la quieren bajar con encierros largos y toques de queda hacen más daño del que quieren evitar.

La métrica del éxito es aprender a cuidarnos y evitar al máximo las muertes. ¿cuánto tiempo usamos cada día para informarnos sobre la pandemia y el virus, sobre las tendencias, los modelos y las proyecciones de contagio; o las muertes? Lo que está claro es que no podemos encerrarnos dos años. Tendremos que aprender a vivir con el virus al mismo tiempo que continuamos con la vida. Y mientras llega la inmunidad, cuidar la salud al mismo tiempo que trabajamos para sobrevivir será el reto que debemos enfrentar.

La paradoja es que esto es hoy una contradicción, y, además, una amenaza; pero ¿qué opción tenernos? Los científicos también coinciden cada día más en que la única opción es vivir y trabajar cuidando nuestra salud.

La lección más grande de esta crisis se llama humildad. No estamos a la altura para enfrentar a la Madre Naturaleza. En 4.500 millones de años, las ha ganado todas. Lo que sí está en nuestras manos es enfrentar esta crisis con dignidad, unidad y solidaridad. Con respeto, responsabilidad y decisión para convertir sociedades fracturadas y mal gobernadas en países resilientes; y espero, porque será más necesario que nunca, en naciones económicamente integradas. Este debe ser el futuro para la América Central.

Muchos sostienen hoy en día que la región centroamericana se ha convertido en una molestia para nuestros vecinos desarrollados del norte por los problemas de narcotráfico y migración ilegal. Sin embargo, la preocupación de los Estados Unidos por la región del istmo no es nueva y data, por lo menos, de hace más de un siglo.

A inicios del siglo XX, la política exterior estadounidense dio un viraje prácticamente inédito desde su independencia y sus inicios republicanos con la llamada “Doctrina Monroe”, que básicamente defendía el aislacionismo y la neutralidad en sus relaciones internacionales. Esta política exterior funcionó (con excepciones) durante prácticamente todo el siglo XIX, pero gracias a la segunda revolución industrial y a la consolidación de la expansión al oeste, Estados Unidos se terminó de establecer como una potencia emergente en el concierto de naciones y viejos imperios europeos que dominaron el mundo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La agresiva diplomacia de Theodore Roosevelt permitió, en 1903, el acuerdo sobre la construcción del Canal de Panamá, que significó para Estados Unidos alcanzar una importancia comercial y estratégica y una ventaja económica sobre el resto de potencias[1]. De manera que el contexto histórico de este período es la llamada “política del garrote”, propuesta en el “Corolario Roosevelt”, y elaborada por el 26º presidente de los Estados Unidos durante su discurso del Estado de la Unión en 1904, y que era básicamente una enmienda a la Doctrina Monroe, pues proponía que los territorios de América Latina y el Caribe, formaban parte del área de interés de los Estados Unidos[2].

En este contexto, Centroamérica vivía un período de gran inestabilidad política, producto de las constantes rebeliones armadas y golpes de Estado de caudillos de todo signo que deponían y erigían presidencias efímeras a lo interno de los países. Pero también, entre las propias naciones del istmo, ocurrieron enfrentamientos armados como la incursión del presidente salvadoreño Tomás Regalado en Guatemala en 1906 denominada “Guerra del Totoposte”[3] que fue disuadida exitosamente por el régimen de Manuel Estrada Cabrera.

En un intento por apaciguar a la región centroamericana y procurar cierta gobernabilidad,  se llevaron a cabo los pactos de Washington de 1907, a través del Sistema de convivencia e integración de los países centroamericanos (propiciados también por México), que comprometieron a Centroamérica a una serie de medidas para preservar la paz en la región.

Desde ese entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política y el caos de la vecindad centroamericana constituyen una preocupación para el país del norte. Los logros más importantes de la Conferencia de Washington de 1907[4] fueron, en primer orden, la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, el compromiso de las naciones centroamericanas que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los maestros de la región.

A pesar de que estos mecanismos no fueron del todo operantes, muchos historiadores sostienen que marcaron el fin de las guerras intestinas entre las naciones del istmo[5]. Adicionalmente, aunque el compromiso de 1907 también incluyó cláusulas para evitar las reelecciones y lograr la instauración de gobiernos electos democráticamente, eso no evitó que en Guatemala, por ejemplo, se estableciera una de las tiranías más largas de su historia republicana como lo fue la de Manuel Estrada Cabrera que pudo perpetuarse sin mayores problemas en el poder hasta su derrocamiento en 1920.

Como era de esperarse con este tipo de “recetas” institucionales impuestas desde afuera, a partir de 1914, este sistema de integración entró en crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General de Paz y Amistad[6], donde se mantenían las cláusulas principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte y sincero por parte de las naciones centroamericanas para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que la llevó inexorablemente a su extinción.

Posteriormente ha habido otros intentos de los Estados Unidos en subsanar los problemas institucionales de la región centroamericana, como por ejemplo la “Alianza para el Progreso” (ALPRO) durante el gobierno de John F. Kennedy a inicios de los sesenta, como un intento de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en la región. Y, por supuesto, en la década de los ochentas durante la administración de Ronald Reagan la llamada “Iniciativa de la Cuenca Caribe” y el célebre “Informe Kissinger” que se planteaban objetivos aún más ambiciosos como la integración de las economías regionales al mercado norteamericano, así como una agenda global hacia Centroamérica que contara con el consenso político estadounidense que frenara la violencia política en el istmo producto de los conflictos armados[7].

En el presente muchos creen que el hecho de que la migración ilegal pasó a ser un tema central de la política interna de los Estados Unidos en los últimos años y que varios políticos latinoamericanos como Ricardo Martinelli, Mario Estrada, Manuel Baldizón, Genaro García Luna, Alejandro Toledo, Diosdado Cabello, entre otros; sean sancionados, solicitados, aprehendidos y procesados por la justicia estadounidense (al igual que sus testaferros y familiares implicados en corrupción y narcotráfico); es un signo unívoco de una intención del país del norte por “sanear” las instituciones y los sistemas políticos latinoamericanos, caen en un inmenso error.

Si no hay una intención concertada por parte de nuestras propias élites latinoamericanas en apegarse a una agenda de reforma institucional que garantice la independencia judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho y (parece mentira que aún haya que decirlo) el respeto a las reglas del juego democráticas, no habrá salida posible al subdesarrollo.

Los grandes cambios históricos raras veces vienen dados por designios o por imposiciones top-down de agentes externos, sino por un cambio en las condiciones sociales y materiales que definen el espíritu de un tiempo.

¿Seremos capaces los latinoamericanos de este generación de asumir el reto de transformar nuestras instituciones o seguiremos esperando que vengan otros a ordenarnos la casa?

[1] Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza Editorial. 1990. Pp. 253-254

[2] El interés de los EEUU por América Latina y el Caribe no tuvo que ver exclusivamente con el Canal de Panamá, sino también con la Guerra de Independencia de Cuba frente a España (1895-1898) y el Bloqueo Naval a Venezuela por potencias europeas en 1902-1903. De manera que también era una forma de “impedir” la hegemonía europea en esta parte del hemisferio.

[3] Luján Muñoz, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. Fondo de Cultura Económica. 2018. Pp. 177

[4] “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf

[5] Luján Muñoz, Jorge. Ídem.

[6] “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/pac_28051927.pdf

[7] Pérez Brignoli, Héctor. Ob Cit. Pp. 160

Muchos sostienen hoy en día que la región centroamericana se ha convertido en una molestia para nuestros vecinos desarrollados del norte por los problemas de narcotráfico y migración ilegal. Sin embargo, la preocupación de los Estados Unidos por la región del istmo no es nueva y data, por lo menos, de hace más de un siglo.

A inicios del siglo XX, la política exterior estadounidense dio un viraje prácticamente inédito desde su independencia y sus inicios republicanos con la llamada “Doctrina Monroe”, que básicamente defendía el aislacionismo y la neutralidad en sus relaciones internacionales. Esta política exterior funcionó (con excepciones) durante prácticamente todo el siglo XIX, pero gracias a la segunda revolución industrial y a la consolidación de la expansión al oeste, Estados Unidos se terminó de establecer como una potencia emergente en el concierto de naciones y viejos imperios europeos que dominaron el mundo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La agresiva diplomacia de Theodore Roosevelt permitió, en 1903, el acuerdo sobre la construcción del Canal de Panamá, que significó para Estados Unidos alcanzar una importancia comercial y estratégica y una ventaja económica sobre el resto de potencias[1]. De manera que el contexto histórico de este período es la llamada “política del garrote”, propuesta en el “Corolario Roosevelt”, y elaborada por el 26º presidente de los Estados Unidos durante su discurso del Estado de la Unión en 1904, y que era básicamente una enmienda a la Doctrina Monroe, pues proponía que los territorios de América Latina y el Caribe, formaban parte del área de interés de los Estados Unidos[2].

En este contexto, Centroamérica vivía un período de gran inestabilidad política, producto de las constantes rebeliones armadas y golpes de Estado de caudillos de todo signo que deponían y erigían presidencias efímeras a lo interno de los países. Pero también, entre las propias naciones del istmo, ocurrieron enfrentamientos armados como la incursión del presidente salvadoreño Tomás Regalado en Guatemala en 1906 denominada “Guerra del Totoposte”[3] que fue disuadida exitosamente por el régimen de Manuel Estrada Cabrera. O el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Bonilla, movimiento que fue apoyado logística, humana y financieramente por el presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, en 1907.  

En un intento por apaciguar a la región centroamericana y procurar cierta gobernabilidad,  se llevaron a cabo los pactos de Washington de 1907, a través del Sistema de convivencia e integración de los países centroamericanos (propiciados también por México), que comprometieron a Centroamérica a una serie de medidas para preservar la paz en la región.

Desde ese entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política y el caos de la vecindad centroamericana constituyen una preocupación para el país del norte. Los logros más importantes de la Conferencia de Washington de 1907[4] fueron, en primer orden, la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, el compromiso de las naciones centroamericanas que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los maestros de la región.

A pesar de que estos mecanismos no fueron del todo operantes, muchos historiadores sostienen que marcaron el fin de las guerras intestinas entre las naciones del istmo[5]. Adicionalmente, aunque el compromiso de 1907 también incluyó cláusulas para evitar las reelecciones y lograr la instauración de gobiernos electos democráticamente, eso no evitó que en Guatemala, por ejemplo, se estableciera una de las tiranías más largas de su historia republicana como lo fue la de Manuel Estrada Cabrera que pudo perpetuarse sin mayores problemas en el poder hasta su derrocamiento en 1920.

Como era de esperarse con este tipo de “recetas” institucionales impuestas desde afuera, a partir de 1914, este sistema de integración entró en crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General de Paz y Amistad[6], donde se mantenían las cláusulas principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte y sincero por parte de las naciones centroamericanas para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que la llevó inexorablemente a su extinción.

Posteriormente ha habido otros intentos de los Estados Unidos en subsanar los problemas institucionales de la región centroamericana, como por ejemplo la “Alianza para el Progreso” (ALPRO) durante el gobierno de John F. Kennedy a inicios de los sesenta, como un intento de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en la región. Y, por supuesto, en la década de los ochentas durante la administración de Ronald Reagan la llamada “Iniciativa de la Cuenca Caribe” y el célebre “Informe Kissinger” que se planteaban objetivos aún más ambiciosos como la integración de las economías regionales al mercado norteamericano, así como una agenda global hacia Centroamérica que contara con el consenso político estadounidense que frenara la violencia política en el istmo producto de los conflictos armados[7].

En el presente muchos creen que el hecho de que la migración ilegal pasó a ser un tema central de la política interna de los Estados Unidos en los últimos años y que varios políticos latinoamericanos como Ricardo Martinelli, Mario Estrada, Manuel Baldizón, Genaro García Luna, Alejandro Toledo, Diosdado Cabello, entre otros; sean sancionados, solicitados, aprehendidos y procesados por la justicia estadounidense (al igual que sus testaferros y familiares implicados en corrupción y narcotráfico); significa un signo unívoco de una intención del país del norte por “sanear” las instituciones y los sistemas políticos latinoamericanos, pero lamentablemente, caen en un inmenso error y en una incompresión histórica.

Si no hay una intención concertada por parte de nuestras propias élites latinoamericanas en apegarse a una agenda de reforma institucional que garantice la independencia judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho y (parece mentira que aún haya que decirlo) el respeto a las reglas del juego democráticas, no habrá salida posible al subdesarrollo.

Los grandes cambios históricos raras veces vienen dados por designios o por imposiciones top-down de agentes externos, sino por un cambio en las condiciones sociales y materiales que definen el espíritu de un tiempo.

¿Seremos capaces los latinoamericanos de este generación de asumir el reto de transformar nuestras instituciones o seguiremos esperando que vengan otros a ordenarnos la casa?

[1] Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza Editorial. 1990. Pp. 253-254

[2] El interés de los EEUU por América Latina y el Caribe no tuvo que ver exclusivamente con el Canal de Panamá, sino también con la Guerra de Independencia de Cuba frente a España (1895-1898) y el Bloqueo Naval a Venezuela por potencias europeas en 1902-1903. De manera que también era una forma de “impedir” la hegemonía europea en esta parte del hemisferio.

[3] Luján Muñoz, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. Fondo de Cultura Económica. 2018. Pp. 177

[4] “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf

[5] Luján Muñoz, Jorge. Ídem. [Sin embargo, habría que tomar en cuenta la llamada "Guerra del Fútbol" entre El Salvador y Honduras en 1969, que duró 4 días].

[6] “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/pac_28051927.pdf

[7] Pérez Brignoli, Héctor. Ob Cit. Pp. 160

El pecado de la actual magistratura constitucional

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2007, suspendió la extradición de autoridades militares señaladas de violaciones a los Derechos Humanos, reclamadas por España bajo el principio de la “jurisdicción universal”. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores durante la administración Morales; las suspensiones de actuaciones legislativas del Congreso en relación con las reformas al Código Penal del 2017, la Ley de Aceptación de Cargos en 2019 o la Ley de ONG’s del 2020; los casos sobre decisiones de política exterior en la crisis Gobierno-CICIG entre 2017 y 2019; y las resoluciones que han anulado y reconducido el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ a lo largo del último año. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.

El pecado de la actual magistratura constitucional

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2007, suspendió la extradición de autoridades militares señaladas de violaciones a los Derechos Humanos, reclamadas por España bajo el principio de la “jurisdicción universal”. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores durante la administración Morales; las suspensiones de actuaciones legislativas del Congreso en relación con las reformas al Código Penal del 2017, la Ley de Aceptación de Cargos en 2019 o la Ley de ONG’s del 2020; los casos sobre decisiones de política exterior en la crisis Gobierno-CICIG entre 2017 y 2019; y las resoluciones que han anulado y reconducido el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ a lo largo del último año. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.

El pasado viernes, 24 de julio, la CC resolvió en sentencia (expedientes acumulados 2187, 2189 y 2190-2020) el caso referente a la denuncia que se había planteado contra cuatro magistrados de la CC y que expliqué a detalle en otra entrada el 29 de junio.

La sentencia consta de 105 páginas en total. Quizás la Corte pudo resolver la cuestión en un espacio menor a considerar los temas centrales del conflicto. Las dos tesis que fundan la sentencia son: la independencia judicial del tribunal constitucional y la garantía del juez natural.

Primer punto: la independencia judicial

Sobre el primer punto ha corrido mucha tinta. Quizá las explicaciones ofrecidas hace días por los juristas Eduardo Mayora y Gabriel Orellana sean más didácticas que lo expresado en la CC.

En síntesis, lo resuelto por la CC se resume en que este tribunal tiene a su cargo la defensa del orden constitucional y en consecuencia es el intérprete último de esta. Por lo tanto, es inviable su enjuiciamiento por el mero criterio expresado en sus resoluciones. Al fin y al cabo, ¿quién habrá de conocer el caso y “determinar” el criterio vertido por el último intérprete constitucional se “adecuado” o no? ¿Un juez penal? Naturalmente, no.

Dicho esto, la CC recalca la jurisprudencia en materia de que, por las opiniones expresadas en las sentencias o resoluciones, no pueden ser perseguidos los magistrados de la CC. Esto parte de la interpretación que se ha hecho del artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC). Sobre el particular ya se ha formado doctrina legal y hace más de un año lo abordé en este espacio.

Ciertamente nuestra Constitución establece (artículo 165, h) que corresponde al Congreso retirar la inmunidad, entre otros, a los magistrados de la CC. Tal momento se da cuando la Corte Suprema de Justicia remita la denuncia que motive abrir un expediente de antejuicio contra los magistrados de la CC.

Sin embargo, por desarrollo jurisprudencial (a partir de los expedientes 2041-2003, 1188-2003 y 634-2005) la Corte Suprema debe rechazar las denuncias infundadas.  Eso debió hacer en el presente caso, pero no fue así. De modo que el acto de remitir esta denuncia al Congreso fue arbitrario por las razones expuestas.

La Corte de Constitucionalidad no dedica espacio a su sentencia a explicar (o justificar) su intervención teniendo en cuenta que los magistrados de este tribunal tienen un interés directo en la causa. No es la primera vez que tal situación ocurre.

El primer precedente en la materia lo constituye el expediente 313-1995 donde se denunció a los magistrados titulares y suplentes de la CC y finalmente un amparo promovido por un magistrado (Mynor Pinto) del mismo tribunal y resuelto por el mismo tribunal acabó enterrando la cuestión (fue el prmier “autoamparo”, como le llaman algunos).

Es claro que no existe otro tribunal competente para conocer un amparo contra un acto arbitrario de la Corte Suprema de Justicia. Podía haberse abordado la doctrina de la necesidad como se expuso en otro espacio o desarrollar algún hilo argumentativo al respecto, pero la Corte no lo hizo.

Segundo punto: la integración de la CSJ en el caso concreto

El segundo punto, referente a la garantía de juez natural, se relaciona con la forma irregular con la que se integró la CSJ al conocer el expediente en discusión. Resulta que los 12 magistrados titulares de la CSJ (son 13, pero por el caso Blanca Stalling actualmente solo hay 12) se inhibieron.

La Ley del Organismo Judicial, en su artículo 77 establece que en ese caso “serán llamados a integrarla [CSJ] los Presidentes de las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en su defecto, los vocales de dichos tribunales y por último, a los suplentes de éstos”.

Al leer la resolución de la Corte Suprema de Justicia se puede notar que el proceso no se respetó. En la capital hay 27 salas de Corte de Apelaciones, de modo que tuvo que llamarse a los 27 presidentes de estas salas y, en caso de su inhibitoria, llamar a los de la provincia.

Sin embargo, en el expediente del antejuicio no hay prueba de que tal cosa hubiere sucedido. La Corte se integró con magistrados de salas de la provincia irrespetando el proceso señalado en la ley. Una ilegalidad bastante burda.

Conclusión

Lo anterior resume de la forma más breve posible la cuestión jurídica. Pero el caso tiene implicaciones políticas, ya que esto trae como consecuencia que todo lo actuado desde que la Corte Suprema de Justicia remitiera el antejuicio al Congreso sea inválido. De este modo, el conflicto entre el Congreso y la CC debería bajar de decibeles.

Existe la posibilidad de que algunas voces irresponsablemente que clamen por desobedecer lo resuelto por la CC. Ya hemos pasado por ahí en tiempos recientes. Los clásicos argumentos formalistas decionómicos sugieren algunas lecturas para ir en esta vía.

Por el bien del país, esperemos que la cuestión quede zanjada como razonablemente lo hace la sentencia de la CC y que la atención vuelva a la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones que deben ser prioridad en estos momentos.

El pasado viernes, 24 de julio, la CC resolvió en sentencia (expedientes acumulados 2187, 2189 y 2190-2020) el caso referente a la denuncia que se había planteado contra cuatro magistrados de la CC y que expliqué a detalle en otra entrada el 29 de junio.

La sentencia consta de 105 páginas en total. Quizás la Corte pudo resolver la cuestión en un espacio menor a considerar los temas centrales del conflicto. Las dos tesis que fundan la sentencia son: la independencia judicial del tribunal constitucional y la garantía del juez natural.

Primer punto: la independencia judicial

Sobre el primer punto ha corrido mucha tinta. Quizá las explicaciones ofrecidas hace días por los juristas Eduardo Mayora y Gabriel Orellana sean más didácticas que lo expresado en la CC.

En síntesis, lo resuelto por la CC se resume en que este tribunal tiene a su cargo la defensa del orden constitucional y en consecuencia es el intérprete último de esta. Por lo tanto, es inviable su enjuiciamiento por el mero criterio expresado en sus resoluciones. Al fin y al cabo, ¿quién habrá de conocer el caso y “determinar” el criterio vertido por el último intérprete constitucional se “adecuado” o no? ¿Un juez penal? Naturalmente, no.

Dicho esto, la CC recalca la jurisprudencia en materia de que, por las opiniones expresadas en las sentencias o resoluciones, no pueden ser perseguidos los magistrados de la CC. Esto parte de la interpretación que se ha hecho del artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC). Sobre el particular ya se ha formado doctrina legal y hace más de un año lo abordé en este espacio.

Ciertamente nuestra Constitución establece (artículo 165, h) que corresponde al Congreso retirar la inmunidad, entre otros, a los magistrados de la CC. Tal momento se da cuando la Corte Suprema de Justicia remita la denuncia que motive abrir un expediente de antejuicio contra los magistrados de la CC.

Sin embargo, por desarrollo jurisprudencial (a partir de los expedientes 2041-2003, 1188-2003 y 634-2005) la Corte Suprema debe rechazar las denuncias infundadas.  Eso debió hacer en el presente caso, pero no fue así. De modo que el acto de remitir esta denuncia al Congreso fue arbitrario por las razones expuestas.

La Corte de Constitucionalidad no dedica espacio a su sentencia a explicar (o justificar) su intervención teniendo en cuenta que los magistrados de este tribunal tienen un interés directo en la causa. No es la primera vez que tal situación ocurre.

El primer precedente en la materia lo constituye el expediente 313-1995 donde se denunció a los magistrados titulares y suplentes de la CC y finalmente un amparo promovido por un magistrado (Mynor Pinto) del mismo tribunal y resuelto por el mismo tribunal acabó enterrando la cuestión (fue el prmier “autoamparo”, como le llaman algunos).

Es claro que no existe otro tribunal competente para conocer un amparo contra un acto arbitrario de la Corte Suprema de Justicia. Podía haberse abordado la doctrina de la necesidad como se expuso en otro espacio o desarrollar algún hilo argumentativo al respecto, pero la Corte no lo hizo.

Segundo punto: la integración de la CSJ en el caso concreto

El segundo punto, referente a la garantía de juez natural, se relaciona con la forma irregular con la que se integró la CSJ al conocer el expediente en discusión. Resulta que los 12 magistrados titulares de la CSJ (son 13, pero por el caso Blanca Stalling actualmente solo hay 12) se inhibieron.

La Ley del Organismo Judicial, en su artículo 77 establece que en ese caso “serán llamados a integrarla [CSJ] los Presidentes de las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en su defecto, los vocales de dichos tribunales y por último, a los suplentes de éstos”.

Al leer la resolución de la Corte Suprema de Justicia se puede notar que el proceso no se respetó. En la capital hay 27 salas de Corte de Apelaciones, de modo que tuvo que llamarse a los 27 presidentes de estas salas y, en caso de su inhibitoria, llamar a los de la provincia.

Sin embargo, en el expediente del antejuicio no hay prueba de que tal cosa hubiere sucedido. La Corte se integró con magistrados de salas de la provincia irrespetando el proceso señalado en la ley. Una ilegalidad bastante burda.

Conclusión

Lo anterior resume de la forma más breve posible la cuestión jurídica. Pero el caso tiene implicaciones políticas, ya que esto trae como consecuencia que todo lo actuado desde que la Corte Suprema de Justicia remitiera el antejuicio al Congreso sea inválido. De este modo, el conflicto entre el Congreso y la CC debería bajar de decibeles.

Existe la posibilidad de que algunas voces irresponsablemente que clamen por desobedecer lo resuelto por la CC. Ya hemos pasado por ahí en tiempos recientes. Los clásicos argumentos formalistas decionómicos sugieren algunas lecturas para ir en esta vía.

Por el bien del país, esperemos que la cuestión quede zanjada como razonablemente lo hace la sentencia de la CC y que la atención vuelva a la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones que deben ser prioridad en estos momentos.

Una comparación entre pares centroamericanos

Un análisis comparativo entre los países centroamericanos permite evaluar el comportamiento de la pandemia entre los pares de la región, e identificar las fortalezas y los retos de cada Estado.

Desde el inicio de la pandemia, Honduras ha sido el país más golpeado por el Covid-19 en Centroamérica, al tener el número más alto de “casos totales por millón de habitantes”. Mientras Honduras presenta una tasa de 3,416 casos por millón de habitantes, Costa Rica se encuentra en 2,181, Guatemala en 2,158 y El Salvador en 1,896 casos por millón.

El caso costarricense es interesante. Mientras el país tico logró controlar la velocidad de la pandemia desde finales de abril, y mantuvo una tendencia de pocos casos entre mayo y junio, a partir del 1 de julio, la situación de Costa Rica se ha tornado más compleja. El número de casos y de fallecidos se ha cuatriplicado en los últimos 20 días, y presenta ya la segunda tasa más alta de casos totales por millón de habitantes en la región.

Costa Rica vive entonces lo que podríamos llamar la “segunda ola” de contagios. Y esta segunda ola, muestra una tendencia mucho más acelerada y letal que la primera

No obstante, el éxito de Costa Rica radica en la tasa de fatalidad (relación de fallecidos por número de casos). Mientras la tasa de fatalidad de Costa Rica se encuentra en 0.56%, Honduras presenta una tasa de fatalidad de 2.66%; El Salvador tiene una tasa de fatalidad de 2.90% y Guatemala de 3.84%. Guatemala es el país con mayor relación de fallecidos por número de casos totales. Y lo que resulta más alarmante, es que prácticamente desde mediados de junio, la tasa de fatalidad se encuentra entorno al 4%, siendo la más alta de la región.

Honduras, en cambio, logró mejorar su relación de fallecidos sobre casos conforme avanzó la pandemia. Entre marzo y junio, los catrachos mantuvieron una tasa de fatalidad por encima del 4%, llegando a un alarmante 6% hacia finales de mayo. No obstante, desde mediados de junio a la fecha, Honduras ha logrado mantener una tendencia a la baja de su tasa de fatalidad. Esto, en términos prácticos, implica que aún si el número de nuevos casos sigue creciendo, estos casos no se están traduciendo en fallecidos con la misma velocidad que ocurrió hacia el inicio de la pandemia. 

El Salvador es un caso interesante, dado que es el país con mayor estabilidad en sus números. Dado el incremento de casos recientes en Costa Rica, El Salvador se ha convertido en el país centroamericano con la tasa más baja de casos por millón de habitantes, al tiempo que es el país que más testeos realiza, con una tasa de 30,800 pruebas por millón de habitantes (ningún otro país centroamericano, ni la misma Costa Rica, tiene una tasa de más de 8,000 pruebas por millón de habitantes). El Salvador también ha estabilizado su tasa de fatalidad en el tiempo. Y aunque mantiene una tendencia creciente en el número de nuevos casos diarios por millón de habitantes, es el país centroamericano con la tendencia de nuevos casos más baja durante los últimos 20 días.

Si se pregunta por qué no se ha mencionado a Nicaragua hasta ahora. Sencillo, los datos nicaragüenses presentan demasiadas inconsistencias en cuanto a la periodicidad de reportes como para tomarlos como fuente de referencia. Aunque, vale la pena señalar, que conforme los días han pasado, los datos oficiales del Gobierno de Ortega se asemejan cada vez más a las mediciones independientes que realizan grupos de sociedad civil -como el Observatorio Ciudadano- lo que podría indicar que poco a poco esos datos quizá se tornan un poco más certeros. Aunque de momento, la duda permanece.