Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción.

Los gobiernos de la República de Guatemala en los últimos años han requerido apoyo internacional de Naciones Unidas, materializado con la instauración de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La finalidad inicial fue la de apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, logrando su desmantelamiento, aun cuando ha venido asumiendo también funciones relacionados a la investigación criminal en casos de corrupción administrativa.

La necesidad por fortalecer al poder judicial para que pueda éste, en el futuro, seguir enfrentando a los cuerpos u aparatos ilegales como objetivo indirecto, no significa que sea algo menos importante. La cuestión está en que Guatemala ha devenido en un Estado infectado por la corrupción, en su vertiente de acaparamiento ilícito de bienes y de dinero por parte de ciertos detentadores del poder político y funcionarios en general.

En la actualidad, la organización “Transparencia Internacional”, ha creado un índice titulado “Corruption Perceptions Index”, en el que se evidencia según ciertas variables, la percepción de la corrupción a nivel mundial. Guatemala figura en el puesto 123 de 168 países analizados y de hecho, América Latina en su conjunto, no aparece muy bien en este ámbito, salvo por los casos de Uruguay y Chile.

Aunque la corrupción no es el único factor explicativo de la pobreza en América Latina, sí que cabe sostener que merma las oportunidades para la prosperidad, sin contar con el escaso interés que tales sistemas suscitan en el mundo empresarial internacional, quienes no dudarán un instante en no invertir en países contaminados con una corrupción generalizada.

La corrupción generalizada como se puede ver en las distintas órdenes de captura impartidas por el Ministerio Público, revela la existencia de un problema de Estado que va más allá de la persecución penal contra determinadas personas con flaquezas morales y escaso compromiso con su Nación. La comprensión del problema requiere de una despersonalización de la corrupción y de entender cuán importante es el elemento institucional. Si como se afirma, las instituciones dan mensajes[1], entonces la agudización de la corrupción revela un déficit en el funcionamiento institucional que requiere de atención ciudadana y política.

En tal sentido, debe destacarse que tal atención no puede desencadenar una “guerra”contra la corrupción como un asunto de prioridad absoluta, pues ello equivaldría a afirmar que se puede eliminar por completo el pecado o el mal en el mundo. El resultado de esta “guerra”, sería el acrecentamiento de una corrupción más refinada y el surgimiento de nuevas fuentes, formas y estrategias para llevarla a cabo, lo que eleva la importancia, no solo de reformas jurídico-políticas integrales, sino también, de la evaluación de las prácticas en contra de la ley, generalizadas dentro del funcionamiento de la Administración Pública y el Gobierno.

El análisis del fenómeno de la corrupción, debe tomar en cuenta el valor que tienen las instituciones y el sistema de partidos como frenos de la misma. La solidez de un sistema de partidos, representativo, democrático, cuya sociedad civil sea la regente de estas organizaciones, mejora el control ciudadano sobre el ejercicio del poder político.

La corrupción generalizada revela una crisis del sistema político-constitucional, la cual no merma sola y exclusivamente con una cruzada moral, debido a que acentúa las poses y discursos en favor de una moral absoluta, desprestigiando el sistema, sin aportes significativos a un arreglo político realista.

Aun cuando la represión penal sea una herramienta en la persecución de la corrupción, ello no cura la enfermedad, dado que sin cambios estructurales que eliminen la arbitrariedad, será difícil lidiar con la corrupción. Lo que se hace necesario es una actitud sincera tanto de la sociedad como de los políticos, sobre cuál ha de ser la función del poder político en una sociedad, así como su estilo de vida, la cual no puede estar basada en lo extravagante de su comportamiento, sus lujos, sus bienes, sino en sus dotes personales o intelectuales.

Un reforzamiento de los controles sociales, de los controles estatales, de un replanteamiento institucional del sistema político constitucional y una reducción de la ambición ciudadana sobre la política como único factor de desarrollo social, económico, cultural, artístico etc., sin duda son aspectos que coadyuvan a una disminución de la corrupción.

Referencias bibliográficas:

1. Julia BARRAGÁN, “El mensaje de las instituciones” en Telos: Revista iberoamericana de estudios utilitaristas, n° 1, Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, Madrid, 2002, pp. 123-144

Jimmy Morales ganó las elecciones de 2015 con una sola misión: no ser corrupto ni ladrón.

Su presidencia inició con pocas expectativas respecto a la capacidad que tendría para cumplir sus promesas de campaña. Dicho y hecho, los temas que había planteado como prioritarios para su gobierno fueron, poco a poco, topándose con la burocracia, la falta de capacidad de buena parte de su gabinete, la mezquindad de su bancada de tránsfugas y la usual ineficiencia de un aparato estatal, que tenía varios años de estar siendo desmantelado y saqueado. Eso enterraría las buenas intenciones y comenzaría un rápido proceso de deterioro que llevaría al gobierno a la situación de parálisis en la que se encuentra hoy.

Durante los primeros meses de su gobierno, Morales parecía determinado a enviar algunos buenos mensajes relacionados a su principal promesa de campaña, apoyar la lucha contra la corrupción. En febrero de 2016, el Ejecutivo solicitó al Congreso la colocación de bonos del tesoro por Q.1 mil 633 millones, con lo cuales haría un aporte extraordinario al Ministerio Público, a punta de endeudamiento, de Q 409.7 millones y otros Q 195 millones para el Organismo Judicial.

Sin embargo, esta luna de miel con el proceso de lucha anticorrupción duraría muy poco. En septiembre del 2016 el hijo del Presidente, fue mencionado por un testigo en el caso denominado “Botín Registro de la Propiedad”. Esto desencadenaría una investigación que llevó ante la justicia no solo al hijo del Presidente sino también a su hermano y más cercano consejero, Samuel Morales.

Este evento fue el parteaguas entre el Presidente y la dupla Ministerio Público/CICIG, pero se confunden quiénes piensan que sin el caso del Registro de la Propiedad, el Presidente seguiría siendo un aliado de la lucha contra la corrupción. Principalmente porque la crisis más importante de este gobierno la provocó el mismo presidente Morales, al momento de gestionar su campaña política.

Y es que el candidato Jimmy Morales mintió descaradamente a sus votantes. Mintió porque al mismo tiempo que aseguraba no ser corrupto, ni ladrón, fraguaba la manera de inyectar recursos a su campaña política sin registrarlos, un acto ilegal que le permitiría, según él, esconder no solo el origen de los recursos, sino también el costo real de la operación política que lo llevaría al poder. En esta acción fraudulenta está el pecado original de su gobierno.

Después de que este caso estallara en agosto del 2017, el gobierno entró en una espiral autodestructiva que les llevaría a intentar sacar a Iván Velásquez del país en una operación que fue frustrada por la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos; y a polemizar con los funcionarios que se sentían identificados con la lucha anticorrupción. El resultado de este golpe fallido contra CICIG, fue la parálisis total del Presidente Morales, el inicio de lo que parece ser una obsesión por detener la lucha anticorrupción y una actitud completamente hostil con sus críticos.

Sin embargo, los pecados del Presidente no terminan allí, Morales también ha abusado de su posición recurriendo a las viejas prácticas corruptas de la administración pública. Contrató a muchos de sus amigos para ocupar puestos claves en el gobierno, sin que estos tuvieran la experiencia y conocimiento para el puesto. Además, la prensa le descubrió recibiendo un sobresueldo de Q 50 mil mensuales provenientes del Ejército y utilizando el presupuesto de la SAAS para comprar artículos personales de lujo (esto siendo el Presidente mejor pagado de América Latina). En ambas situaciones fue obligado a devolverlo, sin mayores repercusiones y sin aceptar claramente su responsabilidad.

A estas alturas está más que claro que el momento de darle el beneficio de la duda a Jimmy Morales como Presidente quedó muy en el pasado. Morales no es un aliado de la lucha contra la corrupción y más bien se ha convertido en un enemigo del proceso.

Quienes todavía le defienden y se oponen a que enfrente la justicia, pretenden obligar a quienes le criticamos a que nos hagamos de la vista gorda ante un gobierno que fue incapaz de mantener la única promesa de campaña que tenía alguna posibilidad de cumplir: no ser corrupto, ni ladrón.

Columna originalmente publicada en República.

Era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael de Riego protagonizó un levantamiento militar contra la monarquía absolutista del Rey Fernando VII, que culminó con la instauración del Trienio Liberal. España se convirtió en una monarquía constitucional bajo la Constitución de Cádiz, en la que se subordinaba el poder del monarca a las Cortes, se decretaba el laicismo, la libertad de culto y se implementaron medidas anticlericales. Al mismo tiempo, los Artículos 10 y 11 de la Constitución reconocían a las colonias americanas como provincias del reino, pero limitaba cualquier ejercicio de autonomía efectiva.

Entre tanto, en México y Centroamérica, los movimientos y rebeliones independentistas fenecían ante un reconstituido Ejército español. No obstante, el giro hacia el liberalismo en la Madre Patria generaba resquemor entre una élite y un clero conservador. Dicho resquemor se manifestó principalmente en la reticencia local a aceptar la restaurada Constitución de Cádiz.

En este contexto, las autoridades peninsulares, la elite criolla, el alto clero y los oficiales del Ejército real –simpatizantes del absolutismo y fervientes antiliberales– organizaron una serie de reuniones secretas para declarar la independencia de México y Centroamérica. Su ideal era restablecer la monarquía bajo la dirección de un infante español, que rechazara el laicismo y las instituciones constitucionales de Cádiz.

Ese espíritu fue el que dio origen al Plan de Iguala, proclamado por Agustín Iturbide, comandante del Ejército español en México. Sus tres principios materializaban el sentir de la época: unidad entre peninsulares y criollos, independencia y adscripción a la religión católica.

La venida a Guatemala de Vicente Filísola, delegado de Iturbide, aceleró el sentir de la elite de proclamar la independencia de las Provincias de Centroamérica, la cual se suscribió en papel sellado de la corona. Los notables que participaron de la junta nombraron como primer Jefe de las Provincias Unidas a Gabino Gaínza, quien hasta el 14 de septiembre ejercía el cargo de Capitán General y Comandante del Ejército español en Centroamérica.

La independencia, y posterior anexión a México, habrían de confirmarse en un Congreso Constituyente convocado para el 1 de marzo de 1822. No obstante, el Plan de Iguala fracasó. La invitación a un infante español para asumir la corona de un independiente Reino de México fue rechazada por la familia Borbón. Ante el vacío, Iturbide fue proclamado Emperador.

La independencia de Guatemala no representa un sueño de libertad, ni la materialización de las ideas de la Ilustración, como sí ocurrió en América del Sur. Por el contrario, la emancipación fue una reacción al liberalismo español, al temor por el laicismo y al deseo de mantener la subordinación a un monarca absoluto. En pocas palabras, era preciso cambiar, para que todo siguiera igual.

Combatir la fragmentación y contrarrestar propuestas.

La sociedad política guatemalteca es bastante compleja. Para empezar, hay dos dimensiones de actores que coexisten en un mismo tiempo y espacio bajo lógicas e incentivos diferentes.

Por un lado, encontramos a los actores político-partidarios, que con honrosas excepciones, han sido los grandes participantes de esta juerga de 30 años de expoliación. Los actores partidarios se rigen bajo una lógica puramente patrimonialista: obtener rentas de la acción política. Para ellos, las campañas y el financiamiento político no son más que la inversión que permite participar de la repartición de utilidades de los negocios patrimonialistas. La actividad partidaria tampoco se caracteriza por ser ideológica o programática. Tan sólo piense cuándo fue la última vez que escuchó a un partido político sentar postura frente a los grandes temas del país, o en relación a los temas que más fisura social generan (modelo económico, justicia transicicional post-conflicto, el debate sobre la utilización de recursos naturales, etc.) Para terminarla de amolar, los partidos tampoco se preocupan por generar organización formal, sino que recurren al modelo de franquicias para tercerizar en caciques locales la administración de la marca. En pocas palabras, son meros vehículos organizados para acceder a la repartición del patrimonio del Estado.

Frente a esta dinámica, encontramos la segunda dimensión de actores en nuestra sociedad política: los actores no partidistas. Aquí encontramos una amalgama bastante amplia de sectores y actores. Desde el empresariado con sus cámaras y gremios, pasando por las organizaciones sociales, tanques de pensamiento, expresiones de la academia, medios de comunicación, pensadores, columnistas de prensa, por mencionar algunos. En este mundo la dinámica es diametralmente opuesta a los partidos. Aquí florece la ideología. Sin ir tan lejos: en Guatemala las universidades tienen más ideología que los mismos partidos políticos. También, aquí vemos mayor esfuerzo por generar propuesta programática. Y sobre todo, son los actores que rápidamente toman posturas ante las dinámicas estructurales y coyunturales del país.

Sin embargo, esta segunda dimensión de actores tiene un gran problema. Derivado de la historia reciente del país, de los traumas no sanados del conflicto armado, del modelo de educación escolástica que impera en el país - en dónde se fomenta la repetición de verdades y no el cuestionamiento y el pensamiento crítico - y como consecuencia de nuestra tradicional desconfianza, impera la fragmentación y la polarización. Esto hace muy complicado que diversos sectores puedan incluso sentarse en una misma mesa, aún si sus posiciones no son tan divergentes entre sí. También provoca que exista desconfianza y rencor mutuo a flor de piel: los empresarios no se sientan a dialogar con organizaciones sociales y viceversa; los académicos y profesionales de la Universidad liberal no se sientan con los de la Universidad pública y viceversa. Y así sucesivamente el mal se repite una y otra vez.

Todo lo anterior tiene dos efectos. Primero, una enorme anomia política que limita la capacidad de los grupos relevantes de la sociedad de plantear agendas en común. Y segundo, la incapacidad de los actores fragmentados y polarizados de actuar como contrapeso al poder de los actores partidarios que operan bajo lógicas patrimonialistas.

Por ello, y en un contexto de cambio político, resulta imperativo que los actores del segundo grupo guarden las espadas, dejen de lado los prejuicios y se atrevan a entrar en un proceso de discusión sobre los grandes temas urgentes para el país. Solamente mediante el esfuerzo de contrarrestar propuestas y reconocer que en los grandes ejes institucionales no existe mayor divisionismo, podremos establecer las bases para una agenda mínima de país.

En el 2002, dos de cada tres privados de libertad guardaba prisión preventiva. Para el 2016, la cifra habría caído a uno de cada dos.

Hace uns semanas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del exdiputado Manuel Barquín, quien guardaba prisión preventiva por el caso “Lavado y Política”. Rápidamente varios diputados instrumentalizaron el hecho y culparon a la jueza que envió a prisión preventiva por la muerte del señor Barquín.

Y sí, querido lector: en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Existimos muchísimas personas que lo hemos repetido desde siempre. Pero a los políticos nunca les interesó. Peor aún, en el pasado reciente los propios diputados aprobaron leyes que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva sin excepción.

En el 2002 (hace 16 años ya) MINUGUA recomendaba «aplicar sistemas que eviten el encarcelamiento por faltas y delitos menores o la prolongación innecesaria de la prisión preventiva», al tiempo que hacían ver su preocupación porque 2 de cada 3 privados de libertad guardaba prisión preventiva y no había condena. Para 2016 la cifra había caído a 1 de cada 2.«La prisión preventiva se utiliza ampliamente y no como una medida excepcional, inclusive por delitos menores», rezaba el informe que repite una frase que hoy sigue siendo tan válida como cuando se publicaba el informe.

Un informe de CEJA de 2013 titulado Prisión preventiva en América Latina también retrató la precaria situación de Guatemala en cuanto al abuso de la prisión preventiva. Finalmente, en 2016 la propia PDH publicaba su informe La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala: un problema de derechos humanos en el cual se sumaba a las voces que denunciaban el abuso de la prisión preventiva en nuestro país.

¿Qué hizo la clase política entretanto? Dos cosas: 1. Poco o nada por revisar o mejorar la legislación que daba lugar al abuso de la prisión preventiva; y 2. Aprobar leyes que crean casos que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva.

Es el caso más sangrante fue el decreto legislativo 17-2009 que en su artículo 27 pretendía que los jueces enviaran a los acusados a prisión preventiva, sin excepción, si el delito que se les imputaba tenía una pena inconmutable. Una medida que lesionaba directamente la presunción de inocencia y que fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1994-2009.

En el 2008 aprobaron el decreto 22-2008 que establecía que todos los acusados por delito de femicidio no podían gozar de medida sustitutiva sino ser enviados sin excepción a prisión preventiva. En el 2013 aprobaron el decreto 6-2013 por medio del cual reformaron el artículo 264 del Código Procesal Penal y establecieron 10 delitos en los cuales obligaban a los jueces a enviar a los acusados a prisión preventiva. Naturalmente esto dio lugar a que aumentara notablemente el número de personas en prisión preventiva.

Por eso, querido lector, la clase política ha sido parte del problema del abuso de la prisión preventiva. Provoca escozor escuchar la hipocresía de algunos miembros de la clase política que hoy pretenden dar lecciones de derechos humanos y hasta entonces no movieron un dedo para cambiar las cosas.

El abuso de la prisión preventiva es un drama que viven miles de guatemaltecos. Nuestros diputados deberían estar trabajando por resolver el problema que legislaturas anteriores han creado en lugar de llenarse la boca con discursos oportunistas. La única iniciativa que han aprobado que podría mejorar el tema es el decreto 49-2016 que establece la implementación del “brazalete” como medida de sustitución a la prisión preventiva. Para colmo de males el Ministerio de Gobernación aun no compra los brazaletes y por eso no ha logrado implementar la medida. Quizá ese debería ser el foco de atención de los diputados antes que las diatribas que hemos escuchado en los últimos días.

Centroamérica es una región de contrastes y contradicciones, con una historia llena de víctimas y dolores, pero también repleta de sueños y esperanzas.

La región tiene en su haber dictaduras, golpes de Estado, guerras, fraudes electorales, corrupción, insuficiente crecimiento económico, falta de oportunidades y pobreza. En años más recientes se ha contaminado con el narcotráfico, el crimen organizado y un aumento en la conflictividad social; a lo que se suma la incapacidad de las élites, especialmente la política, para gobernar la región con más transparencia, mejores resultados, concepto de Estado y visión de largo plazo.

Resulta confuso escuchar a economistas, analistas y empresarios, cuando dicen que las cosas van bien y celebran que el crecimiento para este año podría ser de 4,2%.Centroamérica va bien para quienes hemos resuelto nuestra vida económica y social. Lo que no queremos ver son los millones de seres humanos que viven en pobreza permanente, lo poco que hacemos para reducirla y la inestabilidad política que esto genera.

Costa Rica y Panamá lo hacen mucho mejor que los otros cuatro; crecen con más facilidad, manejan mejor sus problemas políticos y podrían salir adelante. Los otros (Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala) se la pasan entre el caos y en una peligrosa cuerda floja.

Según CEPAL, los países de América Central lograron reducir la pobreza en los últimos 17 años, a excepción de Guatemala, donde se incrementó. Sólo Panamá logró reducir la pobreza al mismo ritmo que América Latina. Para los cuatro rezagados, los números confirman la gravedad del problema. Tienen niveles de pobreza del 42 al 74% y su lentitud para reducirla amenaza lo poco que avanzan.

De acuerdo al Banco Mundial, en los últimos 17 años, Nicaragua, Costa Rica y Panamá lograron tasas de crecimiento económico relativamente altas. Por el contrario, Guatemala, El Salvador y Honduras tuvieron un crecimiento económico insuficiente. El crecimiento de Nicaragua es relevante por su bajo punto de partida: tiene el segundo ingreso per cápita más bajo de América Latina. Solo Haití es más pobre.

En 1999 éramos 35 millones. Hoy somos 46 y en 2025 seremos 52. En cuatro de los seis países centroamericanos la economía no crece suficiente para atender el crecimiento de su población. No lo ha hecho en 30 años. Llegan al mercado laboral más jóvenes que las oportunidades que se generan.

“De cara al futuro, necesitamos lograr un crecimiento de al menos 7%, en el marco de una sólida institucionalidad.”

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua continúan siendo países con un Estado de Derecho sumamente frágil. Son naciones inestables, con mucha carga ideológica, con alta conflictividad social, escaso liderazgo, con el nivel educativo más bajo del continente y seguimos siendo la región más violenta del planeta.

No se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno, o de que se deba ser optimista por cultura. Dejémosle esos ejercicios a los terapeutas. Por supuesto que hay cosas buenas en la región pero son insuficientes. El problema de Centroamérica es que en cualquier momento puede caer en peores manos de las que está. En especial los cuatro países del norte.

Nuestra institucionalidad democrática es frágil y corruptible. Tenemos “elecciones libres” cada cierto tiempo –Nicaragua es caso aparte—pero eso no garantiza nada. En cada elección, dadas las características de la oferta política y del electorado, podríamos sufrir un grave retroceso que puede durar décadas.

El futuro de Centroamérica depende de que formemos una nueva clase dirigente y rescatemos la política; de que instituyamos un verdadero Estado de Derecho, logremos la integración regional y un crecimiento de 7%. De que combatamos la pobreza con efectividad y que la educación sea de verdad. Necesitamos Estados fuertes con visión de largo plazo. Estos son los pilares para construir nuestra región. Estamos a tiempo.

Una propuesta en el combate a la corrupción.

Desde finales de los años noventa, los expertos en el combate contra la criminalidad organizada llegaron a una conclusión: para derrotar a los grupos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o de corrupción, hay que embargar los bienes y activos que hayan sido adquiridos, o utilizados por medio de actividades ilícitas. La idea es que al golpear el poder económico de las estructuras criminales, no sólo se limita su capacidad de operar, sino también, de acceder a poder de fuego, o de corromper a autoridades y operadores de justicia.

De esta filosofía, surge la legislación de extinción de dominio, como herramienta que permite a los Estados embargar y tomar control sobre los bienes de las estructuras criminales. En el caso de Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio ha estado vigente desde el año 2010, pero ha sido gracias a la ola de casos de corrupción, que se ha generado mayor atención pública a los esfuerzos por tomar control de los bienes procedentes de estructuras ilícitas y de corrupción. En los últimos años, hemos visto cómo una infinidad de propiedades, bienes inmuebles y vehículos vinculados a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y otros más han pasado a manos del Estado.

Sin embargo, se ha presentado un problema en el esquema de la lucha anticorrupción. Si bien los procesos de extinción de dominio avanzan y empiezan a arrojar resultados, existe siempre la duda de qué ocurrirá con el dinero en efectivo guardado en caletas. Y si pareciera muy hollywoodesca esta afirmación, no olvidemos que en los allanamientos de Boutique Emilio, la sede operativa de La Línea, se incautaron 1 millón 600 mil quetzales; o que en la residencia de Alfonzo Castillo –ex-Intendente Jurídico de SAT– se incautaron casi Q3 millones de quetzales en efectivo.

Agreguemos algo más. La circulación de billetes de 200 quetzales en el mercado parece estar ralentizada. Pregúntese usted, ¿qué tan frecuentemente recibe usted un billete de dicha denominación? Si elimina las transacciones bancarias, ¿qué tan frecuente ve usted la circulación de los citados billetes en transacciones ordinarias? Este fenómeno hace pensar a expertos criminalísticos y estudiosos de procesos monetarios, que muchos de dichos billetes se encuentran encaletados.

De ser así, existen dos soluciones para atajar el fenómeno. La primera, que las autoridades logren hallar las caletas por medio de las investigaciones, para luego proceder con el decomiso y extinción de dominio. Pero ante la lentitud de dicha ruta, existe una alternativa que pasa por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria: cambiar el diseño de los billetes de Q200 y dar un plazo para que los guatemaltecos cambien los billetes actuales por los nuevos, siempre bajo un registro personal, tal y como se ha implementado en el control cambiario de dólares.

Esta alternativa pondría en aprietos a los grupos criminales, que se verían obligados a cambiar con celeridad los billetes encaletados. Y al implementar el control respectivo, la Intendencia de Verificación Especial podrá levantar las alertas correspondientes cuando identifique patrones anómalos o excesivos de cambio de billetes. Y dichas alertas, a su vez, permitirían realizar investigaciones de inteligencia financiera que podrían servir como base para identificar estructuras de lavado vinculadas a los actores de la criminalidad organizada y la corrupción.

El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad.

América Latina ha sido una región de dictadores. Y lo que es peor, una región en la que la democracia ha sido muy poco valorada por los ciudadanos. Existe la percepción dentro de la población que la democracia no resuelve adecuadamente los problemas de su país y que un dictador “benevolente” sí tiene los arrestos para poner orden y tomar las decisiones que se necesitan. Es usual escuchar comentarios en los cuales se suspira por las épocas en la que los dictadores resolvían todo de forma ágil y efectiva.

Y este pensamiento es indistinto de la ideología que se profese. Cuando el chavismo tomó control de Venezuela, la izquierda latinoamericana defendió a capa y espada los “buenos resultados” que estaban registrando los programas sociales. Poco o nada les importó que Chávez estuviera destruyendo por completo la institucionalidad de ese país. Lo importante eran los supuestos resultados. Sin embargo, hoy en día es claro quesi no se basa en una democracia liberal, la reducción en la pobreza solo será temporal. Eventualmente el poder absoluto del dictador terminará destruyendo la vida de los ciudadanos, como ha sucedido en ese país.

Lo mismo ocurre en el caso de Nicaragua. Por un tiempo, muchos analistas económicos de derecha hablaron maravillas del modelo que estaba implementando Ortega. Se le colocaba como el ejemplo a seguir en Centroamérica. Pero de nuevo, obviaron por completo el hecho que estaba consolidando una dictadura al tomar el control de todas las instituciones del Estado. Al día de hoy, van más de 350 personas asesinadas por el régimen de terror de Ortega y la economía está por los suelos.

Tanto Venezuela como Nicaragua, demuestran que resulta un terrible error obviar el daño que se hace a las instituciones de un país, en busca de un resultado de corto plazo, sea éste crecimiento económico o desarrollo social. Un dictador siempre es malo, no importa si es de derecha o de izquierda, y los ciudadanos jamás debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales.

Pero nunca falta quién diga que China, Singapur y Chile se desarrollaron gracias a una dictadura y que por tanto, ese debería ser el camino a seguir. Ante este argumento, solo queda decir que tanto África, como América Latina han estado plagadas de dictaduras a lo largo de su historia y sin embargo, seguimos siendo regiones subdesarrolladas. El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad. Hay que recordar la célebre frase de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y esa ha sido la tragedia de América Latina. Hemos tenido gobiernos que han tenido poco o ningún límite y el resultado ha sido el subdesarrollo, además de un terrible saldo en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Es el peor de los mundos: sin desarrollo y sin respeto a los derechos fundamentales. No obstante, seguimos suspirando por las dictaduras.

La pregunta en todo esto es, ¿por qué razón en América Latina seguimos fascinados con los dictadores y apreciamos tan poco la democracia liberal? Posiblemente porque nos encanta pensar que podemos tomar atajos al desarrollo. La izquierda quiere desarrollo social y la derecha quiere crecimiento económico tan pronto como sea posible, sin importar el costo para lograrlo. Alcanzar fines por cualquier medio. Una visión por demás cortoplacista y mezquina.

El desarrollo de occidente está íntimamente ligado al nacimiento paulatino de las democracias liberales. Poco a poco se fue consolidando el respeto a los derechos individuales, lo que permitió que los logros económicos y sociales perduraran en el tiempo. Aún con todos sus problemas, las sociedades occidentales continúan brindando el mejor nivel de vida a sus ciudadanos, comparado con el resto del planeta.

Quizá llegó el momento que América Latina deje de fascinarse por los dictadores y comience a tomar en serio esforzase por construir auténticas democracias liberales.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Reflexiones sobre las condiciones de cara al evento electoral 2019.

En semanas recientes se ha activado la discusión prospectiva en relación a las dinámicas políticas que imperarán en el proceso electoral 2019.

Dos elementos deben considerarse como precondiciones de análisis. Primero, los efectos normativos y los nuevos incentivos que generará la reforma electoral (Decreto 26-2016).Y en segundo lugar, las alteraciones del mapa político generado como consecuencia del proceso 2015-2018, cuyas secuelas seguramente impactarán las dinámicas electorales.

El primer elemento a considerar es el efecto de la prohibición del transfuguismo. Dicha normativa, sujeta de cuestionamiento por más de 80 diputados, implicará un cambio sustancial en las dinámicas políticas y partidarias. El efecto más evidente será la obligada renovación del Congreso en 2019. Pero además, la normativa genera una agudización de la crisis del “partido franquicia”: al quedar excluida la participación de varios caciques territoriales, los partidos políticos pierden naturalmente un universo de potenciales franquiciados, situación que les obliga ahora a buscar nuevos franquiciados o a generar un modelo alternativo para la construcción de organización. No obstante la renovación de personas no garantiza un funcionamiento distinto de la institucional. Para muestra, la actual legislatura, que tuvo a más de la mitad de diputados novatos.

El segundo elemento a considerar es el financiamiento electoral. Derivado de los recientes casos judiciales y el marco regulatorio aprobado en 2016, resulta relativamente sencillo proyectar que la elección presidencial del año siguiente será austera. Sin embargo, a nivel local, se mantiene el mismo riesgo de la penetración de capitales ilícitos. Por ello, resulta de particular importancia que el Tribunal Supremo Electoral logre operativizar la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, la cual aparentemente constituye la única barrera frente al recurso ilícito que se cuela en la base.

El tercer elemento es el voto en el extranjero. Si bien los migrantes fueron un sector clave para la elección de Jimmy Morales en 2015, gracias a su apoyo financiero y su influencia “de boca a boca” sobre votantes locales, el reconocimiento del voto en el exterior no necesariamente implica una transformación sustantiva del mapa de poder electoral. Esto se debe a que mientras no se resuelva el problema de identificación de cientos de miles de migrantes que no tienen DPI, el voto en el extranjero será exiguo. De tal forma, seguirá pensando más la influencia indirecta que el voto directo de los connacionales.

Por último, la elección 2019 se presenta como una con excesiva judicialización. Desde ya se vislumbra que la Corte de Constitucionalidad deberá resolver acciones de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo. Mientras que potenciales candidaturas concretas, como la de Zury Ríos –por ejemplo-, podrán depender también de lo que digan las cortes. Lo mismo ocurre con la normativa relacionada a la publicidad en campaña o la publicación de encuestas, artículos que hoy están en proceso de ser impugnados en materia constitucional.

La sumatoria de todo lo anterior nos deja un escenario electoral atípico, y por ende, incierto.

Publicado originalmente en El Periódico.

Han pasado poco más de noventa días y el régimen de Ortega ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos.

Pocos imaginaron que lo que comenzó como un descontento a la reforma del INSS acabaría por ser la gota que derramó el vaso en Nicaragua. Al momento de escribir esta columna han pasado poco más de noventa días y el régimen ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. Naturalmente el régimen se rehúsa a reconocerse responsable de tan deleznables sucesos y, como es usual, tacha a la oposición de intentar dar un golpe de Estado y de romper el orden constitucional.

Pocas dudas deberían quedar a estas alturas que el régimen de Ortega es autoritario. Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha cercenado los vestigios de instituciones democráticas que había en Nicaragua. Ha debilitado a la oposición; ganó las elecciones de 2017 con un claro fraude electoral que fue “legitimado” por el propio tribunal electoral; y se ha encargado de coartar la libertad de asociación haciendo complicando a la sociedad civil que ha intentado organizarse por la vía de las ONG y otras figuras legales.

Pero lo peor es que el régimen de Ortega no solo fue popular entre las filas del sandinismo. También gozó de la simpatía de parte de la élite económica y de la de varios analistas autoproclamados de derechas. Siempre se hizo eco del supuesto “éxito” económico que suponía el modelo nicaragüense al tiempo que se destacaba que Nicaragua fue, junto a Panamá, el país que mayor inversión extranjera directa recibió entre 2012 y 2016. Lógicamente Nicaragua crecía en cierta parte por un factor de convergencia y en buena medida porque el régimen de Ortega centralizaba el poder en su figura y éste ofrecía una estabilidad aparente a los inversionistas. Pero esto es insostenible en el tiempo.

Como establecen Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, los sitios en los que priman las instituciones extractivas experimentan crecimiento económico. El tema es que este crecimiento suele ser altamente desigual y beneficia principalmente a la élite extractiva (Ortega y sus amigotes en este caso). Esto hace que el crecimiento sea insostenible en el tiempo porque no incentiva la innovación y la competencia, como ocurre en presencia de instituciones políticas y económicas inclusivas que dan lugar a la existencia de una economía de mercado auténtica.

Ejemplos de crecimiento económico bajo instituciones políticas extractivas abundan. La propia Unión Soviética fue admirada por su rápida industrialización. Los autores citados mencionan los casos de las islas Barbados, Cuba, Haití y Jamaica, en los siglos XVII y XVIII, que conseguían un rápido crecimiento económico con base en la mano de obra esclava en la producción de azúcar. Pero ninguno de los países citados consiguió un crecimiento sostenible bajo ese esquema.

Por eso es tan importante recalcar que el camino a la prosperidad no se consigue a través de regímenes autoritarios (extractivos) que ofrecen una aparente estabilidad. Únicamente bajo sistemas políticos inclusivos y plurales que permitan el funcionamiento de una auténtica economía de mercado, donde la innovación y la competencia sean el motor del crecimiento y puedan sacar a nuestros países del subdesarrollo. No es un invento nuevo, los países desarrollados de Occidente se han desarrollado bajo esas premisas.

El auge reciente de regímenes autoritarios, como el de Ortega y el que se desarrolla en Honduras bajo Juan Orlando Hernández, ofrecen una aparente estabilidad en el corto plazo. Ofrecen certeza en el corto plazo, pero su sostenibilidad en el tiempo no es viable y cuando la población quiere dar marcha atrás y cambiar el régimen, las consecuencias pueden ser nefastas como es el caso del asesino régimen de Ortega y Murillo.