Mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema.

En semanas recientes, he querido esbozar un marco explicativo sobre la evolución del poder económico y el rol de las élites tradicionales dentro del sistema político. Una premisa básica es que desde el cambio de milenio y conforme se ha consolidado el sistema patrimonialista y el ciclo autosostenible de “financiamiento de campañas – acceso a oportunidad de riqueza”, ha surgido una élite emergente, cuyo capital estaría vinculado con negocios públicos, dígase construcción de infraestructura, proveeduría del Estado, tráfico de influencias judicial y un largo etcétera.

Para 2015, era evidente el asalto de esa élite emergente sobre el sistema político. Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, el Rey del Tenis, ex oficiales del círculo de Otto Pérez, Baldetti y su rosca, diputados, decenas de constructoras de reciente creación y dudosa procedencia, centenares de nuevos proveedores del Estado, etc. Para entonces, algunos visionarios dentro de las élites reconocían el riesgo que este capital emergente representaba para su propio poder político. Veamos algunos ejemplos concretos, válidos en ese entonces:

A inicios de 2015, un Congreso controlado por una alianza de diputados de Patriota y Líder, aprobó de forma inconsulta impuestos a la telefonía, al cemento y a la actividad minera, pasando por encima del documentado y habitual veto empresarial sobre la política fiscal. Meses después, el aumento impositivo sería suspendido por la VI Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (vamos a ver un patrón aquí). A nivel legislativo la realidad era peor: mientras el aumento tributario y el presupuesto para el saqueo se aprobaba con toda celeridad, las iniciativas provenientes de la élite dormían el sueño de los justos.

A nivel del sector justicia, la pérdida de poder era evidente. Previo al cambio de milenio, los principales espacios del sistema judicial y de la gremialidad jurídica estaban en manos de una élite tradicional de abogados, muy vinculada a bufetes corporativos y a universidades privadas, a quienes se les denominaba “las vacas sagradas”. No obstante, desde el FRG, el Rey del Tenis, el Gato Herrera y otros más desarrollaron redes encaminadas a permitir que otros personajes -no vinculados a la élite- llegaran a la cúspide del poder judicial. Podemos hacer el ejercicio de ver cómo en la integración de la CSJ de 1999, por lo menos 9 de los 13 magistrados eran personajes vinculados a la élite tradicional; en cambio, en la CSJ del 2014, absolutamente ninguno de los magistrados electos provino de la “short list” empresarial. Lo interesante es que el mismo fenómeno ocurría de forma sistemática en casi todos los espacios de poder: SAT, contraloría, alcaldías, diputaciones, el sistema de consejos de desarrollo, etc.

Durante los primeros meses de la ofensiva de 2015, la postura de las élites tradicionales era de un respaldo absoluto al proceso. Al final del día, los actores que les competían espacios de poder, tenían precisamente en la corrupción la fuente primigenia de su poder y su autonomía. Por eso, mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema. Es más, incluso cuando un expresidente del Congreso proveniente del seno de las élites se vio involucrado en un caso de corrupción, el abandono de sus pares fue evidente.

“Que cada quien pague los elotes que se comió” era la frase que más se repetía en directivas y comités, dando a entender que el corporativismo y el tribalismo -aparentemente- estaban dando paso a un sentido de modernidad y un muy necesario individualismo liberal. Incluso, ofrecían expulsar a los empresarios implicados en “La Línea”. Obviamente esta promesa caería en saco roto, puesto que meses después -en la segunda temporada de El Mecanismo- se revelaría que uno de los operadores centrales de la Línea era también un codiciado tramitador, contratado por diversas empresas tradicionales para agilizar la devolución de crédito fiscal. Bueno, en su conocido estilo de apelar a lo barroco y al formalismo para defender lo indefendible, hay quien dirá que el ofrecimiento se circunscribía a expulsar a implicados en La Línea, no así a los implicados en “Impunidad y Defraudación” o “Traficantes de Influencias”, aún si la raíz de los casos era la misma. Continuará…