Cinco órganos electores con cinco dinámicas diferentes

La madre de las batallas de este 2021 será la integración de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. Vaya si no. La siguiente magistratura deberá resolver impugnaciones sobre la estancada elección de cortes (donde se juega la impunidad de cientos de personajes poderosos). También deberá resolver acciones constitucionales en casos penales; o amparos respecto de la cancelación de partidos políticos señalados por anomalías en financiamiento. O qué decir de la inscripción de candidatos para la elección 2023 (Zury Ríos siendo el caso paradigmático). Sin olvidar el rol de “árbitro de última instancia” que hace de la CC el actor que disipa -en última instancia- todos los conflictos políticos judicializados.

En este contexto, la reciente elección en el CANG para culminar el período de Bonerge Mejía (q.e.p.d.) fue una primera medición de fuerzas. Las alianzas, los apoyos extra-gremiales, el resultado de la votación y el cantado desenlace judicial son pequeños adelantos de lo que está por venir.

Del CANG he indicado las similitudes y semejanzas entre las elecciones político-partidarias y las elecciones gremiales. Aquí son tres variables que decidirán la elección: 1) las redes de movilización; 2) las alianzas gremiales; y 3) el apoyo de instituciones públicas que emplean a buen número de abogados. De ahí que resulte clave la capacidad de acercamiento con grupos que aglutinan egresados de la USAC y de las Universidades han facilitado la graduación de profesionales. En la elección de enero, vimos a las redes de abogados del interior decantarse por Estuardo Gálvez; mientras la mayoría de instituciones del sector público movieron sus piezas en apoyo de Mynor Moto.

En cuanto al Consejo Superior de USAC, aunque dividido en tres, la correlación de fuerzas dependerá de la articulación desde la Plaza de los Mártires. De ahí que se mantenga abierta la posibilidad de designar tanto a magistrados afines al poder político como a magistrados con una agenda de tipo “contra-poder”. La capacidad de las facciones independientes de acordar candidatos comunes y mantener el ejercicio del veto frente a Rectoría definirá el resultado de esta elección.

En el Congreso, la llave claramente está en manos de la alianza oficialista y sus 85 votos. Ahí la voz del oficialismo tendrá peso; pero también la de Valor que ve en la próxima CC el trampolín para la postulación de su candidata. Sin duda, la clave será el cumplimiento de forma y fondo. Con un Congreso que descaradamente desoye al poder norteamericano, la esfera de influencia de la Reforma parece limitada. Sin embargo, con el balance intacto en la CC saliente, las acciones de control de constitucionalidad servirán -aunque temporalmente- para bloquear designaciones de personajes impresentables.

En el Ejecutivo, la designación será una decisión unilateral del Presidente, refrendada por el Consejo de Ministros. Aquí es donde más pesará la demanda del “nuevo” Washington de asegurar designaciones de abogados independientes, honorables e idóneos. Aunque los corridos de pasillo aseguran que “los dados ya se jugaron”, esta elección es la que parece más abierta a sorpresas positivas.

Sobre la CSJ es difícil pronunciarse. En condiciones ceteris paribus, será el pleno saliente que designe. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de nombramientos de segundo grado por una magistratura suprema “prorrogada” empiezan a ganar tracción en círculos académicos y de poder regional. Pensar que el Congreso acelere la elección de CSJ para viabilizar la integración de magistratura constitucional, suena a locura, pero aún no descartable. Tampoco es descartable que la Reforma tenga margen de maniobra en esta elección; paradójicamente con la magistratura suprema saliente, dado que algunos de sus miembros encabezan listados potenciales para quedarse sin el privilegio de visitar a Mickey. Todo ello deja demasiadas variables por resolver, y por ende, muy abierta la puerta a sorpresas.