El 2019 trae consigo la esperanza de las elecciones ¿pero cambiar presidentes y diputados es suficiente para cambiar al país? 

Las votaciones de Guatemala se darán en un contexto de grave crisis institucional y con candidatos(as) presidenciales con problemas con la justicia. Las manifestaciones más palpables de la crisis  son conocidas: Estado de derecho inexistente, democracia nominal, graves problemas de narcotráfico, malas relaciones del país con su principal socio comercial (Estados Unidos) en temas migratorios debido a la inmensa cantidad de personas que salen despavoridos por la falta de oportunidad en el país, violaciones a la propiedad privada, precario funcionamiento de los servicios públicos y de la administración pública, alta corrupción administrativa y politización de la justicia. Sin embargo, a pesar de todo ello, el país en esta contienda nuevamente mirará a hacia otro lado.

El festín por la votación estará condicionado por la absurda Ley Electoral y de Partidos Políticos que proscribe cualquier debate político en libertad. No habrá debate político, sino una disputa en las Cortes, señal de la disfuncional democracia y la politización de la justicia advertida hace años atrás. Aun así habrá un ganador en una votación filtrada por las Cortes y no por partidos políticos fuertes, los cuales son inexistentes en el país, dado que se ha aceptado dócilmente que la clase política se represente a sí misma.

El ganador heredará una institucionalidad precaria, siguiendo la tradición de la apertura democrática (1985-2019), lo cual presagia un destino similar a todos los inquilinos de la presidencia: fracasar. En efecto, por más que se alegue que deben cambiar las cosas, es evidente que el engaño en la campaña será la clave del debate político, dado que o bien la clase política no sabe lo que está pasando o si lo saben no les importa.

Si la campaña fuera seria, lo cual no será lamentablemente, la opinión pública -inexistente por falta de libertad de expresión y de pensamiento- debería increpar a los políticos en procurar explicar qué es lo que quieren hacer con Guatemala. Ello implica que antes de escucharles que quieren hacer cosas, programas o planes, debería la ciudadanía escuchar primero si entienden lo que sucede. No es verdad que Guatemala está sobre diagnosticada. De hecho, hay gente que cree que esto es democracia cuando no lo es. 

La campaña estará signada por el voluntarismo y el moralismo en cuestiones políticas. Estos dos jinetes han sido malos compañeros de viaje en la convulsionada historia del país.

Por más que se alegue que es necesario tener gente buena, es evidente, que Occidente ha partido de la idea contraria: prescindir de la bondad de la gente y contar con instituciones fuertes. Otros parten de la idea de que no importa el estado de cosas, sino que alguien con decisión y firmeza cambiará las cosas, receta que se ha ensayado una y otra vez tanto en dictadura como en «democracia» sin que nada relevante cambie.

Por ello, el fracaso que tendrá el nuevo gobierno está anunciado. Con arreglo a la Constitución un presidente y un vicepresidente serán votados (no electos) por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto (art. 184). Este(a) presidente(a) y vicepresidente(a) tendrá un periodo presidencial siempre y cuando no ocurra un antejuicio en esta nueva carrera loca de moralismo por minar más la gobernabilidad del país y acabar con lo poco que queda de institucionalidad y estabilidad política en Guatemala.

Pese a ello, el nuevo Gobierno tendrá la misma situación que todos los demás. Mucha presión social, promesas imposibles de cumplir y una organización, funcionamiento y capacidad estatal casi nula para poder cumplir con las decisiones del Gobierno. Una vez lleguen al poder con el correr de los años, motivará a que los votantes y los votados se hagan la misma pregunta: ¿Qué hemos hecho?