Proponen modificar más de veinte artículos constitucionales para fortalecer el sector justicia e iniciar la senda de construcción de un auténtico Estado de Derecho. 

La Secretaría Técnica del Ministerio Público, del Procurador de los Derechos Humanos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentaron a la Nación unas Reformas a la Constitución de la República de Guatemala, con el título de “Propuesta para la discusión presentada por los organismos ejecutivo, legislativo y Judicial” de fecha 25 de abril de 2016.

Fuente: elperiodico.com.gt

El documento plantea la modificación de más de veinte artículos constitucionales para fortalecer el sector justicia e iniciar la senda de construcción de un auténtico Estado de Derecho. Con cambios en la organización, estructura y funcionamiento del sector justicia, se pretende combatir el flagelo de la impunidad y corrupción. La propuesta forma parte del llamado proceso denominado “Diálogo Nacional”, cuya plataforma consiste en fomentar un espacio de discusión que facilite la probación e implementación de reformas constitucionales necesarias para el país. 

La exhortación a la sociedad civil para que  participe activamente en la mejora de la propuesta, se complementa con diversas estrategias para lograr la inclusión de diversos sectores del país. De igual modo, la discusión deberá ceñirse a los estándares internacionales del constitucionalismo occidental. A este respecto, llama la atención la ausencia de una exposición de motivos que pueda dar cuenta de las bases y fundamentos de los cuales se partió para la elaboración de la misma. 

Los temas que aborda la propuesta son varios. A modo de ejemplo, pueden mencionarse los de carrera judicial, las regulaciones de antejuicio para dignatarios y funcionarios públicos, la independencia del organismo judicial, los requisitos para ser magistrado o juez, la integración y duración de las funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, además de regulaciones en cuanto al funcionamiento del sistema jurídico indígena. 

Tales transformaciones no están solas y aisladas del funcionamiento integral del sistema político constitucional. Los proponentes a tal efecto, han sostenido que ello solo procura centrar la atención en el aspecto judicial para no desviar la atención hacia temas no prioritarios por el momento. En efecto, de ser aprobadas las reformas por el Congreso de la República serán sometidas a la ratificación del pueblo mediante consulta popularcomo indica la Constitución, y posteriormente requerirán de desarrollos legislativos, por lo que al Congreso le tocará un rol preponderante en esta etapa política que parece iniciarse.