Guatemala es el sexto país más violento de América Latina y la ciudad capital se encuentra dentro de las 25 metrópolis más inseguras del mundo. En el año 2014 el Ministerio Público registró 448 mil denuncias, siendo el 25% de las mismas por hurto o robo. Algunos sectores circundantes de la ciudad han sido tomados por las maras, lo que ha provocado que familias enteras migren hacia otros departamentos o hacia Estados Unidos.
Las cárceles del país se encuentran sobrepobladas y la mayor parte de las extorsiones que afectan a los guatemaltecos son dirigidas desde las mismas. El Ministerio Público no tiene presencia en todo el territorio nacional, lo que dificulta que se realice una persecución penal efectiva.
El sistema de justicia del país ha sido rebasado en sus capacidades y cuenta con recursos humanos y financieros insuficientes para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país desde hace más de una década. En la efectividad de la aplicación de la justicia a hechos criminales, Guatemala ocupa el puesto 95 de 102 países; y en la resolución de conflictos en el ramo civil ocupa la posición 97 de 102; según el Índice de Estado de Derecho 2015.
Las falencias del sistema de justicia también han impedido que la democracia termine de consolidarse en Guatemala. Los altos niveles de corrupción que se han presentado en los distintos gobiernos, desde la apertura democrática, evidencian la fragilidad de todo el aparato de justicia y su inoperancia para servir de contrapeso a los otros poderes del Estado. El manto de impunidad que cubrió por muchos años a la clase política del país, permitió que el Estado en su conjunto fuera cooptado por grupos criminales y redes de corrupción.
Sin embargo, con la gestión que ha tenido la CICIG desde el año 2013, se ha iniciado un proceso de recuperación institucional, tanto en el Ministerio Público, como en el Organismo Judicial. El engranaje de la justicia ha comenzado a funcionar y ya son decenas de exfuncionarios públicos que enfrentan procesos penales, algo nunca antes visto en Guatemala.
Por primera vez en la historia del país, la corrupción está siendo perseguida con toda la fuerza de la ley. No obstante, este proceso de consolidación de la justicia, necesita de diversas reformas legislativas que garanticen la independencia del Organismo Judicial, fortalezcan la gestión del Ministerio Público y permitan que la ley sea aplicada sin contratiempos.
La CICIG ha planteado a la sociedad guatemalteca el reto de impulsar las reformas al sector justicia. Ahora está en nuestras manos asumir la responsabilidad de construir un auténtico Estado de Derecho en nuestro país. Es una tarea impostergable.
Esta semana en Dimensión, hablamos con expertos sobre las necesarias reformas al sector justicia que Guatemala debe implementar en los próximos meses.
Sintoniza el programa completo este domingo a a las 10 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí a partir del sábado por la tarde:
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