La economía de Guatemala ha registrado una desaceleración significativa en los últimos tres años.

En  2014 y  2015 se registró un crecimiento por arriba de 4%, el cual se redujo a 3.1% en 2016 y a 2.8% en el 2017. Para el presente año, el Banco de Guatemala estima un crecimiento de entre 3% y 3.8%; sin embargo, lo más probable es que sea de entre 2% y 2.9%, de acuerdo al desempeño económico de los últimos cinco meses.

Las razones de esta desaceleración económica son diversas. En primer lugar la actividad minera se vio severamente afectada por la decisión de la Corte de Constitucionalidad de mantener la suspensión de actividades de la Mina San Rafael. Esta decisión de la Corte explica en gran medida la caída de 22% que registró el sector minero en el año 2017, aunado a la reducción en la inversión en este rubro de la economía, debido a la alta conflictividad que ha enfrentado. Sin esta caída en el sector minero, se hubiera experimentado  casi 0.2% más de crecimiento económico en el 2017.

También hay factores externos que han afectado el desempeño de la economía guatemalteca. En términos reales, las exportaciones registraron un crecimiento robusto entre 2013 y 2015; sin embargo, este crecimiento se ralentizó fuertemente entre 2016 y 2017. El volumen de las exportaciones de azúcar cayeron 3% y 8%, en 2016 y 2017, respectivamente. Y no solo es una cuestión de reducción en la cantidad de producto exportado, sino además de una caída en los precios. De finales de 2016 a mayo de 2018, el precio del azúcar cayó 44% y el precio del café se redujo en 26%;  mientras que el precio del hule cayó 35% entre febrero de 2017 y mayo de 2018. A esto se tiene que sumar la apreciación del quetzal respecto al dólar, lo que en conjunto significa menos ingresos para las empresas y menos empleo generado.

Al mismo tiempo se están incrementando los precios de algunos productos de importación, tales como el maíz y el trigo, que sirven de materias primas para ciertas industrias; y también se está incrementando el precio del petróleo, que tiene un impacto en el precio de la gasolina. Esto provoca que los consumidores tengan que ajustar sus presupuestos y compren menos, haciendo que se reduzca la demanda de ciertas actividades económicas. 

El otro elemento fundamental que explica la desaceleración económica, es la depreciación del peso mexicano, que ha hecho que los productos guatemaltecos pierdan competitividad y que se incremente la entrada de contrabando de productos mexicanos a territorio guatemalteco. Estos productos no pagan el IVA y por tanto representan una competencia desleal para la producción nacional, que sí paga este impuesto. En el occidente del país, los productos mexicanos que entran de contrabando, están causando serias pérdidas para ciertos sectores del país.

A estos factores, se tiene que sumar la negligencia del Estado en la última década en realizar inversiones básicas en infraestructura, lo que ha causado que las carreteras del país estén colapsando y se aumenten significativamente los costos de transportar productos. La inversión de capital realizada por el Estado representó en el año 2006 el 5.3% del PIB; desde entonces se ha venido reduciendo hasta alcanzar solamente el 2.2% del PIB en el año 2017. La economía no puede funcionar bien, si no se invierte en  carreteras, puertos y aeropuertos que permitan un comercio adecuado, interno y externo.

Pero además, el gobierno ha venido gastando cada vez menos, si se mide como proporción del PIB. Esta es una tendencia que viene desde el año 2013, cuando el gasto del gobierno representó el 10.8% del PIB; y a partir de entonces se ha venido reduciendo, agudizándose en los últimos tres años. Un menor gasto del gobierno, representa en el corto plazo, menor actividad económica; sobre todo porque esta reducción no se debe a un proceso de eficiencia y optimización del gasto, sino a la incapacidad de plantear y ejecutar políticas públicas exitosas. El gasto del gobierno se ha limitado, en los últimos años, a cumplir pactos colectivos lesivos para el Estado.

El modelo de inversión y de gasto público en general, fue construyéndose con el paso de los años, en función de los intereses de las  redes de corrupción que tomaron control del Estado. La reducción en el gasto y la inversión pública de los últimos años, se debe a que estas estructuras de corrupción que se aprovechan del gasto público, pareciera que han tenido más dificultades para actuar.

Y finalmente, el crecimiento de las remesas, que han mantenido a flote la economía del país en la última década, se está desacelerando.  En los primeros 5 meses del año, el crecimiento de las remesas fue de solamente 8%; mientras que para el mismo período del 2016 y 2017 se registró un crecimiento de 19% y 14%, respectivamente. Por nuestra realidad sociopolítica, hemos construido una economía basada en el consumo, que se alimenta de las remesas, lo cual nos hace sumamente vulnerables en el mediano y largo plazo.

La economía del país atraviesa por una desaceleración significativa, que tiene múltiples causas y puede agudizarse si se continúa con esta tendencia. Factores externos, así como el clima de ingobernabilidad que se vive en ciertas regiones del país por la ausencia o inacción del Estado, así como la debilidad institucional que históricamente nos ha caracterizado, incrementan el riesgo de terminar en una severa crisis económica en el mediano plazo. Hoy más que nunca es necesario construir un Estado funcional, eficiente, libre de corrupción y con un servicio civil profesional, que pueda darle certeza jurídica a los inversionistas y que tenga la capacidad de formular y ejecutar políticas públicas exitosas. 

Panelistas:

• Mario García Lara (Director Ejecutivo de la Fundación 2020)
• Hugo Maul (Director del área económica del CIEN)
• Guillermo Diaz (Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar)