Estrategia & Negocios magazine dedicated its September-October issue to the post-pandemic economic recovery of Central America. For the occasion, they interviewed leaders from the region such as businessman and sociologist, Dionisio Gutiérrez; former president of Costa Rica, José María Figueres; and the president of INCAE, Enrique Bolaños.

In his interview, Dionisio Gutiérrez emphasized that the real challenge for Central America is to address the political framework: "we have very weak institutions, small fiscal flexibility, and absent citizens. That’s why the culture of «every man for himself» prevails".

Regarding the challenges of the region to achieve development, with the accumulated negative balance that the country had dragged even before the pandemic, the businessman pointed out: “Central America is vulnerable to real threats such as organized crime associated with government institutions. In the face of the pandemic, these threats should force the elites to take brave actions, to achieve, on the one hand, economic reactivation and, on the other, give people the opportunity to survive. The accumulated negative balance that we have in social and economic issues is enormous and it is the cause of our political underdevelopment”.

Concerning the negative impacts that the crisis will have on the isthmus, the president of Fundación Libertad y Desarrollo commented: "This crisis will leave us exposed to social conflict and political instability. In 2020 and all of 2021 we will experience a drop in economic activity throughout the region and very severe damage, with serious social consequences. Sadly, we will have to live with this reality. There will be unemployment, higher public debt, and deficit. Many people have lost their jobs and it is sad to see the number of small businesses that simply have disappeared".

Finally, he commented on the performances of the Central American countries in handling the pandemic and the results of these strategies: “We closed early, weakening our economies even more. When the time to face contagion finally came, we simply didn’t have the resources nor the capacity to organize the hospitals. This  crisis is of such magnitude, that the storm will have to be navigated in the best possible way. It is the responsibility of the elites of the region to articulate a plan for the economic recovery and a development model that responds to the most evident needs”.

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En el programa de hoy evaluamos el saldo y los resultados de 2020 en materia social, económica y política, a la luz del impacto de la pandemia del Covid-19 , las tormentas y la crisis económica. Y además proyectamos los retos para el 2021, que incluyen la reactivación económica y la agenda de reformas del Estado.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez comenzó por una declaración de principios en relación a lo que dejó el 2020: “Para encontrarle sentido y explicación a 2020 es necesario señalar el camino al que debemos volver; reconocer con responsabilidad y humildad el daño que estamos causando a nuestro país, a nuestra democracia y a nosotros mismos”.

Además, señaló la decadencia y el desgaste del sistema político guatemalteco desde la apertura democrática hasta el presente: “Por eso, vemos con preocupación que, desde la apertura democrática, hace 35 años, fuimos perdiendo la esencia y los valores que constituyen una democracia. La representación, la división de poderes y la pluralidad fueron secuestradas por una partitocracia corrupta, mediocre y con frecuencia criminal. Una partitocracia, cada día más, dominada por gente primitiva, ignorante y ambiciosa”.

También, afirmó que el antídoto para resolver muchas de las disfuncionalidades y problemas nacionales, pasan por la activación de la ciudadanía para exigirles cuentas a los políticos: “Esto tiene solución. Se llama ciudadanía presente… Ser ciudadano es lo que cambia el rumbo de esta historia. Exigir las reformas del Estado; la electoral primero, para sacar la basura del Estado. Ser ciudadano es la solución. Exigir que las autoridades cumplan, respeten y se comporten”.

En el segundo segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Richard Aitkenhead, presidente de IDC, y Mario Fuentes Destarac, abogado y columnista, sobre los hitos que marcaron 2020, la crisis económica y política y las vías para solucionar la crisis institucional que traviesa el país.

Sobre el impacto de la pandemia del Covid-19, la crisis económica y el descontento con la clase política, Aitkenhead comentó: “Si el cuadro se llega a completar y el hambre crece y la crisis social avanza y no hay una rectificación, la fragilidad de nuestro sistema democrático podría verse muy comprometida. Nosotros hemos podido sobrevivir a esta crisis gracias a que el guatemalteco ha logrado conseguir respuestas propias, particulares a la crisis y hemos tenido la caída del PIB más baja de América Latina. Los guatemaltecos buscan sus soluciones, de hecho la migración es un reflejo de eso. Pero si seguimos viendo la misma corrupción de los políticos, más hambre, creo que pondremos el peligro el sistema y eso se resuelve con reformas”.

Sobre el desgaste del sistema político y la fragilidad de la democracia guatemalteca, Fuentes Destarac refirió: “Esto lo vimos venir desde principios del milenio. Era necesaria una reforma del Estado y se han hecho planteamientos en ese sentido. Se planteó la posibilidad de que se fueran haciendo ajustes paulatinos en conjunto con todas las instancias que tienen iniciativa de ley, sin embargo, la clase política no estuvo acorde con esa iniciativa y a eso se suma el descontento acumulado que estamos viviendo. Instituciones copadas por la mediocridad y la falta de proyección hacia el futuro y medrando el erario y el desarrollo de nuestro país. Tenemos una situación que ya es urgente lastimosamente”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel entre Marielos Chang, politóloga y profesora universitaria, y Daphne Posadas y Alejandra Martínez, de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre el recuento de 2020 y los escenarios para el país y la región de cara al 2021.

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En el programa de hoy analizamos la severa crisis que están enfrentando los tres poderes del Estado, la necesidad de hacer reformas para solucionarlas  y los escenarios políticos para 2021. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez señaló que en democracias funcionales, las instituciones operan a favor de la ciudadanía y no a sus espaldas: “En el occidente desarrollado se da por seguro que mientras haya elecciones, las democracias están resguardadas porque se puede cambiar a los políticos que hacen mal su trabajo. Saben que la división de poderes y las instituciones están protegidas por sus funcionarios de carrera y por sus jueces. Se respeta la ley; quien la viola enfrenta la justicia, y los ciudadanos son celosos vigilantes de su democracia y sus instituciones. Cuando estas fallan, los ciudadanos se hacen sentir”.

Posteriormente, mencionó por qué nuestra precaria cultura política impacta en las instituciones que tenemos y en la imagen que le damos al resto del mundo: “Si analizamos la forma en que nos gobernamos, a la gente que “elegimos” para que nos gobierne, las cosas que hacen, lo poco o nada que les exigimos y lo mal que funciona el Estado, pues empieza uno a entender por qué, desde el mundo desarrollado, nos ven como a cuadrumanos retrógrados y atrasados, como a primates que nos devoramos unos a otros”.

Además, denunció la actuación de los diputados en el Congreso y apuntó al daño que le hacen a la democracia guatemalteca: “Desde el Congreso disparan a matar contra nuestra democracia, contra sus instituciones, contra nuestros derechos y libertades; por eso, el mundo civilizado nos ve como una democracia moribunda, empecinada en cavar su propia tumba”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Paola Hurtado, periodista y profesora universitaria, y a Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre el impacto de las protestas ciudadanas, la respuesta de la clase política y las reformas pendientes que darían gobernabilidad al país.

Sobre el evidente desgaste del sistema político guatemalteco y los cada vez más elevados niveles de frustración y descontento en la ciudadanía, Hurtado comentó: “La ciudadanía guatemalteca cada vez tiene menos tolerancia frente a las actuaciones de la clase política. Estamos apenas a 11 meses de gobierno y ya se está pidiendo la renuncia del presidente, cuando antes no veíamos eso. Lo que hay entonces es una gran demanda de la población de que se cumplan los ofrecimientos de campaña y como no se ven resultados, la gente esta saliendo a protestar. Hay una diversidad de demandas que van desde la renuncia del presidente y de la Junta Directiva del Congreso; pero ya vamos por renuncia del Parlacen y de la Fiscal General. Esto es un síntoma de que gobernantes y funcionarios no están respondiendo a las necesidades de la población”.

Sobre el impacto de las medidas anunciadas por el presidente la semana pasada, como parte de las recomendaciones de la OEA, Chicola afirmó: “A nivel de presidente, lo anunciado el viernes pasado es un primer paso. Pedirle las renuncias a los ministros, a pesar de que eso se hace siempre al final de cada año. Pero por ejemplo, el ministro de Gobernación se debe destituir. Creo que es importante que la Junta Directiva del Congreso renuncie. Y tanto el Ejecutivo como el Congreso deben ponerse de acuerdo para liderar una agenda de reformas”.

Finalmente, en el último segmento, Edgar Ortiz moderó el panel integrado por Celia Luna, politóloga, y Luis Miguel Reyes, director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre la agenda de reformas, la necesidad de acuerdos y consensos y los sectores que piden una Constituyente.

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En el programa de hoy analizamos las acciones que se deben tomar para salir de la crisis política que han enfrentado el Ejecutivo y el Congreso en las últimas semanas. Además, abordamos el impacto que ha generado la crisis económica y pandémica en América Latina.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez hizo un balance del saldo que generaron los eventos del 21 y 28 de noviembre en el país: “Durante las tardes del 21 y el 28 de noviembre, Guatemala retrocedió 40 años y trajo a la memoria –esa memoria que nos pertenece a todos– aquellos días de operaciones encubiertas, aquellos días de violencia y represión brutales, en los que pocos de los que alzaron su voz sobrevivieron”.

Posteriormente, señaló las acciones concretas que se deben tomar para salir de la crisis política e institucional que enfrentamos y que ayudaría a retomar la gobernabilidad a Guatemala: “Las demandas de hoy son justas, razonables y necesarias. Queremos una junta directiva en el congreso que represente los intereses de la democracia y de la nación, no las fechorías de los delincuentes que hoy la forman. Queremos que el Congreso elija Cortes de Justicia y que apruebe un presupuesto que honre al ciudadano y responda a sus necesidades. Queremos ministros de Estado que respetan la ley. Queremos discutir las 4 reformas que el Estado necesita; la primera de ellas, la Reforma Electoral, para evitar que el Estado y la democracia sigan en manos de embaucadores que se hicieron diputados para delinquir con impunidad”.

También, hizo un llamado a tomar acciones frente a las amenazas a nuestra frágil democracia: “Guatemala está en un delicado punto de inflexión; en un momento de su historia en el que debemos cuidar la democracia que todavía no nace. Una democracia que está en gestación y que necesita a sus mejores dirigentes en todos los sectores de la sociedad”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez participó en una conversación con Gerardo Bongiovanni y Álvaro Vargas Llosa en el marco del XIII Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, con base en Madrid, España. En la plática abordaron el impacto de la crisis económica y del COVID-19 en América Latina y la amenaza latente del populismo.

Sobre el estatus de Guatemala frente a las protestas del pasado 21 de noviembre en la Plaza de la Constitución, Gutiérrez explicó: “Guatemala sufre las consecuencias, desde hace varias décadas de ausencia de instituciones sólidas que nos hayan permitido construir una democracia que tenga los referentes y los elementos que puedan darle a Guatemala y crecimiento económico sostenido, sólido y estable. Y luego esa posición geográfica en la que estamos, Centroamérica y todo el triángulo norte se ha convertido en el puente perfecto para el narcotráfico y el crimen transnacional y eso ha generado algo que llamamos la captura del Estado”.

Sobre sus perspectivas para la región latinoamericana y los desafíos, amenazas y oportunidades que representa la crisis, señaló: “Veo razones para un optimismo prudente e inteligente pero condicionado a que las élites académica y económica y los dirigentes de sociedad civil que creemos en los valores liberales de occidente, para que hagamos las cosas mejor de lo que las hemos hecho. Creo que es importante alertar y denunciar lo que se está viviendo en América Latina. Lo que está pasando en Chile, que tenía un modelo económico y de desarrollo además de una democracia que era un referente y un ejemplo y ya vemos lo que está pasando con la Asamblea Constituyente. Y si eso está pasando en Chile, con tal vez las únicas excepciones de Uruguay y Costa Rica, nos pone a los demás países en la cuerda floja y al borde del precipicio”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel entre Daphne Posadas, de Fundación Libertad y Desarrollo; Alfredo Ortega, abogado y analista político y Juan Pablo Gramajo, abogado y profesor universitario, sobre la propuesta de una agenda de reformas frente al surgimiento de movimientos radicales que quieren aprovechar la protesta y el malestar ciudadano.

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En el programa de hoy abordamos la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país, generada por la aprobación del  presupuesto 2021 y el desgaste de las instituciones democráticas.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez conminó a la clase política a realizar las reformas que necesita el país para alcanzar la gobernabilidad: “Si los poderes ejecutivo y legislativo tomaran las acciones valientes y honestas que los tiempos demandan, si tomaran las decisiones responsables, pendientes e indispensables, a las que, además, están obligados, brindarían las condiciones para recuperar la gobernabilidad que necesitamos”.

Además, señaló la importancia de los acuerdos y consensos para enfrentar las crisis: “El poder es siempre parcial; se consigue y se mantiene a base de compromisos y renuncias. El poder es limitado y para que funcione debe ser compartido; producto de un consenso inteligente que resuelve los problemas de la gente y mantiene la esperanza y el optimismo en el futuro. Algo que no se debe negar al ser humano”.

También, hizo un llamado a la ciudadanía para que se involucre en la vida pública e impulse los cambios que el país necesita: “Es el ciudadano presente y comprometido el que puede y debe ser promotor y garante de la transformación del Estado; una transformación que sólo es alcanzable a través de la renovación de las instituciones; y sólo si ésta se realiza para beneficio de la sociedad”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Luis Fernández Molina, abogado y ex magistrado de la CSJ, y a Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación Guatemala 2020, sobre el impacto que generó en la ciudadanía  la aprobación del presupuesto 2021 por parte del Congreso y los cambios concretos que necesita el Estado de Guatemala. 

Sobre las consecuencias y el malestar ciudadano que detonó el presupuesto 2021 y las protestas de los últimos días, Fernández Molina refirió: “Todos debemos consolidar, en la medida que nos toque, la institucionalidad del país. No hay mayor riesgo que perder la institucionalidad y el primer llamado es al presidente y al vicepresidente de la república. El presupuesto es un tema muy técnico y la mayoría de la población no lo entiende, pero lo que sí sabe es que es una piñata de millones y millones donde no hay control. Necesitamos un líder que tome el timón del barco, y que se investigue y se establezcan responsabilidades penales y administrativas. Están haciendo piñata frente a los ojos del pueblo, con la diferencia ahora de que la gente está molesta y con gran necesidad por la crisis económica y el desempleo”.

Sobre qué se necesitaría para que el nuevo presupuesto 2021 responda a criterios técnicos, García Lara señaló: “La valoración del presupuesto es un arte en cualquier parte del mundo y es una responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso y se necesita un gran nivel técnico. Lo primero que hay que tener en cuenta, es estar consciente de que un país no puede tener déficits tan elevados por tanto tiempo ¿Cuál es entonces el déficit tolerable para el año entrante? Una vez que eso se tiene claro, se ven cuántos ingresos tiene el Estado y a partir de ahí se calcula el techo presupuestario. Es una norma relativamente simple, pero esta norma se ha violado frecuentemente”.

Finalmente, en el segmento de debate, Edgar Ortiz moderó el panel entre Claudia Méndez, periodista y directora editorial de ConCriterio, y Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre los efectos de las protestas del sábado 21 de noviembre, el clima de hartazgo y malestar en la población y los escenarios para el país si no se atienden las demandas ciudadanas.

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Razón de Estado realiza un programa especial a propósito de los eventos ocurridos en la manifestación del día sábado 21 de noviembre. Para ello, abordamos diferentes perspectivas y posturas tanto con los actores políticos, como con analistas de la sociedad civil.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la aprobación de un presupuesto irresponsable por parte de la clase política nacional que provocó los acontecimientos de las últimas horas: “El presupuesto de la mafia, aprobado con poca vergüenza, desprecio, cinismo e irresponsabilidad, y la reacción de un pueblo harto de los políticos, provocaron los acontecimientos de las últimas horas; en los que vimos, desde un grupo de delincuentes violentos destruyendo un edificio que es patrimonio nacional y uso excesivo de fuerza policial, hasta la incompetencia de las autoridades para prevenir la crisis o manejarla con efectividad”.   

Además, denunció el uso excesivo de la fuerza contra la ciudadanía por parte de los organismos de seguridad: “Los abusos de la fuerza policial no se dieron precisamente contra los delincuentes violentos, sino, en varios casos, contra ciudadanos que protestaban pacíficamente, y que, incluso levantaban sus manos en señal de rendición”.

También, hizo un llamado a reconstruir la institucionalidad del país y promover las reformas del Estado: “Por eso la importancia de restituir, fortalecer y hacer respetables las instituciones de la democracia; empezando por el Congreso de la República. Por eso la importancia de hacer realidad las 4 reformas que el Estado necesita”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al ex candidato presidencial, Edmond Mulet; a los diputados en el Congreso de los partidos Semilla y CREO, Bernardo Arévalo y Rodolfo Neutze; y a los analistas políticos, Marielos Chang y Christians Castillo, sobre el descontento ciudadano y sus repercusiones para la gobernabilidad del país.

Sobre los errores de liderazgo en el Ejecutivo al no vetar y revisar el presupuesto, Mulet señaló: “Fue un error estratégico y táctico del presidente Giammattei que lo va a pagar muy caro porque se trataba de una petición general de la población y ahora estamos en una crisis muy seria. La verdad él es cómplice de este Congreso, que es la única base política que tiene y al vetar el presupuesto los deja sin los recursos que intentaban apropiarse, entonces, para él deslindarse era muy peligroso”.

A propósito de su posición individual en contra de la aprobación del presupuesto 2021, el diputado Rodolfo Neutze refirió: “En el caso de mi bancada, a veces toca escoger entre un mal menor y a algunos diputados les beneficiaba votar a favor para ayudar a sus distritos. Mi posición fue clara por el modo de cómo se estaba aprobando, eso de hacerlo en una sola lectura y de madrugada. Realmente era un presupuesto que no estaba tan mal porque peor era seguir con el que tenemos actualmente”.

Sobre la posición de toda su bancada en contra del Presupuesto, el diputado de Semilla, Bernardo Arévalo afirmó: “En nuestro caso hubo temas de forma por los cambios de último minuto que eran imposibles de conocer. Nosotros pedimos 24 horas para conocer el proyecto y no se dieron; y, en segundo lugar, también creemos que hay serios problemas de fondo, sobre todo en bolsones donde se esconden herramientas clientelares del Estado y donde no hay áreas de protección para el guatemalteco en medio de esta crisis”.

A propósito de las denuncias del uso excesivo de la fuerza para reprimir la manifestación, Marielos Chang comentó: “Este escenario ya era posible y se discutió en varios espacios, sobre el uso de la fuerza por parte del presidente Alejandro Giammattei, tanto por su carácter  como por sus aliados. Tenemos un Vicepresidente que dice que no se puede lograr una conversación con él, ni siquiera una negociación, entonces qué podemos esperar los ciudadanos. No veo una salida inmediata sino tardía, pero sí necesitamos un liderazgo por parte de la sociedad civil para encontrar una salida”.

Sobre las repercusiones que tienen los hechos del día de ayer para la estabilidad del país, Christians Castillo explicó: “Es un cuadro lamentable, que nos recuerda 30 años atrás cuando todavía estábamos en un conflicto armado interno y cuando las fuerzas de seguridad se iban en contra de los derechos ciudadanos. En los últimos años hemos tenido protestas mucho más masivas y ni siquiera en ese momento se hizo presente la violencia que vimos ayer. La salida debe ser dentro del marco constitucional y de forma dialogada. La sociedad guatemalteca siempre ha perdido cuando enfrenta las fuerzas de seguridad del Estado”.

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En el programa de hoy abordamos las reformas del Estado desde el ángulo electoral y de partidos políticos; además de insistir en la reforma al sistema de justicia y su urgencia en el marco de la reactivación económica del país.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez hizo un llamado a buscar consensos y resolver las diferencias para buscar soluciones al país: “La naturaleza de las sociedades libres está en la diferencia de opiniones y visiones sobre la solución a los problemas y las formas de aprovechar mejor las oportunidades, sobre los mecanismos para resolver los conflictos. El fundamento de las sociedades libres está en ser, vivir y participar de un estado que garantiza los valores, los derechos y el cumplimiento de obligaciones que son inherentes a una sociedad libre. Esto sólo es posible si el Estado es democrático, republicano y de derecho”.

Además, hizo un llamado a los tomadores de decisión y a las élites para que encaminen las reformas que el Estado necesita: “Los responsables de los poderes del Estado deben encauzar los deseos de cambio de la nación y responder a las expectativas de superación del ciudadano. Pero si lejos de eso profundizan la corrupción política, se burlan del ciudadano y engañan a una sociedad que clama por soluciones y oportunidades, seguiremos perdidos en el laberinto del subdesarrollo y la miseria humana, seguiremos perdidos en la ambigüedad y la irrelevancia”.

También, señaló que la reactivación económica sólo se puede lograr si se fortalecen las instituciones: “Si vamos a hablar de crecimiento económico de verdad, éste sólo es posible en un ambiente de estabilidad política, certeza jurídica y políticas públicas que lo permiten y lo promueven. Esto sólo es posible si existen instituciones que facilitan, garantizan y protegen la democracia, el Estado de derecho y la libertad”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Roberto Ardón, director ejecutivo de Cacif y Richard Aitkenhead, presidente de IDC, sobre las reformas que el Estado de Guatemala necesita como condición indispensable para la reactivación económica.

Sobre la urgencia de un plan de reformas institucionales profundas en simultáneo con la reactivación económica, Aitkenhead refirió: “Es como querer reparar el carro al mismo tiempo que el carro está andando a 60 o 70 km por hora. La respuesta del guatemalteco fue clara durante la pandemia, ya que no tenía otra opción más que salir a trabajar y eso nos permitió que el daño económico no fuese tan grave en relación con la región. Se necesita avanzar con los servicios públicos, Guatemala no puede seguir teniendo la ruralidad que tiene y pretender proveerles servicios a todos; se necesita urbanizar, desarrollar ciudades intermedias y que los servicios no los provea solamente el Estado. Hay que ir por la reforma del Estado porque el deterioro pone cada vez más en peligro la parte económica, que por suerte ha sobrevivido a la política pero quien sabe por cuánto tiempo más”.

Sobre la necesidad de generar consensos y los acuerdos que ya existen en torno a las reformas, Ardón comentó: “Cuando hay sociedades que operan bajo inercia, ya dejan de tomar decisiones y son sociedades que envejecen con instituciones que se debilitan. Estos son temas en los que tenemos que tomar decisiones como sociedad y están vinculados a cuatro preguntas: ¿Cómo participo? ¿Cómo gobierno? ¿Cómo rindo cuentas y cómo me juzgan? Estos son los aspectos claves que tienen que ver con la vida pública y en los que hemos dejado de tomar decisiones. Voy a tomar la analogía de Richard del carro que va a distintas velocidades y lo voy a pintar de taxi para explicar que nadie se sube en un taxi en su sano juicio si no sabe hacia dónde va. Tenemos que tener un consenso claro sobre cuáles son las reformas y hacia dónde debemos dirigirnos. Algunos quieren reforma pero no saben a dónde ir y otros, simplemente, no quieren reformar”.

Por último, en el segmento final de debate, Edgar Ortiz moderó el panel entre Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo y Jesús María Alvarado, abogado y profesor universitario, donde abordaron la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la actuación del TSE, la necesidad de institucionalizar a los partidos políticos y fomentar la participación.

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En el programa de hoy abordamos las reformas que el Estado necesita en materia electoral, sistema de justicia, servicio civil y contrataciones del Estado. Además de la importancia de la lucha contra la corrupción en instituciones clave como el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas.

En el marco del Encuentro Interamericano “Transparencia, innovación y competitividad”, organizado por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, Dionisio Gutiérrez moderó el panel titulado “Transparencia, fiscalización y lucha contra la corrupción” donde ofreció un mensaje de introducción a los asistentes al evento.

Señaló los retos que tenemos como sociedad para reconstruir y fortalecer a los partidos políticos: “Imaginen partidos políticos que son instituciones democráticas de largo plazo y que tienen como misión llevar al poder a los mejores ciudadanos de la sociedad para construir una nación libre, solidaria, democrática y exitosa. Partidos políticos que lleven ciudadanos al poder de forma transparente y por méritos con el mandato de representar al ciudadano que votó por ellos”.

Prosiguió refiriéndose a las transformaciones que requiere el sistema de justicia para que en el país impere la ley y el Estado de Derecho: “¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo sería Guatemala si la justicia fuera pronta, cumplida e igual para todos? Justicia de verdad, donde el que la hace la paga. Justicia que garantiza y da certeza a la libertad, la vida, la propiedad y la convivencia en sociedad”.

También hizo un llamado a los actores que encabezan las instituciones públicas y a los sectores del país para que juntos emprendan una agenda de reformas que ayuden a mitigar el saldo negativo acumulado por décadas y la crisis coyuntural de la pandemia: “Si Guatemala tiene la oportunidad de salir adelante y dejar atrás los números sociales de oprobio y vergüenza que tenemos. Si Guatemala puede resolver y superar la corrupción y la impunidad que la mantienen encadenada y condenada. Si Guatemala puede diseñar un modelo de desarrollo que tiene como fundamento la revalorización de la política, la decencia y la transparencia en la administración del Estado. Si Guatemala es capaz de alinear estas estrellas, podemos aspirar a un futuro de promesa y bienestar”.

Posteriormente, en el panel integrado por la Fiscal General,  Consuelo Porras; el Superintendente de la SAT, Marco Díaz Reyes y el Sub-contralor de la Contraloría General de Cuentas, José Ramírez Crespín, se abordó el fortalecimiento de la FECI, la necesidad de promover reformas al Estado y la presencia de estas instituciones en el combate a la corrupción.

Sobre los efectos de la corrupción en la democracia y en el Estado de Derecho, la fiscal Porras argumentó: “Estoy totalmente de acuerdo con las reformas. Todo lo que sea necesario reformar, hay que hacerlo. Realmente la Constitución nos da tanto marco valoratorio para que podamos desarrollar (y en muchas leyes ya está desarrollado);lo que falta es la debida aplicación por parte de los operadores del sistema. Entonces yo también soy de la opinión que lo que hay que cambiar verdaderamente es a las personas, aunque tengamos muy buenas normativas y regulaciones y hagamos nuestro mejor esfuerzo, realmente lo que hay que cambiar es la cultura de respeto de la sociedad frente a sus leyes”.

Sobre las estructuras criminales que se hallan en las aduanas, en las fronteras porosas y la consiguiente evasión fiscal, como un tema de seguridad nacional, el superintendente Díaz Reyes refirió: “Ha habido una depuración interna muy grande ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos acceso a todas las cámaras en los puertos y rampas que no existían; el puerto graba la información en nuestro web service, ordenamos el movimiento de contenedores en nuestros principales puertos y pusimos un control de contenedores con cámaras desde que bajan del buque, se les toma una foto y se hace un inventario.  Además, los puertos tienen que entregarnos inventariados los contenedores que entran y salen y ya hemos logrado auditorías con cero diferencias. También tenemos los puestos de control con apoyo del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa que revisan la mercancía después de la salida de los puertos”.

Sobre por qué se percibe que la Contraloría siempre llega tarde a fiscalizar los casos de corrupción o llega cuando el robo de fondos públicos ya se produjo, el Sub-Contralor afirmó: “Creo que se percibe eso porque nuestra auditoría es una auditoría ex post, en ese sentido, siempre va a ser posterior a la realización de las acciones. Por eso nosotros estamos cambiando el enfoque de la auditoría, es decir, ahora lo estamos viendo desde la función del riesgo. Una fiscalización basada en riesgo para que nosotros seamos más efectivos. Pero ahora en 2020 hemos programado las auditorías de desempeño, donde se evalúa la gestión que están realizando las entidades y lo que hacen con los fondos destinados a algunos programas. Esta auditoría de desempeño sí nos está sirviendo para que al finalizarla le vamos a enviar a la entidad fiscalizada el informe con las recomendaciones, no exactamente sanciones económicas ni hallazgos de denuncias, pero sí vamos a evaluar la gestión de las entidades fiscalizadas”.

Finalmente, en el segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel integrado por Christians Castillo, analista político, Daphne Posadas y Luis Miguel Reyes, de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre las reformas en materia electoral, elección de cortes, servicio civil y contrataciones del Estado, y la necesidad de construir un consenso de élites para llevarlas a cabo.

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En el programa de hoy analizamos la reactivación económica desde la perspectiva de las instituciones y del funcionamiento del Estado de Guatemala. Abordamos las reformas que necesita el país en materia judicial, electoral y de servicio civil, como condición indispensable para que funcione cualquier plan de reactivación económica.

Dionisio Gutiérrez comenzó su editorial refiriéndose a las disfuncionalidades en las instituciones de Guatemala y el declive de la política, que impiden alcanzar consensos mínimos: “El fracaso de las naciones, las dictaduras, los Estados fallidos, la polarización de la sociedad, la pobreza, la corrupción, la violencia y la impunidad son consecuencias de la erosión, el debilitamiento y el fracaso de las instituciones”.

Además hizo un análisis sobre los problemas que tiene el país para hacer crecer su economía y las insatisfacciones que eso causa en las clases medias: “El modelo de desarrollo está fallando, y con la pandemia, se aceleraron las consecuencias de algo que ya venía torcido. Falta audacia y liderazgo en las élites para diseñar, proponer y ejecutar un modelo de desarrollo exitoso”.

Adicionalmente, señaló que si las élites nacionales no se abocan a promover las grandes reformas que el Estado necesita para funcionar, cualquier intento de reactivación económica será en vano: “Hablamos de reactivar una economía que, realmente, nunca ha despegado; una economía que ha servido a pocos, y que, precisamente, no da más, por las 3 heridas que no queremos curar. Vivimos en el engaño y la contradicción. La consistencia no es una de nuestras virtudes”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó, en la primera parte, a Juan Carlos Paiz, presidente de FUNDESA, y a Juan Carlos Tefel, ex presidente de CACIF, sobre la reactivación económica y la necesidad de impulsar las reformas del Estado. Y en la segunda parte, entrevistó a Paul Boteo y Phillip Chicola, de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre la disfuncionalidad de nuestras instituciones y las amenazas que corre el país si las élites no realizan acciones audaces.

Sobre los pasos que se están dando desde el sector privado junto con el gobierno para impulsar una agenda de reactivación económica, el ingeniero Paiz comentó: “La semana pasada tuvimos un momento especial cuando junto con el gobierno, la municipalidad y el sector privado se presentó un plan de reactivación económica. Tenemos una nueva agenda de competitividad basada en infraestructura y negocios. Esta es solo una parte del plan, que es la parte económica y de competitividad para aumentar 800 mil empleos para los guatemaltecos. Obviamente, también tenemos pendiente el tema institucional y de reforma de justicia, pero esto es un comienzo”.

Sobre el rol que ha tenido el sector privado en el país ante la ausencia de partidos políticos institucionales, el licenciado Tefel explicó: “Tanto la reactivación económica como las reformas se tienen que hacer en paralelo. El sector privado ha tenido por 30 ó 40 años que llenar ese vacío que han dejado los partidos que no han sabido cumplir su función. Tiene que haber un acuerdo de élites en el país para el siguiente paso que hay que dar que son las reformas”.

En este punto coincidió también Paul Boteo: “Son necesarias las dos agendas, por una parte tenemos una crisis que arrastramos desde hace 30 años y tenemos la crisis de este año. No hemos podido ejecutar esas propuestas que se han hecho porque tenemos un Estado famélico y porque solo pensamos en el corto plazo. Sin instituciones fuertes que operativicen los planes y estrategias económicas, no vamos a ningún lado. Vamos a tener un presupuesto desfinanciado este año, con déficit. Esos recursos se van a malgastar y podríamos  llegar a un nivel de endeudamiento peligroso que nos lleve en el mediano plazo a un escenario como el que está viviendo Costa Rica”.

También, sobre la necesidad de priorizar las reformas del Estado antes de pensar en estrategias ambiciosas de crecimiento, Phillip Chicola argumentó: “Es la lógica de echarle más agua a la cubeta agujerada. Si no se hacen reformas profundas, podemos ampliar presupuesto y darle más recursos a las instituciones, pero eso se va a ir a corrupción. Si vemos la historia de Ecuador con Correa, Bolivia con Evo o la Venezuela antes de Chávez, esos países tenían poco crecimiento económico e instituciones débiles. Aquí ya se dio el primer campanazo con el MLP y su voto en las clases medias en 2019. Si no se atienden esos problemas eso va a crear un caldo de cultivo para que las opciones populistas den el campanazo definitivo en las elecciones de 2023”.

Finalmente, en el segmento de debate, Edgar Ortiz moderó la discusión entre Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, y Xavier Soria, analista político y empresario, sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, las reformas pendientes y la importancia de un liderazgo político que abandere ese proceso.

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En el programa de hoy analizamos la seguridad ciudadana, los retrocesos que ha habido en esta materia durante gobiernos anteriores, los indicadores de violencia y percepción de inseguridad; y los retos que tiene esta nueva administración de resolver los problemas de narcotráfico y crimen transnacional. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los graves problemas de institucionalidad que azotan al país y que le impiden concretar los principios democráticos de nuestra Constitución: “Los expertos aseguran que las causas por las que unos pueblos alcanzan desarrollo y prosperidad y otros se quedan atrapados en la miseria, la incompetencia y la corrupción se explican en su nivel de institucionalidad democrática. Dicho en palabras más directas, el éxito de las naciones depende de la integridad, la fuerza y la independencia de sus instituciones”.

Además, señaló la necesidad de construir un Estado de Derecho y fortalecer un Sistema de Justicia independiente para alcanzar el desarrollo y el crecimiento económico: “Sabemos que el desarrollo necesita un marco de leyes y garantías que lo permiten y lo promueven. Necesita Instituciones que ofrecen la certeza jurídica y las seguridades que requiere un pueblo para prosperar; entre las que están el respeto a la propiedad, el libre intercambio de bienes y servicios, la efectividad en los servicios públicos y la igualdad de oportunidades”.

También, hizo un llamado a las élites para que reconozcan los graves problemas institucionales y lideren las reformas que la ciudadanía demanda: “Este es el soberano acto de hipocresía de las élites de nuestro país. La traición de los que están bien; que son los menos. Unos por razones ideológicas, otros por corruptos y otros por ultraconservadores. Que nada cambie. Ellos están bien. Obviamente, la élite política es la más rancia y apestada”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los ex ministros de Gobernación, Francisco Rivas y Francisco Jiménez, sobre los retos en materia de seguridad que enfrenta Guatemala, los avances y retrocesos de gobiernos anteriores y la cooperación con organismos internacionales para el combate del crimen transnacional.

Sobre el retroceso que ha sufrido el país en materia de seguridad y el impacto en la Policía Nacional Civil, el ex ministro Rivas comentó: “El esfuerzo que la PNC tiene por delante es inmenso por el desmantelamiento que sufrió en los últimos dos años del gobierno anterior. Ha habido un esfuerzo por restablecer la institucionalidad que se perdió esos dos últimos años y aún falta mucho, porque el retroceso ha sido importante. También, en relación a la situación de la falta de capacidad de reclutamiento de la PNC, en los últimos años no hubo academia de la PNC; por eso el crecimiento mermó y se detuvo. Hoy la moral de la institución policial está caída y entiendo que hay una nueva dinámica para restablecer esa moral y ese orgullo;  queda de parte del gobierno dignificar el papel de la PNC”.

Sobre los intentos por reformar la policía el ex funcionario Jiménez afirmó: “El problema fundamental con la reforma fue que no hubo las condiciones de apropiación del mando estratégico con la policía. Se generaron algunas propuestas que están pendientes y se deben retomar los elementos positivos. También hay que replantearnos las condiciones salariales y de servicio para sostener a la policía, sobre todo el tema de salud y de vivienda. Por ejemplo, pensemos en el problema que tiene un oficial de policía para comprar una casa por tener una profesión de alto riesgo”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel entre Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, y Daniel Núñez, investigador de Diálogos GT, sobre los indicadores de violencia durante los meses de pandemia y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

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